TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 17

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 42/2015-CA

Demandante                        : Moodyʽs Latín América Agente de Calificación de

                                   Riesgo S.A.

Demandada                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


Pronunciada dentro del proceso Contencioso Administrativo interpuesto por Moodyʽs Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., a través de Edgar Ricardo Ruck Arzabe en su condición de apoderado legal, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre, cursante de fs. 10 a 23 vta., emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), que resuelve Anular la Resolución de Alzada y disponiendo se anulen actuados con reposición de obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00002-10 de 4 de febrero de 2011, inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria emita un acto con la debida fundamentación de hecho y de derecho, especificando la actividad económica que realiza la Empresa contribuyente, y valorando la documentación de descargo presentada por el sujeto pasivo.

VISTOS: La demanda interpuesta por Moodyʽs Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., a través de su apoderado legal (fs. 90 a 103); la contestación de demanda, presentada por Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (fs. 163 a 168); el apersonamiento de la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 173 a 174 vta.), en calidad de tercero interesado: la réplica (fs. 179 a 193 vta.); la dúplica (fs. 203 a 205); los antecedentes del proceso y todo cuanto ver convino; y:

CONSIDERANDO I:

Que, teniéndose reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la controversia mediante su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, por mandato del art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho en base a los hechos acontecidos en el proceso, conforme lo preceptuado por el art. 354 del Código de Procedimiento Civil (CPC), cumpliendo con el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); toda vez que, el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico; correspondiendo únicamente analizar si fueron interpretadas y aplicadas correctamente las disposiciones legales en sede administrativa en el marco de los argumentos expuestos por el demandante, realizando el control judicial de legalidad sobre los hechos de las etapas administrativas y las de impugnación resueltos en el recurso jerárquico.

Que, al haberse hecho uso del derecho de réplica y dúplica previsto en el artículo 354.II del Código de Procedimiento Civil, en los que las partes reiteraron sus pretensiones, corresponde resolver el fondo de la causa, de conformidad con el parágrafo III de la norma ya citada.

CONSIDERANDO II:

I.2. Demanda Contenciosa Administrativa

Que, la decisión del Recurso Jerárquico, motivó que la empresa Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A., a través de Edgar Ricardo Ruck Arzabe en su condición de apoderado legal, en apego a la previsión legal comprendida en los arts. 778 y 779 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y art. 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 (Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo), interponga demanda Contencioso Administrativa (fs. 90 a 103), bajo los siguientes fundamentos:

Señala que la Resolución AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre, impugnada mediante esta vía, así como la Resolución ARIT-LPZ/RA 0674/2014 de 15 de septiembre, dictada por la ARIT La Paz, no se pronunciaron en relación al fondo de la cuestión, es decir que la empresa Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A., no lleva adelante actividades en Bolivia, no es un sujeto pasivo y no es un contribuyente bajo la Ley Boliviana, lo que vulnera el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa,  y los principios de legalidad y sometimiento pleno a la Ley; al respecto afirmó que: i) La Empresa demandante se encuentra constituida bajo las Leyes de la República Argentina, cuyo funcionamiento en Bolivia deviene de la autorización emitida por la entonces Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), actual ASFI, bajo la modalidad de Entidades Calificadoras de Riesgo constituidas en el Extranjero, para la prestación de servicios de calificación de riesgo en el Mercado de Valores Boliviano, conforme al Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo aprobado mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 133 de 13 de febrero de 2002, ello en el marco de la Ley Nº 1834 de 31 de enero de 2006, como norma especial que regula el Mercado Bursátil, Extrabursátil, Primario, Secundario, la Oferta Pública, la Intermediación de Valores, las Bolsas de Valores y las actividades de las Entidades Calificadoras de Riesgo; La modalidad señalada es distinta prevista para las Entidades Calificadoras de Riesgo constituidas y establecidas como Sociedades Anónimas bajo los alcances del Código de Comercio Boliviano; ii) Conforme la normativa de la ASFI, es plenamente posible y permisible legalmente, que el servicio de calificación de riesgo sea realizado desde el extranjero, a través de una Entidad Calificadora de Riesgo constituida fuera del territorio nacional, cuyo funcionamiento se rige por las regulaciones del país de origen y que únicamente para efectos de funcionamiento, validez y formalidad para su participación en el mercado de valores boliviano, deben contar con la autorización de la ASFI, conforme a los requisitos exigidos al efecto, entre los cuales no se encuentra el NIT para las entidades calificadoras de riesgo constituidas en el extranjero; de modo que, estando autorizada la empresa Moodys Argentina, en forma expresa, a prestar el servicio de calificación de riesgo desde el extranjero (Buenos Aires, Argentina), no es exigible legalmente a la Empresa, constituir un vínculo jurídico bajo las formas establecidas en el Código de Comercio Boliviano, consecuentemente, sujeto al Derecho Tributario Boliviano, teniendo, tanto la designación de un representante legal permanente en el Estado Boliviano como la fijación del domicilio legal permanente, un fin estrictamente regulatorio y no así fines comerciales o de negocio; en ese sentido, refiriéndose al Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo aprobado por la ASFI, señala que: la labor del representante legal en Bolivia se limita a la simple recepción de notificaciones y la interacción con los reguladores, siendo su rol un servicio independiente al no ser empleado de la calificadora; que, en cuanto al domicilio fijado en Bolivia, sólo tiene el propósito de recibir correspondencia y notificaciones; que no existe condición para que el Comité de Calificaciones de las Calificadoras de Riesgos constituidas en el extranjero, tenga que operar desde Bolivia; que no existe condición para que las Calificadoras de Riesgo extrajeras mantengan un establecimiento permanente en Bolivia o desarrollen actividad de negocio en el país.

