TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia  N19

Sucre, 08 de diciembre  de 2015 


Expediente                       : 043/2015-CA

Proceso                                : Contencioso Administrativo

Demandante                        : Gerencia  de Grandes  Contribuyentes  La Paz del      

                                                Servicio De  Impuestos                                   

Demandado                          : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Tercero Interesado             : Sociedad América Textil S.A.

Resolución Impugnada      : AGIT-RJ 1577/2014 de 24 de noviembre

Magistrado Relator            : Dr. Isaac Jorge Von Borries Méndez


Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  Juan Carlos Mendoza Lavaenz, en su condición de  Gerente a.i.,  contra la Autoridad General  de Impugnación Tributaria, representado por  Daney        David Valdivia Coria.  

         VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 40 a 43 vta., que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1577/2014 de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la respuesta de fs. 75 a 85; los memoriales  de réplica de fs. 89 a 90 vta.; y  dúplica de fs. 93 a 94 vta., el decreto de autos para sentencia a fs. 96; y

        CONSIDERANDO I:

        I.1.Antecedentes administrativos del proceso

        I.1.1 Resolución determinativa

        La Administración Tributaria mediante órdenes de verificación externa Nos. 0010VE00549, 0010VE00550, 0011VE00033, 0110VE00034, 00110VE00574 y 00110VE00660, todas de 27 de diciembre de 2012, bajo la modalidad de verificación externa posterior, notificadas el 18 de enero de 2013, verificaron los hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en los periodos fiscales de enero a junio 2009, con relación a la solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIMS) por las Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva (DUDIES). Del  producto del proceso de verificación de la revisión del Libro de Compras IVA del contribuyente, los comprobantes contables, la información de proveedores, el Formulario 1133 y la documentación de respaldo correspondiente a los medios fehacientes de pago por las compras realizadas mayores a 50.000.- UFV, se determinó un importe indebidamente devuelto de Bs. 725.799.--, por lo que la Administración Tributaria en uso de las facultades conferidas por el art. 128 del Código Tributario Boliviano (CTB), estableció la existencia de devolución indebida toda vez que utilizó crédito fiscal de facturas no vinculadas a la actividad exportadora, contraviniendo el art. 2 de la Ley Nº 1963 y art. 3 del DS  Nº 25465, notas fiscales por las cuales no presentó medios de pago en contravención al art. 37 del DS  Nº 27310 de 9 de enero de 2004, facturas con errores del NIT y/o razón social que no corresponde al contribuyente, contraviniendo el núm. 4) del parág. I del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07, y póliza de importación que no figura en los reportes de pólizas de importación del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT.

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0021-2013 en la que se conminó al contribuyente a efectuar el pago de UFVs 575.840.equivalentes a Bs. 1.078.745. por concepto de impuesto indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito comprometido, importe que al momento del pago deberá actualizarse conforme establece el art. 47 del CTB, concordante con el art. 19 numeral. 1) caso 2 inc. c) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.

I.1.2 Resolución de recurso de alzada

Contra la indicada resolución, el contribuyente interpuso recurso de alzada que fue resuelto en primera instancia, mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0213/2014 de 10 de marzo, revocando parcialmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-0021-2013.

I.1.3 Resolución de recurso jerárquico

Ante la mencionada resolución, la Administración Tributaria y el contribuyente, interpusieron  el recurso jerárquico, que mereció la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0786/2014 de 26 de mayo ,que determinó anular el citado recurso de alzada hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la resolución de alzada ARIT-LPZ/RA 213/2013; posteriormente, al haberse  radicado nuevamente  la causa en la ARIT, ésta emitió la Resolución de Recurso de Alzada Nº 572/2014 de 28 de julio, que al ser considerada perjudicial a  la Administración Tributaria, ésta el 19 de agosto de 2014, interpuso recurso jerárquico contra la indicada resolución, que fue resuelta mediante la Resolución de Recurso Jerárquica AGIT-RJ 1577/2014 de 24 de noviembre, que revocó parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPAZ/RA 05772/2014  de 28 de julio.

