TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 16

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 99/2015-CA

Demandante                        : YPFB ANDINA S.A.

Demandado                        : MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


Pronunciado en el proceso contencioso administrativo seguido por YPFB ANDINA S.A. contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 174 a 184 vta.,  impugnando la Resolución Ministerial R.J. Nº 016/2015 de 21 enero, la respuesta de fs. 238 a 244 vta., los antecedentes procesales.

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

Que, mediante Resolución Administrativa “ANH” Nº 0313/2014 de 10 de febrero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos “ANH”, resolvió aprobar el Presupuesto Ejecutado por YPFB ANDINA S.A. sobre las base de los principios  de racionalidad y prudencia el presupuesto correspondiente al Ducto Nº 12 gestión 2008, contra el que la Empresa demandante presentó Recurso de Revocatoria, aduciendo que la misma desconocería aspectos establecidos en la Resolución Administrativa (RA) SSDH Nº 0274/2002 de 21 de junio, señalando que ello afecta y lesiona los intereses y derechos subjetivos de la Sociedad, recurso que fue resuelto con la RA ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre, que confirmó la Resolución “ANH” Nº 0313/2014 de 10 de febrero; lo que motivó a YPFB ANDINA a presentar Recurso Jerárquico que fue rechazado por Resolución Ministerial R.J. Nº 16/2015, confirmando la RA ANH Nº2430/2014 y en su mérito la Resolución Administrativa ANH Nº 313/2014 de 10 de febrero; y que es objeto de impugnación.

I.2 Contenido de la demanda contenciosa administrativa

I.2.1 Agravios contenidos en la Resolución Ministerial R.J. Nº 16/2015 de 14 de noviembre

       Manifiesta que la Resolución Ministerial R.J. Nº 016/2015 provoca agravios a los intereses de la Sociedad, los que legal y técnicamente desvirtúa señalando:

La Resolución Ministerial R.J. Nº 016/2015, que confirmó la RA ANH Nº 2430/2014 y RA ANH Nº 313/2014; generó un completo estado de indefensión y vulneró el debido proceso consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, quebrantando los principios de congruencia y sometimiento pleno a la Ley, toda vez que si bien la RA 0313/2014, que aprobó el Presupuesto Ejecutado 2008, pero afectando los intereses de YPFB ANDINA, referido a:


Costos de Operación Base

a) Ingeniería.- Señala que el importe por este concepto no fue aprobado por la ANH, bajo el criterio de que el concesionario no presentó documentación de respaldo. Adicionalmente, en la RA 2430, la ANH, señaló que fueron diferentes empresas las que realizaron las auditorías y confundió el argumento de YPFB ANDINA cuando manifestó: “…no puede validar un monto bajo el supuesto que dicho monto fue verificado en las gestiones 2002 a 2004, mientras que el análisis corresponde al 2008…”, al respecto, se reiteró que en la realización de la auditoría regulatoria practicada a los presupuestos ejecutados de las gestiones 2002 a 2007, se informó que el Contrato de Operación y Mantenimiento suscrito por la Empresa HANOVER era compartido en la concesión de la Planta de Compresión y por tanto, para fines de distribución de costos de concesiones, se asignó en forma mensual $us.1.000.- para el mantenimiento y operación del Ducto de 12”, vale decir $us.12.000.- al año, cuyo costo de operación fue informada a la ANH en oportunidad de presentación de presupuestos ejecutados que YPFB ANDINA forma parte de las Empresas del Grupo B y por tanto, no le corresponde la aplicación de la Metodología de Asignación de costos aprobada por Resolución Administrativa SSDH Nº 1088/2004 de 5 de noviembre, que establece criterios definidos para la asignación de costos, en tal sentido, corresponde al Regulador analizar la razonabilidad y prudencia del criterio utilizado por YPFB ANDINA para la distribución de costos o en su defecto, sugerir otro criterio.

