TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 44

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 471/2016

Demandante          : Empresa VAGGS S.R.L

Demandado          : Gerencia Graco Santa Santa Cruz del SIN

Materia                  : Contencioso Tributario

Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 153-162, interpuesto por Roxana Consuelo Castillo de Buitrago, en representación de la Sociedad VAGG SRL con NIT 1026659027, contra el Auto de Vista Nº 166 de 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 145-147, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso contencioso tributario interpuesto por la empresa que representa la recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO SANTA CRUZ DEL SIN), la contestación al recurso de fs. 172 a 174 vta., el auto de concesión de fs. 175, el Auto Supremo Nº 420-A de 05 de diciembre de 2016, que dispone la admisión de recurso de casación, los antecedentes del proceso y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia.

La Juez 1º en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria, de la ciudad de Santa Cruz, luego del trámite del proceso Contencioso Tributario, emitió la Sentencia Nº 07/2012 de 30 de octubre de 2012, cursante de fs. 118 a 124 vta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 22-29, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00000928-09 de 29 de diciembre de 2009, que determinó de oficio, la obligación impositiva del contribuyente VAGG SRL, quien debería cancelar la suma de Bs. 190.422,69, por tributos omitidos del IVA e IT, de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2005 y 2006, más intereses y sanciones, equivalente a UFVs 123.852.16, calificando la conducta como omisión de pago. (fs. 6 a 16 de obrados)

Auto de Vista.

Contra la referida sentencia, la indicada Empresa VAGG SRL, por intermedio de su representante legal, mediante escrito de fs. 127-133 vta., interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien emitió el Auto de Vista Nº 166 de 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 145 a 147, CONFIRMANDO totalmente la resolución de primera instancia.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

La Empresa VAGG S.R.L., por intermedio de su representante legal, Roxana Consuelo Castillo de Buitrago, mediante escrito de fs. 153-162, previa ratificación de su apersonamiento, interpuso recurso de casación en el fondo, argumentando lo siguiente:

Refiere que el Auto de Vista incurrió en violación del art. 397-II del Cód. Pdto. Civil, habiéndose obviado los principios de verdad material y el método de interpretación de los hechos fiscalizados por la realidad económica, incurriéndose en interpretación incorrecta de los arts. 106 y 117 del Decreto Supremo (DS) Nº 27956 y de los arts. 44 y 76 del Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 (CTB), además de haber incurrido en indebida aplicación del art. 8 del mismo CTB y 4 de la Ley Nº 2341, por la permisión de la norma remisiva prevista por el art. 74 del CTB y 180 de la CPE, porque:

El Auto de vista, no consideró los fundamentos legales que demuestran que la conversión vehicular es una prestación de servicios y no venta de kits y cilindros, al tratarse de una vinculación contractual optativa que pudieran sostener con los fabricantes o importadores y que en el caso presente, este aspecto no se ha demostrado por la Administración Tributaria, incumpliendo su carga probatoria.

Tampoco se razonó sobre la obligación que tienen los talleres de conversión a facturar dichos implementos de propiedad de los importadores, ignorando la carga de la prueba que correspondía a la Administración Tributaria, citando al efecto jurisprudencia emitida por la Sala Plena de éste Tribunal y por la Autoridad de Impugnación Tributaria, alegando que el Auto de Vista Homologó las presunciones erradas del SIN, pues ésta en mérito a determinación presunta, asumió que todas las conversiones reportadas fueron ventas de kits y cilindros, conforme a los reportes obtenidos de la Base de Datos Corporativa del Sistema de Recaudación Tributaria del SIN y de la Superintendencia de Hidrocarburos, que no demuestran precios de conversión y menos ventas de equipos, sino que estos antecedentes solo servían para obtener el Certificado de Calidad emitido por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, certificación, inspección y capacitación (IBNORCA), para seguridad del parque automotor convertido a Gas Natural Vehicular (GNV); es decir no existió una confrontación adecuada, como por ejemplo de las Declaraciones Juradas (DDJJ), las facturas emitidas y los Libros de compras y ventas IVA, citando resoluciones de la AGIT sobre la verdad material y determinación de tributos omitidos sobre base presunta.

Petitorio.

Concluyó fundamentando que interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 166 de 27 de agosto de 2013, solicitando que este Tribunal, CASE y “declare revocada la sentencia (…) y quede sin efecto la Resolución Determinativa Nº 000928-09 de 29 de diciembre de 2009”, emitida en su contra.

Fundamentos de la contestación al recurso.

