TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 53

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                        : 004/2017

Demandante                : Mario Quispe Apaza

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Palca

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Rene Vitalino Aruquipa Ramos, en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, Provincia Pedro Domingo Murillo del Departamento de La Paz, cursante a fs. 322 a 323 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 85/2016  de 20 de Julio de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo No 4-A de 10 de Enero de 2017, cursante a fs. 336 a 336 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso, y:


I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.

Tramitado el proceso laboral por el pago de sueldos devengados y otros seguido por Mario Quispe Apaza en contra Gobierno Autónomo Municipal de Palca, el Juez Séptimo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 117/2015 de fecha 05 de mayo de 2015 cursante a fs. 275 a 281, declarando probada en parte la demanda; determinando que el Gobierno Autónomo Municipal de Palca cancele a favor del actor de acuerdo el siguiente detalle; salarios devengados, vacaciones gestión 2009-2010, aguinaldo y multa del 30 %; la suma total de Bs. 8.161,10 (ocho mil ciento sesenta y uno 10/100 Bolivianos).


Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 283 a 284, por Mario Quispe Apaza en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 85/2016 de 20 de Julio, cursante a fs. 318 a 319 vta., que confirma la sentencia apelada No 117/2015 de fecha 05 de Mayo de 2015.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 389/2016 de fecha 28 de Octubre de 2016, concediendo el recurso.


II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, realizo una errónea aplicación de los Arts. 2, 3 y 9 del D.S. Nº 28699 relacionado al Art. 59 de la Ley 2028 (abrogada), bajo el siguiente argumento:

1.- La entidad pública demandada, sostiene que existe una errada aplicación del Art. 3 del D.S. Nº 28699, por cuanto este precepto no hubiera sido valorado conforme al Art. 59 de la Ley 2028 abrogada, pero vigente en el periodo 2002 a 2010, que consideraba la categoría de servidores públicos municipales, en la cual se encontraba la situación del demandante; por tal motivo no se encontraba bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo, ya que el D.S. Nº 28699, solo tiene aplicación en relaciones laborales cuyas características se encuentran establecidas en el Art. 2 del citado decreto supremo, normativa que de igual manera fue erróneamente valorada; por tal motivo afirma-, que no se puede admitir la aplicación de una multa prevista en el Art. 9 del D.S. Nº 28699, por no ser aplicable dentro del presente proceso, e incluso constituirá una disposición ultrapetita que erróneamente fue confirmada por dicha instancia.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que luego de una compulsa respectiva de los fundamentos vertidos; CASE el auto de vista recurrido y revoque la sentencia Nº 117/2015 de fecha 05 de Mayo de 2015 y se deje sin efecto la multa del 30 % impuesta injustamente.

Contestado el recurso de casación por Mario Quispe Apaza, precisa que los Vocales al pronunciar el Auto de Vista que confirma la sentencia, actuaron de manera correcta y justa en su valoración; ya que el único afán del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, es eludir su responsabilidad social con los trabajadores, ya que el monto a cancelar es ínfimo, y lo único que busca es perjudicar al actor; por cuanto él en su debido momento demostró ser trabajador de la Alcaldía de Palca, por tal motivo se justifica su demanda de pago de sueldos devengados, aguinaldo y vacaciones, aclarando que nunca ha solicitado beneficios sociales; agrega que el recurso interpuesto no menciona si es un recurso en el fondo o en la forma y que no realizo el depósito judicial por el monto condenado.

En conclusión solicita que se declare INADMISIBLE el recurso de casación y sea con costas.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:


Del derecho fundamental al trabajo, una justa y oportuna remuneración.

El Art. 46.I.1 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental reconocido de manera expresa y positiva por la constitución, por tal motivo es directamente aplicable conforme lo establece el Art. 109 de la CPE; en tal sentido su directa aplicabilidad debe estar vinculada a la precepción de un salario justo, pero también oportuno.


De los trabajadores de los Gobiernos Autónomos Municipales que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo.

El art. 59 de la Ley Municipalidades abrogada-, prescribía que el personal que se incorpore a los Gobiernos Municipales a partir de la entrada en vigencia de aquella norma, será considerado en las siguientes categorías: “1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal descrita en la presente Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos; 2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal. Dichas personas no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público de acuerdo con lo previsto por el Artículo 43º de la Constitución Política del Estado; 3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, éstas se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo”.


De los derechos adquiridos de trabajadores municipales, su entendimiento jurisprudencial.

El Auto Supremo N° 61 de fecha 24 de Febrero de 2014 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estableció: “De otro lado, el segundo periodo de trabajo reconocido a favor del actor desde junio de 2005 hasta agosto de 2010, no puede ser considerado como una relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo; por el contrario, como determinó el ad quem, la misma se encontraba enmarcada bajo las normas contenidas en la Ley 2028 de Municipalidades (…) consecuentemente, el actor al no haber desempeñado su labor en empresas municipales públicas o mixtas, no puede estar sujeto a la Ley General del Trabajo, presupuesto concordante con el artículo 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo que prevé: “ No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del Ejército”;  siendo las alcaldías municipales, actualmente gobiernos autónomos municipales, entidades del Estado según el artículo 3 de La Ley SAFCO (…)  por lo que, los trabajadores de las Alcaldías Municipales, no gozan de beneficios sociales; empero, sí de los derechos adquiridos por los trabajadores de los sectores públicos, como determinó el Tribunal de Segunda Instancia al otorgar al actor el pago de sueldos devengados, bono de antigüedad, duodécimas de vacaciones y aguinaldo.”