CONSIDERANDO II:

II.1. Trámite del proceso contencioso administrativo

I.I.1.1. Contenido de la demanda contenciosa administrativa

En mérito a los antecedentes ,la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Por medio de su representante legal Juan Carlos Mendoza Lavadenz, dentro el plazo previsto por ley, interpone demanda contenciosa administrativa de fs.40 a 43 vta., bajo los siguientes argumentos:

        La Autoridad General de Impugnación Tributaria, violó el art. 81 del CTB, por admitir prueba en la etapa de impugnación que no cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad, además del art. 211 de la Ley 3092 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE)  porque no fundamenta conforme a derecho la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1577/2014.   

Así se evidencia que el contribuyente adjuntó de manera simple en la etapa probatoria de impugnación, en fotocopia legalizada los siguientes documentos: cheques, certificación de los proveedores y estados de cuentas, documentos que no fueron presentados por el contribuyente en la etapa  administrativa y que tampoco cumplen con los presupuestos para su admisión como prueba de reciente obtención, puesto que el contribuyente no probó que la no presentación de la misma en la etapa administrativa no fuera por causa propia y tampoco cumple con el juramento de reciente obtención; consecuentemente, su derecho para presentar dicha prueba habría precluído; sin embargo, es considerada para dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal de las notas fiscales observadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a tiempo de emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1577/2014, evidenciándose la violación del art. 81 del CTB, relativo a los principios de pertinencia y oportunidad, cuando al no cumplir con los presupuestos legales previamente analizados correspondía su rechazo y no su valoración para dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal realizado por parte de la Administración Tributaria.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria señala que al no ser habitual que las empresas tengan una fotocopia legalizada de los pagos y considerando que estos documentos no fueron solicitados de forma expresa por la Administración Tributaria corresponde considerarlos, toda vez que cumplen con el inc. a) del art. 217 del CTB, así como el art. 81 por no haber sido solicitados. Aspecto totalmente alejado de la realidad, teniendo en cuenta como se demostró previamente que la Administración Tributaria mediante Requerimiento Nº 97375 le solicitó al contribuyente los medios fehacientes de pago a objeto de validar el crédito fiscal de las notas fiscales observadas.

2.- La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1577/2014, violó el art. 37 del D.S. Nº 27310, 70 núm. 5) del CTB  y art. 211 de la Ley Nº 3092 por haber dejado sin efecto el crédito fiscal de las Facturas Nos. 402, 306649, 880, 1057173, 969, 531415, 304, 155859, 647603, 1047, 1053, 2154870, 404, 2709657, 1054, 4, 25283, 407, 1066, 12, 14, cuando el contribuyente no presentó el medio fehaciente de pago por los mismos.

Que independientemente de la documentación de respaldo presentada por el contribuyente, éste debe acreditar con medios de pago la efectiva realización de la transacción, sin embargo en el presente caso las transacciones de las notas fiscales señaladas anteriormente, fueron pagadas mediante cheque y pese a que en la etapa administrativa la Administración Tributaria, solicitó al contribuyente mediante Requerimiento Nº 00097366 (anexo de requerimiento a fs. 14 de antecedentes administrativos) la presentación de medios fehacientes de pago para compras mayores a 50.000.-- UFVs, Sociedad América Textil S.A. no presentó el medio de pago (cheque) que acredita la realización de la transacción, tampoco dicho documento fue presentado por el contribuyente en la etapa de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, no correspondiendo, en consecuencia, se deje sin efecto la depuración de crédito fiscales por las notas fiscales observadas. Sin embargo, de manera incongruente y contradictoria, se dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales anteriormente señaladas, violándose el principio de congruencia.

Alega que  se evidencia que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, violó lo dispuesto por el un. 5) del art. 70 del CTB, que determina que es obligación del contribuyente, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Por lo que, pese a que el contribuyente no demostró la efectividad de la transacción mediante medios de pago, se determinó dejar sin efecto la depuración de las notas fiscales ya aludidas. En este orden, se evidencia la violación del art. 211 del CTB concordante con el art. 4 de la Ley 2341 que determina que las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas en derecho y ser congruentes entre lo pedido y lo resuelto.