En el argumento expuesto por la Empresa regulada, se explicó que el criterio de distribución de costos no fue aplicado sólo en la gestión 2008, sino que fue aplicado desde la gestión 2002. Lo que extraña que dicha distribución enfatizó- es que fue aceptada en las Resoluciones Administrativas 307/2014, 308/2014 y 309/2014 donde se aprueba el gasto en Ingeniería en las gestiones 2002 a 2004, y se establece que el importe de $us.12.000.- es razonable. En tal sentido, se rechazó el recorte realizado por la ANH al costo de Ingeniería y se reiteró la solicitud para que la mima autoridad aclare el criterio utilizado para la no aprobación del gasto asignado a la concesión del Ducto de 12” por concepto de ingeniería en la gestión 2008, ya que dicho criterio de asignación fue aprobado en las gestiones 2002 a 2004.

b) Cargos Empresas Afiliadas

       El importe por concepto de Cargos a empresas Relacionadas no fue aprobado por la ANH bajo el criterio de que el concesionario no presentó información numérica detallada, señala que se informó a los auditorios regulatorios y se explicó en sus descargos a la ANH (mediante nota adjunta) que en fecha 31 de octubre de 2001, Repsol YPF Bolivia S.A. y la Empresa Petrolera Andina S.A. (ahora denominada YPFB ANDINA S.A.), suscribieron un Contrato de Prestación de Servicios de Administración, en virtud del cual Repsol YPF Bolivia S.A. prestó servicios de administración hasta el año 2008. Los importes cancelados por los años auditados fueron aprobados anualmente por los socios en oportunidad de la reunión del Comité de Gerenciamiento. La metodología utilizada para la determinación del “Cargo a Empresas Afiliadas” se realiza bajo las siguientes premisas”:

       * Cálculo aproximado de horas del personal contratista que presta servicios en las diferentes áreas a la Planta de Compresión y Ducto de 12”.

       * Horas determinadas de acuerdo a las tareas que desarrolla el personal contratista.

       La Administración tercerizada tiene como parte de sus funciones otorgar un soporte completo a todas las áreas, donde se cuenta con profesionales como ingenieros especialistas y administrativos de alto nivel. Las áreas involucradas que prestan servicios son: Gerencia Comercial, Gerencia de Producción, Gerencia Económico Financiera, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Resoluciones Externas, Gerencia de Compras & Contratos, Gerencia de Salud, Seguridad y Medioambiente, Gerencia de Planeamiento y Gerencia de Ingeniería & Construcciones.

       Cada área desarrolla diferentes tareas específicas para la concesión de la Planta de compresión de Rio Grande y para el Ducto de 12”, con la finalidad de cumplir con todos los requerimientos regulatorios y legales, además de las exigencias internacionales de calidad y tecnología” sic.

Asimismo aseveró que la ANH, no cuenta con la información que le permita verificar el importe ejecutado por YPFB ANDINA para la concesión del Ducto de 12”, al respecto, YPFB ANDINA aclaró oportunamente que el gasto por concepto de Cargos a Empresas Afiliadas Ducto de 12” corresponde a una distribución de costos sugerida por YPFB ANDINA, toda vez que el Contrato de Prestación de Servicios de Administración fue suscrito entre Repsol YPF Bolivia S.A. y la entonces denominada Empresa Petrolera Andina S.A., razón por la cual dicho contrato no corresponde de forma exclusiva a la administración de la concesión del Ducto de 12”.

El importe total por concepto de cargos a Empresas Afiliadas, es distribuido por YPFB ANDINA entre las concesiones de la Planta de Compresión y del Ducto de 12” en función a las horas dedicadas por el personal administrativo, toda vez que YPFB ANDINA forma parte de las Empresas del Grupo B, por tanto no le corresponde la aplicación de la Metodología de Asignación de Costos aprobada por Resolución Administrativa SSDH Nº 1088/2004 de 5 de noviembre, que establece criterios definidos para la asignación de costos, en tal sentido corresponde al Regulador analizar la razonabilidad y prudencia del criterio utilizado por YPFB ANDINA para la distribución de costos o en su defecto, sugerir otro criterio.