Ámbito de aplicación del D.S. Nº 28699 y la multa del 30 % en caso de incumplimiento en el pago de derechos adquiridos:

El Art. 2 del D.S. Nº 28699 establece que de conformidad al artículo primero de la Ley General del Trabajo, que determina de modo general que los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. b) La prestación de trabajo por cuenta ajena. c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

El mismo decreto supremo citado, al ser una norma jurídica de carácter sustantivo, prevé una sanción en caso de incumplimiento, cuando el Art. 9 del mismo precisa en su parágrafo I y II, que, en caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.


IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente se realizo una errónea aplicación de los Art. 2, 3 y 9 del D.S. Nº 28699 relacionado al Art. 59 de Ley 2028 (abrogada), en merito a ello, se tiene lo siguiente:

Conforme a los antecedentes del proceso, podemos establecer que efectivamente el actor Mario Quispe Apaza, en el desarrollo del proceso logro demostrar la existencia de una relación laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de Palca.

No obstante de ello, en fecha 02 de Agosto de 2010, con el pretexto de una reestructuración administrativa, se prescindió de sus servicios, no existiendo una causal legal y justa de su despido, conforme razonó el juez de primera instancia, por lo que correspondió el reconocimiento de sus derechos laborales adquiridos.

En merito a ello, es importante establecer, que a partir de la vigencia de la Ley de Municipalidades en fecha 28 de Octubre de 1999, todo nuevo trabajador que ingresaba a prestar servicios en los Gobiernos Municipales, ya tiene una de las categorías anotadas por el Art. 59 de dicha ley, por lo que, de acuerdo a la labor que éste desarrolle, estará considerado como: i) funcionario municipal sujeto a la carrera administrativa, ii) funcionario municipal designado o de libre nombramiento, o iii) funcionario contratado en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos; aclarando entonces que, sólo para la última categoría se encuentra previsto el régimen laboral de la Ley General del Trabajo, es decir, para empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, no así para los demás servidores públicos.

En el caso de análisis, y por lo aseverado por el actor en el memorial de demanda, se tiene que la misma ingresó a trabajar a la entidad demandada en la gestión 2000, al cargo de plomero, por lo cual queda claro que el actor ingreso a trabajar en plena vigencia de la Ley de Municipalidades.

Así como también, queda también claro por la prueba que cursa a fs. 230, que el actor no fue contratado para prestar servicios en una empresa municipal, pública o mixta establecida para la prestación directa de servicios públicos; ya que el mismo fue contratado para cumplir funciones en servicios manuales como plomero en la H. Alcaldía Municipal de Palca, Primera Sección de la Provincia Murillo de la ciudad de La Paz, conforme se establece del memorándum de asignación de funciones, por lo tanto, el actor no se encuentra comprendido dentro del régimen laboral previsto por la Ley General del Trabajo, conforme la fundamentación antes anotada.

No obstante de ello, y ante las aseveraciones de la institución recurrente; cabe señalar que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su artículo 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos.

En el caso de autos, y conforme los fundamentos expuestos, esta magistratura, considera que se aplicó de manera correcta la multa que establece el art. 9.II del D.S. Nº 28699, por cuanto la entidad pública recurrente, no canceló de manera oportuna los salarios devengado del actor; pese a que el mismo en fecha 10 de agosto de 2010, solicitó la cancelación de sus derechos adquiridos (ver fs. 3); quebrantando de esta manera el derecho constitucional del trabajador a gozar de un salario justo y oportuno que le garantice a él y su familia una vida digna, como un verdadero reconocimiento al trabajo realizado.

Este razonamiento, tiene su fundamento en el principio de progresividad establecido en el Art. 13.I de la Constitución Policita del Estado, por cuanto los derechos laborales y sus mecanismos de protección como derechos fundamentales son progresivos, por lo cual las leyes infra constitucionales programáticas como el D.S Nº 28699, buscan que los mismos, se puedan ejercer de mejor manera y en mejores condiciones, estableciendo en algunos casos garantías para su ejercicio y en otros casos sanciones en caso de incumplimiento; es más el propio principio de protección y sus reglas de interpretación (indubio pro operario y de la condición más beneficiosa), establece que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador y en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; pues la idea en derechos laborales y bajo el principio de progresividad, es que las nuevas normas o reformas deben tender a mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa; por lo cual una vez más se concluye que se aplicó de manera correcta el Art. 9.II del D.S. Nº 28699, al ser una aplicación vinculada a una interpretación más favorable, que tiene por fin garantizar el reconocimiento efectivo y oportuno de los derechos laborales y en caso de incumplimiento imponer una sanción.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 322 a 323, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el Art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el Art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.


POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Rene Vitalino Aruquipa Ramos, en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónoma Municipal de Palca, contra el Auto de Vista Nº 85/2016  de 20 de Julio de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas por ser entidad pública.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.