TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 25

Sucre, 8 de febrero de 2018


Expediente                        : 468/2016

Demandantes                : Jhonny Ángel Mamani Rueda y Berónica Mercedes Alborta

                                      Esteban

Demandado                : Seguro Social Universitario Oruro

Materia                        : Beneficios Sociales

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fojas 268 a 278 vta., interpuesto por Lourdes Ledo Díaz, en representación del Seguro Social Universitario de Oruro, en su condición de Gerente General a.i, conforme se acredita por la Resolución de Directorio Nº 13/2015 cursante a fs. 27, contra el Auto de Vista AV-SECCASA N° 113/2016 de 18 de octubre, cursante a fs. 260 a 265, emitido dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido a demanda de Jhonny Ángel Mamani Rueda y Berónica Mercedes Alborta Esteban, contra la entidad que representa la recurrente, los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia.- Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Segundo de la ciudad de la Oruro, emitió la Sentencia de Nº 012/2016 de 21 de enero de 2016 (fojas 235-240 vta.), declarando improbada, sin costas, la demanda de fojas 19-22, por no haberse demostrado la existencia de una relación laboral.

Auto de Vista.- En grado de Apelación, promovido por los demandantes Jhonny Ángel Mamani Rueda y Berónica Mercedes Alborta Esteban, conforme consta el escrito de fs. 243 a 244 vta., de obrados, por Auto de Vista AV-SECCASA N° 113/2016 de 18 de octubre, cursante a fs. 260 a 265, la Sala Social, Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, REVOCÓ la Sentencia apelada Nº 012/2016 de 21 de enero de 2016, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 19-22, ordenando a la entidad demandada Seguro Social Universitario de Oruro, pagar a favor de los actores, por concepto de indemnización aguinaldos y multa por incumplimiento, correspondientes a las gestiones 2011, 2012 y 2013 respectivamente, más la multa del 30% prevista por el art. 9 del DS Nº 28699, declarando no haber lugar al pago del desahucio, conforme al siguiente detalle total:

Jhonny Ángel Mamani Rueda:                 Total                        Bs. 19.823,00

Berónica Mercedes Alborta Esteban:         Total                        Bs. 23.150,00



II.- RECURSO DE CASACIÓN Y ADMISIÓN:

Contra el referido auto de vista, Lourdes Ledo Díaz, en representación del Seguro Social Universitario de Oruro, interpuso recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fojas 268-278 de obrados, que fue respondido por los demandantes, conforme evidencia el escrito de fs. 281 a 281 vta., habiéndose evidenciado que el recurso, cumple los requisitos formales exigidos por el art. 274-I del Cód. Proc. Civ., declarándose ADMISIBLE, mediante Auto Supremo Nº 417-A de 05 de diciembre de 2017, emitido por este tribunal (fs. 290 y vta.), por consiguiente dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

La recurrente luego de efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, el “DS 308 de 21 de septiembre de 2009”, el convenio suscrito con la Universidad Técnica de Oruro, y otros aspectos, presentó recurso de casación en el fondo, conforme al siguiente detalle:

De la aplicación indebida de la ley:

1.- Que se habría incurrido en aplicación “incorrecta” del art. 48 de la CPE, porque se habría demostrado que en el caso presente, se suscribió con los demandantes, contratos que se encuentran en el ámbito civil y comercial (fs. 2-8 y 12 a 18), corroborado por los documentos de fs. 30 a 36 y 41 a 49, a quienes se les cancelaban honorarios por venta de servicios a favor de la entidad que representa la recurrente, emitiendo las facturas pertinentes.

2.- Alegó que se aplicó indebidamente el DS Nº 28699 en su art. 4º, respecto del principio laboral in dubio pro operario, al establecer los supuestos legales para acreditar un relación laboral, empero, no consideraron que no se trataba de relaciones laborales, sino de venta de servicios, por las que se emitía facturas y/o se realizaban retenciones por el IUE e IT.

