TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 55

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 256/2016

Demandante                   : Porfirio Carrillo Coaquira

Demandado                    : ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA.

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: Los recursos de casación, de fs. 199 a 201 y de fs. 205 a 208 interpuestos por Isaías Jorge Vargas Ch., en representación de la Empresa ECA Aparicio y Asociados Ltda., y  Porfirio Carrillo Coaquira respectivamente, contra el Auto de Vista N° 10/16 de 29 de febrero, cursante de fs. 195 a 197, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la demanda de pago de beneficios sociales seguida por Porfirio Carrillo Coaquira contra ECA Aparicio y Asociados Ltda.; la respuesta de fs. 205; el Auto 243/2016 de 27 de junio que concedió el recurso (fs. 211); El Auto de Admisión Nº 425-A de fs. 232, los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 109/2014 de 27 de octubre (fojas 154-162), declarando probada en parte la demanda de fojas 8-9, subsanada a fs. 12 y probada en parte la excepción perentoria de prescripción pago de fs. 19-21, subsanada a fs. 26, ordenando el pago de Bs. 174.377,36 (Ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete 36/100 Bolivianos) por conceptos de indemnización, aguinaldo de Navidad, vacación, bono de antigüedad y sueldos devengados correspondientes al mes de agosto y 15 días del mes de septiembre, ambos del año 2010.

Auto de Vista.

En grado de Apelación, promovido tanto por el representante de la Empresa demandada (fs. 168-172), como por el demandante (fs. 176-179), por Auto de Vista Nº 10/16 de 29 de febrero, cursante a fojas 195-197, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Tercera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, CONFIRMÓ en su integridad la Sentencia Nº 109/2014 de 27 de octubre.

II. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.

Recurso de casación en el fondo interpuesto por Isaías Jorge Vargas Ch., en representación de la Empresa ECA Aparicio y Asociados Ltda.

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 531 a 537 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Acusa errónea aplicación del Art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT), alegando que el motivo de la demanda obedece a una divergencia comercial en razón a que el demandante es socio y co-propietario de la sociedad comercial ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA y que conforme al Art. 2 de la LGT, no reúne las características de EMPLEADO, sino de PATRONO.

Violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, por haber dejado de lado la prueba de descargo consistente en Testimonio Nº 356/20005 por que alega haber acreditado la condición de socio del demandante; Así como el Testimonio Nº 866/2006 por el que se prueba que el demandante fungió como representante legal de la entidad ahora demandada y tanto la prueba documental como confesión provocada por la que se hubo probado que no existió una relación laboral exclusiva al haber ejercido también el cargo de maestro normalista hasta jubilarse.

Con base en lo anterior agrega que se incurrió en indebida aplicación de la norma al calificar al demandante como empleado y dependiente.

Acusa también que ni la sentencia ni el auto de vista cumplen con lo dispuesto por el Art. 202.a) del CPT al no haber señalado los hechos probados y no probados y que no se cumplió con el voto del art. 192.2) del Código de Procedimiento Civil

Que con relación a la excepción de prescripción alega que la misma fue acogida parcialmente, pero sólo en cuanto a la antigüedad, sin considerar que la relación laboral del demandante como empleado concluyó cuando éste dejó de ser empleado para convertirse en propietario a partir del año 2005 que es cuando adquiere el 10% de las cuotas de capital de la empresa, agregando que correspondía aplicarse el Art. 120 de la LGT a partir del 25 de julio de 2005.

Petitorio.

Concluye el memorial solicitando que se conceda el recurso, remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que pronuncien resolución CASANDO el Auto de Vista impugnado y se declare improbada la demanda.

Recurso de casación en el fondo interpuesto por Porfirio Carrillo Coaquira.

Acusa interpretación errónea de la ley y omisión en la aplicación del art. 9 del D.S. Nº 28699, al haber negado el pago de la multa del 30% y la actualización de los beneficios sociales, bajo el argumento de constituir un pedido extra petita y que no procede en casos como el presente cuando se trata de retiro voluntario y que con ello se vulneró el principio protectivo del derecho laboral, previsto en el art. 48.I de la Constitución Política del Estado e inc. g) del Art. 3 del Código Procesal del Trabajo, así como del Art. 202 del mismo adjetivo laboral.

Agrega que, el tribunal de apelación, al advertir la omisión del juez, debió ordenar la inclusión de tales conceptos.

