TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 68

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                        : 146/2017

Demandante                : Pánfilo Félix Quispe Honorio

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia                        : Reclamación (Compensación de Cotizaciones)

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 149 a 154, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I de 27 de octubre de 2016, cursante de fs. 116 a 119, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación seguido por Pánfilo Félix Quispe Honorio contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 159, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 146-A de fs. 170 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución Comisión Nacional de Prestaciones

La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, en 20 de octubre de 2015, emitió la Resolución Nº 7433 (fs. 55), por la que resolvió otorgar en favor del asegurado Pánfilo Félix Quispe Honorio, el Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 54.664, asignando la suma de Bs.18.176,26 como Compensación de Cotización.

Resolución Comisión de Reclamación

Ante el recurso de reclamación interpuesto por Pánfilo Félix Quispe Honorio (fs. 95-96), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 072/16 de 22 de febrero (fs. 116 a 119), confirmó la Resolución Nº 7433 de 20 de octubre de 2015 cursante a fs. 55, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

Auto de Vista

En grado de apelación deducido por Pánfilo Félix Quispe Honorio, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expidió el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I de 27 de octubre, cursante de fs. 145 a 146, revocando la Resolución Nº 072/16 de 22 de febrero y disponiendo que el SENASIR expida nueva certificación por el tiempo real y efectivo.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

Por memorial de fs. 149-154, Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interpone recurso de casación alegando:

1.- Sobre el contenido del tercer párrafo de la resolución impugnada, señala que se procedió a la certificación de la densidad otorgada en aplicación del Instructivo D.G.P. Nº 001/99, esto es, tomando en cuenta 1 aporte por gestión equivalente a 3 meses; 2 aportes de diferentes meses por gestión, equivalente a 6 meses y; 3 aportes de diferentes meses, equivalentes a 1 año y, que habiéndose ordenado una nueva revisión que incluya la nueva documentación presentada, se emitió el FORM-460 de 27 de enero de 2016 en el que se informó que el asegurado no figuraba en planillas y que en otros periodos no se contaban con las planillas respectivas. Asimismo, que las literales de fs. 63 a 92 no llevan la firma, ni pie de firma del emisor.

2.- Con relación a los fundamentos contenidos en el cuarto párrafo del segundo considerando, señala que el SENASIR valoró correctamente todos los documentos cursantes en el presente trámite, haciendo referencia y transcribiendo los arts. 24 de la Ley de Pensiones y 1º del Reglamento Parcial a la Ley Nº 065, aprobado mediante D.S. 0822 de 16 de marzo de 2011.

3.- Identificando como punto de agravio el “quinto párrafo del segundo considerando” referida a la prueba aportada por el asegurado, del que se extraña no haberse considerado por el SENASIR, señala que, si bien el D.S. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, establece la utilización de documentos supletorios, tal documentación debe ser “ACREDITABLE” con las correspondientes firmas y sellos de las personas encargadas de emitir dicha documentación.

Agrega que los documentos aparejados por el asegurado no cumplen aquel presupuesto de acreditabilidad en razón a que el documento de fs. 5 solo lleva la firma del asegurado y en su reverso se anota que no existe kardex y no figura en planillas. Asimismo, que de acuerdo a las planillas existentes, el asegurado presenta discontinuidad y que el detalle de ingreso de fs. 91 a 92 no tiene firma ni pie de firma del responsable de su emisión.

Prosigue señalando que conforme al art. 14 del D.S. Nº 27543, la documentación supletoria sólo corresponde tomarse en cuenta ante la inexistencia de planillas, comprobantes de pago y otros.

Que, el asegurado incumplió con la solicitud formulada por el SENASIR sobre la presentación de contratos y finiquitos, con detalle de salarios y aportes.

4.- Con relación a los formularios de aviso de afiliación y baja del asegurado (formularios AVCs) de la Caja de Salud y las boletas de pago de fs. 5-6, señala que, en tales documentos, no se consignan los montos aportados a la Seguridad Social de largo plazo y tampoco cuentan con los descuentos de ley.