3.- Denuncia que se incurrió en aplicación indebida de la Ley de 18 de diciembre de 1944, que instituye el aguinaldo de navidad, porque no correspondía aplicar esta norma a favor de los actores quienes vendían servicios y facturaban los mismos, conforme se acreditó por la prueba de fs. 178 a 232. Además el auto de vista, incurrió en contradicción al afirmar que el aguinaldo y doble aguinaldo corresponde por la última gestión y posteriormente estableció que al no estar acreditados el pago de la indemnización y los aguinaldos, corresponde disponer su pago.

4.- Respecto de la aplicación del principio protector del DS Nº 28699 en su art. 4, no se aplica al caso presente, porque no responde a lo acreditado por los documentos de fs. 180, 185, 189, 193, 196, 201, 201, 207, 211, 213, 219, 220, 226 y 228, que demuestran los contratos civiles y que para efectivizarse el pago de los honorarios pactados, se debía presentar informes mensuales.

5.- Tampoco correspondía cancelar la indemnización dentro de los 15 días de concluidos los contratos, porque con los actores no existía una relación laboral, sino civil, por ello es que se aplicó indebidamente el art. 9-II del DS Nº 28699.

6.- Se aplicó indebidamente el DS Nº 1802 de 20 de noviembre de 2013, que instituye el aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, porque al haberse acreditado una relación contractual libre sujeta a las previsiones del art. 732-II del Cód. Civil, sobre la base de un convenio institucional entre dos instituciones de derecho público (fs. 57 a 69) y con recurso del I.D.H., no correspondía el reconocimiento de este derecho ni la aplicación del DS 28699.

Error de derecho en la apreciación de la prueba:

Alegó que en el auto de vista se incurrió error de derecho al apreciar las pruebas de descargo, que corroboran los antecedentes normativos de la contratación de los demandantes (“DS 308 de 21 de septiembre de 2009” y Convenios), específicamente los contratos de fs. 2 a 8 y 13 a 18, por lo que se acredita dice- que previa publicación de las expresiones de interés para prestar los servicios requeridos, se contrató a los actores, como médico odontólogo y médico ginecólogo-obstetra, bajo la modalidad de medio tiempo por las gestiones 2011 al 2013, suscribiendo contratos de venta de servicios conforme consta a fs. 30 a 36 y 43 a 49, conforme además a las certificaciones y detalle anual de esos honorarios, (fs. 37 y 38 a 40 y de fs. 50 y 51 a 53), y que fueron ratificados por el acta de inspección de fs. 175 a 177, en los que se constató que se cancelaban impuestos (IUE e IT), presentándose facturas o realizándose los descuentos pertinentes por estos conceptos regidos por el Código Tributario Boliviano (CTB), conforme se hizo constar en los contratos firmados que detalla en el recurso.

Error de derecho en la apreciación de las confesiones provocadas:

Alegan que los señores vocales, incurrieron en falta de cuidado al momento de valora las confesiones provocadas de los actores, con las que se desvirtuó los fundamentos de la demanda, cuando reconocieron que su labor comenzaba junto al de las clases en la universidad y que presentaban facturas, aspecto corroborado por los documentos de fs. 178 a 232.

Afirmaciones que según el recurrente, constituyen suficiente prueba para acreditar que no existía una relación laboral, sino contratos de prestación de servicios como profesionales independientes.

Error de derecho en la apreciación de las pruebas recabadas en la inspección judicial:

En dicha audiencia, cuya acta cursa a fs. 175, refiere la recurrente- se verificó abundante documentación que fue conminada para su presentación en el plazo de 48 horas, aspecto que se cumplió conforme consta a fs. 178 a 232 de obrados, que demostraría por los comprobantes de contabilidad, las facturas e informes, el detalle de honorarios por la venta de los servicios al SSU estudiantil.


