TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 08

Sucre, 23 de enero de 2018


Expediente                  : 001/2018

Demandante                   : Jorge Rodríguez León

Demandado                    : Empresa Corporation Bussines Consulting Greco

Materia                           : Beneficios Sociales

Distrito                         : Chuquisaca

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: Los recursos de casación, interpuestos, el primero por CLAUDIA ROXANA ZURITA MITA, en representación de la Empresa Corporation Bussines Consulting Greco  de fs. 256 a 263 y el segundo, de fs. 266 a 268 interpuesto por JORGE RODRIGUEZ LEON, ambos contra el Auto de Vista N° 597/2016 de 7 de octubre, cursante de fs. 248 a 252, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa  del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en la demanda de pago de beneficios sociales seguida por Jorge Rodríguez León contra la entidad recurrente; las respuestas a los recursos (fs. 266 a 268 y 272 a 273); el Auto 689/2016 de 2 de diciembre que concedió el recurso (fs. 274); El Auto de Admisión Nº 001/2017 de fs. 281, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y tramitado el proceso, la Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia58/2016 de 13 de junio, cursante de fs. 208 a 211, declarando PROBADA la demanda de fs. 68 a 69; disponiendo que la entidad demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.71.211,44 (Setenta y un mil doscientos once 44/100 bolivianos), por concepto de sueldos devengados, desahucio e indemnización por año trabajado; monto cuya actualización se reserva para ejecución de fallos; monto que se incrementa mediante auto de 30 de junio de 2016 cursante a fs. 216 en la vía de complementación y enmienda a instancias del demandante, a la suma de Bs.101.221,44.- (Ciento un mil doscientos veintiuno oo/100 Bolivianos).

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación a instancias de la entidad demandada, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, expidió el Auto de Vista N° 597/2016 de 7 de octubre, cursante de fs. 248 a 252, conformando parcialmente la sentencia de primera instancia, modificando el monto condenado a Bs. 103.711,44 (Ciento tres mil setecientos once 44/100 Bolivianos).


I.2. Motivos de los recursos de casación

I.2.1. Recurso de Casación interpuesto por CLAUDIA ROXANA ZURITA MITA, en representación de la Empresa CORPORATION BUSSINES CONSULTING GRECO.-

1.        Acusa que en el Auto de Vista que impugna, no se resuelve ninguno de los puntos formulados en su recurso de apelación.

Que se limita a confirmar la Sentencia recurrida, sin mayores estudios ni análisis de los cuestionamientos sometidos a su conocimiento; sin pronunciarse sobre los principios y normas laborales violadas, afectando y dañando a la entidad y dejándola desamparada y desprotegida.

2.        Acusa que el Tribunal de Apelación no valoró el documento de fs. 60 a 62, consistente en un contrato de sociedad, según el cual, alega, el demandante tenía la calidad de socio y no así de trabajador y que, en esa su condición de socio manejaba los recursos económicos de la empresa, realizaba los pagos de sueldos y salarios al personal de Sucre y Potosí y que resulta curioso que jamás se hubiese pagado su sueldo desde febrero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Asimismo acusa que el demandante, siendo socio se encontraba en poder de toda la documentación de la empresa, preguntándose, por qué no presentó toda esa documentación.

3.        Acusa haber planteado excepciones de manera oportuna, debidamente respaldadas y fundamentadas; habiendo sido rechazadas sin mayor consideración legal. Que la excepción de oscuridad y contradicción referido a la calidad de socio del demandante, alega que no fueron ni valorados ni resueltos por la juez de primera instancia y el tribunal de apelación.

4.-        Alega que el actor nunca tuvo la calidad de empresario-socio y trabajador asalariado simultáneamente y que están dispuestos a aceptar el fallo dudoso y que llevarán el proceso hasta sus últimas consecuencias.

5.        Acusa que el actor habría presentado pruebas decisivas, pero que no fueron consideradas, entre ellos:

Las literales de 1 a 4 consistentes en recibos de pago elaborado y firmado por el demandante, en el que señala que solo se le adeuda la suma de Bs. 550 por el mes de febrero de 2008 y en ninguna parte señala que se le adeudan sueldos desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2008.

La literal de fs. 5 por la que se le solicita la entrega de la oficina de la Secretaria por ausencia de inicio de programas en los últimos dos años, lo que considera, constituye incumplimiento de contrato, decisión que, además, alega que el ahora demandan los aceptó.

