TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 56

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 002/2017

Demandante                   : Walter Sabino Rivera Álvarez

Demandado                    : Universidad Autónoma “Tomás Frías”

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : Potosí

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 803-807, interpuesto por el demandante Walter Sabino Rivera Álvarez, impugnado el Auto de Vista Nº 78/2016 de 06 de septiembre de 2016, cursante a fs. 799-201 de obrados, emitido la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos seguido a demanda del recurrente, contra la Universidad Autónoma “Tomás Frías” (UATF), el Auto Supremo Nº 02-A de 10 de diciembre de 2016, por el que se admitió el recurso (fs. 849 y vta.), los antecedentes del proceso.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, de la ciudad de Potosí, emitió la Sentencia de Nº 05/2016 de 29 de abril de 2016 (fojas 760-763), declarando improbada la demanda por pago de beneficios sociales y otros derechos y probada las excepciones de cosa juzgada y pago documentado, opuesta por la Universidad demandada, sin costas.

Auto de Vista.

En grado de Apelación, promovido por el actor Walter Sabino Rivera Álvarez, conforme consta el escrito de fs. 765 a 766 vta., por Auto de Vista. Nº 78/2016 de 06 de septiembre de 2016, cursante a fs. 799-801, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas.


II. RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN.

Contra el referido Auto de Vista, el demandante Walter Sabino Rivera Álvarez, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fs. 803-807, recurso que fue respondido por el representante de la demandada por escrito de fs. 811-814, que luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 02-A de 10 de diciembre de 2016, emitido por este tribunal (fs. 849 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:



FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

1.- Denunció la “infracción” del art. 158 de la Ley General del Trabajo (LGT), (transcribiendo el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al haberse incurrido en errónea valoración de la prueba, consignándose hechos inexistentes de no adeudo o pago, con relación al objeto del presente proceso, porque se demandó en mérito a la prueba de fs. 1 a 279 (reiteradas de fs. 362 a 497), por una parte y de fs. 280, 498 a 516, 517 a 519, 527 a 690 e inclusive de fs. 547, por otra, el pago de beneficio sociales y sueldos devengados como funcionario administrativo de la UATF, por 42 años y 21 días y no así como docente, por el que ya se llevó a cabo un proceso anterior, en el que se emitieron la Sentencia Nº 49/2009, Auto de Vista 85/2009 y Auto Supremo Nº 166/2014, donde se le canceló respecto a 20 años de servicio, conforme demuestran los cheques de fs. 525 a 526 y documentos de fs. 703 a 716.

2.- Denuncia también la vulneración al derecho a una retribución y al pago por una actividad laboral, incurriendo en desprotección del trabajador, vulnerándose de esta manera el art. 46-I, II y III de la Constitución Política del Estado, (CPE), cuando se afirmó en el Auto de Vista, ahora recurrido, que anteriormente mi persona demandó el pago de los mismos derechos y recibió en pago los mismos, pretendiendo hacer incurrir en error a la autoridad jurisdiccional, aspecto que es erróneo, porque no se ha demostrado que existiese cosa juzgada ni pago documentado respecto de los 42 años y 21 días de trabajo como funcionario Administrativo de la UATF.

Petitorio.

Concluyó, solicitando que este Tribunal CASE el Auto de Vista Nº 78/2016 de 06 de septiembre y deliberando en el fondo, declaren probada la demanda sobre el pago de los beneficios sociales, como funcionario Administrativo.


FUNDAMENTOS DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

Este recurso fue respondido por el representante de la UATF demandada, mediante escrito de fs. 811 a 814, fundamentando lo siguiente:

1.- Que el recurso carece de la técnica recursiva y por consiguiente debe ser declarado improcedente.

2.- Que por los documentos de fs. 303 a 330, 346 a 347 y 685 a 724 y la inspección de los mismos en la indicada Casa Superior de Estudios, se acreditó que se le cancelaron al demandante, los beneficios sociales alegados ahora en la demanda, habiéndose tramitado un proceso laboral en el Juzgado 2º de Trabajo de la ciudad de Potosí, evidenciando que no existe errónea valoración de la prueba o consignación de hechos inexistentes.

3.- La Sentencia Nº 49/2009, el Auto de Vista Nº 085/2009 y el Auto Supremo Nº 166/2014, demostraron que existe identidad de objeto, causa y partes, por ello es que se declaró acertadamente la excepción de cosa juzgada y que en cumplimiento a estos fallos, se canceló todos los beneficios sociales al demandante, acreditando la excepción de pago opuesta por la UATF.

Petitorio.

Solicitó que se tenga por contestado el recurso y se emita Auto Supremo, declarando INFUNDADO el recurso, con costas.



III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 803-807 de obrados, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso.

Tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley; (arts. 60 y 158 CPT); en mérito a ello, es que las dudas que surjan en el curso del proceso, respecto de la interpretación y aplicación del Código Procesal del Trabajo, debe resolverlas, acudiendo el juez, a los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo, para el logro de la finalidad especial que tienen estos procesos, cual es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial (arts. 58 y 63 CPT).

