TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 66

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente                        : 049/2017

Demandante                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Demandado        : Emilio Mamani Ururi

Materia        : Compensación de Cotizaciones

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros a fs. 67 a 64 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 125/2016 SSA.I  de 1º de Agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo No 49-A de 15 de Febrero de 2017 a fs. 154 a 154 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso, y:

I.ANTECEDENTES PROCESALES:

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante resolución Nº 1420 de 30 de marzo de  2015, cursante a fs. 31 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, resolvió desestimar la solicitud de compensación de cotizaciones por procedimiento manual del asegurado Emilio Mamani Ururi.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

En virtud de ello, el asegurado interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 39 a 37 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante resolución Nº 540/15 de 20 de Julio de 2015 de fs. 46 a 44, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación a fs. 52 a 51, por Emilio Mamani Ururi; la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 125/2016 SSA.I de fecha 1º de Agosto, cursante a fs. 60 a 59, el cual revocó la resolución Nº 540/15 de 20 de Julio, dejando sin efecto el auto Nº 00001420 de fecha 30 de Marzo de 2015; disponiendo que el SENASIR proceda a otorgar la certificación de compensación de cotizaciones a favor del asegurado Emilio Mamani Ururi por el tiempo real y efectivo aportado en los servicios prestados activamente, así como el salario cotizable correcto.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, interpone recurso de casación y con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite Auto Nº 295/2016 SSA-1 de 31 de Octubre de 2016, concediendo el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizó una errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 45, 67 y 180 de la CPE, art. 14 del D.S. Nº 27543, cláusula 1ra. y 2da. de la R.M. Nº 550, R.A. 213/11 de 26 d octubre de 2011, R.A. Nº 299 de 13 de julio de 2013, R.A. Nº 064.13 de 27 de marzo de 2013, arts. 1287, 1289-I, 1296 y 1311 del Código Civil, art. 24 de Ley de Pensiones, art. 1 del D.S. Nº 0822 y Ley 004, bajo los siguientes argumentos:

1.-La entidad pública, sostiene, que el Auto de Vista recurrido hubiera aplicado de manera errónea y superficial el art. 14 del DS Nº 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, a fin de otorgar en favor del interesado un beneficio ilegitimo, sin considerar que la norma citada solo es aplicable al trámite del sistema de reparto y no así a tramites de compensación de cotizaciones, pudiendo ser solo aplicable en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR; lo que no sucedió en el caso en concreto, por cuanto en el particular, si existen planillas, sin embargo el interesado no figura en las mismas; agrega que para dicho trámite de compensación de cotizaciones, aplica el art. 18 del mismo decreto supremo y las modalidades previstas en los arts. 13, 16, 17 del citado, no pudiendo ser aplicable el art. 14 de decreto supremo citado, de manera concordante.

Por otra parte indica, para que el SENASIR certifique aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado conforme lo permite el art. 14 del DS Nº 27543, el acto debía producirse a la fecha de publicación del citado decreto supremo es decir el 31 de mayo de 2004, sin embargo la solicitud del interesado se produjo mucho tiempo después.

Precisa que la cláusula primera y segunda de la R.M. Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, solo es procedente cuando en forma previa el SENASIR hubiera procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el sistema de reparto, tales como la verificación de planillas; sin embargo en el caso del asegurado Emilio Mamani Ururi y conforme al informe con numero de control 983 de fecha 16 de marzo de 2015, el mismo no figura en planillas de la empresa Jaime Eguino y CIA, por cual dicha normativa tampoco era aplicable al caso.

2.-Indica que el Tribunal de alzada pretende otorgar un ilegitimo beneficio a favor del interesado, en franca violación del art. 24-I de la Ley 065 y art. 1 del DS Nº 0822, que reconocen a la compensación de cotizaciones como el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997; no pudiendo dejar de lado las certificaciones e informes cursantes, que demuestran que el asegurado no figura en planillas, las cuales plasman el principio de verdad material que rige el sistema de seguridad social, constituyendo plena prueba conforme los Art. 1287, 1289-I. 1296 y 1523 del Código Civil.

