TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 42

Sucre, 27 de febrero de 2018


Expediente                  : 478/2016

Demandante                   : Jasmani Yépez Guzmán

Demandado                    : Empresa AGROBOLIVIA Ltda.

Proceso                           : Pago de Beneficios Sociales

Distrito                         : Santa Cruz 

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jasmani Yépez Guzmán, cursante de fs. 722 a 726, contra el Auto de Vista N° 23 de 25 de julio de 2016, que cursa de fs. 630 a 631, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso de pago de beneficios sociales interpuesto por el recurrente contra la empresa AGROBOLIVIA Ltda.; la respuesta al recurso por la parte demandada (fs. 732 a 734); el Auto 262 de 31 de octubre de 2016, que concedió el recurso (fs. 735); el Auto Supremo Nº 426-A de 5 de diciembre de 2016, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs.743); los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales, por el ahora recurrente, y tramitado el proceso, la Juez Octava del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia184 de 12 de marzo de 2015, de fs. 540 a 547, donde declara probada en parte la demanda de fs. 34 a 37; disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs122.384,78 (ciento veintidós mil trescientos ochenta y cuatro 78/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales adeudados, incluida la multa del 30%; monto que en ejecución de fallos deberá ser actualizado y reajustado, conforme lo determina el art. 2 DS 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia la empresa AGROBOLIVIA Ltda., a través de Boris Alfonso Mercado Ferrufino solicitó complementación y enmienda a fs. 561, en merito a ello, la Juez de instancia aclarando, emitió el Auto Nº 644 de 2 de octubre de 2015, cursante a fs. 562; notificada con esta disposición la empresa demandante interpuso recurso de apelación de fs. 567 a 568; concedido el recurso (fs. 622),  fue resuelto mediante el Auto de Vista 23 de 25 de julio de 2016, que cursa de fs. 630 a 631, emitido por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en el cual se dispuso anular la Sentencia Nº 184 de 12 de marzo de 2015, emitida en primera instancia, así como el Auto de enmienda y complementación Nº 644, disponiendo que la Juez de origen dicte una nueva Sentencia considerando los argumentos de la Resolución de Vista emitida.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el actor formula recurso de casación en el fondo, de fs. 722 a 726, señalando lo siguiente:

Luego de hacer una relación de los antecedentes del proceso, reiterando los argumentos de su demanda y efectuando un resumen de los actos procesales que conllevaron a la emisión de la Sentencia, y del Auto de Vista que ahora impugna, el recurrente afirma que:

1.- El Auto de Vista N° 23 de 25 de julio de 2016, carece de fundamentación legal y no se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales, disponiendo una nulidad de la Sentencia y su Auto complementario sin evidenciarse razones para ello; ya que, el Tribunal de alzada indica que no se valoraron las boletas de pago de los tres últimos meses trabajados para determinar el sueldo promedio indemnizable, cuando la Juez A quo, habría establecido un incremento en base al haber básico y al bono de antigüedad conforme a lo determinado en el DS 1549 del 10 de abril de 2013, y la ecuación matemática de la efectivización del incremento de esa gestión, daría como resultado el salario promedio establecido por la Juzgadora de instancia.

Que las vacaciones determinadas en la Sentencia, fueron deducidas en base a la valoración conjunta de las pruebas, por lo que, no es cierto como se afirma en el Auto de Vista impugnado, que no se habría valorado la prueba de fs. 366 y 369, para establecer si se cumplió con este derecho.

Además, indica el Tribunal de apelación, que la Juez se basó únicamente en la prueba testifical para determinar el pago de la comisión del 1% de las ventas que le correspondería, sin tomar en cuenta que esta prueba fue propuesta conforme a procedimiento y tiene plena validez; evidenciándose una nulidad sin fundamentación, que le causaría perjuicio al retrasar aún más la cancelación de sus beneficios sociales que le corresponden por Ley.

2.- Afirma que, toda persona tiene derecho al trabajo, a un salario justo y sobre todo al pago de sus beneficios sociales por el trabajo realizado, y habiéndose retirado voluntariamente con anticipación de 90 días, a través de su renuncia, se hace acreedor de los beneficios sociales y derechos laborales que le corresponden por el tiempo de trabajo prestado, indemnización que debió cancelársele dentro de los 15 días a partir de la conclusión de la relación laboral, señalando como base legal los DDSS 11478 de 16 de mayo de 1974, 23381 de 29 de diciembre de 1992, 107 de 1 de abril de 2009 y 110 de 1 de mayo de 2009.

Petitorio

Concluye solicitando se confirme la Sentencia Nº 184 de 12 de marzo de 2015 y su Auto complementario, y se ordene el pago de sus beneficios sociales, pidiendo además se deje sin efecto el Auto de Vista 23 de 25 de julio de 2016, al carecer de fundamentación legal y dejarlo en indefensión violentando sus derechos y garantías constitucionales.