Eduardo Mauricio Garces, Gerente Distrital y Representante Legal del SIN de Santa Cruz, se apersonó por escrito de fs. 172-174 y vta., respondiendo el recurso de la siguiente manera:

Que en mérito a la normativa vigente, los Talleres Autorizados para la conversión a GNV, son quienes prestan los servicio de conversión y también la venta de los Kits y cilindros para esa conversión, no existiendo sustento jurídico para evadir esa obligación impositiva que deriva de la venta de esos implementos, puesto que ellos son los únicos autorizados para realizar esas instalaciones debiendo estar provistos de todos los equipos necesarios para tal fin, conforme establecen los arts. 10 y 120 del DS Nº 27956.

Respecto de la carga de la prueba, aludiendo el art. 76 del CTB, se establece que quien no ha demostrado los argumentos de su defensa fue el actor y las obligaciones tributarias determinadas, fue en mérito a la obligación proporcionada por el contribuyente.

Por último sobre la determinación de la obligación tributaria, sobre base presunta efectuada en el caso presente, se estableció en aplicación del art. 96 del CTB, considerando la información enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización y la documentación proporcionada por el contribuyente, estableciéndose las diferencias encontradas entre las conversiones de gas informadas y las ventas facturadas consignadas en las notas fiscales y DDJJ, quedando pendiente la determinación de los precios por esas conversiones, que se estableció sobre la indicada base presunta.

Por último solicitó que se debe declarar improcedente el recurso, porque no se habría cumplido las previsiones del art. 258 numeral 2) del Cód. Pdto. Civ.

Admisión.

Conforme se tiene relacionado líneas arriba, mediante Auto Supremo Nº 420-A de 5 de diciembre de 2016, este Tribunal, admitió el recurso interpuesto, considerando que se había cumplido los requisitos previstos por el art. 274 del Cód. Proc. Civ., pasándose a considerar el mismo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fojas 153 a 162 para su resolución, se advierte que la controversia del presente caso, radica en establecer si los talleres autorizados para realizar la conversión de las movilidades a Gas Natural, deben facturar junto a los servicios prestados, los kits y cilindros que se instalan en las mismas, a ese efecto, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso.

Conforme a las determinaciones del DS N° 27956, al verificar que las reservas de hidrocarburos líquidos son escasas y las de gas natural son abundantes, se impuso un cambio de la matriz energética nacional, mediante la sustitución en el sector del transporte, de combustibles líquidos por el gas natural vehicular, para cuyo efecto se emitió la normativa que regulen los mecanismos para incentivar ese cambio, al ser su precio más competitivo y beneficioso para los consumidores, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes, por ser un combustible que produce bajas emisiones de gases nocivos a la salud y que no daña el medio ambiente.

Habiéndose establecido en dicho DS y sus once reglamentos (anexos) el marco normativo y los procedimientos para implementar el Plan Nacional de Conversión de Vehículos a Gas Natural, que permita alcanzar las metas propuestas, además de implementar como una política sectorial, la prioridad de la conversión de vehículos para el uso del gas natural como combustible vehicular.

Estableciendo que los propietarios interesados en convertir el motor de su vehículo al uso del gas natural, podrán elegir los servicios de cualquier Taller de Conversión debidamente autorizado por la Superintendencia de Hidrocarburos, en el marco de los programas de GNV, constituido por un conjunto de acciones, llevadas adelante por personas particulares y el Estado, destinadas a dar cumplimiento al indicado Plan Nacional de Conversión de Vehículos a GNV, para cuyo fin también estableció que el financiador que suscriba los contratos en el ámbito civil o comercial que viabilicen la conversión, deberá prever en una de sus cláusulas, los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas y que en caso de incumplimiento a los pagos convenidos, el financiador podrá impedir la utilización del kit de conversión instalado en el vehículo y rescatar el mismo, siempre y cuando el contrato de compraventa del kit de conversión, estipule explícitamente que la propiedad del kit de conversión pertenece al financiador hasta que se termine de amortizar el financiamiento de la conversión, momento en el cual la propiedad del kit de conversión será transferida al usuario final (art. 9).

Implicando con ello que la conversión de los vehículos a GNV, no constituye una instalación gratuita del correspondiente Kits y cilindros correspondientes a cada movilidad, sino que, en mérito a reglamentos específicamente determinados por el Estado, el usuario o propietario final, deberá cancelar por esos servicios e implementos instalados en su motorizado, evidenciándose que se trata de una típica transaccional comercial que se encuentra sujeta a la normativa tributaria, sin excepción alguna, por consiguiente, esta transacción comercial, automáticamente genera el débito fiscal a favor de la empresa que efectúa esa conversión, por el total de los implementos transferidos y servicios prestados y el crédito fiscal para el usuario que realizó la compra de esos implementos y se benefició del servicio prestado, generando de manera automática los impuestos a las transacciones y al valor agregado (IT e IVA), conforme establecen los arts. 1, 4, 72 y 74 de la Ley Nº 843.

Entre la indicada normativa se encuentra el Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular GNV y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV, que consta de 135 Artículos y que forma parte integrante del aludido Decreto Supremo.