Petitorio:

Concluyó el memorial indicando que interpone recurso extraordinario de casación contra el Auto de Vista AV-SECCASA-113/2016 de 18 de octubre, de fs. 260 a 265, pidiendo que sea concedido ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que admita el recurso y previo procedimiento legal CASE totalmente el Auto de Vista y declare improbada la demanda, liberando a la entidad que representa de cualquier obligación laboral.

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO:

Los demandantes respondieron el recurso, mediante el escrito de fs. 281 a 282 de obrados, en el que fundamentaron que el recurso constituye una simple dilación, pues al haberse revocado la sentencia, el Auto de Vista ordenó adecuadamente el reconocimiento de los derechos pretendidos por los actores, que se encuentran respaldados por los arts. 48 de la CPE, 4 de la LGT, DS 28699, solicitando que este tribunal declare Infundado su recurso, conforme al siguiente fundamento:

1.- Que la juez a quo, no había apreciado adecuadamente los documentos de fs. 2 a 18, por los que se acreditaron que se había encubierto la relación laboral, aparentando ser civil, pese a que las indicadas normas establecen que son nulos estos contratos, en mérito a la irrenunciabilidad de los beneficios sociales y la ratificación de los principios del derecho laboral entre los que se encuentra el de primacía de la realidad

2.- Que la juez a quo no apreció adecuadamente la inspección realizada, cuya acta cursa de fs. 175 a 177, en la que se demostró por los documentos remitidos de fs. 194 a 230, los horarios de ingreso y salida cumpliendo el in c. a) del art. 2 del D.S. Nº 28699.

3.- La juez a quo, tampoco consideró los controles de asistencia de personas que cursan a fs. 11, 194, 195, 214, 215, 221, 222, 229 y 230, que demuestra una de las características de la relación laboral, conforme los incisos a), b), y c) del art. 2 del indicado DS 28699.

4.- Solicitó que se consideren los arts. 48-I, II, III, 13-I y II de la CPE., y 4 inc. a) del DS 28699 que instituyen que las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección, que los derechos y beneficios sociales son irrenunciables y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos y otros aspectos.

5.- Que la juez a quo no consideró la jurisprudencia social ofrecida en el curso del proceso (fs. 92 a 123).

Petitorio:

Solicita que este tribunal, emita auto supremo, declarando infundado el recurso de casación.



III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Expuestos los fundamentos del recurso de casación de fojas 268 a 278 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Recurso de casación en el fondo:

Doctrina aplicable al caso:

La temática principal del presente proceso, radica en establecer si entre los actores y el Seguro Social Universitario de Oruro, existía o no una relación laboral.

Al respecto este Tribunal ha establecido que con el fin de distinguir e identificar una relación laboral propiamente dicha, respecto de otros negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, se deben reconocer ciertas condiciones y características materiales, plasmadas en hechos concretos y no solo sujetarse en la literalidad gramatical de los documentos presentados por las partes.

Más allá de la preparación técnica requerida para cada profesión u oficio, se debe identificar la prestación de una labor, un servicio o la ejecución de una obra a favor de otro, para eso tanto el Decreto Supremo (DS) Nº 23570 de 26 de julio de 1993 como el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, han instituido las características esenciales de la relación laboral, consistentes en: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación y cuando concurren estas características esenciales, se puede concluir que esa relación se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT).

La subordinación y la dependencia, constituyen un elemento principal para establecer si existe o no un contrato de trabajo, este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador y un deber de obediencia por parte del trabajador, este poder jurídico implica la facultad del empleador para dirigir e imponer reglas en la actividad laboral, incluido el poder disciplinario del empleador, respecto del desempeño de la labor o el servicio prestado.

El trabajo por cuenta ajena, constituye una labor personal (física o intelectual) que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica.

Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: a) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; b) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, c) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo.

Respecto de la percepción de una remuneración o un salario, se establece es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y puede ser fijada por acuerdo de partes o por la legislación vigente.

