TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 51

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                        : 151/2017

Demandante                : María Cristina Cuellar Suárez

                                      (Vda. de  Ramón Salazar Salazar)

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de

                                      Reparto

Proceso                         : Renta de Viudedad

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 289 a 290, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de sus apoderadas Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda, contra el Auto de Vista Nº 172 de 5 de enero de 2017, de fs. 284 a 286, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en la solicitud de Renta de Viudedad tramitado por María Cristina Cuellar Suárez derecho habiente de Ramón Salazar Salazar; el memorial de respuesta al recurso, cursante a fs. 297; el Auto Nº 55 de 28 de marzo de 2017, a fs. 298, que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 151-A de 28 de abril de 2017 (fs. 308), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Resolución Comisión de Nacional de Prestaciones.

Que, dentro de la solicitud de Renta de Viudedad efectuada por María Cristina Cuellar Suárez, en su condición de viuda de Ramón Salazar Salazar, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 96 de 7 de enero de 2016, cursante de fs. 215 a 216, desestimó la Renta de Viudedad solicitada, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en dicha determinación.

Resolución Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del Recurso de Reclamación por la asegurada a fs. 237, el Directorio General Ejecutivo del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 096/16 de 1 de marzo de 2016, cursante de fs. 243 a 250, confirmó la Resolución Nº 96 de 7 de enero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, por encontrarse conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Auto de Vista

Ante la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, la asegurada interpuso recurso de apelación, cursante a fs. 261; que fue resuelto por Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 172 de 5 de enero de 2017, de fs. 284 a 286, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 096/16 de 1 de marzo de 2016; y, disponiendo que se otorgue a favor de María Cristina Cuellar Suárez la Renta de Viudedad.


II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda, en representación de Juan Edwin Mercado Claros Director General Ejecutivo del SENASIR formularon recurso de casación en el fondo, de fs. 289 a 290, señalando lo siguiente:

El Tribunal de Alzada hubiese realizado una errónea interpretación de la Ley, vulnerando del art. 1107 del Código Civil (CC), referido a la exclusión del cónyuge en la sucesión, cuando la muerte del causante acaece dentro de los treinta días siguientes a la celebración del matrimonio, a causa de una enfermedad; alega que Ramón Salazar Salazar se encontraba enfermo al momento de contraer nupcias con la ahora solicitante de Renta de Viudedad, como se demuestra en la pruebas presentadas, por lo que no le correspondería se le reconozca este derecho al ser la Ley muy clara.

En la emisión del Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem no considera lo establecido en el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, en razón de que la solicitante no demostró judicialmente la unión conyugal libre o de hecho, no existe informe social que determina que existió una convivencia de más de dos años entre el asegurado y la solicitante, por lo que no le correspondería la Renta de Viudedad. 

Petitorio:

Solicita que, deliberando en la fondo se case el Auto de Vista Nº 172 de 5 de enero de 2017, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativo Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y se confirme la Resolución Nº 96 de 7 de enero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Para dilucidar la presente problemática es necesario recordar que el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. (…) IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”; así también, su art. 13.I determina que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con el art. 109.I de esta Ley Fundamental, que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

En ese orden, de la revisión del compilado normativo constitucional señalado, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social; y, en el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; llegando los derechos a la seguridad social a gozar de una regulación constitucional propia, buscando proteger la vejez y la subsistencia del asegurado, a través de una Renta, al respecto la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, señalo que la jubilación (la renta otorgada) protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”, renta que debe otorgarse bajo los principios señalados, cuando se cumplieron los requisitos impuestos para obtenerla, dándose siempre prevalencia a la verdad material, a la realidad de los hechos, conforme al art. 180-I de la CPE.