Continua alegando que, no se requiere que Moodys Argentina, obtenga un NIT o pague impuestos en Bolivia como prerrequisito a la calificación de emisores o valores Bolivianos; motivos que llevan a la conclusión de que Moodys Argentina no está obligada a mantener un NIT ni pagar impuestos en el país; iii) Que, todo el proceso de calificación de riesgos realizado por la empresa Moodys Argentina para uso doméstico de clientes Bolivianos, es desarrollado desde la República Argentina, de modo que, no existe obligación de inscripción en el padrón de contribuyentes del SIN de Bolivia, al no existir prestación de servicios en el territorio Boliviano, por lo que no es sujeto pasivo Tributario en Bolivia en el marco de la Ley Nº 843, sino de la República Argentina, y; iv) Que, si bien la AT hizo alusión al incumplimiento normativo de los arts. 70 y 163 del Código Tributario Boliviano (CTB), en ningún momento señaló la forma en la cual se determinó y verificó la calidad de sujeto pasivo de Moodys Argentina, por lo que no podría haber una sanción por incumplimiento de registro impositivo en tanto no se cumpla con la condición de sujeto pasivo y contribuyente.

Señala que la decisión de la AGIT, de anular obrados sólo hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, manteniendo así el Acta de Infracción Nº 368 como parte del procedimiento sancionador viciado de nulidad, conforme el fundamento de la ARIT, deja en indefensión a Moodys Argentina, al no establecer de forma expresa cuál el presupuesto de naturaleza jurídica o económica establecida por Ley, que configure la existencia de un tributo o actividad gravada; más, cuando la AT negó a la Empresa el acceso al expediente administrativo. Citó en calidad de jurisprudencia, sobre el derecho al debido proceso, la SCP Nº 1372/2014 de 7 de julio, Nº 0100/2014 de 10 de enero.

Por otra parte, acusó que la AGIT emitió la resolución impugnada con evidente violación del principio de congruencia, por cuanto al identificar la omisión de requisitos esenciales de la Resolución Sancionatoria, sin hacer un análisis integral de todo el procedimiento sancionador, de inicio a conclusión, provoca la indefensión de Moodys y causa inseguridad jurídica, al no tener certeza del hecho generador que se atribuye en el Acta de Infracción, que la AGIT mantuvo firme y subsistente. Citó como jurisprudencia al respecto, la SC Nº 1193/2014 de 10 de junio, y las Sentencias Nº 123/2013, 172/2013 y 173/2013.

I.2.1. Petitorio

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, responder y pronunciarse expresamente sobre las referidas pretensiones de fondo de Moodys Argentina, invocando al efecto el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 115.I de la CPE, citando en calidad de jurisprudencia, la SCP Nº 0009/2014 de 3 de enero, y emitir Sentencia declarando probada la demanda en todos sus extremos y revocando en todas sus partes la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre, y en consecuencia, declarar: i) Que, Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., no realiza actividades comerciales dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que no se encuentra dentro del campo de aplicación del Código de Comercio Boliviano; ii) Que, Moodyʽs Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., no es un sujeto pasivo al no configurarse ninguna obligación tributaria prevista en la Ley Nº 843; iii) Que, Moodyʽs Latín América Agente de Calificación de Riesgo S.A., no es un contribuyente que haya omitido su inscripción en el padrón de contribuyentes del SIN Bolivia; o, en su defecto, de considerar la existencia de argumentos que den lugar a la declaratoria de nulidad hasta el acta de infracción inclusive, solicita dejar sin efecto en todos sus extremos la Resolución de Recurso Jerárquico mencionada, confirmando lo dispuesto por la Resolución de Alzada mediante Resolución ARIT-LPZ/RA 0674/2014 de 15 de septiembre.

I.3. Respuesta de la Autoridad General del Impugnación Tributaria (AGIT)

Que, corrido el traslado correspondiente, la AGIT responde negativamente a la demanda contenciosa administrativa presentada por Moody's, afirmando que el demandante no señala con precisión de qué manera es ilegal o infundada la Resolución Jerárquica, es decir, los argumentos citados en la demanda contenciosa administrativa no desvirtúan los fundamentos expuestos por la AGIT, al contrario, afirma que no existen hechos y fundamentos que respalden la acusación de la entidad demandante.

Al respecto, anota que la AGIT actuó en el marco del principio de congruencia, puesto que otorgó aquello que fue solicitado expresamente por la Empresa en su recurso de Alzada, como es el caso de la nulidad de obrados hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria que valore las pruebas presentadas por “Moodys” conforme a Ley, ello en el entendido que la ARIT La Paz actuó en forma ultra petita al disponer la nulidad del Acta de Infracción, cuando ello no fue solicitado por el recurrente, incumpliéndose el art. 211 del CTB; exponiéndose así los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentan la posición de la AGIT, por lo que considera, que no se conciben los motivos de la demanda.

Refiere que la carencia de carga argumentativa del demandante no puede ser suplida por el Tribunal, más cuando la Resolución Jerárquica es clara en cuanto a sus fundamentos; observación que tiene como precedente la Sentencia Nº 510/2013 de 27 de noviembre.

