TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 52

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 481/2016

Demandante                   : Aracely Buitrago Aduviri

Demandado                    : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Proceso                           : Pago Subsidio frontera y derechos adquiridos

Distrito                         : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cobija, a través de José Romero Saavedra, Alex Sánchez Iraizos, Griselda Cueto Mereles y Nazira Flores Choque, en representación de Luis Gatty Ribeiro Roca, cursante de fs. 55 a 56, contra el Auto de Vista N° 307 de 17 de octubre de 2016, que cursa de fs. 49 a 50, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; dentro del proceso de pago de subsidio frontera y derechos adquiridos interpuesto por Aracely Buitrago Aduviri contra la entidad municipal recurrente; el Auto de 23 de noviembre de 2016, que concedió el recurso (fs. 59 vta.); el Auto Supremo Nº 429-A de 5 de enero de 2017 (fs. 66), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de subsidio de frontera más derechos adquiridos por Aracely Buitrago Aduviri y tramitado el proceso, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, pronunció la Sentencia233/016 de 19 de agosto de 2016, de fs. 35 a 37, donde declara probada en parte la demanda de fs. 9 a 10, e improbada la excepción perentoria de prescripción; disponiendo que el Gobierno Municipal demandado cancele a favor de la actora, la suma de Bs6.804 (seis mil ochocientos cuatro 00/100 bolivianos), por concepto de subsidio de frontera y vacación pendiente.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el GAM de Cobija interpuso recurso de apelación cursante a fs. 39; concedido el recurso (fs. 42),  fue resuelto mediante el Auto de Vista N° 307 de 17 de octubre de 2016, que cursa de fs. 49 a 50, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; por el cual se confirmó la Sentencia de primera instancia.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN.

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el GAM de Cobija, a través de José Romero Saavedra, Alex Sánchez Iraizos, Griselda Cueto Mereles y Nazira Flores Choque, en representación de Luis Gatty Ribeiro Roca, formulo recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 55 a 56, señalando lo siguiente:

1.- Afirma que, existió violación de los arts. 234 y 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que estos preceptos constitucionales son claros al determinar que los servidores públicos sea cual fuese su modalidad de contratación deben cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente, sin ninguna falta u observación en su labor cotidiana, pero añade el recurrente que “esto no se dejó notar”. 

2.- Señala también que, el Tribunal de alzada aplicó de manera errónea la Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012, como el DS 110 de 1 de mayo de 2009, infringiendo y vulnerando los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), otorgando como resultado un pago a la demandante de “beneficios”, sin que estén previstos en su presupuesto, determinando que la actora este dentro del ámbito laboral, siendo que el art. 5 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, establece que las entidades públicas no podrán ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.

3.- Indica que, no corresponde el pago de subsidio frontera a la actora, en razón de que los derechos obtenidos por las personas no ejercidos dentro de un tiempo razonable caducan y prescriben, por no haberse reclamado dentro de su tiempo; afirmando que la demandante no reclamo sus derechos sociales dentro de los plazos establecidos por Ley,  quien debió reclamar antes de que transcurran dos años, al no haberlo hecho estos prescribieron. 

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista 307 de 17 de octubre de 2016, solicita se emita un Auto Supremo anulando obrados, casando o modificando el Auto de vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto a la violación acusada de los arts. 234 y 235 de la CPE, se tiene que, el recurrente de manera errónea manifiesta que: “El Articulo 234 de manera textual dice: Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir con la Constitución y las leyes, 2. Cumplir con responsabilidad…” (sic), cuando el art. 234 de la CPE, determina los requisitos indispensables para acceder al desempeño de funciones públicas, no así lo señalado por el recurrente; además, no se analiza en el proceso, ni en el Auto de Vista aludido las obligaciones que debe cumplir un funcionario público, señaladas en el art. 235 de la Ley Fundamental; y mas allá, de que no establece el recurrente de que forma el Tribunal de alzada hubiese violado los preceptos constitucionales señalados en la emisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que este aspecto no fue reclamado oportunamente por el recurrente al momento de presentar su recurso de apelación, ya que revisado el contenido del mismo, no contiene como agravio, el punto ahora traído en casación, extremo que tardíamente aduce en casación, razón por la cual se activa la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT); por estas razones este Tribunal Supremo, se ve imposibilitado de ingresar a un análisis sobre una supuesta vulneración de los artículos constitucionales señalados, no ameritando mayor pronunciamiento al respecto.

