TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 43

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 479/2016

Demandante                   : Roberto Puerta Paredes

Demandado                    : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Proceso                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAM Cobija), representado por José Romero Saavedra, Alex Jorgenchez Iraizos, Olga Muñoz Puma y Nazira Flores Choque, cursante de fs. 180 a 181, contra el Auto de Vista N° 301 de 19 de octubre de 2016, que cursa de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Roberto Puerta Paredes contra la entidad municipal recurrente; el Auto de 23 de noviembre de 2016, que concedió el recurso (fs. 184 vta.); el Auto Supremo Nº 427-A de 5 de diciembre de 2016, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 191); los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Planteada la demanda y tramitado el proceso, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, pronunció la Sentencia264/016 de 1 de septiembre de 2016, cursante de fs. 149 a 151, declarando probada en parte la demanda de fs. 134 y probada en parte la excepción de prescripción; disponiendo que el Gobierno Municipal demandado cancele a favor del actor, la suma de Bs.43.226,00 (Cuarenta y tres mil doscientos veintiséis oo/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, vacación, sueldos devengados y subsidios de frontera.

Auto de Vista

En conocimiento de la Sentencia, el GAM de Cobija interpuso el recurso de apelación de fs. 153 que fue resuelto mediante el Auto de Vista N° 301 de 19 de octubre de 2016, de fs. 174 a 175, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; por el cual se confirmó la Sentencia de primera instancia.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Contra la indicada Resolución de segunda instancia, los representantes de la entidad demandada, interponen el recurso de casación identificado supra, alegando:

1.- Que, el Tribunal de Apelación incurrió en violación del art. 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que estos preceptos constitucionales no se cumplieron, siendo que se encuentra dirigida también a los administradores de justicia que tienen la obligación de aplicar las normas con el principio de igualdad e imparcialidad.

2.- Violación a los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042 y D.S. Nº 28421 modificado por el D.S. Nº 29565, toda vez que la Ley prohíbe gastos fuera de lo presupuestado y al disponer el pago de lo establecido en el Auto de Vista se habría desconocido totalmente las normas señaladas, violando además los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), así como la Ley Nº 321 y D.S. Nº 110.

3.- Violación del art. 51 del EFP, debido a que el si bien en la demanda se hizo mención al tiempo de la relación laboral, empero no existe prueba que lo demuestre.

4.- Señala que es menester cumplir con el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, remitiendo al Tribunal de Alzada para fines de consulta.

5.- Al amparo del art. 127.b) del Código Procesal del Trabajo, interponen excepción perentoria de prescripción alegando que conforme al art. 1510.2) del Código Civil, alegando que el demandante no reclamó sus derechos antes de que transcurran los dos años, solicitando se declare probada la misma.

Petitorio.

Concluye solicitando se emita un Auto Supremo anulando obrados, casando o modificando el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Expuestos así los fundamentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto a la violación acusada del art. 235 de la CPE, en principio se debe convenir que en la causa no se discutió sobre las obligaciones que debe cumplir un funcionario público, tal cual refiere dicho dispositivo constitucional.

Asimismo, se advierte que el recurrente no establece de qué forma el Tribunal de alzada hubiese violado tal precepto constitucional, amén de que tal aspecto no fue reclamado oportunamente por el recurrente al momento de presentar su recurso de apelación, puesto que, revisado el contenido del mismo, se establece que no contiene como agravio el punto ahora traído en casación, lo que no permite abrir la competencia de éste Tribunal respecto de éste punto.

2.- Sobre la violación de los art. 4 y 6 del EFP, como la aplicación errónea de la Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012, el D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009 y el art. 5 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, éste Tribunal no encuentra razones suficientes para hacer lugar a la casación impetrada, por cuanto mal pudo el tribunal de apelación vulnerar tales dispositivos legales cuando las partes, mucho menos el recurrente, le dieron oportunidad de pronunciarse sobre ellos al no haber llevado esos motivos como fundamentos de su apelación, circunstancia que también impide la apertura de la competencia de éste Tribunal para juzgar si se hubo o no vulnerado tales dispositivos legales.

3.- Sobre la acusada violación del art. 51 del EFP, se debe tener en cuenta que, independientemente que tal aspecto, al igual que los anteriores, no fue materia del recurso de apelación, el demandante, a fs. 137 señaló que no le fueron pagados sus haberes correspondientes al mes de septiembre de 2015, aspecto que correspondía ser desvirtuado por el demandante conforme era su deber y obligación en el marco del art. 3.h) y 150 del CPT, aspecto que no tuvo lugar en el presente caso, por lo que mal podría atribuírsele violación alguna al tribunal de apelación, tal cual se pretende.

4.- Con relación al art. 1971 del Código de Procedimiento Civil, cuyo cumplimiento invoca el recurrente, se advierte que el recurrente, por una parte, invoca tal precepto legal haciendo referencia al tribunal de apelación, como si estuviese ante una sentencia de primer grado y la obligación de consulta tendría relación con el tribunal de apelación, sin considerar que el caso se encuentra en grado de casación. Por otro lado, destaca el hecho que el recurrente solo se limita a invocar el citado precepto legal, mas no formula reclamo alguno, es decir, que no lo trae como materia casacional.

Por último, en razón a la naturaleza del presente proceso, la causa no admite la reclamada consulta, tan así que el Código Procesal del Trabajo no regula aquella figura.

5.- Sobre la excepción perentoria de prescripción, el recurrente indica que el actor debió reclamar sus “derechos sociales” antes de que trascurran dos años, invocando el art. 1510.2) del Código Civil, cuando en la materia el instituto se encuentra regulado por el art. 120 de la LGT, norma que señala: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”.

Independientemente de la deficiencia anterior, el recurrente olvida que el Tribunal de casación tiene limitada sus formas de resolución a: Improcedente, Infundado, Anulatorio y Casando el Auto de Vista, conforme previene el art. 220 del Código Procesal Civil, por lo que mal podría resolver la excepción que plantea siendo que no se encuentra dentro de sus competencias.

Asimismo, siendo que las excepciones perentorias deben ser resueltas conjuntamente a la causa principal, con arreglo al art. 133 del Código Procesal del Trabajo, cualquier intento posterior a la sentencia se encuentra alcanzada por la preclusión establecida en el art. 3-e) del mismo ritual laboral.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista N° 301 de 19 de octubre de 2016, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, y del el art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-


1 ARTÍCULO 197.- (Sentencias contra el estado)

Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse.