TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 60

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente:                064/2017

Demandante:                 Viviana Choque Ramírez

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”

Materia:                        Reclamación de Pensiones

Distrito:                        La Paz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Auto de Vista 62/2016 SSA II de 18 de agosto, cursante de fs. 200 a 202, dictado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro el proceso social de Reclamación de Pensiones, el Auto que concede el recurso de fs. 216, el Auto Supremo de admisión 064-A de 27 de abril de 2017, antecedentes del proceso; y:


I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

A la solicitud de calificación de Renta de Vejez de Viviana Choque Ramírez, la Comisión de Prestaciones del Fondo de Pensiones de la Administración Pública (FOPAP) dicta la Resolución 410/88 de 25 de agosto de 1988, otorgándole Renta Básica de Vejez en la cuantía del 48% del sueldo promedio de los últimos 6 meses antes del retiro, pagadera a partir de junio de 1988 (fs. 3 de obrados); por Resolución sin número ni fecha cursante a fs. 48 del expediente, el FOPAP califica la Renta Complementaria de Vejez, equivalente al 44% de su promedio salarial, a pagarse desde junio de 1988. Cursa en el expediente nota recibida por el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA) el 2 de septiembre de 1996 (fs. 107), en el que la jubilada titular hacía conocer su calidad de rentista y su reingreso a la administración pública como dependiente; con el fin de evitar perjuicios posteriores.

A fs. 113 del expediente, corre la Resolución 3952 de 17 de marzo de 1998 de la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección General de Pensiones, que califica la renta única de vejez de la asegurada equivalente al 100% de su promedio salarial, correspondiendo a la básica el 54% y a la complementaria el 46%, más el plus por aportes a la AFP, a pagarse desde agosto de 1997.

Previo informe de revisión de Rentas, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR emite la Resolución 11203 de 27 de septiembre de 2007, donde resuelve recalcular la renta única de vejez como mejora de renta a favor de la asegurada a partir de agosto de 1997; determinar cobros indebidos, debiendo descontarse el 20% mensual de la renta mejorada hasta cubrir el monto total adeudado; determinación efectivizada por Resolución 12320 de 15 de octubre de 2007 de la Comisión de Calificación de Rentas que otorga Mejora de Renta Única de Vejez, más el PLUS, pagadera desde agosto de 1997, estableciendo además un cobro indebido de Bs340.589.78.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

El recurso de reclamación presentado por la asegurada, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución 351/09 de 15 de junio, confirmando la resolución reclamada (fs. 1184 a 187 de obrados).

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la asegurada, la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 62/2016 SSA II de 19 de agosto, cursante de fs. 200 a 202, confirma en parte la resolución apelada, en lo que corresponde al recalculo de renta y su mejora de la renta única de vejez a favor de Viviana Choque Ramírez y deja sin efecto la orden de descuento del 20% sobre su renta dispuesta por el SENASIR sobre el cobro indebido de Bs340.589.78, debiendo al efecto proceder a la restitución de su renta desde la fecha en que se cortó la misma.


II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra el Auto de Vista, la entidad gestora formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 204 a 208, conforme los argumentos siguientes:

Después de realizar un detalle amplio de los antecedentes del proceso, señala como normas legales transgredidas y mal aplicadas, el art. 963 del Código Civil, el DS 27991 de 28 de enero de 2005, el DS 26189 de 18 de mayo de 2001, el art. 8 del DS 23215, el art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) 384 de 11 de junio de 2004 y art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa (RA) 044 de 18 de julio de 2001; sin demostrar en forma concreta y precisa cómo, porqué y en qué forma han sido violadas, limitándose en señalar que, al ser la señora Viviana Choque Ramírez rentista titular en curso de pago hasta la suspensión por la presentación de la nota el 30 de agosto de 1996, anunciando que volvería a la vida activa, la nueva calificación de renta a solicitud de la interesada no correspondía, porque para reconocer los nuevos aportes debía aplicarse el art. 72 del Manual de Prestaciones, referido a mejora de renta, materializado en la resolución 11203 de 27 de septiembre de 2007, determinando además los cobros indebidos.

Si bien el art. 447 del RCSS sustenta la potestad de revisión de rentas de oficio o a denuncia de terceros, como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR como ente gestor del Sistema Residual de Reparto del Régimen de Largo Plazo; sin embargo la recuperación de cobros indebidos se encuentra dispuesto en el art. 4 inc. c) del DS 26189 de 18 de mayo de 2001, que faculta al ente gestor no solo a revisar sino a exigir la devolución o restitución total de la cantidades indebidamente percibidas, en razón que las rentas de reparto, son pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), según determina la Ley 2197 de 9 de mayo de 2001 que modifica el art. 57.III de la Ley 1732 Ley de Pensiones.

El Tribunal Ad-quem no considera que el SENASIR tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo, en cumplimiento al art. 2 inc. b) de la RA 044 de 18 de julio de 2001; de igual manera, incumple el art. 3 de la RM 384 de 11 de junio de 2004, que de manera expresa establece que la recuperación de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo se realizará con el descuento del 20%, norma concordante con el art, 963 del Código Civil que señala: “Quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado”.