Indica que la Resolución Jerárquica se pronunció sobre todos y cada uno de los puntos observados por las partes, en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 139.b) y 144 del CTB y art. 211 de la Ley Nº 3092, conforme exigen los arts. 28.e) y 30.a) de la Ley Nº 2341, por lo que no resulta evidente que la resolución impugnada adolezca de falta de motivación y fundamentación.

Señaló que la demanda pretende que se ingrese a valorar prueba para que se emita un pronunciamiento de fondo, sin considerar que el acto administrativo dictado por la AT adolece de vicios que deben ser subsanados antes de ingresar al fondo del caso; citó como doctrina tributaria la contenida en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ/0252/2011 y en calidad de jurisprudencia, las Sentencias Nº 510/2013 de 27 de noviembre y Nº 618/2013 de 19 de diciembre, así como la Sentencia Constitucional Nº 1312/2003-R de 9 de septiembre.

I.3.1. Petitorio

Concluyó solicitando declarar improbada la demanda contenciosa administrativa y firme y subsistente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre.

I.4. Apersonamiento del SIN como tercer interesado

Por memorial cursante de fs. 173 a 174 vta., la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se apersonó al proceso en calidad de tercer interesado, argumentando que la Resolución Jerárquica emitida por la AGIT se encuentra correctamente resuelta, dado que al no haber impugnado, la entidad sancionada, el Acta de Infracción Nº 368 sino la Resolución Sancionatoria Nº 0002 de 4 de febrero de 2011, la nulidad sólo correspondía de ésta última, conforme dispuso la AGIT, encontrándose por lo tanto con plena validez el Acta de Infracción mencionado, debido a que todo contribuyente debe registrarse ante el SIN conforme la previsión del art. 70.2 de la Ley Nº 2492; omisión en la que incurrió el contribuyente por muchos años, beneficiándose económicamente al no emitir factura dado que obtuvo utilidades de fuente boliviana.

I.4.1. Petitorio

Impetró se resuelva respetando el principio de congruencia, es decir, sobre los puntos impugnados por el contribuyente en la demanda contencioso administrativa, y así se resuelva declarando improbada la demanda y subsistente la decisión asumida mediante la Resolución Jerárquica impugnada.

I.5. Réplica del demandante

Corrido el traslado correspondiente con la contestación a la demanda, la entidad demandante presentó la réplica correspondiente, bajo los siguientes fundamentos:

Señala que, la AGIT, en el memorial de contestación a la demanda, no se pronuncia en absoluto sobre la violación del derecho a la defensa y violación sobre el principio de congruencia en la que incurre la Resolución Jerárquica; aduce que se desconoce el principio de la búsqueda de la verdad material y que a pesar de contar con todos los elementos probatorios, no efectúa ninguna valoración, lo que confirmaría sus alegaciones; así también, refiere que la AGIT no analizó ni resolvió la nulidad solicitada por Moodys Latín América agente de Calificación de Riesgo S.A., al no encontrarse en la resolución impugnada fundamento jurídico técnico en parte alguna, sobre la nulidad peticionada en aplicación del art. 35 de la Ley Nº 2341, verificándose que la AGIT analizó el proceso administrativo como si se tratase de una anulabilidad.

Concluye solicitando se declare probada la demanda en todo sus extremos y en observancia del principio de tutela judicial efectiva al amparo del art. 115 de la CPE, se pronuncie revocando en todas sus partes la resolución Jerárquica impugnada.

I.6 Dúplica del demandado

Señala que la AGIT en todo momento precautelo el debido proceso y el conjunto de principios que la parte demandante acusa vulnerados, refiere que el único considerando de la resolución sancionatoria hace mención al informe 4040 de 18 de octubre de 2010, en el que se menciona que el 30 de septiembre de 2010, durante el plazo para la presentación de descargos la empresa Moodys Latín América agente de Calificación de Riesgo S.A., presentó memorial señalando que MLA es una Empresa legalmente constituida bajo las Leyes de la República Argentina, con domicilio en el Estado Plurinacional de Bolivia, actúa como entidad calificadora de riesgo extranjera, también el informe hace menciona a los arts. 163 de la Ley 2492 y al sub numeral 1.1. Numeral 1. Anexo consolidado A de la RND 10-0037-07, refiriendo que corresponde que la empresa Moodys Latín América agente de Calificación de Riesgo S.A., cumpla con la obligación formal de inscribirse en el padrón Nacional de Contribuyentes, y obtenga NIT como persona jurídica, extranjera domiciliada o no en el país, que realizan actividades dentro del territorio Nacional, sujetos a los impuestos establecidos en la Ley Nº 843, así también hace mención a lo mencionado por la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y a la Resolución ASFI Nº 033/2010, y concluye que al no haber presentado descargos válidos que hagan a su derecho a defensa , y al no haberse inscrito, conforme establece el numeral 2 del art. 70 de la Ley Nº 2492 , ni procedido el pago del acta de infracción corresponde ratificar y sancionar el incumplimiento al deber formal, y es así que la resolución impugnada refiere que los descargos presentados no son válidos para su derecho a defensa sin hacer valoración alguna de las pruebas presentadas por el contribuyente, consiguientemente es evidente que en la resolución sancionatoria la Administración no introdujo, ningún antecedente relativo a los descargos presentados, incumpliendo con los requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria, previstos en el inc. h) del caso 3) del art. 17 de la RND N° 10-0037-07, en la que se prevé los descargos presentados por el sujeto pasivo, situación que vulneró el derecho a la defensa del contribuyente y lo dejo en indefensión.

Concluye solicitando se declare improbada la demanda manteniendo firme y subsistente la resolución de Recurso Jerárquico  AGIT-RJ/ 1636/2014.