6.        Que con las literales de fs. 16 al 40, alega encontrarse probado en el que el demandante afirma que sólo se le adeuda Bs. 9.023,55 hasta el 31 de diciembre de 2008. Agrega también en éste punto que cursan certificados de trabajo expedidos a favor del demandante que no fueron tomados en cuenta.

7.        Acusa que no se consideró la prueba de cargo cursante  de fs. 100 a 117 consistentes en certificados de trabajo, planillas de pago de sueldos, planillas de ingresos y egresos, por las que alega que se tiene probado que el demandante no tenía relación de subordinación con la empresa.

8.        Acusa no haberse dado aplicación del art. 6 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario, debido a que la ruptura de la sociedad se dio por incumplimiento total del convenio, de tal modo que no le correspondía la indemnización por antigüedad ni el desahucio.

Agrega que tampoco le corresponde tales beneficios sociales, en razón a que la sociedad fue constituida con base en el Código de Comercio, cuyo art. 327 refiere que el cargo de Gerente resulta siendo un cargo de libre nombramiento, por lo que no le corresponden ni el desahucio ni la indemnización.

9.        Acusa errónea interpretación de las pruebas de descargo, en los que el actor manifiesta que sólo se le adeuda la suma de Bs. 550 por el mes de febrero de 2006 y que asimismo existe contradicción entre las pruebas de fs. 46 y 48, sosteniendo el actor que sólo se le adeuda Bs. 9.023,55.

10. Acusa que no le corresponde el bono de antigüedad por ser socio y patrono a la vez, amén que el art. 60 del D.S. 21060 se encuentra abrogado.

11. Bajo el rótulo de “normas vulneradas en resolución” Acusa que el proteccionismo laboral fue mal entendido e inadecuadamente aplicado y refiere que el art. 3.g) no puede ir contra la ley, mas no señala el cuerpo legal.

Asimismo y bajo el rótulo de falta de valoración correcta de las pruebas, acusa vulneración de los arts. 3 inc. f) y j) del Código Procesal del Trabajo.

Acusa también vulneración del principio de pertinencia, señalando que las resoluciones deben guardar coherencia con los actos y pruebas procesales y agrega que el juzgador admite sin prueba real y tangible que un socio o empresario al mismo tiempo adquiera la calidad de dependiente rompiendo el principio de congruencia.

Agrega que el contrato laboral establece la relación obrero patronal, pero no así la relación jurídica laboral entre patrones y que en el caso presente el demandante tenía la calidad de patrón, por ende no existe contrato ni relación laboral.

Agrega que el demandante no acreditó su relación de dependencia laboral, teniendo en cuenta que conforme al art. 150 del CPT no estaba librado de acreditar tales extremos.

12. Bajo el rótulo de excepciones perentorias de prescripción, alega que los derechos demandados por el actor se encontrarían prescritos, por lo que se debe dar aplicación a la misma.

Petitorio

Concluye solicitando se CASE el Auto de Vista, anulando la Sentencia hasta le vicio más antiguo y, en definitiva, se dicte nueva resolución fallando en lo principal del litigio.

I.2.2. Recurso de casación interpuesto por JORGE RODRIGUEZ LEON.-

Acusa omisión en la valoración de las literales de fs. 15 a 24, en los que,  alega haber demostrado que el tiempo trabajado es del 1º de enero de 2005 al 31 de marzo de 2009, es decir, 4 años y 3 meses, por lo que, al haberse reconocido únicamente 4 años, se vulneró el art. 19 de la LGT y art. 2º del D.S. 110 de 1 de mayo de 2009.

Asimismo, acusa que no se consideró que el total de sus salarios devengados alcanzan a 37 meses conforme al art. 52 de la L.G.T. y no así a 34.

Petitorio

Concluye demandando se case el Auto de Vista y se rectifique la liquidación final, ordenando además, los otros conceptos liquidados, es decir el pago de la indemnización por 4 años y 3 meses y la restitución de los salarios por 37 meses.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1. Recurso de casación interpuesto por CLAUDIA ROXANA ZURITA MITA, en representación de la Empresa CORPORATION BUSSINES CONSULTING GRECO.-

De la revisión del recurso postulado por la entidad demandada, se advierte que el mismo adolece de una debida técnica recursiva, por cuanto no llega a consolidar con precisión su tesis y divaga en reiteraciones respecto a la condición de socio que le atribuye al demandante y otros aspectos que por su imprecisión no es posible comprenderlos.

