TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 20

Sucre, 8 de febrero de 2018

I.- DATOS DEL PROCESOS Y DE LA PARTE

Expediente               : 450/2016

Demandante             : Christian Claure Vargas

Demandado              : Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 

Proceso                     : Contencioso

Departamento           : Oruro

Magistrada Relatora: María Cristina Díaz Sosa


II.VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 100 y vta., interpuesto por Edgar Rafael Bazán Ortega en representación legal de la H. Alcaldía Municipal de Oruro en su condición de Alcalde Municipal, contra la Sentencia Nº 4/2016 de 26 de septiembre, pronunciada por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso contencioso seguido por Christian Alejandro Claure Vargas contra el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el memorial de contestación de fs. 105 y vta., el Auto de concesión del recurso de fs. 108, los antecedentes del proceso; y:


III. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió la Sentencia Nº 4/2016 de 26 de septiembre de fs. 100 a 106 y vta., por la que declaró probada la demanda de fs. 57 a 62, aclarada a fs. 66, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el plazo de tres días de ejecutoriada la Sentencia, pague a favor de la Empresa Volcán S.A., representada legalmente por Christian Alejandro Claure Vargas, la suma de Bs. 595.080.- y que en lo relativo a intereses daños y perjuicios, deberán ser averiguados en ejecución de sentencia.

Argumentos del recurso de casación

El memorial de recurso de casación referido, señala en síntesis los siguientes argumentos:

El recurrente argumentó que el demandante cometió una serie de irregularidades a momento de querer cumplir con el contrato, lo que dio lugar a una investigación. Asimismo indica que como demandados recibieron retenes móviles que deben pagar, empero estas entregas fueron viciadas de nulidad toda vez que no se tomo en cuenta que  se falsearon fechas de ingreso a almacenes y actas de conformidad.

Expresó del mismo modo, que en virtud de lo indicado precedentemente, se está ventilando un proceso penal en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 de Oruro, seguido en contra de funcionarios del Municipio de Oruro y del demandante en el proceso en estudio; que la  sentencia emitida no ha valorado en lo más mínimo el error de los documentos que han sido falsificados, y que fueron presentados como prueba de descargo.

Petitorio

Concluyó el memorial expresando que interpone recurso de casación de acuerdo con la previsión contenida en el inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse interpretado correctamente el inciso 1) del art. 3 y el art. 90 de la norma adjetiva señalada, por lo que solicitó que tramitado el recurso y deliberando en el fondo, se dicte resolución casando la Sentencia Nº 4/2016.


IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por la entidad recurrente,  se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, limitándose a efectuar un relato acerca de supuestos vicios que se hubieran cometido a momento de la entrega de los equipos requeridos, como la supuesta falsedad de la fecha de ingreso a almacenes y actas de conformidad.

Se trata de un recurso sin la menor trascendencia jurídica, carente de técnica, que además de impreciso es contradictorio e incongruente, pues se interpone recurso de casación en el fondo, pero se acusa la vulneración de normas procesales que hacen a la nulidad, lo que denota el desconocimiento de las formas, causas y efectos del recurso de casación en la forma o de nulidad propiamente dicho y del recurso de casación en el fondo o de casación propiamente dicho, pero además sin cumplir los requisitos contenidos en el inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, el recurrente no menciona siquiera la supuesta infracción en la que hubiera incurrido el Tribunal que pronunció la sentencia, que motivara la interposición del recurso de casación y menos aún cuenta con fundamentación alguna; por otra parte, muestra el total desconocimiento de las normas procesales al confundir el recurso de casación con el de nulidad, confundiéndolos, sin tomar en cuenta que son distintas las causas que motivan y diferentes los efectos que se producen en cada una de las modalidades previstas para interponer este recurso extraordinario, de acuerdo con lo que establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los requisitos señalados en el inciso 2) del art. 258 del mismo cuerpo legal.

Que, de conformidad con la amplia jurisprudencia nacional, que ha sido desarrollada sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil respecto del recurso extraordinario de casación y la doctrina, éste constituye una nueva demanda de puro derecho, donde se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una crítica legal de la resolución impugnada, no siendo suficiente la relación de hechos ocurridos en la tramitación del proceso, aun cuando ésta incluyera cita de disposiciones legales; lo que no ocurre en el caso de autos, al ser el memorial del recurso absolutamente superficial y carente de relevancia jurídica.

Adicionalmente, y a modo de aclarar que en cuanto a la supuesta vulneración del inciso 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, debe tenerse presente que la apreciación y valoración de la prueba, en observancia del art. 1286 del Código Civil, corresponde a los jueces de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece la norma citada, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." Nótese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en la especie no sucedió.(Las negrillas son añadidas).

Sobre el numeral 1 del art. 3 del Código de Procedimiento Civil, se trata de una cita impertinente, sobre la que no amerita mayor consideración, pues ella se refiere a una de las causales de recusación, cuyo texto dispone: “Tener el juez con algunas de las partes, relación de compadre, padrino o ahijado, proveniente de matrimonio o bautizo.”

Finalmente, en cuando al art. 90 del Código de Procedimiento Civil, se debe considerar que cuando la ley indica que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, lo que supuestamente autorizaría al juzgador a proceder a la anulación de obrados, en su caso, se debe recordar que la norma citada constituye simplemente un límite al principio dispositivo del proceso, el que por otra parte, al decir del Jurisconsulto Pastor Ortiz Mattos, en su obra El Recurso de Casación en Bolivia,  “En nuestra práctica forense muchos entienden que este artículo autorizaría al juez a anular todo el proceso en el que se hubiere incurrido en cualesquier defecto en su tramitación aunque tal hecho no estuviere expresamente sancionado con nulidad. Eso no es así. Cuando el citado art. 90 dispone que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio y que las estipulaciones contrarias a los dispuesto por el artículo son nulas, sólo establece el carácter publicista del proceso que no permite, bajo sanción de nulidad, a convenir a renuncias a las reglas del procedimiento (…) entre otras, el acordar renuncias a las notificaciones y a los recursos (…) La nulidad que menciona el art. 90 citado, se refiere tan solo a LAS RENUNCIAS que se convinieren de las reglas del proceso…”

Que, a este efecto y de la revisión del recurso en análisis, se establece que el recurrente no cumplió con los requisitos señalados en el inciso 2) del art. 258 del Código Adjetivo Civil, por lo que en el marco legal referido, el recurso de casación de fs. 100 y vta. es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Supremo Tribunal de Justicia abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del art. 272 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad  prevista en el numeral 1 del art. 5 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y de la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439, Código Procesal Civil, en vigencia plena a partir del 6 de febrero de 2016, además de la Circular N° 2/2016 de 29 de febrero de 2016, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.


V. POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 100 y vta., interpuesto por Edgar Rafael Bazán Ortega en representación legal de la H. Alcaldía Municipal de Oruro.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 y del art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.