I.7 Autos para Sentencia

Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para Sentencia mediante providencia de 24 de agosto de 2015, cursante a fs. 206.

CONSIDERANDO II:

Fundamentos jurídicos del fallo

Que, revisados los fundamentos de la demanda y los hechos, a efecto de corroborar la normativa inmersa en la solución del caso de autos corresponde verificar que: El art. 163 de la Ley Nº 2492, señala que quien omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500.- UFVs, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de la prescripción. La RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en su art. 2 establece que todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o no personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los impuestos establecidos en la Ley Nº 843, así como todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a actuar como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el nuevo padrón nacional de contribuyentes para obtener su NIT. El art. 17 del Código Tributario, establece que se considerará ocurrido el hecho generador y existente sus resultado. 1. En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas 2. En las situaciones de derechos, desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. El art. 70, numeral 2 de la Ley Nº 2492, establece que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 2) Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. El art. 99-II de la citada Ley establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. El art. 169.I, establece que la Resolución Determinativa se asimilara a una Resolución Sancionatoria.

La RND 10-0037-2007 de 14 de diciembre de 2007, en su art. 17.3, caso 3 establece que: La Resolución Sancionatoria debe contener como mínimo: a) Número de la Resolución Sancionatoria; b) Lugar y fecha de emisión; c) Nombre o razón social del contribuyente; d) Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito); e) Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción; f) Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida; g) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida; h) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria; i) Deber de cumplir con la presentación de documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria; j) Plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo y k) Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva.

Que, el 10 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), procedió a notificar a “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.” con el Acta de Infracción Nº 00000368, señalando que dicha Empresa funciona en el domicilio notificado, sin contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente, al no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria (AT), calificando el hecho como Contravención Tributaria, bajo el Capítulo II del Título IV de la Ley Nº 2492 y la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0037-07, Anexo Consolidado “A”, Numeral 1, Sub-numeral 1.1.; sancionando con la multa de 2.500,00.- UFVs y la clausura hasta que se regularice la inscripción en el padrón de contribuyentes de la AT (fs. 2, del Anexo 1).

Que, el 30 de septiembre de 2010, “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.” presentó descargos contra el acta de infracción mencionada (fs. 15 a 22, del Anexo 1), mismos que fueron rechazados por la AT, emitiéndose así la Resolución Sancionatoria (RS) Nº 0002 de 4 de febrero de 2011 (fs. 68 a 70, del Anexo 1), por la que se sanciona a dicha Empresa, al pago de la multa de 2.500,00.- UFVs, más la clausura hasta que regularice su inscripción en el régimen general.

Que, interpuesto el Recurso de Alzada por la Empresa sancionada (fs. 89 a 98, del Anexo 1), admitido y tramitado el mismo, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0674/2014 de 15 de septiembre (fs. 169 a 179 vta., del Anexo 1), resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción Nº 368 de 10 de septiembre de 2010, inclusive, ordenando al SIN La Paz, establecer de manera congruente y precisa la realización de actividades gravadas por Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A., para dar lugar a la exigencia del registro en el Padrón de Contribuyentes y la obtención de su NIT.

Que, ante aquella decisión, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 183 a 191, del Anexo 1), el que admitido y tramitado conforme a procedimiento de Ley, fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre (fs. 230 a 243 vta., del Anexo 1), resolviendo anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0674/2014 de 15 de septiembre, dictada por la ARIT La Paz, y disponiendo la nulidad de actuados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00002-10 de 4 de febrero de 2011, inclusive, a fin de que la AT emita un acto con la debida fundamentación de hecho y de derecho, especificando la actividad económica que realiza la citada Empresa y valorando la documentación de descargo presentada por la Empresa.

Que, la decisión del Recurso Jerárquico, motivó que la empresa Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A., a través de Edgar Ricardo Ruck Arzabe en su condición de apoderado legal, interponga demanda Contencioso Administrativa, bajo los siguientes fundamentos: i) La Empresa demandante se encuentra constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuyo funcionamiento en Bolivia deviene de la autorización emitida por la entonces Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), actual ASFI.; ii) Conforme la normativa de la ASFI, es plenamente posible y permisible legalmente, que el servicio de calificación de riesgo sea realizado desde el extranjero, a través de una Entidad Calificadora de Riesgo constituida fuera del territorio nacional, cuyo funcionamiento se rige por las regulaciones del país de origen y que únicamente para efectos de funcionamiento, validez y formalidad para su participación en el mercado de valores boliviano, deben contar con la autorización de la ASFI., no es exigible legalmente a la Empresa, constituir un vínculo jurídico bajo las formas establecidas en el Código de Comercio Boliviano, consecuentemente, sujeto al Derecho Tributario Boliviano, teniendo, tanto la designación de un representante legal permanente en el Estado Boliviano como la fijación del domicilio legal permanente, un fin estrictamente regulatorio y o así fines comerciales o de negocio; en ese sentido, refiriéndose al Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo aprobado por la ASFI, señala que: la labor del representante legal en Bolivia se limita a la simple recepción de notificaciones y la interacción con los reguladores, siendo su rol un servicio independiente al no ser empleado de la calificadora; que, en cuanto al domicilio fijado en Bolivia, sólo tiene el propósito de recibir correspondencia y notificaciones; iii) Que, todo el proceso de calificación de riesgos realizado por la empresa Moodys Argentina para uso doméstico de clientes Bolivianos, es desarrollado desde la República Argentina, de modo que, no existe obligación de inscripción en el padrón de contribuyentes del SIN de Bolivia, al no existir prestación de servicios en el territorio Boliviano, por lo que no es sujeto pasivo tributario en Bolivia en el marco de la Ley Nº 843, sino de la República Argentina, y; iv) Que, si bien la AT hizo alusión al incumplimiento normativo de los arts. 70 y 163 del Código Tributario Boliviano (CTB), en ningún momento señaló la forma en la cual se determinó y verificó la calidad de sujeto pasivo de Moodys Argentina, por lo que no podría haber una sanción por incumplimiento de registro impositivo en tanto no se cumpla con la condición de sujeto pasivo y contribuyente. Que, la decisión de la AGIT, de anular obrados sólo hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, manteniendo así el Acta de Infracción Nº 368 como parte del procedimiento sancionador viciado de nulidad, conforme el fundamento de la ARIT, deja en indefensión a Moodys Argentina, al no establecer de forma expresa cuál el presupuesto de naturaleza jurídica o económica establecida por Ley, que configure la existencia de un tributo o actividad gravada; más, cuando la AT negó a la Empresa el acceso al expediente administrativo. Citó en calidad de jurisprudencia, sobre el derecho al debido proceso, la SCP Nº 1372/2014 de 7 de julio, Nº 0100/2014 de 10 de enero.