Sin embargo, del contexto general de los antecedentes contenidos en el expediente, y a fuerza de interpretación del escrito recursivo, se puede inferir que se circunscribe a establecer si la condición de socio propietario es incompatible con los beneficios sociales de desahucio e indemnización por tiempo trabajado acordados a favor del demandante y si le corresponden los sueldos devengados por los periodos concedidos.

Sobre el la relación laboral y el derecho a la indemnización, se debe precisar que con arreglo al art. 13 de la LGT, arts. 1 y 2 del D.S. 110 de 1º de mayo de 2009, el derecho a percibir una indemnización por año trabajado, responde al trabajo efectivamente prestado en relación de subordinación y dependencia, la misma que bien puede o no estar pactado en un contrato.

En el caso presente, el hecho de que entre el demandante y el demandado hubiesen suscrito un documento societario y que ambos hayan adquirido la condición de socios y “patronos” como refiere el demandado; por una parte, no restringe su derecho de prestar servicios como dependiente de la entidad y, por otra, no perjudica ningún derecho que esa prestación de servicios por cuenta ajena pueda consolidar con arreglo a la Ley.

Si admitiésemos una interpretación contraria, tendríamos que admitir por ejemplo que los socios de una cooperativa telefónica, tengan prohibido prestar servicios en la misma o, de permitírseles tal servicio, restringirles sus beneficios sociales.

Sin embargo de lo anterior, se debe tener presente que conforme a la jurisprudencia vinculante del TCP, sobre la materia, el hecho de que sea gerente o se encuentre sometido a las normas del Código de Comercio, no enervan los derechos laborales.

En efecto tiene dicho el TCP:

“En cuanto a las normas del Código de Comercio, es preciso, analizar su art. 1, que establece su alcance, en sentido que, dicha normativa regulará las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial; rubro distinto del laboral, que no puede ser aplicado en dicho ámbito, por las características diferentes que revisten a las relaciones laborales.

Por lo tanto, lo estimado en su art. 327, en sentido que: El directorio puede delegar sus funciones ejecutivas de la administración, nombrando gerente o gerentes generales o especiales, que pueden ser directores o no, con facultades y obligaciones expresamente señaladas. El cargo de gerente será remunerado y su mandato revocable en todo tiempo por acuerdo del directorio. Los gerentes responden ante la sociedad y terceros por el desempeño de su cargo, en la misma forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad propia de los directores.

Se contrapone en definitiva al desarrollo contemporáneo del derecho constitucional en cuanto a la protección de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, por lo tanto, no puede pretenderse su aplicación a las relaciones que emergen de los gerentes con los empleadores, aún se trate de personal de libre designación, siendo que para que exista una desvinculación laboral por despido, deben existir causas justificadas y demostradas previo debido proceso”. (SC Nº 1893/2013 de 29 de octubre)

Sobre los sueldos devengados.-

Acusa de haberse incurrido en infracción legal al haberse reconocido los sueldos devengados en el monto establecido por el tribunal de apelación, sin considerar que el actor habría confesado, por una parte, que sólo se le adeuda la suma de Bs. 550 y por otra que el adeudo sería de Bs. 9.023,55, conforme a las literales de fs. 2 y de fs. 46 a 48.

Sobre éste particular y de la revisión de las literales citadas por el recurrente, se advierte que el demandante ciertamente asevera que la entidad demandada le adeuda la suma de Bs. 550, pero aclara en el mismo documento de fs. 2, así como en la literal de fs. 46 a 48, que esa suma adeudada obedece sólo al mes de febrero de 2006. En la misma literal, se aclara también que los sueldos devengados que le adeuda la entidad por todo el tiempo trabajado ascienden a Bs. 85.550.

Por último, la referencia a la suma de Bs. 9.023,55 que se hace a fs. 47 se encuentra referido a lo adeudado en la gestión 2008, por cuanto se trata de una observación al balance a diciembre de 2008.

Conforme a lo anterior, éste Tribunal considera que el recurrente no incurrió en errónea comprensión de los datos consignados en tales literales, por cuanto más parece una deliberada manipulación y tergiversación de dicha información, por lo que independientemente a establecerse que lo acusado no es evidente, éste Tribunal considera oportuno llamarse la atención al causídico, recomendándosele que en lo adelante procure lealtad y decoro.

