TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 63

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                        : 216/2017

Demandante                : Rider Dorado Moreno

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito                        : Santa Cruz

Materia                         : Compensación de Cotizaciones

Magistrada Relatora     : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 131 a 145, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista 20 de marzo de 2017, cursante de fs. 126 a 128, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del trámite de compensación de cotizaciones seguido por Rider Dorado Moreno contra el SENASIR, el Auto de fs. 153 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 216/2017-A de fs. 163, que admitió la casación, los antecedentes del proceso, y,

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante Auto Nº 0002010 de 10 de junio de 2016 de fs. 34 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, resolvió desestimar la solicitud de compensación de cotizaciones por procedimiento manual del asegurado Rider Dorado Moreno.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

El solicitante interpuso el recurso de reclamación cursante a fs. 48 de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 403/16 de 21 de septiembre, cursante de fs. 103 a 106, que confirmó el Auto Nº 0002010 de 10 de junio de 2016, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa vigente.


Auto de Vista.

En grado de apelación interpuesta por Rider Dorado Moreno, por Auto de Vista 20 de marzo de 2017, de fs. 126 a 128, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se revocó el Auto Nº 0002010/16 de 10 de junio, ordenando que el SENASIR, reconozca a Rider Dorado Moreno una densidad de aportes de 20 años y 11 meses y un salario cotizable correspondiente al mes de octubre de 1996 conforme la boleta de pago de fs. 7. Sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista el SENASIR formuló recurso de casación, en el que acusó:

Que el Tribunal ad quem al revocar el Auto de Vista no consideró el art. 3 del DS 28888 de fecha 18 de octubre de 2006, toda vez que la Resolución Nº 403/16 de 21 de septiembre, de manera clara y precisa determinó que de la revisión de la prueba documental de la Caja Ferroviaria de Salud Red Oriental en los periodos 01/76 al 12/96, se pudo verificar que Rider Dorado Moreno no figura en planillas y según certificación de la Regional Santa Cruz de fecha 20 de abril de 2016 de fs. 27, informa que no existe  Archivo de la Ex Caja Ferroviaria Red Oriental, es decir que no se cuenta con documentación suficiente que respalde lo solicitado por el asegurado para considerar su certificación de aportes.

Por otra parte señala que a fs. 29 y 30 se adjuntó Notas emitidas por la Caja Petrolera de Salud que refieren que el Sr. Antonio Varet (Encargado de Archivo Ex Ferrecaja) trabajó como reemplazo por algunos meses y no así como personal de planta, estableciendo que el Certificado de fecha 3 de febrero de 1997 de fs. 11 emitido a favor del asegurado, es una fotocopia y que los documentos cursante de fs. 1 a 11 son fotocopias firmadas por el señor Antonio Varet los cuales no tienen ninguna validez, por lo que no pueden ser consideradas para el certificado de aportes de Rider Dorado Moreno.

Asimismo, señalaron que el Área de Certificación y Archivo estableció que  Rider Dorado Moreno no figuraba en planillas de los periodos 06/76, 07/81 y 12/96 de fs. 57 a 96, así como tampoco se cuenta con documentación en el Área de Certificación CC. de la Caja Ferroviaria de Salud Red Oriental periodos 06/82 a 12/84 y 94/86 a 04/90, incurriendo el tribunal ad quem en interpretación errónea de la Ley 065 y del art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004 al otorgarle un beneficio al asegurado que no le corresponde, más aún cuando dicha norma no puede aplicarse, por que no se adecua a los trámites de compensación de cotizaciones, pues solo es para pago de reparto anticipado, y en consecuencia se estaría causando grave perjuicio al Estado.

Petitorio.

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido y se mantenga firme y subsistente el Auto Nº 0002010 de 10 de junio de 2016 emitido por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR y la Resolución Nº 403/16 de 21 de septiembre.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

El DS 28888 de fecha 18 de octubre de 2006, en su art. 3 establece que: “A partir de la publicación de la presente norma, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, deberá efectuar la revisión de certificados de Compensación de Cotizaciones, Pago Mensual Mínimo y Pago Único en los que se encuentren indicios de errores de cálculo o falsedad de los documentos o datos que ocasionen daño económico al Estado, debiendo efectuar las correcciones correspondientes.”

El art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. (las negrillas son añadidas) Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". (las negrillas son añadidas) Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, récords de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los artículos 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. 11 de la LOJ, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

De tal manera, conforme a la normativa precitada, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia, principios reconocidos en los arts. 35. I y 45. II y IV de la Constitución Política del Estado, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por otra parte el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales contenidos en el Convenio Nº 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVI), que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, al ser humano de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, vestimenta y alimentación, que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, que es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa  de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el Capítulo Segundo, Título Primero correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado.

Análisis al caso en concreto.

Con relación a el Tribunal ad quem incurrió en interpretación errónea del art. 3 del DS 28888 y otorgó un ilegítimo beneficio a favor del interesado aplicando el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, como fundamento de su Auto de Vista, al respecto revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el actor, al momento de presentar su solicitud de compensación de cotizaciones, entre los documentos adjuntados, de fs. 1 a 11 presentó fotocopia legalizada de Finiquito, papeletas de pago, certificado de trabajo y otros, en los que se demuestra que el asegurado trabajó en la Caja Ferroviaria de Salud R.O desde el 2 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1996; es decir, que esta documental presentada demuestra el trabajó en la entidad descrita precedentemente durante los periodos extrañados por el SENASIR, documentación que no fue tomada en cuanta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones, bajo el argumento de que el Asegurado no se encontraría en planillas y que las certificaciones emitidas no tendrían valor legal alguno al haber sido emitidas por el Sr. Antonio Varet Ibañez, quien desempeñó funciones temporales de reemplazo en la Caja Petrolera de Salud, sin embargo, no existe prueba documental que demuestre que los documentos presentados por Rider Dorado Moreno, sean falsos o no tengan valor legal pues en las Notas de fs. 29 y 30, por el contrario acreditan que este funcionario sea en calidad de reemplazo o no, sí trabajó en la Caja Petrolera de Salud, en consecuencia se llega a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamación del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la inexistencia de planillas, sin valorar la documentación que tenían en su poder como respaldo, así como no tener presente la verdad material sobre la verdad formal,  vulnerando el mandato del art. 48 de la misma Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.            

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que en el caso objeto de análisis, corresponde calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a la Caja Petrolera de Salud del 2 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1996, conforme estableció el Tribunal de Segunda Instancia, que fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada, sustentando además su resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS 27543 de 31 de mayo de 2004 y en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

En consecuencia, no resulta ser evidente que se haya cometido error de interpretación de la Ley 065 y del DS 27543 de 31 de mayo de 2004, ni de valoración de la prueba, como erradamente aduce la entidad recurrente, concluyéndose que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220. II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 131 a 145, interpuesto por Olga Duran Uribe y Abelardo Dirk Ribera Rivero, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22 de julio de 1992. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.