III. Fundamentos jurídicos del fallo

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

1.- Habiéndose cuestionado la nulidad dispuesta en el Auto de Vista recurrido, es necesario precisar que en materia de nulidades procesales rigen principios que deben ser estrictamente observados por los administradores de justicia, para determinar una nulidad, principios en los cuales deben ceñirse para no retrotraer un proceso sin que sea necesario, violentando la celeridad y economía procesal que debe contener la tramitación de un proceso; estos principios son: el de especificidad o legal, referido a que para la procedencia de la nulidad, el acto procesal se haya realizado en violación de preceptos legales sancionadas con nulidad; es decir, que la omisión o defecto que origine la nulidad del acto o procedimiento, debe estar expresamente determinada por la Ley; el de trascendencia, este responde a que “no hay nulidad sin perjuicio”, significa que, quien solicita nulidad debe probar que el motivo de la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad del acto o procedimiento que hubiese causado el perjuicio; el de protección, que establece que la nulidad procede a consecuencia de una determinación o un procedimiento, por el cual quedan indefensos los intereses del litigante; y, el de convalidación, que refiere a que toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento; es decir, que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, esta no podrá ser declarada si es que, el afectado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada continua con la tramitación del proceso como si no hubiese existido un acto viciado, cuando este acto cumple con la finalidad procesal que tenía, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no impugna el mismo por medio de los mecanismos procesales para ello.

Por lo relacionado, en autos el Tribunal de alzada en el Auto de Vista cuestionado a través del recurso de casación, sostiene que la Juez de la causa no efectuó una correcta valoración de la prueba, y para determinar el sueldo promedio no habría valorado boletas de pago que acreditan en forma correcta los últimos tres meses de sueldo; de igual forma considera, que para establecer la A quo vacaciones, no considero prueba cursante en el expediente respecto al control de vacaciones; y por último, determina que para otorgar el pago de comisión de ventas, la juzgadora de instancia solo aposto por la prueba testifical de cargo ofertada, cuando debió solicitar de oficio elementos de pruebas necesarios para determinar la procedencia o no de este beneficio. Todos estos argumentos no pueden significar motivo de nulidad de obrados, en razón a que las nulidades procesales conforme a lo manifestado supra, tienen sus límites y es ante toda la mesura, la reflexión y aplicación de los principios procesales que rigen a dicho instituto, que están plasmados en nuestra legislación en los arts. 105, 106 y 108 del Código Procesal Civil (CPC-2013); más aún, cuando las observaciones que realiza el Tribunal de alzada son aspectos de fondo, como lo son la determinación del salario promedio, la disposición de pagar vacaciones pendientes y la otorgación de comisiones de venta; para una mejor comprensión, al respecto el Auto Supremo Nº 376 de 26 de Septiembre de 2012, de este Tribunal en relación a las facultades de los Tribunales de alzada, señaló: “si bien el Tribunal ad quem debe sujetarse a lo establecido por el art. 236 del ritual civil; al constituirse en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el Juez a quo; así también se constituye en un Tribunal de conocimiento que no presenta las limitaciones legales impuestas al Tribunal de Casación, por ser este último de puro derecho, de tal forma el Tribunal de Alzada no solo se encuentra reatado a circunscribir su resolución únicamente sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de la apelación, sino que también asume competencias, en tanto le es permitido reconstruir los hechos, en la medida que juzga como ex novo, resguardando de tal forma el derecho a la defensa y al debido proceso; y, de la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que la Sala que la emitió, esquivó sus facultades de Tribunal de alzada de responder imperativamente los agravios expuestos en la apelación, porque lejos de pronunciarse sobre el fondo de la problemática, anuló obrados, sin deducir que las causales de nulidad están previstas en la ley de manera exhaustiva y no meramente enunciativa, en el marco de los principios de especificidad o legalidad, trascendencia, protección y convalidación explicados precedentemente, extremos acogidos en el Código Procesal Civil en sus 105, 106 y 108, principios de nulidad que han sido trasuntados en la uniforme y abundante jurisprudencia desarrollada por este Tribunal.

No procediendo en consecuencia la nulidad que determino el Tribunal Ad quem, que desconoció su función de juzgador ex novo y conforme al análisis de los fundamentos en los que se basa el Auto de Vista para determinar la anulación de la Sentencia de primera instancia, se concluye que se ha excedido en su facultades de garantista procesal y ha eludido de manera indebida ingresar a resolver el fondo de la causa, cuál era su obligación, forzando y determinando la reposición de la causa sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, afectando los principios de celeridad y economía procesal e ignorando los principios señalados al exordio; además, de no tomar en cuenta que una nulidad determinada sin el debido sustento sólo produce la demora en la solución del conflicto judicial.

Asimismo, en cuanto a la nulidad de los actos procesales, la SC 0444/2011-R de 18 de abril, señaló: “...la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso (…) la autoridad jurisdiccional debe observar y está obligada a cumplir las reglas que el legislador ha establecido para la tramitación de los procesos, asegurando el derecho al debido proceso y el principio de la seguridad jurídica”; en ese entendido, se establece que, la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al anular la Sentencia Nº 184 de 12 de marzo de 2015 y su Auto complementario, ha obrado incorrectamente, fuera del marco de la pertinencia establecida en el art. 265 del CPC-2013; siendo así, nos exime analizar los demás agravios del recurso de casación, pues en función de lo expuesto, este Tribunal asume un criterio anulatorio, porque no puede dejar pasar desapercibida esta omisión en la que incurrió el Tribunal de alzada que interesa al orden público conforme lo determina el art. 5 del CPC-2013, correspondiendo resolver aplicando el arts. 105 parágrafo II en su primera parte y 220.III.1.c) del CPC-2013, en virtud a la permisión remisiva dispuesta por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (LGT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 23 de 25 de julio de 2016, que cursa de fs. 630 a 631, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata, previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo todos los agravios contenidos en el recurso de apelación respetando los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad y de manera fundamentada, conforme a derecho; sin multa por ser excusable.

Por Secretaría de Sala, cúmplase lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-