TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 14

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 13/2015-CA

Demandante                        : Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz

Demandado                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca  

   

Pronunciado en el proceso Contencioso Administrativo seguido por el Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital Santa Cruz contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT.)

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 61 a 64, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1416/2014 de 13 de octubre, la respuesta de fs. 70 a 75, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

Que, en el ejercicio de las facultades establecidas por los arts. 60 y 100 de la Ley 2492 la Administración Tributaria (AT) Santa Cruz, procedió a la Fiscalización Parcial al Contribuyente EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA CHONTA LTDA., con el objeto de comprobar el cumplimiento a las normas que rigen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con relación a los periodos enero, febrero y marzo de 2007.

I.2 Contenido de la demanda Contenciosa Administrativa

El demandante afirma que, siguiendo el procedimiento la AT solicitó documentación respaldatoria al contribuyente, quién presentó dentro de plazo otorgado para el efecto; la Administración en cumplimiento de sus atribuciones procedió a efectuar la verificación, revisión y cotejó la documentación presentada por el contribuyente; posteriormente emitió la Vista de Cargo Nº 23-0000687-12 de 10 de mayo de 2012, otorgándole el plazo de 30 días para que el sujeto pasivo presente descargo, una vez analizados los descargos la AT emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0000518-12 de 26 de junio de 2012, que determinó una deuda tributaria de Bs.658.940,26, posteriormente el contribuyente presentó Recurso de Alzada.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada  Nº ARIT-SCZ/RA 0361/2012 de 12 de octubre, la misma que determinó CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000518-12 de 26 de junio, motivo por el que el Sujeto Pasivo Interpuso el Recurso Jerárquico, que fue resuelto con la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0067/2013 de 21 de enero, que dispone CONFIRMAR, con fundamento propio, la Resolución de Alzada  ARIT-SCZ/RA 0361/2012 de 12 de octubre.

El contribuyente, interpuso Acción de Amparo contra la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0067/2013, acción que ameritó la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 104/2014, que resolvió dejar sin efecto la Resolución Nº 24/2013 dictada por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejando en consecuencia sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0067/2013, ordenando a la AGIT, emita nueva Resolución de Recurso Jerárquico.

En fecha 13 de octubre de 2014, la AGIT emite la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ-1416/2014, que resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-SCZ/RA 0361/2012 de 12 de octubre, disponiendo anular obrados, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que se realice nueva notificación con la Vista de cargo, a fin de que se permita al contribuyente asumir defensa.   

El demandante asevera que la AGIT, al anular el procedimiento de determinación, como base de su decisión manifestó: “…que la Vista de Cargo fue notificada en fecha 17 de mayo de 2012, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para presentar descargo, ante lo cual el 21 de mayo de 2012, el Sujeto Pasivo solicitó fotocopias simples de los antecedentes, y fue atendido el 6 de junio de 2012 con la notificación del proveído, que dispuso se le entreguen las copias solicitadas, siendo que el plazo para la presentación de descargos vencía el 16 de junio de 2012”.Sic.

“La Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que uno de los elementos constitutivos del derecho al debido proceso, es el derecho de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa lo que implica el permitir el acceso al conocimiento del expediente y concederle el plazo necesario para que asuma su defensa (…)”.

Al respecto la AT afirma que el criterio de la AGIT es incorrecto, debiendo tomarse en cuenta que para declarar o no la nulidad de un procedimiento, el juzgador debe tomar en cuenta si se violó o no alguno de los principios que rigen las nulidades procesales, entre ellos, el principio de especificidad o legalidad y el principio de trascendencia.

El demandante asevera que el contribuyente habría sido notificado con la Vista de Cargo Nº 23-0000687-12 de 10 de mayo, en fecha 17 de mayo de 2012, para que a partir de esa fecha, el contribuyente, en el plazo de 30 días presente los descargos que estime convenientes, plazo que fenecía en 18 de junio de 2012, asimismo el contribuyente, en 21 de mayo de 2012 solicitó fotocopias simples, solicitud que se atendió el 6 de junio de 2012, es decir 12 días antes de que se venza el plazo para la presentación de descargos, haciendo notar que no es evidente que el retraso en otorgar las fotocopias solicitadas habría perjudicado al contribuyente, porque el mismo presentó sus descargos en fecha 15 de junio de 2012, tres días antes del vencimiento del plazo otorgado; lo que demuestra que no fue perjudicado o puesto en indefensión, no se violó el derecho a la defensa, por lo que no se cumplieron los presupuestos necesarios para que se declare la nulidad del procedimiento de determinación.

I.3 Petitorio

Concluye, solicitando se declare probada la demanda, en consecuencia se revoque la Resolución Jerárquica Nº AGIT/RJ 1416/2014, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0000518-12 de 26 de junio de 2012.