En aras de precautelar el daño económico al estado boliviano, se evidencia la franca violación del art. 8 del DS 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”, concordante con los arts. 42.b) y 43 de la Ley 1178, que señala que el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad pública a través del sistema de control interno y Auditoría Interna tiene como objeto, promover el acatamiento de las normas legales y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores, en virtud de las cuales el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico al Estado, debiendo efectuar las correcciones debidas, por cuanto entiende que las prestaciones pecuniarias otorgadas en forma indebida constituye un enriquecimiento económico injusto de terceros, y un empobrecimiento del Estado, desestabilizando el sistema financiero de la Seguridad Social.

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 62/2016 SSA II de 19 de agosto, Confirmando la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.


III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La problemática en el presente caso y traída a casación, radica en determinar si la aplicación del art. 477 del RCSS por el Tribunal de apelación es correcta, o correspondía aplicar los Decretos Supremos 27991 de 28 de enero de 2005 y 26189 de 18 de mayo de 2001, con relación a la recuperación de pagos indebidos.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis de la problemática planteada, deber ser realizada desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

Los antecedentes del proceso nos llevan a concluir que la señora Viviana Choque Ramírez es rentista titular del Sistema de Reparto desde junio de 1988, renta calificada tanto en el régimen básico como el complementario; que la renta fue suspendida en agosto de 1996 a solicitud de la jubilada por su ingreso laboral al sector público. A la conclusión de su relación laboral solicita la calificación de renta, adjuntando toda la documentación pertinente, pidiendo además el traspaso de sus aportes realizados a la AFP, considerando que trabajó y aportó hasta julio de 1997 y el corte del sistema de reparto es abril de 1997; nueva renta única de vejez calificada por resolución 12320 de 15 de octubre de 2007, pagadera a partir de agosto de 1997 hasta agosto de 2007, en atención al recalculo de renta dispuesto por resolución 12320 de 15 de octubre de 2007, que otorga mejora de renta única de vejez (la primera renta calificada), por los aportes realizados en el periodo septiembre de 1996 a abril de 1997, a pagarse desde agosto de 1997, en aplicación del art. 72 del Manual de Prestaciones, más incrementos de ley y Plus por sus aportes a la AFP; determinando también un cobro indebido de Bs340.589.78 que deberá ser descontado en el equivalente del 20% mensual de la renta única de vejez mejorada, descuentos de Bs238,51 aplicados desde el proceso de boletas de pago de octubre de 2007.

Todas las solicitudes realizadas por los jubilados dentro de sus trámites de jubilación, son concedidas o negadas por el ente gestor, en estricta aplicación de las normas que rigen la seguridad social de largo plazo del sistema de reparto, por lo que no corresponde al caso concreto, atribuir el error evidente en la segunda calificación de renta a la ya jubilada, siendo de exclusiva responsabilidad del ente gestor, no otra cosa dispone el art. 477 del RCSS que textualmente señala: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.

En este punto debemos aclarar que la facultad de revisión de oficio o por denuncia justificada que asiste ahora al SENASIR y antes a los entes encargados de la administración del sistema residual de reparto de largo plazo, determinados en los Decretos Supremos 27991 de 28 de enero 2005 y 26189 de 18 de mayo de 2001, señalados como vulnerados por la institución recurrente, en ningún momento facultan al ente gestor a responsabilizar al asegurado de los dineros indebidamente pagados y cobrados, es más el art. 9 del DS 27991 dispone que a efectos de la revisión, el SENASIR deberá aplicar el art. 477 del RCSS, disposición legal que prevé que si las cantidades indebidamente entregadas obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, deberán ser devueltas por los asegurados, siempre y cuando este extremo se encuentre comprobado en proceso judicial.

Quien calificó erróneamente la segunda renta única de vejez de la asegurada en lugar de recalcular su primera renta para mejorar la misma, fue el ente gestor (Dirección General de Pensiones), luego con la facultad de revisión de oficio que asiste al ente gestor (SENASIR), identifica el error y lo corrige, determinando ilegalmente que el monto cobrado por la asegurada es indebido y corresponde su devolución total, a través del descuento del 20% de la renta mejorada; aclaramos que no existe en obrados ningún proceso judicial que declare fraudulentos los documentos, datos o declaraciones que sirvieron de base para calificar la segunda renta única de vejez; por lo que no corresponde la devolución de estos montos indebidamente pagados, a la jubilada; siendo de exclusiva responsabilidad del ente gestor, quien, como señala en su recurso, en aras de precautelar los intereses económicos del Estado, deberá identificar el funcionario o funcionarios que ocasionaron el error e iniciar las acciones que correspondan, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1178 y el DS 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”; disposición legal señalada como transgredida en el Auto de Vista objeto del recurso.

La entidad gestora señala como transgredidas y mal aplicadas la RM 384 y la RA 044, referidas a la recuperación o devolución de los montos de las prestaciones otorgadas por errores de cálculo, mediante descuento por planilla del 20% de la renta que corresponde, sin considerar que las resoluciones ministeriales y administrativas no pueden modificar lo dispuesto en normas de mayor jerarquía, concretamente el art. 477 del RCSS; por lo que no es evidente la vulneración de dichas resoluciones.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.


POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 204 a 208, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante el representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.