TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 65

Sucre, 14 de marzo de 2018


Expediente             :469/2016

Demandante              :Fernando Salvatierra Saldaña

Demandado              :Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de

                               impuestos Nacionales

Materia                   :Contencioso Tributario

Distrito              :Santa Cruz

Magi strado Relator  :María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación de fs. 164 a 174, interpuesto por Fernando Salvatierra Saldaña, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1529460014, contra el Auto de Vista 208 de 5 de junio de 2015, cursante de fs. 156 a 161, dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso Contencioso Tributario accionado por recurrente contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el Auto que concede el recurso de fs. 183, el Auto Supremo de admisión 418-A de 5 de diciembre de 2016, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

La demanda contenciosa tributaria seguida por Fernando Salvatierra Saldaña contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, impugnando la Resolución Determinativa 17-0000931-09 de 29 de diciembre de 2009, mereció la Sentencia 3 de 14 de febrero de 2014, dictada por el Juez Segundo de Partido en materia Administrativa, Tributaria y Coactiva del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara improbada la demanda, cursante de fs. 111 a 119 de obrados.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por el demandante, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista 208 de 5 de junio de 2015, cursante de fs. 156 a 161, confirma la sentencia apelada, dejando firme y subsistente la resolución determinativa.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, el demandante formula recurso de casación en el fondo y en la forma, cuyo escrito cursa de fs. 164 a 174, conforme los argumentos siguientes:

Casación en el Fondo

1.-El Auto de Vista no consideró los fundamentos legales que demuestran que la conversión vehicular es prestación de servicio y no venta de kits y cilindros.

Aclara que la conversión vehicular implica la instalación del equipo para Gas Natural Vehicular (GNV), instalación que no significa venta de equipos por parte de los talleres a sus clientes, equipos que son de propiedad del importador autorizado, según los certificados extendidos por IBNORCA para la desaduanización de la mercancía y posterior comercialización. Que, la autoridad tributaria no demostró en ningún momento y solo presumió la existencia de esas ventas, sin considerar que el contribuyente solo presta el servicio de instalación del kit de conversión, incumpliendo el art. 76 de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano, que dispone que la carga de la prueba es para la autoridad tributaria.

2.-El Tribunal Ad quem no razonó que los talleres de conversión no tienen la obligación legal de facturar los kits y cilindros de propiedad de importadores, situación que es evidente en sus fundamentos legales.

El art. 117 del Decreto Supremo (DS) 27956, establece que el taller únicamente tendrá la obligación de señalar la marca y adjuntar documentación que acredite su procedencia y la respectiva garantía de fábrica.

3.-El Tribunal de alzada inmotivada e infundadamente, homologa la equivocada interpretación de la carga de la prueba en materia tributaria que realizó la Administración Tributaria, no obstante de la jurisprudencia citada por nuestra parte.

El art. 76 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, no establece que la carga de la prueba sea únicamente para el contribuyente sino para quien pretenda hacer valer sus derechos, sea la entidad tributaria o el contribuyente; razonamiento confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); aspecto reclamado desde la demanda y no considerado ni por el Juez A quo, menos por el Ad quem, que no se pronunciaron sobre la presunción de la Autoridad tributaria, sin que pruebe la existencia de los hechos constitutivos de la obligación tributaria, concretamente la relación comercial entre el importador y el taller, como vendedor y comprador respectivamente.

4.-El Auto de Vista homologó las presunciones erradas del SIN, el cual argumentando base de determinación presunta asumió que todas las conversiones reportadas a la superintendencia fueron ventas de kits y cilindros.

Señala que el Tribunal de apelación debió considerar que la autoridad tributaria no aplicó el principio de verdad material y método de interpretación de los hechos por la realidad económica, previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 8 de la Ley 2492 y art. 4 inc. d) de la Ley 2341; cuando en el proceso de fiscalización no cruzó información de los números de serie de las unidades (kits y cilindros) informadas por el taller a la Superintendencia de Hidrocarburos con la información de la Aduana Nacional, de la Base de Datos Corporativa (BDC), del Sistema de la Administración Tributaria (SIRAT-2) y Certificados por el Instituto Boliviano de Normas (IBNORCA); no llegando a establecer toda la cadena económica, es decir el movimiento de dichos equipos desde el importador hasta el vehículo convertido.

Casación en la Forma

Denuncia que el recurso de apelación fue resuelto infra petita, porque el tribunal no se pronunció sobre todos los petitorios formulados, lo que devino en un Auto de Vista incongruente e impertinente, infringiendo así el debido proceso.