I.4 Contenido de la respuesta de la AGIT

Que, la AGIT, contesta negativamente por memorial cursante de fs. 70 a 75, al tenor de los siguientes extremos:

Excepción de Cosa Juzgada

Señala que la Empresa Agroindustrial “LA CHONTA LTDA.”, interpuso la Acción de Amparo Constitucional, contra la Resolución Jerárquica Nº AGIT/RJ 0067/2013 de 21 de enero, habiendo emitido la SC Nº 0104/2014 de 10 de enero, la misma que  estableció que “…una vez que se notificó con la Vista de Cargo, el 21 de mayo de 2012, el contribuyente solicitó copias de la documentación cursante a efectos de asumir defensa, y presentar sus descargos en el plazo de 30 días, empero pese a las reiteradas solicitudes el SIN atendió el pedido recién el 6 de junio del mismo año, lo hizo después de más de 15 días , siendo que el art. 85 del Reglamento a la Ley de procedimiento Administrativo, establece que las copias deben ser entregadas en el plazo de veinticuatro horas.

Uno de los elementos constitutivos del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa. Por tanto en resguardo a éstos derechos de la empresa accionante, el SIN debió facilitarle todas las copias solicitadas, de manera inmediata, a objeto de que ésta pueda elaborar sus descargos dentro del plazo otorgado, al no haberlo hecho así, coartó su derecho fundamental de defensa, ya que le privó de contar , con el tiempo y los medios necesarios para defenderse; dicha vulneración debió ser revisado por las autoridades superiores, más aún si se denunció, correspondiendo en todo caso anular obrados”, con lo que concedió la tutela, dejando “sin efecto la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ-0067/2013; ordenando a la autoridad demandada emita una nueva resolución acorde a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional”.

Que el 13 de octubre de 2014 la AGIT emitió la Resolución Jerárquica  Nº 1416/2014, que resolvió: “ANULAR la Resolución DE Alzada ARIT-SCZ/RA 0361/2012, de 12 de octubre, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Agroindustrial “LA CHONTA LTDA., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; en consecuencia se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que se realice una nueva notificación con la Vista de Cargo, a fin que se permita al Sujeto Pasivo asumir defensa, con el objeto de evitar nulidades posteriores y  no vulnerar los derechos que le asisten consagrados en el art. 115 de la CPE y 68 numeral 6 de la Ley 2492; todo de conformidad a lo previsto en el inc. c) Parágrafo I del art. 212 del CTB”.

La AGIT, señala que en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0104/2014, ha considerado los fundamentos de la misma y dio cumplimiento a lo ordenado, por lo que, dicha Sentencia tiene calidad de Cosa Juzgada Constitucional. Consiguientemente, al amparo de lo dispuesto por el art. 342 del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpone Excepción Perentoria de Cosa Juzgada, solicitando se declare probada la excepción.

       Responde negativamente a la demanda

       La autoridad demandada, señala que la AT, pretende introducir los mismos elementos que fueron considerados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión a través de la Sentencia Constitucional citada, confundiendo la esencia del proceso contencioso administrativo, impugnando una Resolución Jerárquica que fue emitida en cumplimiento de una Sentencia Constitucional; debiendo tomarse en cuenta que la Administración fue notificada como tercero interesado dentro de la Acción de Amparo Constitucional, habiendo presentado el informe como sus alegatos, que son idénticos al de la presente demanda.

Añade que el parágrafo II del art. 115 de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el Numeral 6 del art. 68 de la Ley 2492, que dentro de los derechos del Sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones, documentación que respalde los cargos que se le formulen; los parágrafos I y II, del art. 36 de la ley 2341 aplicables supletoriamente al caso, en virtud de los arts. 74, numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables los Actos Administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; O cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, asimismo el art. 55 del Decreto Supremo (DS) Nº 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de una acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

Bajo ese contexto afirma que se notificó con la Vista de Cargo el 17 de mayo de 2012, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para presentar descargos, el 21 de mayo de 2012 el Sujeto Pasivo solicitó copias simples de los antecedentes y fue atendido en fecha 6 de junio de 2012 con la notificación del proveído, que dispone se le entreguen las copias solicitadas.

La Autoridad demandada, establece que del análisis de la Sentencia Constitucional plurinacional Nº 0104/2014, ésta estableció que uno de los elementos constitutivos del derecho al debido proceso, es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, lo que implica el permitir el acceso al conocimiento del expediente y concederle el tiempo necesario para que asuma defensa, , por lo que la AT, debió facilitarle las copias de los actuados del proceso y al no haberlo hecho coartó el derecho a la defensa del sujeto pasivo. Bajo la previsión del art. 8 de la Ley 027 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que dispone que las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y toda vez que el TCP, mediante SCP 0104/2014, estableció la vulneración al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, expresando que corresponde anular obrados hasta que se realice nueva notificación  con la Vista de Cargo y se le permita asumir defensa; correspondió a la AGIT anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0361/2012 de 12 de octubre, ANULANDO obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que se realice una nueva notificación con la Vista de Cargo, a fin que se permita a la Empresa recurrente asumir defensa; ello con el objeto de evitar nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo; argumentos que desvirtúan las alusiones del demandante. Asimismo asevera la AGIT que el demandante no demuestra que la AGIT hubiese interpretado erróneamente el Fallo Constitucional, solo realiza afirmaciones generales y no precisas, sin exponer ningún razonamiento de carácter jurídico. 