2.- De igual forma, sobre la violación de los art. 4 y 6 del EFP, como la aplicación errónea de la Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012, el DS 110 de 1 de mayo de 2009, y el art. 5 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999; se puede evidenciar que no fueron aspectos reclamados por el recurrente en su recurso de apelación, por lo que, no existe pronunciamiento sobre esta normativa en el Auto de Vista impugnado, argumentos que tardíamente alega en casación; y debe entenderse el principio de congruencia, como componente del debido proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a observar la existencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto por la instancia de alzada; es decir, entre los agravios del recurso de apelación y la determinación asumida en el Auto de Vista; así como la pertinencia que debe contener toda resolución sobre los aspectos que se reclaman en forma oportuna, siendo estos agravios los que aperturan la competencia, para analizar lo asumido en Sentencia por parte del Tribunal de alzada, para posteriormente puedan ser recurridos en casación; evidenciándose que los aspectos que ahora se pretenden objetar a través del recurso de casación en el fondo, no fueron expuestos ni observados en el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, por ende no fueron considerados por el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista; activándose al igual que en el anterior punto, la preclusión procesal prevista en los arts. 3. e) y 57 del CPT; imposibilitado ingresar a un mayor análisis, al ser aspectos que no forman parte de la fundamentación del Auto de Vista emitido, porque no fueron reclamados en el recurso de apelación. 

Sin embargo, al cuestionar en el agravio planteado, la tutela de la Ley General del Trabajo de los Funcionarios Públicos, por medio de los arts. 4 y 6 del EFP, se cuestiona la competencia del juzgador (aunque en forma tardía), y al ser esta -la competencia- trascendental en la tramitación de un proceso y ser un aspecto de orden público, este Alto Tribunal considera conveniente y necesario efectuar la aclaración respecto de la misma.

Al respecto debe entenderse primero, que en el caso de autos durante todo el proceso la actora no se amparó en lo dispuesto Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012, norma que introduce a funcionarios municipales que cumplen ciertas características, bajo la tutela de la Ley General del Trabajo; es decir, no se analizó en ninguna determinación de instancia esta normativa, menos la demandante se respaldó en esta Ley para formular su demanda, por lo que no se pudo aplicar erróneamente esta normativa, para arrogarse la competencia cuestionada.  

Ahora, lo que la demandante reclama en su demanda, son derechos adquiridos, no así beneficios sociales, y los mismos pueden ser reclamados a través de la judicatura laboral, así se tenga la condición de funcionario público; al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 427 de 5 de septiembre de 2016, emitido por esta Sala, se pronunció respecto a la competencia de los jueces laborales sobre los derechos reclamados en autos, indicando: “…es preciso dejar claramente establecido que, al ser el trabajo un derecho tutelado por los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, este constituye la base del orden social y económico del Estado Boliviano, por ello es que cuando se reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), como son los sueldos devengados y aguinaldos, pese a que la demandante, no se encuentra sometida a las previsiones de la Ley General del Trabajo, no constituye un óbice o impedimento al derecho que tiene de reclamar el pago de los conceptos demandados, razón por la cual la jurisdicción y competencia de esta judicatura laboral, se abre excepcionalmente para tutelar los mismos; en ese entendido, pese a que el trabajador, efectivamente no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, en su condición de funcionario público sujeto al Estatuto del Funcionario Público (Ley N° 2027), este aspecto no impide el derecho que tiene de reclamar el pago de los derechos adquiridos por la prestación de su trabajo, que están reconocidos en la Norma Suprema; por lo que, de manera excepcional son competentes para conocer este tipo de controversias, los jueces laborales.

3.- En cuanto a la prescripción del subsidio de frontera, señalado en el tercer agravio, el recurrente indica que la actora debió reclamar sus “derechos sociales” antes de que trascurran dos años, sin hacer referencia a ninguna normativa; entendiendo en razón a la materia y el tiempo indicado, que se hace alusión a la prescripción de derechos laborales determinada en el art. 120 de la LGT, norma que señala: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas, pero, tomando en cuenta que a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, por mandato de su art. 48 - IV) los beneficios y derechos sociales son imprescriptibles, siendo de aplicación preferente la Constitución ante otra disposición normativa, conforme lo dispone el art. 410 - II) de nuestra Ley Fundamental; como bien se determinó en otras resoluciones de este Alto Tribunal, en cuanto a esta temática, se debe tomar en cuenta que antes de la vigencia de la actual Norma Suprema, que data del 7 de febrero de 2009, se daba aplicación a la normativa señalada el art. 120 del sustantivo laboral, en ese entendido, la lógica jurídica y la jurisprudencia determinó que en los casos en que el cómputo de los 2 años se haya cumplido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplicará lo dispuesto por el art. 120 de la norma sustantiva laboral y art. 163 de su Decreto Reglamentario, pero si este cómputo no llegó a su término antes de la vigencia de la Constitución vigente, estos derechos son imprescriptibles; en ese orden de ideas, el Tribunal de alzada correctamente confirmó lo determinado por el Juez de instancia, otorgando el pago de subsidio frontera de las gestiones que en razón a lo señalado sobre la prescripción en materia laboral, se constituyen en derechos imprescriptibles.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso interpuesto de casación por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, de fs. 55 a 56; en consecuencia se  mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 307 de 17 de octubre de 2016.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, y del el art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-