II.1.1.1.Petitorio

Solicita se declare probada en todas sus partes y en consecuencia se revoque parcialmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 1577/2014 de 24 de noviembre de 2014 y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa de devolución indebida Nº 21-0021-2013 de 18 de octubre de 2013 emitida en contra del contribuyente Sociedad América Textil S.A.

II.1.2.Admisibilidad y citación al demandado y al tercero interesado

Mediante el decreto de 3 de marzo de 2015, se admitió la demanda por esta sala; corriendo traslado al demandado a efectos de citación.

Asimismo se notificó al tercero interesado Sociedad América Textil S.A., mediante provisión citatoria según consta a fs. 69, sin embargo, el tercero interesado a pesar de su legal notificación, no se apersonó, tampoco presento memorial alguno.

II.1.3 Contestación a la demanda

Daney David Valdivia Coria, en su condición de Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en tiempo hábil por memorial de fs. 75 a 85, respondió la demanda en base a los siguientes fundamentos:

Respecto al primer punto demandado en relación a que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, violó el art. 81 del CTB, el art. 211 de la Ley 3092 y 115 de la CPE, si bien es cierto que son denunciados estos artículos en la demanda, no se aclara de qué forma, ni el contenido ni el punto de la resolución demandada que le causaría agravios, limitándose a copiar de manera textual su recurso jerárquico, además que los argumentos citados en la demanda no desvirtúan los argumentos expuestos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia no puede suplir la carencia de carga argumentativa del demandante en el presente proceso, más aún cuando la resolución jerárquica es clara en sus fundamentos, por lo que cita la Sentencia Nº 510/2013 de 27 de noviembre de 2013; la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1642/2010-R; la Sentencia Nº 295/2014 de 7 de octubre de 2014; la Sentencia Nº 322/2014 de 7 de octubre; Sentencia Nº131/2013 de 17 de abril de 2013,  referidas a la aplicación del art. 81 del CTB y a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba en cuanto sólo son admisibles aquéllas que cumplen con estos requisitos.

Respecto al segundo punto aclaran que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 18 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó al representante legal de AMETEX SA., con las Ordenes de Verificación Nos. 0010OVE00549; 0010OVE00550; 0011OVE00033; 0011OVE00034; 0011OVE00574 y 0011OVE00660, en la modalidad Verificación Posterior CEDEIM, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo y la verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario relacionados a los periodos fiscales de enero a junio de 2009; así mismo mediante Requerimiento Nº 00093766, solicitó la presentación, entre otros documentos, de comprobantes de ingresos y egresos con respaldo; estados financieros y dictamen de auditoria gestiones 2009 y 2010; plan de cuentas; Libros Contabilidad (Diario y Mayor).

Continúa indicando que se debe considerar que el parág. II, art. 37 del DS Nº 27310, modificado por el art. 12 del D.S. Nº 27874, es taxativo al condicionar la devolución impositiva con relación a aquellas facturas de compras superiores a 50.000.-- UFV, en sentido de que la  mismas deben ser acreditadas por el sujeto pasivo con medios fehacientes  de pago, más allá del cumplimiento de la efectiva realización de la transacción, puesto que el condicionamiento expuesto en el decreto mencionado es específico; sin embargo de lo mencionado, la Administración Tributaria de considerarlo pertinente puede observar otros aspectos, si el caso así lo amerita. Sobre el periodo enero de 2009, en el que la Administración Tributaria, verificó facturas cuyo crédito fiscal observado fue de Bs. 119.795.--, por sobre el alcance fijado en la Orden de Verificación, cuando el importe solicitado alcanza sólo a Bs. 30.365.--, razón por la cual depuró la totalidad de dicho crédito fiscal solicitado, además que de la verificación del crédito fiscal del mencionado periodo fiscal se evidenció que las Facturas Nos. 402, 306649, 413165 y 413126, cuyo crédito fiscal fue observado totaliza 46.895.--, que cuentan con medios fehacientes de pago.