Además es evidente que se incluyó también a estas disposiciones legales once anexos que corroboran los mecanismos de administración y control de este programa nacional, entre los que se encuentra el anexo 10, cuyo art. 11 establece ciertamente que el Taller de Conversión de Vehículos a GNV, podrá tener vinculación contractual con los fabricantes de Kits o importadores de Kits y cilindros, a efectos de contar la provisión segura de estos implementos para su instalación, mantenimiento, reparación continua y actualizada, empero este hecho de ninguna manera establece que la propiedad de esos implementos se queda en poder de los importadores, a quienes se les debe cancelar por los mismos, constituyendo dos transacciones comerciales, la primera entre el importador y el propietario del Taller de conversión y la segunda entre éste último y el usuario final, emergiendo por su propia naturaleza, las obligaciones impositivas en cada una de estas dos transacciones, que son independientes entre sí.

Fundamentos jurídicos del caso concreto.

Analizando detalladamente los fundamentos del recurso de casación objeto de la presente resolución, en mérito a la doctrina aplicable al caso descrita precedentemente, se establece lo siguiente:

No es evidente que el Auto de vista no hubiese considerado los fundamentos legales que demuestran que la conversión vehicular es una prestación de servicios y no venta de kits y cilindros, pues se ha establecido de manera legal que los Talleres autorizados para efectuar esa conversión de vehículos a GNV, son empresas particulares, que luego del cumplimiento de los requisitos previstos por la indicada normativa, fueron autorizados para efectuar ese servicio, que constituye, además de la venta del servicio de la instalación de los implementos aludidos, también en la transferencia de los mismos, pues estos son provistos por el Estado o algún fabricante o importador, a quien se le debe cancelar por el precio, que lógicamente se constituye en un acto comercial que debe ser facturado por quien presta el servicio instalando los implementos y haciendo entrega de los mismos al comprador final que es el usuario.

Evidentemente los precios se establecen en mérito a las políticas del Estado, emitidas para el efecto, empero este precio debe necesariamente ser facturado e incluido en las declaraciones juradas del contribuyente o vendedor del servicio, en este caso la empresa VAGG SRL, contra quien luego de haberse verificado que no emitió factura por estos conceptos se emitió en su contra la RD Nº 17-000928-09 de 29 de diciembre de 2009.

En ese contexto, se establece que no es evidente que el Tribunal de Alzada hubiese incurrido en un razonamiento erróneo, para determinar que los Talleres de conversión, no deberían facturar por los Kits y cilindros instalados en las movilidades, pues estos implementos se transfieren al destinatario final, quien debe cancelar tanto por los servicios como por los implementos instalados, conforme establece el art. 4 incisos a) y b) de la Ley Nº 843, creándose en ese momento, los impuestos que fueron omitidos en su pago por el aludido contribuyente.

Tampoco es evidente que se hubiese incurrido en una homologación equivocada de la interpretación de la carga de la prueba, pues el SIN, cumplió con la obligación de acreditar la obligación tributaria devengada, habiendo establecido la misma, previa verificación de los datos que se obtuvo de manera cierta, consistente en la Base de Datos Corporativa del Sistema de Recaudación Tributaria del SIN y de la Superintendencia de Hidrocarburos y las DDJJ, las facturas emitidas y los Libros de compras y ventas IVA, proporcionadas por el contribuyente.

Por último, verificando los antecedentes administrativos, remitidos en dos anexos a este Tribunal, se verifica que la Empresa VAGG S.R.L. al estar autorizada para realizar las conversiones de las movilidades al GNV, remitió información a la Superintendencia Tributaria, sobre todos los trabajos realizados por ella, trabajos en los que lógicamente se hicieron constar el detalle de cada caso, algunos conversión, otros mantenimiento, etc., evidenciándose de esta manera que existía una información suficiente para llegar a la conclusión del hecho cierto que no se había facturado la transferencia de los Kits ni cilindros instalados, advirtiéndose que se aplicó de manera correcta las previsiones de los arts.- 43-II y 44 núm. 1 y 2 de la Ley 843, pues si sólo se hubiese procedido a verificar las declaraciones juradas y las facturas emitidas, esa omisiones de pago no hubiesen sido percibida, conforme se reconoció en la Resolución Determinativa impugnada.

En virtud de todo lo manifestado, teniendo presente el principio de verdad material y legalidad, se concluye que los miembros del Tribunal de Alzada no incurrieron en ninguna de las infracciones legales acusadas por la parte recurrente, correspondiendo dar aplicación a las previsiones del art. 220-II del Cód. Proc. Civ., con la permisión contenida en el art. 297 del in fine del Cód. Tributario Ley 1340 aplicable al caso presente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42.I numeral 1 de la LOJ, resolviendo el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 164 a 170, lo declara INFUNDADO, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 166 de 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 145-147, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin costas ni costos, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.