Acusa omisión en la valoración de la prueba propuesta por conminatoria judicial y omisión en la aplicación de una presunción legal, alegando que se le negó el pago de la totalidad de los sueldos devengados reclamados bajo el argumento de no haber demostrado que se le adeuda tales sueldos, lo que considera quebrantamiento del principio de inversión de la prueba regulados por los arts. 3.g) y h), 66 y 150 del CPT.

Agrega sobre éste mismo aspecto que al momento de proponer la prueba solicitaron que se conmine a la empresa la presentación de papeletas y planillas de pago de haberes, sobre lo que debió aplicarse la presunción de certidumbre con arreglo al art. 160 del CPT, en razón a que la empresa no cumplió con tal conminatoria.

Por último, acusa errónea interpretación con relación al reintegro de salarios que hubiese sido disminuido a partir de agosto de 2005 hasta enero de 2008.

Petitorio.

Concluye el memorial solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, CASAR el Auto de Vista y disponer el pago de sus salarios devengados y los reintegros demandados.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación en el fondo, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Recurso de casación en el fondo interpuesto por Isaías Jorge Vargas Ch., en representación de la Empresa ECA Aparicio y Asociados Ltda.

Del contenido del escrito recursivo, se advierte que el recurrente postula dos problemas jurídicos para juicio de éste Tribunal: El primero referido a la relación laboral y el segundo referido a la prescripción.

En el primer caso, el recurrente cuestiona la existencia de la relación de dependencia laboral entre el demandante y la entidad demandada, así como cuestiona la aplicación del art. 21 de la LGT.

Sobre el particular, se debe convenir que la relación de dependencia laboral constituye uno de los elementos sustanciales a ser considerado a momento de decidir si al demandante le asisten los derechos y beneficios sociales que acuerda la LGT y, para ello, ha menester establecer previamente si en los hechos existió una prestación efectiva de servicios a favor de otra persona, ya sea natural o jurídica, que eventualmente tendrá la calidad de empleador.

En el caso presente, se tiene probado que el demandante prestó servicios como Auditor y luego Gerente en la Empresa ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA, ergo probado quedó que hubo una prestación efectiva de servicios a favor de la entidad demandada, por lo que y, conforme al art. 13 de la LGT, le asiste el derecho a percibir los beneficios sociales acordados en la LGT.

Sobre la relación laboral y el derecho a la indemnización, se debe precisar que con arreglo al art. 132 de la LGT, arts. 13 y 24 del D.S. 110 de 1º de mayo de 2009, el derecho a percibir una indemnización por año trabajado, responde al trabajo efectivamente prestado en relación de subordinación y dependencia.

Asimismo, en el contenido de tales dispositivos legales, incluido el art. 2 de la LGT invocado por el recurrente, no se advierte restricción alguna con base en la dualidad que plantea el recurrente. Dicho de otro modo, ninguno de tales dispositivos legales hace referencia sobre una posible incompatibilidad de la condición de socio de la empresa, con la posibilidad de prestar servicios remunerados a favor de la misma empresa.

Un razonamiento contrario, tal como propone el recurrente, bien podría ser empleado para propiciar la explotación laboral, con sólo otorgarle al trabajador una acción en la empresa y con ello evitar el pago de sueldos, aguinaldos, vacaciones y todos los beneficios sociales que la ley acuerda.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cuando el socio presta servicios a favor la misma empresa, dicho servicio no puede constituir trabajo a cuenta propia, en razón a que no obedece a un interés personal sino a un giro corporativo.

En definitiva el hecho de que el demandante haya adquirido la condición de socio; por una parte, no restringe su derecho de prestar servicios como dependiente de la entidad y, por otra, no perjudica ningún derecho que esa prestación de servicios por cuenta ajena pueda consolidar con arreglo a la Ley.

Si admitiésemos una interpretación contraria, tendríamos que admitir por ejemplo que los socios de una cooperativa telefónica, tengan prohibido prestar servicios en la misma o, de permitírseles tal servicio, restringirles sus beneficios sociales.

Con base en lo anterior, ésta Sala considera que el Tribunal de Apelación obró con total sindéresis jurídica, sin incurrir en infracción legal alguna, careciendo de relevancia la consideración de la prueba reclamada por el recurrente como no considerada, tales como los testimonios Nº 356/20005 y Nº 866/2006.

En cuanto a los arts. 202.a) del CPT Art. 192.2) del Código de Procedimiento Civil, de los que el recurrente reclama no haberse dado cumplimiento, en principio se debe aclarar que, por una parte, tal hecho no constituye materia del recurso de casación en el fondo, por cuanto hace a la instrumentalidad del proceso; consiguientemente, materia del recurso de casación en la forma y, por otra, los puntos de hecho a probar corresponden ser señalados por el Juez de Primera Instancia en oportunidad del trámite respectivo y, siendo así, correspondía al recurrente reclamar sobre tal aspecto en aquella oportunidad, resultando al presente en extemporáneo.