Luego, el demandante hace una relación a las certificaciones de sus proveedores aportadas por AMETEX S.A. en la instancia de alzada por lo que se considera que éstas fueron acreditadas por el sujeto pasivo en su afán de aportar mayores pruebas para demostrar los pagos efectuados a sus proveedores; en este sentido y considerando que dichos documentos no fueron solicitados por la Administración Tributaria en la etapa de verificación, cumple con lo dispuesto por el art. 81 del CBT , referido a la pertinencia y oportunidad de la prueba. En tal razón, no existe transgresión alguna en la instancia jerárquica que aplicó la normativa legal conforme a derecho, por lo que se ratifica en los fundamentos de la Resolución del Recurso Jerárquico, ahora impugnado.

Finalmente, se refiere al sistema de doctrina tributaria SIDOT V-3, respecto a los medios fehacientes de pago que demuestran la efectiva realización de la transacción comercial, siendo éstas la existencia de la factura; que la misma se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y que la transacción fue efectivamente realizada.

En ese sentido, transcribe alguna fundamentación de las Sentencias Nos. 238/2013 de 5 de junio de 2013 y 288/2013 de 2 de agosto de 2013 como jurisprudencia para el presente caso.

II.1.3.1. Petitorio

Solicita se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la GRACO  La Paz del SIN.

II.1.4. Memoriales de réplica y dúplica

Aceptada la respuesta a la demanda por decreto de fs. 86, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 354-II del Código de Procedimiento Civil CPC, se corrió traslado a la institución demandante que  presentó réplica que cursa de fs. 89 a 90 vta., la entidad demandada la dúplica de fs. 93 a 94 vta., reiterando ambas partes sus fundamentos en la demanda contenciosa administrativa y en la contestación a la demanda.

II.1.5.Decreto de autos para sentencia

Concluido el trámite del proceso, se decretó autos para sentencia conforme la providencia de 12 de octubre de 2015.

CONSIDERANDO III:

Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la Resolución del Recurso Jerárquico impugnado,  se establece lo siguiente:

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación así como de la administración tributaria. Conforme lo dispone el art. 109-I de la CPE, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, de su parte los arts. 115 y 117-I de la norma suprema , garantizan el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.

III.2.Análisis del caso concreto

En mérito a la demanda planteada y los datos del proceso, se establece que el objeto de la controversia radica en la supuesta violación del art. 81 del CTB por admitir prueba en la etapa de impugnación que no cumplía con los requisitos de pertinencia y oportunidad, además de no estar fundamentada conforme a derecho la Resolución del Recurso Jerárquico y la violación del art. 37 del D.S. Nº 27310, 70-5) del CTB y art. 211 de la Ley Nº 3092 por haber dejado sin efecto el crédito fiscal de diferentes facturas cuando el contribuyente no presentó el medio fehaciente del pago por los mismos. En tal sentido, conforme a la problemática expresada, se resuelve  la causa bajo los siguientes puntos:

1.- Violación del art. 81 del CTB y falta de fundamentación en el Recurso Jerárquico impugnado.

El art. 81del CTB, establece que se apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y que serán admisibles  las que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, dispone que se deben rechazar las que sean 1) Manifiestamente inconducentes, dilatorias, superfluas o ilícitas; 2) las que hubieren sido requeridas en el proceso de fiscalización y no hubieren sido presentadas; y 3) las que fueran ofrecidas fuera de plazo. Además dispone en los numerales  2) y 3) si el sujeto pasivo prueba que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas como prueba de reciente obtención; y por otro lado, el art. 98 del CTB, dispone que “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta días para formular y presentar los descargos pertinentes”.

En el presente caso, es aplicable el principio de verdad material previsto en el art. 4 inc. d) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria por disposición del art. 74 del CTB que determinan que en los procedimientos administrativos tributarios debe prevalecer la verdad material de los hechos sobre la verdad formal; y en el caso también debe aplicarse el principio de favorabilidad que se halla establecido en el art. 69 del CTB que hace referencia a la presunción a favor del sujeto pasivo que establece: “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo u los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”. En consecuencia, se presume que el sujeto pasivo ha dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, el art. 1 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, disposición legal que incorpora al Código Tributario Boliviano el Título V, referente al Procedimiento para el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, en lo referente al art. 215.II señala que son aplicables en todos los recursos administrativos todas las disposiciones establecidas en los arts. 76 al 82 del CTB, entonces, a partir de este postulado y al amparo de una interpretación “sistémica y teleológica”, es evidente que el parág. I del art. 215 de este cuerpo legal, que señala que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido, debe ser interpretado en concordancia con los requisitos señalados por el art. 81 del CTB en lo atinente al principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, es decir que el sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes de la Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión no fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento de “reciente obtención”. Lo expresado implica que el sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir, solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida. 