Con relación a la duración del contrato de trabajo, este puede ser pactado por tiempo indefinido, cierto tiempo o la realización de obra o servicio, conforme prevé el art. 12 de la LGT.

Así el art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, en su segundo párrafo, establece que "...A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario..."

Por su parte la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62 instituye que: "...el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de la renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido..."

Por eso es que también el art. 182-b) del Código Procesal del Trabajo (CPT), estableció una presunción a favor de la contratación indefinida, guardando la salvedad que pueda desvirtuarse.

Por último, corresponde también puntualizar que el art. 48-II de la CPE, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Específicamente el principio de primacía de la realidad, ha sido entendido como, la valoración preferente de las condiciones reales que presentan los hechos, los que se superponen a los contenidos en los documentos, por eso es que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en los hechos, en la realidad identificada.

Esta normativa constitucional se encuentra desarrollada en el art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece, que por el principio de primacía de la realidad, prevalecerá la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes.

Fundamentos jurídicos legales y doctrinales aplicables al caso en concreto:

Resolviendo punto por punto los fundamentos del recurso de casación en el fondo, objeto del presente proceso, se establece lo siguiente:

1.- Evidentemente los documentos de fs. 2-8 y 12-18 y 30-36 y 41-49, acreditan la suscripción de contratos de prestación de servicios con lo ahora demandantes, contratos que dan a entender se trataría de una venta de servicios profesionales, bajo la modalidad de un contrato de obra prevista por el art. 732 y siguientes del Cód. Civil, (CC); sin embargo, en mérito al principio de primacía de la realidad, se ha identificado que en el caso presente no se trataba de una relación civil, sino, en mérito al principio de primacía de la realidad, se estableció que era una relación laboral, pues concurrieron todos los requisitos que identifica este tipo de relaciones, los arts. 2 de los DS. 23570 y 28699 descritos precedentemente, por eso es que se concluye que no se incurrió en aplicación “indebida” del art. 48 de la CPE, más aún si la recurrente, no identifica respecto de qué parágrafo se habría denunciado esa aplicación indebida.

2.- Por otra parte, es evidente que se acreditó que los actores, emitieron facturas a favor de la entidad empleadora, o en su caso, procedieron a retener los Impuestos IT e IUE, descritos en el recurso, empero este hecho, de ninguna manera desvirtúa la relación laboral existente, pues se aplicó de manera errónea por el empleador, esa figura jurídica de venta de servicios, asimilando la labor desempeñada a una “consultoría”, consultoría que no podía ejecutarse, respecto de tareas propias de la entidad Seguro Social Universitario y si bien se trataba de una prestación “especial” a favor de los Universitarios Matriculados y en mérito a disposiciones legales específicas que ordenaban que se brinde este servicio, empero en dichas disposiciones legales, no se estableció un parámetro de la modalidad de contratación del personal que se haría cargo de ese servicio de salud y al considerarse que forma parte de los servicios que brinda en general a otros asegurados, pues se ocupan los mismos ambientes e utilizan los mismos implementos de salud (consultorios, quirófanos y diferentes implementos), se supone que se trata de trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, evidenciando que no es evidente que se hubiese aplicado indebidamente el art. 4 del DS Nº 28699, pues, como se puntualizó líneas arriba, la emisión de facturas por los servicios prestados de ninguna manera desvirtúa una relación laboral y sólo evidencia un error en la aplicación de las normas tributarias, por parte del empleador.

3.- El aguinaldo de navidad y el Aguinaldo “esfuerzo por Bolivia”, se encuentran instituidos por normativa laboral, y se cancela a todos los trabajadores que cumplen labores durante una gestión o más de tres meses en el curso de la misma, cancelándose un salario o su equivalente en duodécimas, según los meses trabajados, conforme prevé la Ley de 18 de diciembre de 1944 y el DS Nº 1802.