Por último, sobre la excepción de prescripción, no se encuentran razones suficientes para haber cabida a la casación impetrada a mérito que, conforme se tiene expuesto supra, el hecho de que el demandante haya adquirido la condición de socio, no enerva sus derechos laborales, de tal modo que aquel evento consistente en la adquisición de un porcentaje accionario no tiene relevancia en el caso presente.

Recurso de casación en el fondo interpuesto por Porfirio Carrillo Coaquira.

En cuanto a la multa del 30% y la actualización de los beneficios sociales, éste Tribunal concluye que el tribunal de apelación incurrió efectivamente en vulneración del citado D.S. Nº 28699, por cuanto para tal decisión, no se requiere de petición expresa, tal cual exigió dicho tribunal, mas al contrario, se trata de un imperativo que debe aplicarse por mandato directo de la Ley, tal cual lo tiene establecido éste Tribunal en su Jurisprudencia, al señalar que “…al estar demostrado que su cancelación no fue dentro del término establecido por el art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, su aplicación es imperativa por el juzgador, como se procederá a tiempo de la liquidación, en aplicación del texto normativo que señala: Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, conforme se anota en el Art. 48.I de la CPE”. (AS Nº 108 S. Social I, de 30 de marzo de 2016).

Por otro lado, conforme también lo tiene establecido éste Tribunal en su jurisprudencia, el pago de la multa no sólo procede en caso de despido intempestivo, sino también en caso de renuncia por parte del trabajador, por cuanto en el espíritu del D.S. 28699 la multa obedece al incumplimiento del empleador en el pago oportuno de los derechos laborales, mas no a las causales de la desvinculación laboral.

Así en el AS Nº 533-S.S. Unica, de 26 de julio de 2013, se dijo:

“…el pago de la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad…”.

Por su parte en la R.M. Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableció:

“ARTÍCULO 1.- (RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo deservicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficios de la trabajadora o del trabajador”.

Sobre los sueldos devengados reclamados por el recurrente, se advierte que lo aseverado en el recurso no se corresponde con lo probado en obrados, pues en lo que concierne vgr.: al sueldo de diciembre de 2009 que el recurrente alega no habérsele cancelado, a fs. 110-111 cursa planilla de pago de haberes de tal período y lo propio ocurre respecto a los otros sueldos reclamados por el mes de diciembre.

Asimismo y considerando dicho material probatorio cursante de fs. 110 a 117, se tiene evidencia que le fueron cancelados más de seis (6) sueldos consecutivos por la gestión 2010, lo que da lugar a la presunción establecida en el art. 182.g) del CPT, que establece: “Demostrado el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad convencional, reglamentaria o acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá salvo prueba en contrario, que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido igualmente pagados”.

Así entonces y toda vez que la citada presunción se encuentra subordinada a prueba en contrario, bien concluyó el tribunal de apelación al señalar que dicha probanza no le era ajena al demandante.

Consiguientemente mal podría atribuírsele infracción legal alguna sobre dicho aspecto.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 199 a 201 interpuesto por Isaías Jorge Vargas Ch., en representación de la Empresa ECA Aparicio y Asociados Ltda. y, en cuanto al recurso de casación de fs. 205 a 208 interpuesto por Porfirio Carrillo Coaquira, CASA parcialmente el Auto de Vista N° 10/16 de 29 de febrero, cursante de fs. 195 a 197 y, deliberando en el fondo, se dispone que en ejecución de fallos se proceda a la actualización y el cálculo de la multa del 30%, con arreglo al D.S. Nº 28699, manteniéndose en lo demás firme y subsistente.

Regístre se, notifíquese y devuélvase.


1 ARTICULO 2º.- Patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo, por cuenta propia o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena. Se distingue el primero por prestar servicios en tal carácter; o por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un esfuerzo predominantemente intelectual. Quedan comprendidos en esta categoría de empleados todos los trabajadores favorecidos por leyes especiales. Se caracteriza el obrero por presentar servicios de índole material o manual comprendiéndose en esta categoría, también, al que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces y vigilantes.

2 “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo…”

3 El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido.

4 ARTICULO 2. (INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS).-

I. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año.

II. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo.

III. La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para las trabajadoras y los trabajadores a jornal.