En la especie, fue satisfecha la exigencia de la Administración Tributaria al solicitar los medios de pago por las compras superiores a 50.000.- UFVs, toda vez que el sujeto pasivo aportó entre otros documentos, extractos bancarios, recibos, comprobantes de egreso y en algunos casos fotocopias simples de los cheques. Por otra parte, no es común que las empresas se guarden una copia legalizada de esta documentación de respaldo y además en el caso de autos, no fue solicitada en forma expresa sino entregada por el contribuyente a voluntad, por lo que corresponde considerarla a efectos de su validez; en tal sentido no se ha incumplido el art. 81 del CTB.

Finalmente, sobre la falta de fundamentación de la Resolución Jerárquica impugnada, de la revisión de ésta, se constata que hace un análisis pormenorizado de la normativa tributaria vigente, así como da respuesta puntual a los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, cuidando los principios de congruencia, motivación y exhaustividad; por ello, no se constata la infracción o violación del art. 211 de la Ley Nº 3092 y 115 de la CPE.

2.- Que la Resolución del Recurso Jerárquico violó el art. 37 del Decreto Supremo Nº 27310; 70-5) del CTB y art. 211 de la Ley 3092 por haber dejado sin efecto el crédito fiscal de diferentes facturas cuando el contribuyente no presentó el medio fehaciente de pago de los mismos.

Del análisis sobre los medios fehacientes de pago, el parág. II, art. 37 del DS Nº 27310 modificado por el art. 12 del DS Nº 27874, es taxativo al condicionar la devolución impositiva con relación a aquellas facturas de compras superiores a 50.000.- UFVs, en sentido que las mismas deben ser acreditadas por el sujeto pasivo con medios fehacientes de pago, más allá del cumplimiento de la efectiva realización de la transacción, puesto que el condicionamiento expuesto en el Decreto mencionado es específico; sin embargo, si el caso amerita, la Administración Tributaria puede observar otros aspectos, si lo considera pertinente.

En ese sentido la verificación del crédito fiscal evidenció que, las Facturas Nos. 402, 306649, 413165, 413126, 880, 969, 1008, 1019, 1047, 1053, 1054, 1066, 402, 404, 407, 4 y 12, detalladas de forma expresa mediante cuadros en la Resolución ahora impugnada,  cuentan con medios fehacientes de pago, acreditados por comprobantes de pago y extractos bancarios, así como certificaciones de sus proveedores al sujeto pasivo.

Cabe reiterar como en el anterior punto, que la valoración de las facturas de compra superiores a 50.000.-- UFVs,  analizadas, fueron en base al principio de la verdad material, por la que la autoridad administrativa competente, verificó los hechos que sirven de motivo o razón para sus decisiones, por tanto, en el Procedimiento Administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material por encima de la verdad formal, y debe, en consecuencia, ajustarse a los hechos prescindiendo de que hayan sido alegados y/o probados por el particular o no, si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia, por tanto el administrador está obligado a comprobar la autenticidad de los hechos, lo que ocurrió en el caso de autos que evidenció el medio fehaciente de pago.

Por lo expuesto, en atención a los fundamentos señalados anteriormente, se constata que los argumentos de la institución demandante, no tiene asidero legal alguno y no demuestra las violaciones que acusa.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts.184 de la CPE ,42.5 de la LOJ, 781 del CPC y 2.2 de la  Ley Nº 620 declara:

PRIMERO: IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 40 a 43 vta., interpuesta por Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

SEGUNDO: mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 1577/2014 de 24 de noviembre.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a esta Sala por la autoridad demandada, con  las formalidades de rigor y disponiéndose archivo de obrados.

Regístrese, notifíquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta del Tribunal Supremo de Justicia.