Por ello, al haberse identificado la existencia de una relación laboral, entre los demandantes y la entidad demandada, en aplicación de dicha norma, el tribunal de alzada de manera acertada ordenó el pago de estos derechos adquiridos, pues si bien se incurrió en una imprecisión respecto del pago de estos derechos en todas las gestiones o solo la última gestión, empero, en definitiva, no incurrió aplicación indebida de esa normativa.

4.- Respecto de los documentos de fs. 180, 185, 189, 193, 196, 201, 201, 207, 211, 213, 219, 220, 226 y 228, evidentemente acreditan la presentación de informes mensuales por parte de los ahora demandantes, empero esta modalidad de ninguna manera desvirtúa la existencia de una relación laboral, pues conforme se tiene explicado precedentemente esta relación se enmarca a las previsiones de los arts. 2 de los DS Nos. 23570 y 28699.

5.-El art. 9 del DS Nº 28699, es un norma taxativa que impone una obligación al empleador de cancelar los beneficios sociales a los trabajadores dentro de los quince días siguientes a la conclusión de la relación laboral y en caso de no efectuar ese pago dentro de ese indicado plazo de perentorio cumplimento, se aplica la multa del 30% del total de los beneficios sociales

En el caso presente, al haberse identificado de manera clara que existió una relación laboral entre los demandantes y la entidad demandada, correspondía que se cancelen los beneficios sociales en ese término y al no haberlo hecho, fue correcto el razonamiento del tribunal de alzada, al imponer esa multa para su pago en ejecución de sentencia.

6.- Respecto de la presunta aplicación indebida del DS Nº 1802 de 20 de noviembre de 2013, en el punto que precede, ya se fundamentó su aplicación en el caso presente, reiterándose que no se ha acreditado en el curso del proceso que existiese entre las partes un contrato civil sujeto a las normas del art. 732 del CC., resultando irrelevante la existencia de un convenio interinstitucional, pues este convenio, no puede soslayar la normativa laboral, pretendiendo desconocerse derechos laborales de manera indebida, conforme prevé el art. 48-I de la CPE y 4 de la LGT.

7.- Por último, respecto de los errores de derecho alegados por la recurrente, respecto la normativa aplicable al caso presente; de la apreciación de las confesiones provocadas y de la inspección judicial se advierte que no son evidentes, pues el DS 308 de 21 de septiembre de 2009 y los convenidos presentados por la entidad demandada, de ninguna manera ordenan que se deba contratar de una manera específica a los profesionales que cumplirán esa labor, por una parte y por otra, esta normativa, no puede dejar sin efecto las previsiones de una norma de mayor jerarquía y preferente aplicación, como es el art. 48-I de la CPE, pues el tribunal de alzada, de manera adecuado identificó esa aplicación preferente y reconoció la relación laboral existente.

Por otra parte, las confesiones provocadas solo refieren las circunstancias de las contrataciones y el tiempo de trabajo, hechos que de ninguna manera desvirtúan la relación laboral.

Respecto de la inspección judicial, en este actuado se advirtieron diferentes hechos, tanto a favor de la entidad demandada, que alegó la inexistencia de la relación laboral informes, facturas y otros, empero también se acreditó la existencia de ciertas características que identificaron la relación laboral, como ser la subordinación, dependencia y la exclusividad, al evidenciarse que se cumplía un horario de trabajo, con el debido control de ingreso y salida y que lógicamente en ese periodo estos trabajadores no podían realizar otras tareas ajenas a la entidad demandada.

En conclusión se establece que no es evidente que se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba de descargo.

Conclusión:

En consecuencia, en el marco legal descrito, se establece que evidentemente el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones legales denunciadas en el recurso de casación de fs. 268-278, por consiguiente, corresponde aplicar el artículo 220-II del Cód. Proc. Civ., con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución Política del Estado y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 268 a 278 de obrados, sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.