Que, así expuestos sucintamente los fundamentos de la demanda, corresponde precisar que de revisión de actuados administrativos se advierte que el caso de autos emerge de la notificación de fecha 10 de septiembre de 2010, efectuada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con el Acta de Infracción Nº 00000368, a “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.”, señalando que dicha Empresa funciona en el domicilio notificado, sin contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente, al no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria (AT), calificando el hecho como Contravención Tributaria, bajo el Capítulo II del Título IV de la Ley Nº 2492 y la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0037-07, Anexo Consolidado “A”, Numeral 1, Sub-numeral 1.1.; sancionando con la multa de 2.500,00.- UFVs y la clausura hasta que se regularice la inscripción en el padrón de contribuyentes de la AT (fs. 2, del Anexo 1).

Que, asimismo los antecedentes muestran que el proceso iniciado por la AT se relaciona a un proceso sancionatorio por la comisión de contravención tributaria de incumplimiento al deber formal de omisión de inscripción en los registros tributarios, previsto en el art. 163 de la Ley Nº 2492, que en fecha  30 de septiembre de 2010, “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.” presentó descargos contra el acta de infracción mencionada, mismos que fueron rechazados por la AT, emitiéndose así la Resolución Sancionatoria (RS) Nº 0002 de 4 de febrero de 2011 (fs. 68 a 70, del Anexo 1), por la que se sanciona a dicha Empresa, al pago de la multa de 2.500,00.- UFVs, más la clausura hasta que regularice su inscripción en el régimen general.

Que, así delimitada la problemática traída en contención, resulta preciso advertir que este Tribunal se halla compelido a efectuar la compulsa de antecedentes y verificar si las instancias administrativas aplicaron correcta y debidamente la Ley, sobre los hechos conocidos, todo ello en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio desarrollado por la Administración Tributaria, por la comisión de contravención tributaria de incumplimiento al deber formal de omisión de inscripción en los registros tributarios, previsto en el art. 163 de la Ley Nº 2492, que derivó en la Resolución Sancionatoria Nº 0002, por la que se sanciona a dicha Empresa, al pago de la multa de 2.500,00.- UFVs, más la clausura hasta que regularice su inscripción en el régimen general; por lo cual, no es parte del presente análisis ni de la resolución del caso de autos aspectos que no están relacionados con hechos inherentes al procedimiento administrativo sancionatorio traído a contención.

Que, a este efecto, se establece que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0674/2014, señala como razón de su decisión: “…se evidencia la obligación de los contribuyentes de registrarse  en  el  Padrón  de  Contribuyentes,  cuyo  incumplimiento  deriva en  la  sanción establecida  en  el  artículo  163 de  la  Ley Nº2492,  modificado  por  la  Ley Nº  317,  a este fin resulta pertinente señalar y establecer que para poder atribuir un resultado a una determinada conducta supeditada a la realización de actividades efectivamente gravadas y que por consiguiente resulten ser sujetos pasivos de algún impuesto; sin embargo, en el presente caso de la fundamentación del Acta de Infracción así como de la Resolución Sancionatoria N° 0002 de 4 de febrero 2011, no se advierte que el sujeto activo haya verificado la concurrencia de un hecho generador de alguno de los impuestos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, como consecuencia exista la obligación formal de inscripción en los registros tributarios; la simple mención respecto a la ubicación del lugar donde está asentada la empresa Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo, no es información suficiente para establecer un deber formal sino que es necesario e importante la concurrencia del presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley Nº 843 para configurar un o más tributos, cuya realización origina el nacimiento de obligaciones tributarias; una vez detallado este extremo, se podrá disponer su inscripción en los registro tributarios del Servicio de Impuestos Nacionales, empero, estos hechos como se acredita de la documentación remitida ante esta instancia recursiva nunca ocurrió. Bajo contexto anterior, está claro que la sola existencia del domicilio ubicado en la Av. Bustamante, calle 15, de la  zona de  Calacoto, en el Edificio de la Torre Ketal, piso 5, oficina 501, no es suficiente mucho menos supone la existencia de un hecho imponible, de un  impuesto  o gravamen por  el que la  empresa Moodys Latín América Agente de Calificación  de  Riesgo, esté  obligada  a  proceder  a  su registro en  el  Padrón  de Contribuyentes; el  único  fundamento  que contiene el Acta  de  Infracción  N°  368, para establecer  la  sanción  de  2.500 UFVs  y  clausura  del  domicilio  de Moodys  Latín América  Agente  de  Calificación  de  Riesgo, es  la inexistencia del  NIT, sin especificar cuál o qué actividad realiza en dicho domicilio por el que se estuviera incumpliendo una obligación formal.”