Menciona que los criterios de distribución citados fueron analizados por la ANH, en las Resoluciones Administrativas 307/2014, 308/2014 y 309/2014 donde se aprueban los cargos a Empresas Afiliadas en las gestiones 2002 a 2004, en las que la ANH manifestó que los gastos son necesarios para el funcionamiento de la concesión ya que incluyen los salarios del personal técnico y administrativo, lo que extrañamente en la gestión materia de Autos se rechace el citado cargo, considerando que el criterio aplicado es el mismo. El argumento manifestado por la ANH, para no aprobación del gasto en Administración del Ducto de 12” denota la falta de un análisis de razonabilidad y prudencia, debido a que el Regulador no puede dejar de aprobar un importe sin un criterio definido y más aún si este corresponde a un criterio de distribución de costos sugerido por YPFB ANDINA a fin de establecer el importe de los gastos de administración de una concesión. En caso de que la ANH considere no razonable el monto asignado por el concesionario, debe establecer el monto apropiado en base a criterios de razonabilidad y prudencia.

c) Cargos por Depreciación

Expresó que el cargo por depreciación debe considerarse un periodo de 35 años, en atención a lo establecido en el art. 83 del Decreto Supremo (DS) Nº 26116, norma legal que establece la depreciación para el cálculo de las Tarifas de Requerimiento de Ingresos, se aplicará la metodología de depreciación sobre una base lineal, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 20 años para ductos y estaciones de compresión y bombeo existentes, en este sentido, esta disposición es válida para Tarifas de Requerimiento de Ingreso y no de flujo de caja como es el caso de YPFB ANDINA.

Al respecto señaló, que la Resolución Administrativa SSDH Nº 274/2002 de 21 de junio, que otorga la concesión administrativa a la antes denominada Empresa Petrolera Andina S.A. para la operación del Ducto de 12”, incluye el flujo de caja de 20 años con determinaciones regulatorias aprobadas por el propio Ente Regulador que forman parte del cálculo de a tarifa de transporte vigente, entre las determinaciones citadas, el Regulador aprobó la estructura de flujo de caja y no las tarifas de requerimiento de ingresos, además del periodo de depreciación de 25 años (tasa de depreciación de 4%) bajo la metodología línea recta, en tal sentido, no correspondía el ajuste realizado por la ANH, mismo que contempla 35 años de depreciación, ya que dicho periodo no corresponde al aplicado en el cálculo de la tarifa vigente. El importe de depreciación que debe ser aprobado asciende a $us.1.200.-, que corresponde a 12 meses de operación de ducto durante la gestión 2008.

Falta de motivación y fundamentación

Acusa falta de motivación y fundamentación sobre lo reclamado en la resolución impugnada, observándose que no se dio respuesta sobre los aspectos de fondo denunciados como incorrectos, aspectos puntuales esgrimidos, siendo claro y evidente que el análisis y valoración planteada no fueron absueltos por la autoridad administrativa demandada, vulnerando la garantía del debido proceso, establecida en el art. 117 del CPE, quebrantando el principio de legalidad. Expresó que una resolución de una impugnación, debe tener la debida y suficiente fundamentación de los antecedentes y los fallos ya que supone exponer que no solo es el razonamiento , sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso, lo que significa absolver todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al apelante impugnar la decisión de esos puntos, lo contrario significa vulnerar el debido proceso consagrado por los arts. 115 y 119 de la CPE, citando además como línea jurisprudencial sentada en las Sentencias Constitucionales Nº 2023/2010-R, de 9 de noviembre, 0871/2010-R, 1365/2005-R, 2227/2010-R y 0405/2012-R, entre otras, presupuestos jurisprudenciales que fueron desconocidos agregó.

I.1.2 Dentro de la fundamentación técnica, señaló que sin reconocer y menos consentir la vulneración de los principios, derechos y garantías constitucionales citadas precedentemente, en ejercicio pleno de los derechos, expresó porqué técnicamente la RJ016, dictada por el Ministerio de Hidrocarburos y energía, es lesiva, perjudicial atentatoria a los intereses legítimos y derechos subjetivos de YPFB ANDINA, haciendo hincapié respecto a los Costos de Operación Base Ingeniería; Cargos empresas Afiliadas y Depreciación, respaldando cada una de ellas con aspectos técnicos, sustentando a los argumentos teóricos desarrollados precedentemente.

I.3 Petitorio

En virtud a los argumentos detallados y al amparo de los arts. 2 numerales 2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, art. 778 y sgtes. del Código de Procedimiento Civil (CPC) y art. 94 del DS Nº 27172, solicita dictar Sentencia declarando probada la demanda, disponiendo la nulidad de la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico Nº 016/2015 de 21 de enero, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la autoridad demandada emita un nuevo acto administrativo aceptando totalmente el Recurso Jerárquico, interpuesto por YPFB ANDINA, contra la Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014, conforme a los parámetro técnicos y legales establecidos para el caso concreto finalizó.

