TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 70

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                : 473/2016

Demandante             : Carlos Paul Bruckner Barba

Demandado              : Compañía Rockport Capital

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Cochabamba

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 216 a 221, interpuesto por Carlos Paul Bruckner Barba representado por Juan Gonzalo Rodríguez Amurrio y Celia Terceros Olguín; impugnando el Auto de Vista Nº 13/2016 de 29 de abril de fs. 204 a 206 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso por pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra la empresa Compañía Rockport Capital; el Auto de fs. 228 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 422-A de fs. 235 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 23 de noviembre de 2012 de fs. 164 a 168 que declaró improbada la demanda de fs. 3 a 5 aclarada a fs. 45, disponiendo no ha lugar al pago de beneficios sociales y otros pretendidos por la parte demandante, sin costas.

Auto de Vista.

En grado de apelación deducido por el demandado de fs. 177 a 181, la   Sala Social,  Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 13/2016 de 29 de abril, que confirmó la Sentencia apelada. Con costas.

Argumentos del recurso de casación en la forma y en el fondo.

1.- Contra el Auto de Vista la parte demandada formuló recurso de nulidad, en el que acusó:

Que el Tribunal ad quem emitió el Auto de Vista con un Vocal no habilitado para la fecha de su pronunciamiento, toda vez que la causa fue sorteada el 25 de abril siendo Vocal Relatora la Dra. Marcela Borja, que ante la disidencia del Vocal Juan Carlos Claros, en fecha 31 de mayo se convoca al Vocal Juan Carlos Orosco, notificado el 2 de septiembre y es quien suscribe un auto de vista de 29 de abril de 2016, por lo que al rubricarlo con dicha fecha lo vicia de nulidad, conforme establece en el art. 122 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo indica que se omite la disidencia de la Vocal Relatora necesaria para la convocatoria de otro Vocal, viciando de nulidad el Auto de Vista, toda vez que no resultaría congruente en forma alguna que el mismo se emita el 29 de abril de 2016, cuando fue notificado otro Vocal con la convocatoria en fecha 2 de septiembre.

Señala pérdida de competencia por vencimiento de plazo, ya que el Vocal Juan Carlos Orosco fue convocado en fecha 2 de septiembre de 2016, sin embargo, ante la inexistencia del Auto de Vista, en fecha 5 de octubre de 2016 se solicitó mediante memorial una certificación de plazos, deduciendo que para “salvar” la competencia perdida, se recurre a fechar el auto con el 29 de abril, suplantando a la Vocal Relatora que tenia competencia en ese momento.

En consecuencia solicita que, en apego al debido proceso y los principios propios de la jurisdicción ordinaria y la sanción de nulidad en circunstancias de ejercer la jurisdicción, competencia o potestad que no emané de la ley, se anule obrados hasta fs. 204 del expediente, y se permita reconducir conforme a ley.

2.- Argumentó el recurso de casación en el fondo señalando que, el Auto de Vista realiza una exposición de agravios y razonamiento escueto con relación a los derechos y beneficios laborales, haciendo una síntesis de lo fundamentado en el memorial de apelación y limitándose a mencionar los principios de protección al trabajo y de inversión de la prueba y otros aspectos para llegar a concluir que no existió relación de dependencia y subordinación, y sin la suficiente explicación aplica el art. 1 del DS 23570 y arts. 2 y 5 del DS 28699, omitiendo realizar una valoración de los principios laborales y determinar sus alcances, toda vez que relativiza el principio de inversión de la prueba, buscando justificar y burlar el mismo; asimismo el Auto de Vista borra siete años de relación laboral con la compra venta de un inmueble, arrastrando un exceso cometido ya en la fundamentación de la sentencia.

Así también indica que se incurre en el mismo error al señalar la remuneración pagada y el criterio de jornada de trabajo, por lo que al no reflejar el Auto de Vista una resolución justa corresponde el tribunal Supremo revocar el mismo y deliberando en el fondo se reconozca la existencia de la relación laboral.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal, señalando que:

La tutela constitucional del debido proceso, conlleva a que se practique correctamente los plazos procesales, notificación de las actuaciones procesales, decretos, autos, sentencia, auto de vista, entre otros, ello con la finalidad de prevalecer el principio de igualdad que impone la obligación de hacer conocer a la parte contraria toda petición o pretensión formulada en el proceso, así como toda decisión jurisdiccional.  La inobservancia de las formas de garantía del debido proceso pone en riesgo la eficacia de la actuación procesal porque la hace susceptible de invalidación. La irregularidad por si sola determina la posibilidad de invalidar la actuación, por lo que resulta imperioso aniquilar la actuación defectuosa con la finalidad de lograr la sanidad procesal, convalidar la misma sería ingresar en desconocimiento de las normas procesales que rigen cada acto del proceso en aras de impartir justicia a las partes involucradas en la controversia, de ahí que su inobservancia viola el debido proceso reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, catalogado también como un derecho humano por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendido por este Tribunal Supremo de Justicia como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir que comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la constitución y los instrumentos internacionales señalados.

Análisis en el caso concreto.        

Este Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los jueces y los tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados; en ese entendido, haciendo un análisis del expediente, se evidencia que en fecha 25 de abril de 2016 se sortea el proceso teniendo como Vocal Relatora a la Dra. Marcela Borja, posteriormente, casi un mes de sorteado el mismo, a consecuencia de la disidencia del Vocal Juan Carlos Claros se convoca al Presidente de la Sala Social, Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera Juan Carlos Orosco Alfaro, convocatoria de fs. 202 que se le notifica a este último en fecha 2 de septiembre de 2016; sin embargo, el Auto de Vista Nº 13/2016 se emite incongruentemente con fecha 29 de abril de 2016, constando las firmas de los Vocales Juan Carlos Claros y Juan Carlos Orosco Alfaro, es decir, que de los antecedentes del proceso se evidencia que el Tribunal de Segunda Instancia incurrió en vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que conlleva a todo administrador de justicia al resolver una causa, debiendo inexcusablemente quedar constancia de sus actuaciones y decisiones en el expediente de manera cronológica, lo que no ocurrió en el caso de autos, tampoco se  observó las normas procesales que rigen a todo proceso, incurriendo en omisiones que causan perjuicio y vulneran derechos y garantías constitucionales, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, omisiones que de ninguna manera pueden ser convalidadas, por lo que ante la advertencia de errores procedimentales que desnaturalizan el trámite del presente proceso, corresponde la nulidad de obrados hasta el Auto de Vista inclusive.

En ese entendido, al disponerse la nulidad ya no es necesario  pronunciarse respecto a los argumentos de fondo acusados.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 105 del Código Procesal Civil y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 196 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie un nuevo Auto de Vista.

No siendo excusable, se impone multa de dos días de haber para cada uno de los Vocales intervinientes en el proceso.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.