Sobre la prescripción.-

Por último, en cuanto a la prescripción alegada y teniendo en cuenta que tal aspecto no fue alegado en las instancias, se puede deducir que el postulado pretende introducirse a manera de excepción perentoria ante éste Tribunal.

De todos modos y siendo que la imprecisión aparenta dos formas procesales distintas éste Tribunal considera:

a) La casación, por su naturaleza tiene por finalidad someter a juicio la decisión del tribunal de apelación, es decir juzgar si el tribunal incurrió o no de violación de la ley; es decir, conforme a la jurisprudencia de éste Tribunal: “una cuestión entre la ley y su infractor” y, siendo así, mal podría atribuírsele infracción alguna sobre un ítem que no hubiese sido sometido a su competencia y que no hubiese sido materia de la decisión.

Así entonces, si la prescripción traída por el recurrente se postula como fundamento del recurso de casación, la misma resulta insuficiente para abrir la competencia de éste Tribunal, por cuanto resulta ajeno al decisorio del tribunal de apelación.

b) Por otro lado, de admitirse como excepción perentoria; teniendo en cuenta que el juicio del tribunal de casación se expide en términos de puro derecho y por las causales expresamente contenidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, actualmente contenido en el art. 271 del Código Procesal Civil, carece de competencia para tramitar el postulado del recurrente.

Sobre el bono de antigüedad

Acusa que no le corresponde el bono de antigüedad por ser socio y patrono a la vez, amén que el art. 60 del D.S. 21060 se encuentra abrogado.

Sobre el primer punto, ya se tiene establecido supra que la condición de socio no es incompatible con la condición de trabajador subordinado, por lo que éste argumento resulta infundado.

Sobre la alegada abrogación del art. 60 del D.S. 21060, se debe tener presente que efectivamente el D.S. 0861 de 1 de mayo de 2011, en su art. 1 dispone la “eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo Nº 21060, de 29 de agosto de 1985, aún presente en leyes aprobadas por el antiguo Congreso neoliberal…”

Mas sin embargo, condiciona y subordina tal eliminación, a un procedimiento determinado en el art. 2 del mismo decreto supremo, procedimiento que prevé la creación de una comisión de alto nivel a quien se encomienda un análisis pormenorizado de las normas materia de tal eliminación; presupuesto que hasta el presente no se ha cumplido, por lo que éste motivo también resulta en infundado.

En lo demás del recurso, se advierte serias imprecisiones que por una parte, no permiten conocer la pretensión del recurrente y, por otra, no cumplen con los presupuestos formales que la ley acuerda para el recurso, aspecto que limita la competencia de éste Tribunal para ingresar a su consideración.

I.2.2. Recurso de casación interpuesto por JORGE RODRIGUEZ LEON.-

Acusa omisión en la valoración de las literales de fs. 15 a 24, en los que,  alega haber demostrado que el tiempo trabajado es del 1º de enero de 2005 al 31 de marzo de 2009, es decir, 4 años y 3 meses, por lo que, al haberse reconocido únicamente 4 años, se vulneró el art. 19 de la LGT y art. 2º del D.S. 110 de 1 de mayo de 2009.

Sobre éste punto corresponde aclarar que la sentencia de primer grado condenó el pago de únicamente 4 años, la misma que fue debida y oportunamente notificada al demandante, sin que haya cuestionado la misma y, siendo así, tácitamente mostró su conformidad con dicho resultado, por lo que mal pudo ahora acusar de infracción alguna al tribunal de apelación sobre un hecho que nunca sometió a su consideración con los recursos que la ley franquea.

Asimismo, conforme al art. 262.2) concordante con el art. 272.1) ambos del Código de Procedimiento Civil, actualmente contenido en el arts. 220.I.2 del Código Procesal Civil, en grado de casación, no es procedente el recurso de aquél que pudiendo haber apelado no lo hizo.

En cuanto al segundo motivo de su recurso, referido a la totalidad de sus salarios devengados, corresponde tener presente que la suma condenada en el Auto de Vista, responde a lo probado en juicio, como bien advierte el tribunal de apelación, pues en la literal de fs. 48 el ahora demandante señala ser esa la suma adeudada.

En mérito a lo expuesto y considerado precedentemente, no encontrándose fundados los argumentos de ambos recursos, corresponde dar aplicación del art. 220.2) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439); aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO:

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuesto por ambas partes. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-