Por lo que pide, que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case totalmente el Auto de Vista 208 de 5 de junio de 2015, en consecuencia revoque la sentencia de primera instancia y deje sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-0000931-09 de 29 de diciembre de 2009; o en su caso Anule el Auto de Vista.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

1.-El DS 27956 de 24 de diciembre de 2004 establece el marco normativo y los procedimientos para implementar el Plan Nacional de Conversión de Vehículos a Gas Natural, en su art. 12 parágrafo II aprueba el Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular GNV y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV, que forma parte integrante del referido DS; en su art. 100 establece que, la Superintendencia en los siguientes 10 días hábiles y administrativos, dictará Resolución Administrativa de autorización de instalación y la inscripción de la Empresa como Taller de conversión de vehículos a GNV; en el art. 106 señala que la Superintendencia otorgará Licencia de Operación para los Talleres; en este sentido el ANEXO Nº 10 del citado DS, se refiere a: Normas y Especificaciones Mínimas Técnicas para Montaje de Equipos Completos para GNV en Automotores, en el punto 11 dispone, con relación a la Responsabilidad del Taller de Conversión; el Taller podrá tener vinculación contractual con los fabricantes de kits o importadores de kits y cilindros a efectos de: a) Contar con la provisión segura de kits de conversión y cilindros. b) Asegurar asesoramiento técnico, para la instalación, mantenimiento reparación continua y actualizada.

Por lo que concluimos que, únicamente los talleres autorizados por la Superintendencia en ese momento y ahora por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pueden realizar la conversión de automotores a GNV, cumpliendo con las normas establecidas para ésta actividad, que incluye la obligación de contar con la provisión segura de kits y cilindros, además de asegurar su resultado; estando obligado como taller, de proveer al cliente de todos los materiales necesarios para la conversión a GNV, por lo que se puede confundir el kit y cilindros, con las herramientas que posee el taller y que no son instalados en los automotores convertidos. La norma objeto de análisis es clara al señalar que es el taller el obligado a otorgar al cliente todo lo necesario para proceder a la conversión, estando obligado el cliente a cancelar al taller por el trabajo de conversión realizado, incluido el material utilizado, generándose una transacción económica.

Encontrándose autorizado el taller para realizar el trabajo de conversión, está obligado a cumplir las normas que regulan su funcionamiento, como la de informar a la Superintendencia de todos los trabajos de conversión realizados, que sin lugar a dudas demuestran la realización de un trabajo de conversión, por el que se cobra un monto económico, donde se incluía el trabajo de instalación y los equipos instalados, constituyendo una venta por la prestación completa realizada, extremo no desvirtuado por el recurrente; considerando también que ésta información fue utilizada por la administración tributaria para cruzar datos y emitir la Resolución Determinativa 17-0000931-09 de 29 de diciembre de 2009; por tanto concluimos que no existe una errada interpretación de la norma por parte del Tribunal Ad quem.

2.-Sobre la no obligación de los talleres de conversión, de facturar sobre los kits y cilindros, al no ser propietarios de los mismos, corresponde señalar que evidentemente el art. 117 del Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de GNV y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV, obliga al taller autorizado a otorgar al propietario del vehículo, un certificado de conversión y garantía, donde se expresará en forma escrita la marca del kit y cilindros para la instalación; obligatoriedad que condice con lo argumentado en el punto 1, porque efectivamente el taller ha realizado el trabajo (conversión a GNV, mediante la instalación de kits y cilindros), trabajo por el que recibió un pago, transacción económica que reporta una ganancia, sujeta a una carga impositiva y a la emisión de una factura; dejando aclarado que el taller al realizar la conversión a GNV procedió a la instalación del kit y cilindro, siendo éste, un servicio completo brindado por el taller al cliente, su pago es por todo el trabajo, incluyendo el kit y cilindro, consecuentemente la factura debe incluir ese pago.

3.-Con referencia a la errada interpretación del art. 76 del CTB.

El art. 76 del Código dispone que en los procedimientos tributarios, administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; se entiende ofrecida y presentada por el sujeto pasivo o tercero responsable, cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. Aclaramos que la Administración Tributaria no pretende un derecho, está determinando una obligación del contribuyente, tendiente a demostrar los ingresos efectivamente percibidos, en su actividad de conversión a GNV, para ello recurrió al pasivo, quien no presentó la documentación requerida por la autoridad, obligando a la administración a establecer la base imponible bajo la modalidad de base presunta, sustentada en el art. 42 y siguientes de la Ley 2492; que excepcionalmente se habilita cuando el contribuyente no presenta o no cuenta con los elementos ciertos y necesarios para conocer con exactitud la obligación tributaria y cuando se cumple uno de los presupuestos establecidos en el art. 44 de la Ley 2492. En el caso que nos ocupa, la determinación sobre base presunta, fue una consecuencia de la no presentación por parte del contribuyente, de los documentos para conocer exactamente la obligación tributaria; a esto se suma que el sujeto pasivo no presentó prueba con el fin de hacer valer sus derechos, ni en instancia administrativa ni jurisdiccional, por lo que ahora no puede argumentar una errada interpretación del art. 76 del CTB.