Que, a su vez la AGIT en respuesta a la demanda advierte como razón de su decisión de anulación de obrados hasta la emisión de nueva resolución sancionatoria señalando: “… la AGIT actuó en el marco del principio de congruencia, puesto que otorgó aquello que fue solicitado expresamente por la empresa en su recurso de Alzada, como es el caso de la nulidad de obrados hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria que valore las pruebas presentadas por “Moodys” conforme a Ley, ello en el entendido que la ARIT La Paz actuó en forma ultra petita al disponer la nulidad del Acta de Infracción, cuando ello no fue solicitado por el recurrente, incumpliéndose el art. 211 del CTB; exponiéndose así los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentan la posición de la AGIT, por lo que considera, que no se conciben los motivos de la demanda.”

Que, claramente se advierte que la resolución recurrida de la AGIT, basó su fallo por un supuesto cumplimiento del principio procesal de congruencia entre lo pedido por la Empresa recurrente y lo resuelto en su fallo, sin advertir esa instancia impugnatoria que los mecanismos procedimentales previstos como el principio de congruencia alegado por la AGIT, no puede ser aplicado por encima de los deberes constitucionales como ser el derecho al debido procedimiento administrativo, que es de aplicación directa y goza de garantías para su protección conforme lo establece el art. 109 de la CPE; teniendo como fin la de otorgar efectiva protección de los derechos del justiciable, accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y eficiente; con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento, en aplicación directa del principio de verdad material exigido por el art. 4 inc. c y d). Ley Nº 2341 y art. 200.1 de la Ley N° 2492.

Que, en ese entendimiento, resulta pertinente puntualizar que uno de los aspectos fundamentales del Derecho Tributario Formal consiste en las facultades de la Administración para, controlar, verificar, fiscalizar y luego determinar la existencia y cuantía del hecho imponible y el sujeto de la obligación, para poder realizar dicha tarea el art. 100 del Código Tributario Ley N° 2492, otorga a la administración las más amplias facultades especializadas de control, verificación, fiscalización e investigación. En tal sentido, resulta imprescindible -en aplicación del principio de legalidad-, desentrañar cómo la Administración llega a constatar los hechos y cuál es el procedimiento probatorio y valorativo que sigue en su procedimiento sancionatorio; así como cuál es la motivación y fundamentación de sus resoluciones; por tanto; el objeto de análisis del caso de autos se circunscribe en establecer la importancia del sustento probatorio del procedimiento sancionatorio realizado por la administración, la existencia y posible configuración de los hechos generadores que llevan a determinar en la especie la existencia del sujeto pasivo o responsable, la contravención tributaria, el responsable de su pago y la responsabilidad de registro ante la Administración Tributaría.

Que, en ese orden valorativo y normativo, resulta preciso puntualizar que uno de los elementos esenciales del derecho tributario es el hecho generador, como presupuesto establecido por la Ley, cuya realización da origen y nacimiento a la obligación tributaria y a la determinación del sujeto pasivo; vale decir, que los actos del sujeto subsumidos en el presupuesto normativo son los que dan nacimiento a la obligación tributaria, constituyéndose el hecho generador en el mecanismo por el que la Ley crea la relación jurídico tributaria con el sujeto pasivo; por lo cual es previsible advertir que el hecho generador ocurre y produce efectos cuando el presupuesto legal esté constituido sólo por hechos materiales desde el momento en que se hayan realizado y materializado todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzca los efectos que le corresponden; y, en los casos en que el presupuesto legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento en que estén perfeccionados o constituidos.

Que, la importancia de la materialización del hecho generador, radica que al determinarse la verificación de la relación jurídica tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria; se permite establecer el sujeto pasivo principal de la obligación impositiva, y determinar al sujeto activo de la obligación tributaria. Es así que la materialización del hecho generador de la obligación tributaria nos permitirá conocer el régimen jurídico aplicable a la obligación tributaria, es decir, nos permitirá identificar cuál es la base imponible, la base gravable, la alícuota del tributo, en síntesis permitirá determinar la materialización de la deuda tributaria y distinguir las competencias y facultades tributarias para precisar el órgano que tiene atribuida la facultad para exigir el cobro del tributo.

Que, asimismo corresponde establecer que el principio de legalidad está directamente ligado con el nacimiento de la relación jurídica tributaria y obligaciones del sujeto pasivo, con el fin de establecer la materia gravable de determinadas actividades en las que se configuró el hecho generador del tributo; en este marco estrictamente tributario, se tiene que la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción N° 368 de 10 de septiembre de 2010, en el ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, previstas por el art. 100 de la Ley N° 2492, limitándose a señalar que la empresa Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo, funciona en el domicilio de la Av. Bustamante, calle 15, de la zona de Calacoto, en el Edificio de la Torre Ketal, piso 5, oficina 501, sin contar ni acreditar con el Número de Identificación Tributaria (NIT), llegando a concluir en forma incongruente que la Empresa no se encuentra inscrita en el Padrón de Contribuyentes, coligiendo el supuesto incumpliendo del art. 163 de la Ley Nº 2492, hecho ratificado en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada.

