TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA.

Auto Supremo Nº 27

Sucre,  8 de febrero de 2018


Expediente:                449/2016

Demandante:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Demandado:                Ana Vargas

Materia:                        Coactivo Social

Distrito:                        Chuquisaca

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 269 a 276 interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) mediante Daniel Abraham Flores Baptista, en calidad de abogado regional Sucre y apoderado del representante legal Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista 583/2016 de 5 de octubre, cursante de fs. 264 a 266, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso Coactivo Social que sigue la institución recurrente contra Ana Vargas, por cobro indebido a la Seguridad Social de largo plazo del Sistema de Reparto; el Auto de fs. 282, que concedió el recurso; Auto Supremo N° 402-A de 24 de noviembre de 2016, de admisibilidad del recurso; los antecedentes del proceso.

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

Auto Definitivo.

Formulada la demanda señalada al exordio y tramitado el proceso, la Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, pronunció el Auto Definitivo 4/2016 de 9 de mayo, cursante de fs. 243 a 246, declarando probada en parte la demanda interpuesta, confirmando en parte la nota de cargo, manteniendo firme y subsistente la suspensión definitiva de la renta de viudedad y sin lugar a la recuperación de lo cobrado; y probada en parte la excepción de falta de fuerza ejecutiva de la nota de cargo.



Auto de Vista.

En grado de apelación deducida por la entidad demandante, conforme memorial de fs. 250 a 254, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 583/2016, de 5 de octubre, cursante de fs. 264 a 266, revoca parcialmente el Auto apelado y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de fs. 125-128, declarando probada la excepción de falta de fuerza coactiva de la Nota de Cargo.

En procesos coactivos sociales aplicando el art. 229 del Código de Seguridad Social, los Autos de Vista son recurribles de Nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, por falta absoluta de jurisdicción; norma ampliada por el art. 608 de su Decreto Reglamentario, que dispone que también pueden ser recurridos por “Violación de Ley expresa y terminante”; por consiguiente, al ser éste un argumento casacional, se concluye que la presente causa es susceptible de ser recurrible en casación; quedando así, reconocida nuestra competencia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra la mencionada resolución, la entidad actora formuló Recurso de Casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 269 a 276, conforme los argumentos siguientes:

a) Señala que, el Auto de Vista 583 de 5 de octubre de 2016, vulnera el derecho al debido proceso, porque carece de fundamentación, motivación y congruencia; por haber sido dictada con los mismos argumentos expuestos del Auto 7/2015 de 27 de julio, que fue anulado por el Tribunal Ad quem, mediante Auto de Vista 120/2016 de 18 de marzo, por vulnerar el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia.

b) El Auto de Vista 583 coloca al SENASIR en desigualdad jurídica e indefensión, al no valorar y aplicar el art. 67.II de la CPE, que establece: “El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a la ley; y sin considerar que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio (art. 48.I CPE).

c) El Tribunal de Apelación vulneró lo dispuesto por el Art. 1296 del Código Civil y Art. 399 del Código de Procedimiento Civil, porque no consideró que los documentos emitidos por el SENASIR son de carácter público, al haber sido expedidos por funcionarios del Estado.

d) Finalmente se refiere a la facultad que asiste al SENASIR para revisar de oficio o por denuncia debidamente justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, e iniciar procesos coactivos sociales para la recuperación de cobros indebidos.

Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista 583/2016 de 5 de octubre.

III.ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, APLICABLE AL CASO EN CONCRETO.

La problemática central en el presente caso y traída a casación, radica en determinar, si el SENASIR debe recuperar los dineros cobrados por la ahora coactivada, conforme refleja la nota de cargo, o previamente debe proceder a la redistribución de la renta de viudedad suspendida en favor de la otra derechohabiente.

Bajo esa premisa, advertimos en el caso objeto de análisis, que la institución recurrente cuestiona el fallo del Tribunal Ad quem por haber revocado parcialmente el Auto 4/2016 de 9 de mayo, y deliberando en el fondo declaró improbada la demanda coactiva social y probada la excepción de falta de fuerza coactiva de la Nota de Cargo; porque vulnera dice, el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia; no cumple con lo dispuesto en los arts. 48.I y 67.II de la CPE, Art. 5 del Decreto Supremo (DS) 27066 de 6 de junio de 2003 y vulnera lo dispuesto por el Art. 1296 del Código Civil y Art. 399 del Código de Procedimiento Civil.

El art. 45 de la CPE protege el derecho de todos los bolivianos a la seguridad social, derecho que se presta  bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. Régimen que cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. Con el fin de precautelar el derecho fundamental a la seguridad social, al amparo del principio procesal de verdad material, reconocido en el art. 180.I de la CPE, siempre en busca de la verdad material que rige el actuar de la jurisdicción ordinaria, al ser evidente la vulneración del derecho a la renta de orfandad que le asiste a la derechohabiente del causante de la renta; derecho reconocido por la Juez A quo y confirmando por el Tribunal Ad quem, al declarar probada la excepción de Falta de Fuerza Coactiva de la Nota de Cargo 71/2014; sin que este reconocimiento signifique vulneración del art. 48.I de la CPE que estipula que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y del art. 67.II Constitucional, que dispone que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley.

