TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 35

Sucre, 27 de Febrero de 2018


Expediente                        : 006/2017

Demandante                : Gerardo Gonzales Ramos

Demandado                 : Empresa MILES S.A. representado legalmente por

                                   José 

                                   Antonio Millan Estenssoro

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por David Enrique José Antonio Millán Estenssoro en representación de la Sociedad Comercial “MILES S.A.” a fs. 96 a 97 vta. de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 127/2016  de 11 de Agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el Auto Supremo No 6-A de 11 de Enero de 2017 a fs. 112 a 112 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y:


I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia:-

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Wilfredo Rivero Mendoza en representación de Gerardo Gonzales Ramos, en contra de la Sociedad Comercial “MILES” S.A. representada por David Enrique José Antonio Millán Estenssoro, el Juez Sexto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 32/2015 de 08 de diciembre de 2015 de fs. 74 a 78, declarando probada en parte la demanda, determinando que la Sociedad Comercial “MILES” S.A. representada por David Enrique José Antonio Millán Estenssoro cancele a favor del actor de acuerdo el siguiente detalle; indemnización, aguinaldo gestión 2013 y 2014, segundo aguinaldo gestión 2013, vacación, bono de antigüedad, horas extras, jornadas nocturna, prima anual, deducciones de anticipo de aguinaldo gestión de 2013 y multa del 30 %; la suma total de Bs. 92.040 (noventa y dos mil cuarenta 00/100 Bolivianos), más la actualización establecida por el Art. 9 del Decreto Supremo 28699 de 1º de Mayo del 2006.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación a fs. 80 a 81, por David Enrique José Antonio Millán Estenssoro en representación legal de la Sociedad Comercial “MILES” S.A., la Sala Social, Contenciosa Tributario y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista No 127/2016 de 11 de Agosto, cursante a fs. 92 a 93 vta., que revoca en parte la sentencia apelada No 32/2015 de 08 de diciembre de 2015.

Ante la determinación del Auto de Vista, la empresa demandada, interpone recurso de casación, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de Alzada emite Auto Nº 277/2016 de 04 de noviembre de 2016, concediendo el recurso.


II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, no valoró legalmente las pruebas literales, testificales y otras que ha aportado al proceso. De igual manera precisa que el Tribunal de Alzada actuó desconociendo lo estipulado por los Arts. 145, 168, 204 y 206 del Código Procesal Civil y Arts. 1286, 1287, 1289 y 1330 del Código Civil, bajo el siguiente argumento:

1.- La empresa demandada, sostiene que a través de las pruebas aportadas al proceso, hubiera demostrado; que, el actor Gerardo Gonzales Ramos, trabajaba diariamente de horas 07:00 am a 19:00 pm como empleado en el Hospital San Juan de Dios, y que únicamente llegaba a descansar a la empresa que representa, porque le hubieran proporcionado una casa para habitar con su esposa y familia; asimismo precisa que el actor realizaba trabajos en madera en dicha empresa, la cual no cobraba ni un centavo por dicho trabajo, permitiendo que el actor los vendiera para su beneficio.

Por otra parte indica que el actor como empleado del Hospital San Juan de Dios, recibía salarios, aguinaldos, bonos, etc., y adicionalmente percibía un aguinaldo extra que la empresa le obsequiaba; agrega que el mismo nunca estuvo sujeto a un horario de trabajo; todos estos hechos afirma- fueron demostrados por la empresa a la que representa, sin que hubieran sido tomados en cuenta las pruebas aportadas por el mismo, que desvirtúan los beneficios sociales demandados y que demuestran la existencia de otro trabajo en el Hospital San Juan de Dios, del cual no se pronunciaron; por lo cual considera que no se hizo una debida apreciación y valoración de todas la pruebas.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que realizando una interpretación y aplicación correcta de la ley y las normas procesales vigentes, CASE el auto de vista recurrido.

Contestado el recurso de casación por Wilfredo Rivero Mendoza en representación de Gerardo Gonzales Ramos demandante-; precisa que en ningún momento se vulnero los derechos de la parte demandada, por cuanto tanto el Juez A Quo como el Juez A Quem, consideraron y valoraron los medios de prueba producidos, por lo cual el auto de vista se resolvió con pertinencia y cumpliendo la normativa aplicable, fallando en base a los principios que orientan el proceso laboral.