4.-Sobre la presunción errada de la Administración Tributaria que determinó sobre base presunta que, todas las conversiones reportadas a la Superintendencia fueron ventas de kits y cilindros.

El art. 42 del CTB, establece que: "Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar". Existiendo dos métodos de determinación de dicha base imponible, conforme el art. 43 del CTB, que señala: "La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación".

A su vez, el art. 44 del CTB, establece los casos en que la Administración Tributaria podrá determinar base imponible usando el método sobre base presunta, al disponer: "La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, ...", señalando también, las circunstancias en que se podrá usar dicho método, entre ellas las del numeral 4 y 6 referidas: "4) Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las obligaciones normativas " y "6) Que se adviertan situaciones que imposibiliten en conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta”. Siendo por lo tanto aplicable al caso concreto, la determinación sobre base presunta, por adecuarse los hechos a las circunstancias señaladas.

Por su parte, el art. 45 del CTB, dispone que cuando proceda la determinación sobre base presunta, la Administración Tributaria, podrá practicarla utilizando diferentes medios, entre ellos los señalados por el numeral 1 del parágrafo I que establece como medios para realizar la determinación sobre base presunta: "1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud", "2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios" y “3. Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes”.

De la revisión de antecedentes procesales se evidencia que la Administración Tributaria siempre en busca de la verdad objetiva o material, debe acudir al método al método de la determinación sobre base presunta, establecida en el art. 44 del CTB, que obliga a la administración agotar todos los medios posibles a fin de efectuar una determinación inicialmente sobre base cierta; habilitándose excepcionalmente y observando el principio de “reserva de Ley”, determinar sobre base presunta, procedimiento normado, aplicable cuando la presunción y su procedimiento se encuentran previstos en la norma tributaria señalada.

De obrados se evidencia que la Administración Tributaria por Orden de Verificación Nº 7008OVI0044 requirió al contribuyente que en plazo de 5 días hábiles presente: Facturas o Notas Fiscales emitidas en los periodos observados, Declaración Jurada Mensual presentada ante la Superintendencia de Hidrocarburos (Planilla de Conversiones realizadas), Libro de ventas IVA de los periodos observados (originales y fotocopias), Declaraciones Juradas IVA e IT de los periodos observados (copias originales y fotocopias) y otra documentación de respaldo que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación, referida al IVA e IT correspondiente al periodo marzo/2005 a diciembre/2005; requerimiento que el contribuyente incumplió, al no presentar la documentación exigida. Incumplimiento que facultó a la Autoridad Tributaria a determinar la base imponible a través del método de determinación sobre base presunta, previa identificación y cumplimiento de alguna de las causales establecidas en el art. 44 del CTB; a éste efecto procedió a cruzar información obtenida de la Superintendencia de Hidrocarburos y la extraída del SIRAT-2, identificando que el contribuyente no declaró la totalidad de sus ingresos obtenidos por las conversiones de vehículos a GNV. Por lo que concluimos que la no presentación de los documentos requeridos por la Autoridad Tributaria, por parte del contribuyente para determinar el precio de las diferentes conversiones y así determinar la base imponible sobre base cierta, se adecuaron a las circunstancia señaladas en los numerales 4 y 6 del art. 44 del CTB, dando lugar a la determinación sobre base presunta.

No podemos dejar de mencionar el informe técnico evacuado por el Lic. Raúl Alarcón Ortiz, auditor del Juzgado Primero de Partido en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributario de Santa Cruz (fs. 54 a 62 de obrados), concluyendo de la revisión técnica contable que, es procedente la Resolución Determinativa Nº 17-0000931-09, sobre los cargos impositivos al IVA e IT.

Con relación al recurso de casación en la forma planteado, el recurrente se limita en señalar como vulnerado su derecho al debido proceso, al ser el Auto de Vista dice, incongruente e impertinente, al haber sido resuelto el recurso de apelación de manera infra petita, al no haberse pronunciado el Tribunal sobre todos los petitorios del recurso; sin realizar mayor detalle sobre cuáles son los petitorios del recurso de apelación no resueltos, por qué el Auto de Vista es incongruente e impertinente; omisión totalmente atribuible al recurrente que impide a éste Tribunal Supremo, entrar a su análisis.

Por todo lo expuesto, se concluye que en la determinación de adeudos tributarios sobre base presunta, del Taller de propiedad de Fernando Salvatierra Saldaña, se dio cumplimiento a la norma desarrollada supra, habiendo el contribuyente ejercido su derecho a la defensa y habiendo tanto la Autoridad Tributaria como los Tribunal de instancia garantizado el derecho al debido proceso; en consecuencia no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, porque el Tribunal de Apelación realizó una correcta aplicación de la Ley y valoración de la prueba que cursa en obrados.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 214 de la Ley 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 164 a 174, interpuesto por Fernando Salvatierra Saldaña. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.