3.-Se vulnera el art. 180-I de la CPE, por cuanto no toma en cuenta que se ha procedió a realizar una revisión minuciosa de las planillas en donde solo figura el nombre de Emilio Mamani Aruni, que difiere del nombre del asegurado Emilio Mamani Ururi, sin matrícula ni cedula de identidad, documentos que sirven para identificar a una persona que se encuentra afiliada al seguro social, y poder determinar si cumplió con los aportes a la seguridad social a largo plazo; no pudiendo establecerse si se trata de la misma persona.

Refiere que el Tribunal de alzada, tomo de manera nominal y superficial el art. 45 de la CPE, no pudiendo atribuirle al SENASIR un incumplimiento u omisión en la vulneración de derechos y garantías fundamentales, pues la labor que realiza es parte de directrices institucionales y constitutivas.

Alega que el Tribunal de alzada, no observo el Art. 67-II de la CPE, que consagra el derecho a una renta de vejez; por cuanto a este derecho debe accederse de acuerdo a la ley, obligando a la observancia de cada una de las normas tanto particulares como específicas que integran la seguridad social; en virtud de lo cual no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular, y que pueden ir en contra del principio de defensa del patrimonio del Estado, contemplado en la Ley 004, que se traduce en la comisión de un delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en el fondo; CASE el Auto de Vista recurrido y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación Nº 540/15 de fecha 20 de julio de 2015.

Contestado el recurso de casación por Emilio Mamani Ururi; precisa que el SENASIR soslayando la documental personal y de trabajo obtenida de la Empresa “JAIME EGINO Y CIA”, manifiesta que no figura en planillas de dicha empresa y por el contrario expresan que figura el nombre de Emilio Mamani Aruni; argumento que pretende desconocer los aportes realizados al seguro de largo plazo, por un error en una letra de su apellido, concluyendo que no se trata de la misma persona, sin considerar que dicho error no es atribuible a su persona.

En conclusión solicita que se declara INFUNDADO el recurso de casación y sea con costas.

III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO:

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del derecho fundamental a la seguridad social y una jubilación digna y el principio de progresividad.

El art. 45 de la Constitución Política del Estado establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

Estos derechos fundamentales citados, conforme establece art. 13.I de la CPE, son progresivos, ello implica que en su desarrollo, goce y disfrute, tengamos que entender que el principio de progresividad, tiene dos características fundamentales, como es la gradualidad como el progreso; la gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo; por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y humanos se relacionan no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual.

En merito a lo expuesto, debemos entender que el Estado en el desarrollo normativo infra constitucional; asume el deber de promover el desarrollo de los derechos fundamentales, por lo cual toda normativa que sancione el Estado, en materia de derechos fundamentales,  debe  ser entendida bajo esas premisas, buscar la efectividad y mejor desarrollo de los mismos, en ese sentido la norma debe ser interpretada desde esa visión, debiendo aplicarse siempre la interpretación más favorable al derecho que permita su desarrollo y no su retroceso.

En esa misma línea, el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".

Del principio de seguridad jurídica.

La SC Nº 1138/2004 de 21 de Julio señala; “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…”.

Del Principio de verdad material.

El Art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el Art. 30.11 de la Ley 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES.

Para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, el art. 14 del DS Nº 27543 establece: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”.

Por su parte el art. 18 del mismo decreto supremo indica: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”.

En lo referente a la compensación de cotizaciones, el art. 24.I de la Ley No 065 de 10 de diciembre de 2010, establece que: “Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación”; disposición que para su aplicación debe observarse lo dispuesto por el art. 48.I.a) del DS No 0882 de 16 de marzo de 2011; de estas normas claramente se puede deducir que la compensación de cotizaciones al ser un reconocimiento de los aportes efectuados por el asegurado para el goce de una jubilación, le es también aplicable el tratamiento extraordinario de certificación de aportes.

