TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 61

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                        : 480/2016

Demandante                : Ysabel Leovigilda Aldunate de Guarachi

Demandado                : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Materia                        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 52-53 vta., interpuesto por Alex Jorge Sánchez Iraizos, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC), en virtud al Testimonio de Poder Nº 516/2016 de 19 de septiembre, otorgado ante Notaría Nº 03 de la ciudad de Cobija, a cargo de la Abogada, Eva Romero Saavedra (fs. 32-34), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido por Ysabel Leovigilda Aldunate Araujo de Guarachi, contra la entidad Municipal que representa el recurrente, el Auto Supremo Nº 428-A de 05 de diciembre de 2016, por el que se admitió el recurso (fs. 63 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia de 14 de septiembre de 201 (fojas 23-25 vta.,), declarando probada en parte la demanda de fojas 3 e improbada la excepción perentoria de prescripción, ordenando al GAMC, que cancele a favor de la demandante Ysabel Leovigilda Aldunate Araujo de Guarachi, la suma de Bs. 20.622 (Veinte mil seiscientos veintidós 00/100 Bolivianos, por concepto de subsidio de frontera equivalente al 20% de su salario, correspondiente a 2 meses de la gestión 2012, 11 meses de la gestión 2013, 9 meses por la gestión 2014 y 5 meses por la gestión 2015.

Auto de Vista.

En grado de Apelación, promovido tanto por la demandante (fs. 28-30), como por el apoderado de la entidad municipal demandada (fs. 35-36), mediante Auto de Vista. Nº 311/2016 de 24 de octubre, cursante a fojas 46 a 50, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, REVOCÓ PARCIALMENTE la Sentencia Nº 113/2015 de 23 de abril, ordenando que la entidad municipal demandada, cancele a la actora la suma de Bs. 36.873 (Treinta y seis mil ochocientos setenta y tres 01/100 Bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización por dos años y cinco meses de trabajo, más el subsidio de frontera equivalente al 20% de su salario, correspondiente a 2 meses de la gestión 2012, 11 meses de la gestión 2013, 9 meses por la gestión 2014 y 5 meses por la gestión 2015, ordenando que esta suma debe cancelarse a tercero día de ejecutoriada la resolución.

II. RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN.

Contra el referido Auto de Vista, el GAMC, representada por Alex Jorge Sánchez Iraizos, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fojas 52 a 53 vta., recurso que no fue respondido por la demandante, que luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 428-A de 05 de diciembre de 2016, emitido por este Tribunal (fs. 63 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Afirma que desde un principio el GAMC se pronunció en sentido que la actora desempeñó un trabajo, bajo la modalidad de Consultora en Línea y por ello se aplicó las normas de las Leyes Nº 1178, 2341 y otras que rigen el GAMC, por consiguiente al estar sujeta a un contrato administrativo eventual, conforme se reconoció en la SCP 0358/2016-S2 de 18 de abril, que determina que quienes están sometidos a este régimen especial diferente de prestación de servicios y que por ello, no se encuentra protegidos por el ámbito de la Ley General del Trabajo (LGT), ni del Estatuto del Funcionario Público (EFP).

Asevera que, en el Auto de Vista, se reconoció que la demandante no estaba protegida por la Ley Nº 321, aludiendo luego, que según la documentación presentada como prueba junto a la demanda, ejerció un cargo manual, pese a que los memorándums, demuestran que ejercía el cargo de Profesional, con la conclusión de cumplimiento de un contrato de consultoría, por eso, sin basarse en prueba objetiva, determinó el pago de la indemnización y desahucio, pese a que legalmente no le correspondía.

Que como la demandante no era personal asalariado permanente, sino sujeta a un contrato eventual a plazo fijo de consultoría, en cumplimiento del art. 519 del Código Civil (CC), no podía aplicarse la Ley Nº 321 y el DS Nº 110, sino los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027.

Petitorio.

Concluyó el memorial indicando que interpone recurso de casación en el fondo, que pide luego del trámite de ley, se conceda remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que emitan Auto Supremo, casando o modificando el Auto de Vista.

El recurso no fue respondido por la parte demandante, pese a su legal notificación.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 52 a 53 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso: Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 29699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) del CPT, como por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, corresponde puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).

Análisis del caso concreto: En el caso presente se han alegado dos aspectos, el primero que la actora estaba sujeta a un contrato de Consultoría en línea y por consiguiente no estaría protegida por la Ley Nº 321, ni por la Ley General del Trabajo y el segundo, que por la misma razón no le correspondía el subsidio de frontera, al estar sujeta a un contrato civil de consultoría, sin haber identificado en este último acápite que norma se habría aplicado indebidamente, pese al contenido de su fundamentación.