Para evitar que las partes se sirvan del proceso mediante un acto simulado, buscando la obtención de un fin prohibido por la Ley, el juez, debe valorar el comportamiento demostrado en el curso del proceso, comenzando en considerar que éstas “(…) al hacer uso de todas las facultades que les otorgaren las leyes, estarán obligadas a comportarse con lealtad, corrección y decoro, bajo las sanciones y responsabilidades que el juez podrá imponer en el curso del proceso o al dictar sentencia”1, conforme refería el Código de Procedimiento Civil, vigente en la primera parte de la tramitación del presente proceso; o en su caso, exigir “(…) en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad”2. Disponiendo que “Las partes y en general quienes intervienen en el proceso, deben actuar en forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial y los derechos del adversario”3. En mérito a la aplicación de las normas del Código Procesal Civil, en el marco de la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

En conclusión, es evidente debe considerar los principios que rigen los procesos laborales, especialmente el de proteccionismo y primacía de la realidad, consagrados en los arts. 48-II y 180-I de la CPE; empero, esta aplicación, no puede salirse del marco de lo expresamente demostrado en el curso del proceso y lo argumentado por ambas partes en el curso del proceso, que se supone fue alegado de buena fe y en mérito a la lealtad procesal en los que se debe regir el actuar de las misma, pues evidentemente este comportamiento puede hacer incurrir en error a la autoridad jurisdiccional, habiendo que ésta obtenga un convencimiento tal, que impida a que se arribe a una conclusión diferente.


Análisis del caso concreto.

En el caso presente se han alegado dos aspectos que se encuentran entre lazados entre sí, el primero referido a la errónea valoración de la prueba y consignación de presuntos hechos inexistentes y el segundo respecto al indebido acogimiento de las excepciones perentorias de cosa juzgada y pago documentado, habiéndose denunciado la “vulneración de los arts. 158 del CPT y 46 de la CPE, porque según el recurrente, el objeto del proceso es el cobro de beneficios sociales como funcionario administrativo y no así como docente de la UATF.

En mérito a ello, previa revisión minuciosa de los antecedentes del proceso, se advierte que ambas partes, en el curso del proceso, realizaron argumentaciones y ofrecieron pruebas, controvertidas y ligadas entre sí, que demuestran que efectivamente, al actor se le cancelaron beneficios sociales por diferentes periodos, tanto antes como después de un primer procesos social de pago de beneficios sociales, en el que se canceló ciertamente esos beneficios por 20 años como docente; sin embargo, entre toda la documentación presentada por ambas partes, se advierte que también se incluyeron entre esos pagos, la cancelación de fracciones laborales, canceladas como funcionario administrativo de la UATF, dando a entender que esos beneficios fueron cancelados a cabalidad y que dan a entender que se ha cancelado también los derechos pretendidos en el presente proceso, pero que ciertamente difieren en el tiempo de trabajo (42 años y 21 días alegados por el demandante), sin embargo, esta mescla de la prueba y la confusión a la que ha llevado tanto el actor, con su propio actuar, dentro del anterior proceso, como dentro de este segundo juicio, como por parte de la Universidad demandada, lleva a establecer que al demandante efectivamente se le canceló los beneficios sociales, también como funcionario administrativo, más aún si entre la prueba aportada por ambas partes del proceso -se supone de buena fe y con lealtad procesal- que acreditan esos hechos y que fueron relacionados en el Auto de Vista ahora recurrido, conforme se advierte del Considerando tercero, cuando se resolvieron uno por uno los tres argumentos de la alzada.

Es cierto también que existe una incoherencia respecto al pago de esos beneficios sociales por el periodo de 1º de septiembre de 1967 a 6 de diciembre de 1982, conforme refieren el documento de fs. 346, cuando ese periodo se canceló como si fuera un periodo trabajado de 3 años, 6 meses y 12 días; empero, este aspecto fue analizado y dilucidado en los fallos judiciales presentados por la Universidad, consistentes en la Sentencia Nº 49/2009, el Auto de Vista Nº 085/2009 y el Auto Supremo Nº 166/2014, cuyas copias cursan de fs. 311 a 330 de obrados, documentos que se consideran válidos, tanto por su real fuerza probatoria que tienen, como por la consideración de actuación de buena fe y lealtad procesal que se supone, actuaron ambas partes en el curso del presente proceso.

Conclusión.

Por lo relacionado, se advierte que no son evidentes las “vulneraciones” de los arts. 158 del CPT, (citado erróneamente como 158 LGT, en el recurso), y 46 de la CPE, porque se verificó que el Tribunal de a lzada, arribó al pleno convencimiento de los hechos, siguiendo las reglas que instituye la primera norma procesal citada y porque no se demostró en el curso del proceso, que se hubiese pretendido desconocer el derecho a la retribución por el trabajo desarrollado por el actor, sin incurrir en desprotección al trabajador, si en el curso del proceso, se presentó prueba controvertida que evidencia que sí recibió esas remuneraciones, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 803 a 807, interpuesto el demandante Walter Sabino Rivera Álvarez, sin costas ni costos en todo el proceso, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



1 Art. 57 del Código de Procedimiento Civil (Hoy derogado).

2 Principio de Probidad Numeral 17 del art. 1º del Código Procesal Civil.

3 Art. 3 del Código Procesal Civil. Buena fe y lealtad procesal de las partes.