En primera instancia debemos dejar establecido que siendo el SENASIR el ente gestor de la Seguridad Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto, está facultado para revisar de oficio o por denuncia justificada las rentas en curso de pago e identificada la obtención fraudulenta de la prestación, proceder a la recuperación de los adeudos a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto, mediante proceso administrativo y/o jurisdiccional (proceso coactivo social); atribución no cuestionada ni por la Juez A quo menos por el Tribunal Ad quem en el presente proceso, por lo que no es evidente la vulneración del art. 5 del DS 27066 de 6 de junio de 2003.

Ahora, sin desconocer esa atribución que asiste al SENASIR para recuperar adeudos a la seguridad social de largo plazo del Sistema de Reparto, corresponde analizar el proceso coactivo social, como lo hicieron tanto la Juez de primera instancia como el Tribunal de apelación; en ese sentido, se evidencia que iniciado el proceso Coactivo Social, la coactivada, con el derecho que le asiste interpone una Excepción de Falta de Fuerza Coactiva de la Nota de Cargo 71/2014 de 20 de junio, misma que fue declarada probada, en atención a que fue el mismo ente gestor que, a momento de suspender la renta única de viudedad por falta de libertad de estado del causante, dispone la redistribución de esa renta a favor de la otra derechohabiente en el caso concreto a la hija del causante, es decir resuelve se califique la Renta Única de Orfandad Absoluta a favor de María Manuela Aníbarro Vargas, nacida el 15 de agosto de 1990, renta pagadera hasta que cumpla 19 años de edad. Resolución que no fue ejecutada en su totalidad por el SENASIR, bajo el argumento que antes de proceder a la redistribución o dicho de otro modo, antes de cumplir con el segundo punto de la Resolución 3232 de 15 de abril de 2009 dictado por la Comisión de Calificación de Rentas, primero se debía recuperar lo indebidamente cobrado por la coactivada, sin considerar que, todas las rentas calificadas en el Sistema de Reparto son el resultado o producto de los aportes realizados a la seguridad social de largo plazo, por los trabajadores o causantes de las mismas, en el caso presente, la renta calificada tanto a la esposa e hijas de Vicente Anibarro Cardozo al fallecimiento de éste, es el resultado de sus aportes como trabajador activo; entonces mal puede argumentar el SENASIR que declarar probada la excepción genera daño económico al Estado.

Con referencia al error de derecho o error de hecho argumentado por el recurrente en la apreciación de las pruebas, refiriéndose concretamente al Art. 1296.I del Código Civil y Art. 399.I del Código de Procedimiento Civil, debemos señalar que, durante la tramitación del proceso Coactivo Social, no se observa que exista error de derecho o error de hecho a momento de la apreciación de la prueba, más al contrario la prueba aportada por el ente gestor y que cursa en obrados, evidencia que es el propio SENASIR quien incumple sus propias resoluciones o las cumple en forma parcial, procediendo vía proceso coactivo social a la recuperación del monto de dinero pagado a la coactivada como derechohabiente; pero no procede a la redistribuir la renta única de viudedad como renta única de orfandad absoluta a favor de la hija menor de 19 años, del causante de la renta. Al margen de lo señalado debemos considerar que en un proceso Coactivo Social tramitado conforme el art. 32 del Decreto Ley 10173 de 28 de marzo de 1972, la parte coactivada puede excepcionar el Auto de Solvendo, debiendo el Juez a momento de dictar auto motivado y previa valoración de la prueba, declarar probada o improbada la excepción o modificar el monto de la Nota de Cargo, entonces mal puede argumentar ahora el ente gestor que existió error de derecho o error de hecho, desconocimiento de la autenticidad y plena prueba de los documentos emitidos por el SENASIR en su condición de institución gubernamental, porque la excepción planteada fue declarada probada. Se debe considerar también que, la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, incensurable en casación; por lo argumentado no existe vulneración del art. 1296 del Código Civil y art. 399 del Código de Procedimiento Civil.

En atención a lo manifestado, corresponde afirmar que el Auto de Vista 583/2016 de 5 de octubre, no vulnera el debido proceso en ninguna de sus vertientes es decir se encuentra fundamentado, motivado y es congruente; cumple con lo dispuesto en los arts. 48.I y 67.II de la CPE, art. 5 del Decreto Supremo (DS) 27066 de 6 de junio de 2003 y menos vulnera lo establecido en el art. 1296 del Código Civil y art. 399 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo relacionado, corresponde a este Tribunal dar aplicación a la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 269 a 276, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante el apoderado del representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.