Que, el contenido del fundamento de la AT se basa en la aplicación del art, 163 de la Ley Nº 2492 y la RND 10-0013-03, es decir se evidencia tanto en el Acta de Infracción N° 368 y la Resolución Sancionatoria N° 0002 la existencia del fundamento normativo o tipificación de la contravención; más también se advierte en ambos actos administrativos la ausencia del hecho en el que habría incurrido Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo, para registrarse en el Padrón de Contribuyentes, pues queda claro que el simple hecho del nacimiento a la vida jurídica de una Empresa cualquiera sea su denominación, su actividad o su nacionalidad, no es suficiente fundamento para la exigencia de inscripción en el Padrón de Contribuyentes, y menos aún señalar que la empresa “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.”, funciona en el domicilio notificado, sin contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente, al no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes; pues la AT deberá necesariamente verificar y mostrar objetivamente en cumplimiento de sus amplias facultades especializadas de control, verificación, fiscalización e investigación, previstas por el art. 100 de la Ley N° 2492, que el sujeto ha incurrido en una contravención tributaria mostrando objetivamente la realización de alguna actividad gravable por el sistema impositivo, y por el cual se encontraría en la obligación de inscribirse en el Padrón de Contribuyentes, hecho que no fue efectivizado ni en el Acta de Infracción N° 368 y menos en la Resolución Sancionatoria N° 0002.

Que, en ese sentido se advierte que la empresa demandante en los argumentos de sus descargos ante el Acta de Infracción N° 368, señalo que la ASFI no le solicitó la presentación de un NIT, en el entendido de que el servicio de calificación lo realiza  de manera única y exclusiva desde el extranjero, Que, asimismo y conforme lo refiere el demandante, el 30 de septiembre de 2010, “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.” presentó descargos contra el acta de infracción mencionada (fs. 15 a 22, del Anexo 1), mismos que fueron rechazados por la AT, evidenciándose de revisión de la Resolución Sancionatoria N° 0002 de 4 de febrero de 2011 la inexistencia de valoración alguna de los descargos presentados por el demandante, descargos consistentes en Testimonio de Protocolización Nº 0626/2009, de revocatoria de poder y otorgamiento de poder especial, referido a un poder otorgado por MLA Argentina, calificación emitida por la ASFI, Resolución Administrativa de la Superintendencia de Pensiones valores Y Seguros, SPVS-IV-N° 137, Contrato de Calificación de Riesgo de Servicios, en el que se establece la modalidad de prestación de servicios, Anexo 1 tratamiento impositivo y reportes de Bancos, copias del informe de calificación del Banco de la Nación Argentina, documentación de descargo que fue literalmente obviada por la AT en su Resolución Sancionatoria, omitiendo pronunciamiento del porque los descargos no eran suficientes para desvirtuar o enervar la sanción, emitiéndose de esa manera la Resolución Sancionatoria (RS) N° 0002 de 4 de febrero de 2011, incumpliendo de esta manera con el requisito previsto en el art. 28 inc. e) de la Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo, incumpliendo con los requisitos esenciales que debe contener la Resolución Sancionatoria, fundamento  de  la defensa  que  no  ha  sido  respondido  por  la  Administración Tributaria, mostrándose también de esta forma que la AT no justificó las razones por las cuales la empresa demandante debe registrarse en el Padrón de Contribuyentes.

Que, de todo lo referido se advierte omisión del requisito elemental de  fundamentación tanto en el Acta de Infracción como en la Resolución Sancionatoria  hecho que vulnera el derecho a la defensa del demandante, toda vez, que el  administrado asumió su derecho a defensa conforme a la fundamentación que originó el incumplimiento, cuya inconducencia y ausencia acarreó una defensa obstaculizada,  dado que el demandante desconocía qué actividad gravada considera el SIN que aconteció en el domicilio de Moodys Latín América Agente de Calificación de  Riesgo, que le obligue al Registro en el Padrón de Contribuyentes, razón por la que incluso solicitó copia de los antecedentes administrativos en busca de esta fundamentación ausente en los principales actos del procedimiento sancionatorio, vulnerando de esta forma el art. 99 de la Ley Nº 2492, en relación al 169.I de la misma norma, en lo que atañe a los requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria.

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su uniforme jurisprudencia ha modulado la ausencia de motivación y fundamentación de las resoluciones como la Sentencia Constitucional Nº 0467/2015-S2 de 7 de mayo de 2015, en la cual se señala “El Tribunal Constitucional, a través de la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre señaló: ʽEl derecho al debido proceso, es de aplicación inmediata, vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando procedimientos, como la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, que precisa: 'El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPE abrg-, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; (…)…, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales'”[sic].  En similar sentido el propio Tribunal constitucional Plurinacional  efectuó un análisis más amplio al respecto, la SC 0448/2011-R de 18 de abril, definió, al debido proceso: “…como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: 'El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, (…). Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: i) Derecho fundamental: Destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico” [sic]. Contrastado bajo este contexto constitucional tanto el Acta de Infracción N° 368 y la Resolución Sancionatoria Nº 0002, se advierte que ninguno de estos actos administrativos efectúa fundamentación alguna sobre el porqué la Empresa demandada debe registrarse en el Padrón de contribuyentes pues ambos actos administrativos no  definen  de  forma  clara que  actividad gravada  se  realiza  en  el  domicilio  de  la  Av.  Bustamante,  calle  15,  de  la  zona  de Calacoto, en el Edificio de la Torre Ketal, piso 5, oficina 501 , de Moodys Latín América Agente  de  Calificación  de  Riesgo, lo que denota una falta de sustento y elementos esenciales que motiven jurídicamente el acto administrativo impugnado, aspectos que afectan al requisito esencial de fundamentación establecido en el art. 99 relacionado al art. 169.I de la Ley Nº 2492 y 17 de la RND 10-0037 -07; ocasionando con ello la nulidad del Acta de Infracción y de la Resolución Sancionatoria impugnada.