En ese entendido considerando la doctrina aplicable al caso presente, relacionada en el punto que antecede, se advierte que en mérito a los principios: protector y de inversión de la prueba, la parte demandada, como empleadora, tenía la obligación de desvirtuar los fundamentos de la demanda.

En el caso presente alegó tanto en la respuesta a la demanda, en el recurso de apelación, como en el recurso de casación que ahora se examina, que la actora estaría sujeta a un contrato de “consultora en línea”, sin haber ofrecido ningún documento que acredite esa aseveración, procediendo a objetar la prueba de cargo aparejada a la demanda, sin haber presentado un solo justificativo documental que acredite los fundamentos de su defensa, evidenciando que lamentablemente no ha cumplido con esa carga procesal que le correspondía, de desvirtuar los argumentos de la acción y ahora que se pretenda alegar nuevamente en casación, el mismo fundamento sin desvirtuar estos hechos y solo objetando el Auto de Vista, que con acierto determinó que la actora, si bien ejerció funciones de Profesional, empero también lo hizo como Técnico, dentro de la vigencia de la aludida Ley Nº 321.

En mérito a ello, se concluye que de manera correcta en el Auto de Vista, se estableció que parcialmente la demandante, se encontraba protegida por dicha normativa, porque la primera fracción de su contratación fue anterior a la vigencia de la Ley Nº 321 y por consiguiente ajena a los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo; empero, a partir de la promulgación de la primera norma citada, por las características de las funciones que desempeñaba como técnico, de manera correcta se estableció que es acreedora a los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo.

Por consiguiente, se establece que no es evidente la vulneración argumentada en el primer punto del recurso de casación, porque nunca se acredito por la entidad demandada, que la actora se encontraba sujeta a algún contrato de consultoría.

Por otra parte, conforme se hizo constar en el resumen del recurso de casación, el recurrente no identificó la norma aplicable indebidamente en el caso presente, respecto del reconocimiento del subsidio de frontera.

Conforme a las previsiones del art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, se instituyó el subsidio de frontera en el 20% del salario mensual, haciendo acreedores obligatorios a este beneficio todos los trabajadores del sector público y empresas privadas, cuyo lugar de trabajo, se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales.

Esta norma ha sido declarada Constitucional mediante la SC Nº 068/2004 de 13 de julio, cuando el Tribunal Constitucional, estableció: “En consecuencia, el Poder Ejecutivo, al establecer en el art. 12 del DS 21137 la obligatoriedad de pagar el subsidio de frontera tanto en el sector público como en las empresas privadas a favor de sus trabajadores cuando presten servicios en los 50 kilómetros de la frontera, de ningún modo ha usurpado la función que tiene el Poder Legislativo de pronunciar leyes, y no ha incurrido en la nulidad que establece el art. 31 de la CPE por cuanto ha actuado dentro de la potestad reglamentaria que la propia Ley Suprema le reconoce, y más bien, en todo caso, ha desarrollado los preceptos constitucionales consagrados en el Régimen Social de la Constitución y las normas contenidas en la Ley General del Trabajo, que al ser una disposición general puede válidamente ser desarrollada en normas de inferior jerarquía normativa como son los Decretos Supremos. Por el criterio explicado se concluye que la norma objetada no es contraria a lo dispuesto en el art. 29 de la CPE que, en lo que interesa al presente caso, atribuye al Poder Legislativo potestad privativa para alterar y modificar los códigos, porque -se reitera- el art. 12 del DS 21137 no ha modificado código ni Ley alguna, sino que ha desarrollado la concepción de remuneración que está estipulada en la Ley General del Trabajo, adecuándose al derecho que el art. 7inc. j) de la Ley Suprema consagra”1.

Por consiguiente, al haberse acreditado en el caso presente que la demandante era empleada pública sujeta a las previsiones, tanto del Estatuto del Funcionario Público (una parte), como a la Ley General del Trabajo y Ley Nº 321, en aplicación a la normativa citada (en otro periodo de trabajo), es plenamente acreedora al indicado subsidio de frontera, conforme se reconoció por el Juez de primera instancia, como por el Tribunal de Apelación, no advirtiéndose infracción de los arts. 4 y 6 del EFP, pues estas normas no impiden el pago de ese beneficio, tanto a los servidores públicos, como a los empleados eventuales de las entidades públicas.

Por otra parte, si bien en las consultorías en línea, se acuerdo contractualmente las remuneraciones, se supondría que dentro de estas remuneraciones, estaría incluido este subsidio de frontera, reconocido legalmente, aspecto que no se aplica al caso presente porque -conforme se tiene señalado- no se ha acreditado documentalmente, única forma de demostrar este tipo de contratación, al ser una cuestión civil, ajena a la legislación laboral.

Conclusión. Que, en el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de a lzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 52-53 vta., interpuesto por Alex Jorge Sánchez Iraizos, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS 23215 del 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



1 SC 68/04, de 13 de julio.