I.4 Contenido de la respuesta de la Autoridad demandada

Que, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través de su titular Ing. Luis Alberto Sánchez Fernández, contesta negativamente la demanda por memorial cursante de fs.238 a 244 vta., argumentando lo siguiente:

I.4.1 Sobre la falta de motivación y fundamentación en el recurso jerárquico

Previo a responder al acápite señalado, hizo referencia al art. 44 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por DS Nº 26116, de 21 de marzo de 2001, referido al procedimiento de revisión y aprobación por parte del ente regulador de la información anualizada del presupuesto de inversiones y de operaciones del concesionario. Refiere que la normativa citada, le otorga al ente Regulador la potestad de aprobar los presupuestos ejecutados que a criterio suyo sean considerados racionales y prudentes, rechazando aquellos gastos o montos que no posean estas características, lo cual encuentra un sustento en la facultad discrecional que reviste la actividad de la Administración Pública, con mayor incidencia por su naturaleza en materia regulatoria de servicios públicos, citando asimismo como línea jurisprudencial la Sentencia Constitucional 2252/2010-R Sucre, de 19 de noviembre, referida a la potestad administrativa discrecional.

Señala que el modelo de regulación tarifaria por tasa de retorno permite a la empresa regulada la recuperación de todos los costos razonables incurridos en la prestación del servicio, cuyo intereses de la empresa es el reconocimiento total de los costos e inversiones presentadas al regulador para maximizar sus beneficios, inclusive buscar el reconocimiento de los mismos que podrían resultar innecesarios o excesivos, para lo cual, resulta imprescindible que el regulador cuente con información y documentación de respaldo presentada al mayor detalle posible por la empresa regulada para que estas sean reconocidas como racionales y prudentes, haciendo de esta forma posible que la autoridad administrativa forma convicción sobre la racionalidad y prudente criterio de los costos de inversiones realizados. Se tiene claro entonces que la carga de la prueba en los procedimientos de aprobación corresponde a la Empresa concesionaria la actividad de transporte, demostrar la racionalidad y prudencia de los costos e inversiones realizadas, sin no lo hiciere el regulador amparado en la normativa desarrollada tiene plena facultad de rechazar los mismos. Por todo lo dicho, resultan ilógicas argumentaciones plasmadas por YPFB ANDINA en la demanda respecto a una supuesta falta de motivación y la ausencia de remisión a la normativa específica para el rechazo de los gastos reclamados. En tal sentido, expresó que corresponde dejar establecido que si bien el elemento motivación implica la necesidad de la existencia del desarrollo fáctico y normativo que motiva la determinación de la Administración Pública, y en el caso el mismo no es acorde con el razonamiento del administrado o no satisface el interés reclamado, no significa de ninguna manera la ausencia de dicho elemento, pues el requisito de valides del acto administrativo ha sido cumplido.

I.4.2 Con relación a los gastos de Ingeniería, expresa que durante el transcurso del proceso en la vía administrativa tanto el ente regulador como el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en etapa recursiva este último, sostuvo que no ha se ha reconocido este costo simplemente porque YPFB ANDINA no contaba con el Proyecto de Mantenimiento para el Ducto de 12” que le permita realizar un mantenimiento debidamente planificado del mismo, pero sobre todo porque no se pudo verificar registros o informes de actividades de mantenimiento realizados en el Ducto de 12”, consiguientemente no existiría documentación que permita avalar si las actividades de mantenimiento se encuentran a las necesidades de concesión. Señaló que no está en discusión la asignación de $us.1.000.- en su contabilidad de forma mensual, sino que no se haya demostrado el “gasto” acompañando las facturas, contratos u otra prueba que lleve al regulador a evidenciar el gasto efectivo de lo asignado.

I.4.3 Respecto a que no se puede demostrar la ejecución efectiva del gasto Cargo a Empresas Afiliadas, por cuanto el importe establecido en el presupuesto ejecutado del Ducto 12” es el resultado de una distribución del gasto total ejecutado en el ítem de administración para las concesiones de la Planta de Compresión y Ducto 12” en consideración a que la administración es realizada para ambas concesiones bajo el contrato de prestación de servicios de administración, suscrito entre Repsol YPF  Bolivia S.A. y YPFB Andina, por ello dicho contrato no corresponde de forma exclusiva a la administración del Ducto 12”. Expresa que la Empresa reitera inextenso los argumentos esgrimidos en instancia jerárquica, sin agregar agravio alguno que a criterio suyo se ha presentado como consecuencia de la emisión del acto impugnado. Agregó que no se desconoce la existencia del Contrato Administrativo del Ducto 12” y las adendas existentes suscrito por YPFB Andina y la Empresa Repsol YPF S.A., documentación a través del cual la demandante demuestra únicamente la existencia de la relación contractual con la citada Empresa, pero no prueba la ejecución del monto reclamado por Andina, respecto a la cuenta de empresas afiliadas.

I.4.4 Sobre los costos de Depreciación y que el cálculo de la tarifa de transporte vigente que no hubiera sido valorada debidamente por instancias administrativas, señaló que no son evidentes, haciendo hincapié a lo dispuesto por el art. 64 del DS Nº 26116, el cual en su inc. b) establece que la carga de la prueba corresponde a los concesionarios, en este caso a YPFB ANDINA y no al ente regulador. Este argumento que comprende la estructura tarifaria presentada en el cuadro con datos y variables, no fue expuesto en la vía administrativa y no existe dentro del expediente administrativo, al establecido en el cuerpo normativo señalado (35 años para ductos nuevos).

Afirmar que la resolución de instancia el MHE hubiera referido solo a una parte del primer párrafo del art. 83 del DS Nº 26116, desconociéndose la segunda parte, expresa que al respecto, resolución de instancia demostró que la solicitud se realizó el 19 de abril de 1999, bajo el Reglamento aprobado por el DS Nº 24398, que en su art. 79 consideraba un periodo de depreciación de 25 años para ductos nuevos, empero la concesión fue otorgada en junio de 2002, en vigencia del Reglamento aprobado por DS Nº 26116, norma que en su art. 83 determina un periodo de depreciación de 35 años para ductos nuevos, no constando en obrados una aprobación, por parte del ente regulador, de una tasa de depreciación anual diferente a la establecida en el art. 83 del DS Nº 26116.

I.5 Petitorio

Por lo expuesto, solicita se dicte Sentencia declarando improbada la demanda y sea con costas.

I.6 Réplica del demandante

Corrido en traslado, la respuesta negativa de la Autoridad demandada, la entidad demandante presenta réplica mediante memorial de fs. 287 a 292, presentado en 14 de septiembre de 2015, señalando con carácter previo que la respuesta a la demanda por parte de la autoridad demandada fue extemporánea, toda vez que al haber sido notificada el 23 de julio de 2015, tenía la obligación y responsabilidad de contestar a la demanda hasta el 18 de agosto, empero según se desprende del cargo de recepción, la contestación la presentó el 19 de agosto de 2015, y que bajo el Principio de Seguridad Jurídica, no debe considerarse la contestación defectuosa.

Asimismo a tiempo de reiterar la falta de motivación y fundamentación de la resolución impugnada, expresa que es evidente que el Regulador tiene por función la determinación de la razonabilidad y prudencia de los costos y la definición de si los mismos forman para de la actividad regulada, sin embargo, los criterios de análisis de ninguna manera pueden ser subjetivos ni discrecionales al existir una normativa vigente que establece un marco de referencia, por tal motivo YPFB ANDINA reclama que el Regulador no ha considerado ni respetado en su análisis los actos administrativos plasmados en Resoluciones Administrativas emitidas por entonces Superintendencia de Hidrocarburos.

Finalmente con relación a los Costos Ingeniería, Cargos Empresas Afiliadas y Depreciación reiteró los argumentos y fundamentos esgrimidos en la demanda, solicitando en el petitorio se declare probada la demanda y disponiendo la nulidad de la Resolución Ministerial de Recurso Jerárquico Nº 016/2015 de 21 de enero, y que la Autoridad Jerárquica emita un nuevo acto administrativo aceptando totalmente el recurso jerárquico interpuesto por YPFB ANDINA S.A., contra la Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014, conforme los parámetros técnicos y legales establecidos para el caso en concreto.