Que, sin embargo de todo ello; advertidos que la problemática emerge de la aplicación de una sanción administrativa emitida por la AT, por lo que corresponde enmarcar que la potestad sancionadora de la administración en vía administrativa como emergencia de probarse la comisión de contravención de incumplimiento a deberes formales, está sometida a principios generales del derecho sancionador como ser los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, todo ello conforme lo establecido por art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) Nº 2341, que permite a los administrados efectivizar dichas garantías frente al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.

Que, en relación al principio de legalidad, en materia punitiva administrativa, el art. 72 de la LPA dispone que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas, cuando éstas hayan sido previstas en norma expresa; el principio de tipicidad descrito en el art. 73.I de la LPA refiere que son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes y disposiciones reglamentarias; mientras que el principio de presunción de inocencia previsto en el art. 74 de la precitada Ley, en concordancia con la Constitución, presume la inocencia del administrado mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo. Consiguientemente, cualquier sanción debe determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo válido ni legal que el procedimiento sancionador administrativo se limite únicamente a establecer responsabilidades del administrado, sin antes comprobar la existencia o inexistencia de una infracción atribuible al sujeto pasivo; máxime si la Constitución Política del Estado(CPE) en su art. 180 consagra los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de las partes.

Que, asimismo; conforme ya se refirió, en el marco del derecho administrativo sancionador rigen entre otros principios los principios de legalidad y tipicidad, de donde la legalidad recoge el aforismo jurídico "nullum pena sine lege" y el de tipicidad que se expresa en la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita en una norma legal, por lo cual es preciso considerar que la tipificación, no es un mero enunciado ni una formalidad de la cual pueda o no prescindirse, toda vez que una correcta tipificación garantiza la efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico, el caso de autos, de lectura del Acta de Infracción N° 368 y la Resolución Sancionatoria N° 0002; se extraña la ausencia del acto u omisión en la que habría incurrido “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.”, acción u omisión que daría origen a la posible contravención imputada, pues la relación fáctica descrita en el acta no se subsume en el tipo legal expresamente definido en los arts. 162, 163 de la Ley N° 2492, incumpliéndose de esta manera con el art. 17 de la RND 10-0037-07, que existe la descripción de la acción u omisión del sujeto, elementos no descritos en el Acta de Infracción N° 368, a contrario de la relación fáctica descrita en dicha acta que no guarda relación de correspondencia y causalidad con la normativa descrita; pues el simple argumento de señalar que la empresa “Moodys Latín América Calificadora de Riesgos S.A.”, funciona en el domicilio notificado, sin contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente, al no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, no se subsume en la tipificación prevista por las normas descritas líneas arriba, asimismo la casuística del nacimiento a la vida jurídica de una Empresa cualquiera sea su denominación, su actividad o su nacionalidad, no es suficiente fundamento para la exigencia de inscripción en el Padrón de Contribuyentes, pues la AT deberá necesariamente verificar y mostrar objetivamente en cumplimiento de sus amplias facultades especializadas previstas por el art. 100 de la Ley N° 2492, que el sujeto ha incurrido en una contravención tributaria mostrando objetivamente la realización del hecho generador, es decir demostrar que el sujeto realiza alguna actividad gravable por el sistema impositivo, y por el cual se encontraría en la obligación de inscribirse en el Padrón de Contribuyentes, hecho que no fue efectivizado en el Acta de Infracción N° 368; siendo deber advertir que el tipo que define la contravención de incumplimiento a deber formal de omisión de registro en Padrón de Contribuyentes no se produce mediante cualquier acto o comportamiento, sino sólo cuando éste se ha consumado en la forma que la norma Infraccional expresamente lo determino, lo cual fue incorrectamente analizado por la instancia jerárquica, evidenciándose de esta forma la vulneración al derecho al debido procedimiento administrativo y al  principio de legalidad y tipicidad.

Que, siendo atribución de este Tribunal, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que la Ley le otorga, la modulación del alcance de su fallo, determinados los errores de derecho en la aplicación de la provisión normativa en sede administrativa, en las que incurrió la Administración Tributaría, reencauzando el debido proceso y las garantías del demandante, concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre de 2014, lo hizo interpretando y aplicando erróneamente las normas legales citadas, vulnerando los derechos de Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo en el procedimiento administrativo.

Que, en consecuencia y conforme a los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0674/2014 emitida por la ARIT La Paz, respecto a la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta fs. 182, inclusive.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 778 del CPC, administrando justicia a nombre de la Ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la empresa “Moodys Latín América Agente de Calificación de Riesgo” a través de su representante Edgar Ricardo Ruck Arzabe y en su mérito, DEJA SIN EFECTO la Resolución AGIT-RJ 1636/2014 de 1 de diciembre emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0674/2014 emitida por la ARIT La Paz, en relación a la nulidad de obrados hasta fs. 182, inclusive.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y archívese.