Por lo expuesto, los procedimientos establecidos para la calificación de rentas en curso de pago y adquisición del sistema de reparto, son también aplicables a los procedimientos de constancia de aportes y compensación de cotizaciones - procedimiento manual-, en correcta aplicación a lo anotado por el art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, reglamentario del art. 63 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, que prescribe la compensación de cotizaciones; complementada por el art. 5. 2) de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002 y art. 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; vale decir, que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la certificación de aportes en la Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual como para el Sistema de Reparto, conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, cuando en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial Nº 436 de 12 de junio de 2012, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto".

Análisis del caso en concreto.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente se realizó una errónea interpretación e indebida aplicación de la normativa vigente, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

1.-En merito a los fundamentos jurídicos del fallo, podemos establecer que el Tribunal de alzada, aplico de manera correcta el art. 14 del DS Nº 27543 reglamentario del art. 63 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, que prescribe la compensación de cotizaciones; por cuanto los procedimientos establecidos para la calificación de rentas en curso de pago y adquisición del sistema de reparto, son también aplicables a los procedimientos de constancia de aportes y compensación de cotizaciones - procedimiento manual-, en correcta aplicación del art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, complementada por el art. 5. 2) de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002 y art. 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, cuando en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial Nº 436 de 12 de junio de 2012, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto", normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho instituido por toda la normativa citada.

2.-Por otra parte, se tiene que el Tribunal de alzada, realizó un correcta valoración de los elementos probatorios que cursan en antecedentes, conforme lo determina el principio de verdad material, por cuanto si bien es evidente que existe una inconsistencia en el segundo apellido del asegurado, la diferencia no es sustancial, por cuanto radica en dos letras, no existiendo prueba en contrario que establezca que se trata de otra persona; es decir la valoración probatoria realizada por el SENASIR, es contraria al principio de verdad material, por cuanto el SENASIR, ha realizado una valoración restrictiva y formal, sin ver la realidad de los hechos que contrastaba el parte de baja que fue adjuntado por el asegurado, que demuestra que fue trabajador de la empresa Jaime Eguino y CIA, lo que derivó en limitar un derecho fundamental como el derecho a la seguridad social, ya que la inconsistencia solo es dos letras del segundo apellido, mientras que el nombre y primer apellido del asegurado, son iguales; en tal sentido la valoración de la prueba que se hace tanto en sede administrativa como en sede judicial, siempre tiene que estar orientada a lograr efectivizar el derecho que se encuentra en juego, y no viceversa.

3.-Por último, es importante resaltar que todos los derechos fundamentales que establece la Constitución Política del Est ado, deben ser interpretados bajo el principio de progresividad previsto en el art. 13.I de la CPE -conforme ya se tiene dicho-, principio que debe ser aplicado por toda autoridad conforme el art. 410 de la CPE, por cuanto la Constitución debe ser entendida actualmente no sólo de  manera  formal, como reguladora de las   fuentes del derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de  todos  los órganos  del poder  público; en la actualidad la constitución tienen un amplio programa normativo, con principios, valores, derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad; es así que en el nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho todos los órganos del Estado se encuentran sometidos a la Constitución, que de acuerdo con la teoría garantista se transmuta en el principio de constitucionalidad (vinculación del juez a los valores, principios y derechos consagrados en la constitución, más allá de la ley)”.

Con base a ello, podemos establecer que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el recurso interpuesto por el asegurado, ha aplicado de manera correcta y progresiva el derechos fundamental de seguridad social, por cuanto la interpretación realizada, no está únicamente vinculada a realizar un trabajo de subsunción del hecho al derecho, sino que busca realizar una ponderación de derechos, que tiene como único objetivo, garantizar la efectividad del derecho reclamado por el asegurado.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 67 a 64 vta., al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el Art. 220.II del CPC, aplicable al caso de autos.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 125/2016 SSA.I  de 1º de Agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.