I.7 Dúplica del demandado

Corrida en traslado la réplica, mediante memorial presentado en 6 de octubre de 2015 de fs. 296a298, la autoridad demandada presenta dúplica, señalando no ser evidente lo aseverado por YPFB ANDINA S.A. en sentido que la respuesta haya sido fuera de plazo, considerando el cómputo de días hábiles y en razón de distancia además, pues la entidad demandante no tomó en cuenta que el computo es de días hábiles y no los días sábados, domingos y feriados (6 de agosto), constatándose que la respuesta fue presentado dentro de los 18 días hábiles enfatizó.

Concluye reiterando los argumentos vertidos en su respuesta y solicita declarar improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por YPFB ANDINA S.A.

Autos para Sentencia

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. Por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la entidad demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la entidad demandada.

Que, de la normativa aplicable, de los antecedentes de la demanda se tiene: que al existir denuncia de vulneración de normas administrativas, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se refiere a constatar; Si es evidente la falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, que la misma seria violatoria a los derechos subjetivos de la Empresa demandante.

Que, la ANH, en el marco de del inc. g) del Parágrafo III del art. 58 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (RTHD) que establece que el Ente Regulador aprobará a los concesionarios, presupuestos ejecutados racionales y prudentes, pudiendo considerar para tal efecto las recomendaciones de las Auditorias Regulatorias externas, así como rechazar los gastos y/o montos considerados como no racionales o no prudentes, habiendo por tanto en tal virtud, por Resolución Administrativa ANH Nº 0313/2014 de 10 de febrero, resolvió “Aprobar sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2008 correspondiente a la concesión Ducto 12” de la Empresa YPFB ANDINA S.A. de acuerdo a Anexo Adjunto que forma parte integrante e indivisible de la citada resolución administrativa.

Contra dicha determinación YPFB ANDINA S.A. interpuso recurso de revocatoria que fue resuelta por Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre, cursante de fs. 106 a 110, que resolvió “Confirmar la Resolución Administrativa ANH Nº 0313/2014 de 10 de febrero, de conformidad a lo establecido en el inciso c), parágrafo II del art. 89 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, aprobado por DS Nº 27172 de 15 de septiembre de 2003, por consiguiente aprobar sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la gestión 2008, contra el que la Empresa regulada interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto por Resolución Ministerial RJ Nº 016/2015 de 21 de enero, que confirmó la RA ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre y en su mérito la Resolución Administrativa Nº 0313/2014 de 10 de febrero, emitida por la ANH.

Existiendo denuncia de la presentación extemporánea de la respuesta a la demanda, corresponde establecer si dicho extremo es evidente, contrastándose de la revisión de obrados que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) fue notificado el 23 de julio de 2015 (fs. 222), habiendo respondido el 19 de agosto del presente año, es decir, dentro del plazo fijado por la norma adjetiva, existiendo un error en el cómputo del plazo en la Empresa actora, por no haber considerado que el 6 de agosto es día inhábil (feriado), no siendo por ello evidente que la respuesta hubiera sido presentado fuera de plazo fijado por Ley.

II.1.1 Falta de motivación y fundamentación de la resolución impugnada

Con relación al cuestionamiento efectuado por YPFB Andina S.A. sobre la falta de motivación de fundamentación de la resolución impugnada, lo que vulneraría los derechos subjetivos de la Empresa regulada, corresponde expresar lo siguiente:

1 Sobre la controversia referido a: “Si la Resolución Administrativa Nº 016/2015 carece de motivación y fundamentación o no”, cuando confirma la Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre, por ende la Resolución Administrativa 0313/2014 de 10 de febrero, se debe realizar el siguiente análisis:

1.1 Es necesario referirse ineludiblemente a qué se entiende por motivación y fundamentación de una resolución judicial o administrativa, en ese sentido se tiene que la motivación o fundamentación, es justificar la decisión de un fallo o si se quiere en forma más explícita, es mostrar las razones que permiten considerar porque el juzgador establece una determinada decisión sobre el conflicto o controversia puesto a su conocimiento. Sobre la motivación de las resoluciones administrativas o judiciales, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la motivación de la resolución administrativa o judicial, está directamente relacionada con el derecho al debido proceso y que no es necesario que la motivación sea ampulosa sino que puede ser concisa y reducida, siendo lo único importante en que ésta explique y justifique las razones de la decisión final del juzgador para que pueda activarse el derecho a la impugnación, así se ha pronunciado reiteradamente las Sentencias Constitucionales y en particular la Sentencia Constitucional  0012/2006-R de 4 de enero del 2006, que señala: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional (art. 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado Vigente), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…” (La aclaración en cursiva y entre paréntesis ha sido agregada por este Tribunal).

1.2 En el caso de análisis del examen de la Resolución Ministerial Nº 016/2015 de 21 de enero, no se evidencia una falta de motivación en la confirmatoria de la Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre, emergente del recurso jerárquico interpuesto por YPFB ANDINA S.A., por el contrario dispuso en cada uno de los puntos impugnados, vale decir Costos de Operación respeto a:1) Gasto de Ingeniería, señalando que no se ponía en duda el criterio de distribución, y que la empresa regulada haya asignado en su contabilidad $us.1.000.- de forma mensual para el mantenimiento y operación del Ducto de 12”, sino lo que observó es que YPFB ANDINA S.A. no demostró el gasto, que conlleva la presentación de facturas, contratos u otra prueba que lleve al regulador a evidenciar el gasto efectivo de lo asignado, cuya carga de la prueba precisamente corresponde a la empresa demandante; 2) Sobre Cargos a Empresa Afiliada, también fue atendida en el recurso jerárquico, expresando que no se desconoce la existencia del Contrato Administrativo del Ducto 12” y las Entidades existentes suscrito por YPFB ANDINA S.A. y la Empresa REPSOL YPF S.A., cuya relación contractual no prueba la ejecución del monto reclamado por la Empresa Andina, respecto a la cuenta de empresas afiliadas, cuya omisión no se le puede atribuir al ente regulador, mucho menos pretender que aprueba un gasto que desconoce; y 3) Sobre la Depreciación, manifestó en el recurso jerárquico que si bien es cierto que la solicitud de concesión se realizó el 19 de abril de 1999, bajo el Reglamento aprobado por DS Nº 24398, que en su art. 79 consideraba un periodo de depreciación de 25 años para los ductos nuevos, no es menos evidente que la concesión fue otorgada en junio de 2002, en vigencia del Reglamento aprobado por DS Nº 26116, norma aplicable al caso concreto, que en su art. 83 claramente establece un periodo de depreciación de 35 años para ductos nuevos, aspecto que también fue atendida en la resolución impugnada, en función a la carga de la prueba en los procedimientos de aprobación de Presupuestos Ejecutados, esto es sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia, ajustando sus actuaciones a lo dispuesto por el art. 30.a) de la Ley de Procedimiento Administrativo Ley  Nº 2341, que señala los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando resuelvan recursos administrativos y cuando deban serlo - como ocurre en el caso de Autos - en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa; garantizando el estado de derecho del administrado que se constituye en un pilar fundamental de la garantía constitucional del debido proceso, obligación que debe ser cumplida por la autoridad administrativa al resolver los puntos objeto del recurso de revocatoria, y observados por instancia jerárquica, señalando claramente las razones técnico legales por las cuales la Autoridad de Recurso Jerárquico confirmó la Resolución Administrativa ANH Nº 2430/2014 de 10 de septiembre, y en su mérito la Resolución Administrativa 0313/2014 de 10 de febrero, considerando los aspectos de orden técnico y legal expuestos, advirtiéndose no ser evidente la vulneración de ningún derecho o precepto constitucional como se denunció en la demanda.

Que, del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución Ministerial R.J. Nº 016/2015 de 21 de enero, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal dispuesta para el efecto, no habiéndose encontrado infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar en todas sus partes la resolución jerárquica impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de lo establecido en los arts. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y arts. 778 y 780 del CPC, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs.174 a 184 vta., presentada por “YPFB ANDINA S.A.” y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial R.J. Nº 016/2015 de 21 de enero.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con las formalidades de rigor y disponiéndose archivo de obrados.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.