En el mismo sentido la Renta de Viudedad, se encuentran inserta como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”; advirtiéndose, con todo lo señalado,  que el derecho a la Renta de Viudedad o Viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Dentro del marco de lo señalado precedentemente, en cuanto a los argumentos del recurso de casación en el fondo, se determina que:

Ante la supuesta vulneración al art. 1107 del CC, claramente el Tribunal de Alzada señalo que, no puede ser excluida de la sucesión -la viuda del asegurado- como señala la norma referida, porque se debe tomar en cuenta que la solicitante de Renta de Viudedad, convivio durante más de dos años antes de contraer nupcias con el de cujus; existiendo un Informe Social que esclarece este hecho, el Nº 81/2015 de 11 de marzo, cursante de fs. 184 a 186, efectuado por una Técnica de Trabajo Social del SENASIR, en el cual se señala que efectuadas las investigaciones se obtuvo como resultado que  María Cristina Cuellar Suárez convivio dos años con el causante.

Ahora, más allá de que se demuestra a través de un Informe Social la convivencia mayor a dos años de la derecho habiente con el causante, se debe entender, que la “Exclusión del cónyuge en la sucesión” a la que hace referencia el art. 1107 num 1 del CC, alegado de vulnerado y erróneamente interpretado, no es aplicable a la materia; porque este precepto sostiene: “La sucesión del cónyuge sobreviviente no tiene lugar cuando: 1.-El matrimonio se celebra hallándose enfermo el otro cónyuge y su muerte acaece dentro de los treinta días siguientes como consecuencia de aquella enfermedad”; norma referida a la disposición patrimonial sobre los bienes del cónyuge fallecido, como derecho sucesorio; no así, sobre la correspondencia de Rentas que tienen otro objeto, la subsistencia de la derecho habiente que dependió del causante; al respecto, Juan Manuel López Zafra, en “La Problemática de la pensión de viudedad”, señala: “El riesgo de muerte se enfoca por la Seguridad Social de forma diferente a como lo hacen los sistemas sucesorios de Derecho Civil: mientras éstos descansan sobre la potestad del causante de disponer mortis causa de su patrimonio como derecho derivado del derecho de propiedad, o sobre los vínculos familiares en las sucesiones legítima e intestada, el principio esencial en la Seguridad Social es llegar medios para la subsistencia de quienes dependieron del causante y no pueden atender su propia subsistencia”.

En cuanto a la supuesta vulneración del art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; debemos señalar que, el art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS) concordante con el art. 103 de su Reglamento (RCSS), establecen como sujetos para el pago de la Renta de Viudedad  a la esposa o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso; así mismo, el art. 32 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, establece: “Se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente, o a falta de ésta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento del causante, siempre que el asegurado o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio; vale decir, que el causante ostentaba el estado de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia judicial ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso”; por lo que, conforme a los preceptos señalados, se concede la Renta de Viudedad a la esposa, y se determina otras formalidades ante la falta de esta, para la conviviente; es decir, que las beneficiarias de este derecho son: en primer orden “la esposa sobreviviente”, y en segundo “la conviviente”, estableciéndose para la última algunas condiciones, entre ellas, “que para la validez de la convivencia no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso”; entonces, la acreditación de convivencia de dos o más años, es para la conviviente; no así, para la esposa, que solo debe acreditar su condición con el documento idóneo para ello, el Certificado de Matrimonio; en el caso de autos, la solicitante de la Renta de Viudedad María Cristina Cuellar Suárez es la esposa del causante titular de la Renta de Vejez Ramón Salazar Salazar; hecho que se demuestra con el Certificado de Matrimonio cursante a fs. 189, documento que, hasta en tanto no sea declarado nulo y sin valor legal mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, cuenta con todo el valor legal previsto por el art. 73 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

En ese sentido, ante la existencia de un Certificado de Matrimonio entre la solicitante de Renta de Viudedad y el causante; además de ello, un Informe Social que acredita la convivencia por dos años, entre ambos; conforme a lo desarrollado, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, menos el art. 1107 del CC, inaplicable a la materia de seguridad social, como precedentemente se indicó; no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso.

Correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013),  acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.


POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 289 a 290, interpuesto por el SENASIR representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de sus apoderadas Olga Duran Uribe y Verónica Ardaya Miranda.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-