En conclusión solicita que se declara INFUNDADO el recurso de casación y sea con costas.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Importancia el debido proceso con relación al valor supremo justicia. 

La Constitución Política del Estado, en el Art. 115.II, consagra el derecho al debido proceso, cuando señala “El estado garantiza el derecho al debido proceso”.

Así la SC N° 0902/2010-R de 10 de agosto, efectuó el siguiente entendimiento en relación al debido proceso; como “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”.

La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico. SC N° 099/2003-R de 16 de julio.

El principio de inmediación vinculado a la apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación:

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el Art. 3 Inc. b) del Código Procesal Laboral; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el Art. 3 Inc. j) desarrollado de manera más amplia en el Art. 158 del Código Procesal de Trabajo, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba. 

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el Art.  261.III del Código Procesal Civil, aplicable al caso por expresa remisión del Art. 208 del Código Procesal de Trabajo,  establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Con base a lo anotado, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el Art. 271.I del Código Procesal Civil.


Análisis al caso en concreto.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente no se valoró legalmente las pruebas literales, testificales y otras que ha aportado al proceso el recurrente y si se actuó desconociendo lo estipulado por los Arts. 145, 168, 204 y 206 del Código Procesal Civil y Arts. 1286, 1287, 1289 y 1330 del Código Civil, relacionados a la valoración de la prueba, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

En primer término, debemos establecer, que el recurso de casación, conforme se tiene anotado en los fundamentos jurídicos del fallo, es asimilado a una demanda nueva de puro derecho; por lo cual tratándose de apreciación y valoración de la prueba, ésta se encuentra inicialmente prohibida en la instancia casacional, al ser atribución privativa de los jueces de instancia, conforme lo orienta el principio de inmediación previsto en el Art. 3 Inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

No obstante de ello, como toda regla tiene su excepción, el Art. 271.I de CPC, permite hacer una excepción solo relacionada a la apreciación de la prueba por los tribunales de instancia, cuando se demuestra fehacientemente en casación la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestra el mismo.

En el caso en concreto, el recurrente no ha cumplido estos requisitos de contenido y no señala cuales serían esas pruebas que demuestren que el actor no tiene derecho al pago de beneficios en la suma condenada, o cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por Juez de Instancia y el Tribunal de Apelación, por cuanto el recurrente solo se limitó a indicar en el recurso interpuesto, que la prueba producida por él en el desarrollo del proceso no fue valorada de manera legal e integral, sin existir otro argumento técnico jurídico que justifique su reclamo, no resultando suficiente al caso, la enunciación de los Arts. Arts. 145, 168, 204 y 206 del Código Procesal Civil y Arts. 1286, 1287, 1289 y 1330 del Código Civil, sin establecer en que consiste la indebida apreciación de la prueba; olvidando que la casación (sea de forma o de fondo), una vez más se asemeja a una demanda nueva “de puro derecho”, en la que no solo debe identificarse las normas vulneradas, sino, explicarse en que consiste la infracción, violación, falsedad o error en la interpretación y/o aplicación de las mismas.

A más de ello, debemos establecer que la empresa recurrente, al momento de contestar la demanda; reconoció la existencia de la relación laboral con el actor, lo que contrariamente intenta desconocer en el recurso interpuesto,  no obstante de ello, en el término probatorio no pudo demostrar conforme se lo exige el principio de inversión de la prueba, el cumplimiento de sus obligaciones laborales en relación al mismo.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 96 a 97 vta., al carecer de sustento legal; ajustándose el auto de vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el Art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el Art. 252 del CPT, en observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.


POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por David Enrique José Antonio Millán Estenssoro en representación de la Sociedad Comercial “MILES S.A.”, contra el Auto de Vista Nº 127/2016  de 11 de Agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado de la parte demandante, en la suma de Bs. 1000 (mil 00/100 Bolivianos) que mandará pagar la Juez a quo en ejecución de sentencia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.