Que a fs. 7 cursa liquidación de sueldos y jornales de la empresa AMBO MINING AND EXPLORATION, correspondiente al mes de marzo de 1982, el cual es emitido en 21 de abril del mismo año, los que no llevan firma ni sello de la empresa, además de mostrar incoherencias respecto al monto percibido.

Sobre la Sentencia cursante a fs. 39-40, observa que el mismo no cuenta con el número respectivo; no se adjunta auto de ejecutoria, no se encuentra refrendado por las autoridades que emiten la fotocopia legalizada y, por último, no señala ningún pago por aportes al sistema de seguridad social.

5.- Con relación al párrafo sexto referido a los principios constitucionales contenidos en los arts. 45 y 67 de la CPE, señala que tales derechos deben cumplirse “conforme a ley” y que no se pueden aplicar criterios garantistas en franco quebrantamiento de la ley.

Finalmente señala como normas transgredidas y mal aplicadas, los arts. 180, 45 y 67 de la CPE; Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010; Art. 1286 del Código Civil; D.S. Nº 0822 de 16 de marzo de 2011 y Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I y se confirme la Resolución Nº 072/16 de 22 de febrero.

Admisión

Mediante Auto Supremo Nº 146-A de 18 de abril de 2017, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación en el fondo de fs. 149 a 154, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I de 27 de octubre de 2016, cursante de fs. 116 a 119, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Para resolver tal controversia, corresponden las siguientes consideraciones:

1.- En principio cabe precisar que el recurrente dedica sus dos primeros puntos del escrito recursivo, al tercer y cuarto párrafo del segundo considerando de la resolución de vista recurrida.

Sobre éste particular y considerando que tales párrafos del auto de vista impugnado contienen el resumen y relación del contenido del memorial de apelación y no así fundamentos jurídicos orientados a resolver la controversia, éste Tribunal no encuentra asidero jurídico para ingresar a su consideración, por cuanto, en razón a la naturaleza del instituto de la casación y la limitada competencia del Tribunal de casación para juzgar únicamente el criterio del tribunal de apelación a fin de establecer si en ese propósito dicho tribunal incurrió o no en quebrantamiento de la Ley, con arreglo al Art. 271 del Código Procesal Civil,  no resulta pertinente someter a juicio, en casación, los fundamentos del memorial de apelación.

En lo demás, esto es, en los puntos 3, 4 y 5 resumidos supra, se advierte que la problemática traída por el recurrente apunta a la prueba presentada por el asegurado y la pertinencia legal de considerarse las mismas en los trámites de ésta naturaleza.

2.- Sobre la problemática central ésta Sala considera pertinente, en primer término, precisar los alcances y efectos del art. 14 del DS Nº 27543, a partir de una interpretación contextualizada, así como desde y conforme a la Constitución Política del Estado.

En el marco anterior entonces, cuando el citado dispositivo legal señala, “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción iuris tantum. Los documentos serán uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio,…”, debe considerarse que la pretensión del legislador estuvo orientado a garantizar el acceso a una jubilación justa, otorgando mayores facilidades al beneficiario para acceder a una renta digna, de tal modo que la referencia a la ausencia de planilla no se tenga como mandato restrictivo, mas por el contrario, se propicie una cobertura más amplia incluyendo los casos en que el trabajador no figure en las planillas; cumpliendo de esa manera los principios y valores comprendidos en el art. 451 de la CPE, concordante con el Convenio 102 de la OIT de 1952, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), los arts. 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el art. XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); tomando en cuenta que los derechos reconocidos en la norma jurídica fundamental del Estado son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, conforme señala el art. 13.I2 de su mismo cuerpo normativo, conforme se tiene establecido en la uniforme jurisprudencia de éste Tribunal, entre ellas, el Auto Supremo Nº 31/2016, de 18 de febrero, correspondiente a esta Sala, en el que se expresó:

Por otra parte, el  DS Nº 27543 de 31 de mayo 2004, en su parte considerativa señala que el SENASIR, es la institución pública designada para procesar y otorgar prestaciones del Sistema de Reparto, y en razón  de haberse presentado dificultades logísticas e información incompleta es que no logró calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2001, otorgando a tal fin directrices para facilitar la certificación de aportes. Así, el art. 14 de la señalada norma reglamentaria, señala que: En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción iuris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio,…;  empero, dicha norma no debe ser interpretada bajo el método literal, sino bajo el método desde y conforme a la Constitución Política del Estado, lo que conlleva a señalar que dicha norma fue dictada velando por el acceso a una jubilación justa y otorgando mayor facilidad a los beneficiarios de la misma para que puedan acceder al beneficio de la renta digna, entendiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo no se tengan planillas en archivos del SENASIR o el trabajador no figure en las mismas, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del DS mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA)”.

Sobre los efectos y alcances del citado art. 45 constitucional el Tribunal Constitucional tiene dicho:

“…de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”. (SC Nº 55/2013 de 11 de enero).

Consiguientemente, conforme a lo anterior, el derecho a la renta de vejez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Siguiendo el razonamiento anterior, esta Sala considera correcta la decisión del tribunal de apelación, en la medida que interpretó la normativa aplicable en el marco de los principios y valores fundamentales consagrados constitucionalmente, conforme quedó anotado precedentemente, por cuanto poca justicia se encontraría si la norma en cuestión, se interpretara de manera literal y restrictiva y hacerla alcanzar sólo al supuesto de inexistencia física de las planillas en archivos del SENASIR, cuando es evidente que tal inexistencia puede deberse a otros supuestos, como la ausencia del nombre del trabajador asegurado en las planillas que puedan cursar en los archivos del SENASIR, lo que ocurre en el caso de examen.

Es uniforme la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al empleo de documentación supletoria a considerar por el SENASIR para la certificación de aportes reclamados y probados por los trabajadores, en el entendido que, cuando el SENASIR no cuente en su archivo central con planillas o datos que le permita verificar el real tiempo de servicios de sus asegurados, dificultando con ello su labor de certificación en base a una real densidad de aportes, tiene el deber de considerar a dicho efecto los finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago, planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, memorándums de designación y despido, y tratándose de cooperativistas mineros, liquidación de internación de minerales u otros documentos equivalentes, presentados por el asegurado, ello considerando que dicha documentación tiene eficacia probatoria para acreditar dicho aspecto, al ser reconocidos por el art. 14 del DS N° 27543 de 31 de mayo de 2004, así como por el art. 1296. I del Código Civil.

En cuanto al valor de las pruebas, la entidad recurrente destaca con mucho énfasis las deficiencias de algunas de ellas y olvida considerar el valor fundante de otras, tal es el caso de la literal de fs. 5 que fustiga severamente y soslaya consideración de su inmediatamente siguiente consistente en aviso de afiliación (fs.6) que cursa en fotocopia debidamente legalizada, ergo, con todo el valor que la ley le acuerda a ese tipo de probanzas, en el que se tiene certificado la pre existencia de la relación laboral.

Asimismo, con relación a la fotocopia legalizada de la Sentencia cursante a fs. 105-106 y el hecho que no cuente con la firma de la autoridad que expidió la misma, a simple vista se puede leer el sello y la firma del Secretario Abogado del Juzgado, lo que desvirtúa totalmente la omisión extrañada.

Más extraño resulta que el fundamento central sobre el contenido de ésta prueba se sustente en el hecho de que en tal literal -la sentencia- no se encuentren consignados los pagos por aportes al sistema de seguridad social, cuando la principal probanza de dicha sentencia versa sobre la existencia de la relación laboral del asegurado bajo dependencia de AMBO MINING AND EXPLORATION y que la misma tuvo una duración 6 años, 5 meses y 3 días.

En otros términos, dicha prueba evidencia que el asegurado prestó servicios por un periodo determinado y que en ése periodo su empleador debió ejercer como agente de retención y cotizar mensualmente al sistema de seguridad social. En cuyo caso, esto es, para cuando el empleador no hubiese cotizado, la ley le otorga a la Administración los medios y mecanismos suficientes para recuperar tales aportes, sin afectar el derecho de los trabajadores.

Por lo anotado, se concluye que las autoridades recurridas no incurrieron en las infracciones legales acusadas, en cuyo mérito corresponde resolver el Recurso en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de en el fondo de fs. 149 a 154, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 195/2016 S.S.A.-I de 27 de octubre de 2016, cursante de fs. 116 a 119, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



1 “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

2 “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”