Los argumentos de la AT señala el demandado no son evidentes por lo que se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución impugnada, que deben ser considerados; concluye en que la endeble demanda contencioso administrativa incoada, carece de sustento jurídico-tributario, evidenciando que no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubiese causado con la Resolución impugnada.

I.5 Petitorio

Solicita se declare improbada la demanda y probada la Excepción de Cosa Juzgada, manteniendo firme y subsistente  la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1416/2014 de 13 de octubre de 2014.

Réplica de la AT

La AT, asevera que existe cosa juzgada constitucional, pero no administrativa ni judicial, que la AGIT confundió, entendiendo que se trataría de la misma excepción, asevera que si bien existe una SSCC que ordena a la AGIT que dicte una nueva resolución de Recurso Jerárquico, la AGIT interpreta que la Resolución que emitió (AGIT-RJ 1416/2014), no puede ser demandada a través de una demanda contenciosa administrativa, porque constituye cosa juzgada, y efectivamente existe cosa juzgada constitucional, sin embargo la misma solo limita la interposición de una nueva Acción de Amparo Constitucional contra la SC ya dictada, en el caso que nos ocupa, la SSCC104/2014 ordena a la AGIT emitir nueva Resolución de Recurso Jerárquico, por ello dicta la RJ 1416/2014, sin embargo no hay norma legal que regule que no es procedente la Demanda Contenciosa Administrativa, por otra parte señala la AT que la AGIT no tomó en cuenta el art. 340 del CPC según el cual no se dará curso a las excepciones, si la cosa juzgada no estuviere acompañada por el testimonio de la sentencia respectiva;  siendo improcedente su excepción.

I.7 Dúplica de la AGIT

La AGIT, se ratifica en la respuesta a la demanda utilizando idénticos fundamentos, aseverando que la AGIT a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ 1416 de 13 de octubre de 2014 ajustó su proceder y pronunciamiento a la normativa en actual vigencia, siendo que en la demanda, como tampoco en la réplica presentadas no se pudo enervar los fundamentos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales que sustentan la misma.

I.8 Petitorio

Ratifica su solicitud de declarar improbada la demanda contenciosa-administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica Nº AGIT-RJ 1416 de 13 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. Por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la entidad demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT.

Que, en el caso presente, se advierte que la AGIT en la Resolución Jerárquica impugnada, se limitó a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la SCP Nº 0104/2014 de 10 de enero, sin incurrir en violación alguna, mucho menos restringir los derechos que se acusan en la presente demanda, por cuanto es precisamente en dicha Sentencia que se recomienda tal nulidad, al identificar que el hecho de no haberse absuelto de manera oportuna la solicitud de fotocopias legalizadas impetrada por el sujeto pasivo, constituía restricción de su derecho a la defensa y que el restablecimiento de tal derecho únicamente podía materializarse con la nulidad de obrados.

En efecto, tiene dicho el Tribunal Constitucional en la citada Sentencia que “…el SIN debió facilitarle todas las copias solicitadas, de manera inmediata, a objeto de que ésta pueda elaborar sus descargos dentro del plazo otorgado, al no haberlo hecho así, coartó su derecho fundamental de defensa…”  y que  “…la autoridad demandada, al no haber observado dicho defecto en el proceso y anularlo en resguardo del derecho a la defensa de la empresa accionante, ha dado lugar a que se consuma la vulneración de los derechos de ésta…”.

Así entonces, la nulidad dispuesta por la AGIT, mal podría concebirse como arbitraria o restrictiva de derecho alguno.

Asimismo, se debe considerar que el hecho de que el sujeto pasivo hubiese presentado sus descargos dentro del plazo establecido, no puede tenerse como elemento que permita justificar el hecho lesivo, por cuanto el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, en casos como el presente, no sólo suponen la presentación de los descargos extrañados, sino el asumir materialmente una defensa amplia y sin restricciones, es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, permitir el acceso al expediente  y concederle el tiempo necesario para que asuma defensa, conforme también concluyó el TCP en la citada SCP al señalar que “…la parte afectada tiene el derecho a contar con un tiempo y los medios adecuados para asumir su defensa; y en el caso objeto de análisis, no se otorgaron estas garantías; habiendo coartado este derecho de la empresa afectada al impedirle acceder a los antecedentes por más de quince días; resultando el plazo que le quedaba, insuficiente para presentar todos sus descargos y asumir correctamente su defensa”.

Por último y en cuanto a la excepción perentoria de cosa juzgada, se debe tener presente que el Tribunal Constitucional Plurinacional traduce la condición de un Tribunal de cierre, en razón a que los fundamentos concebidos en tales decisiones, cierran cualquier posibilidad de que se pueda seguir discutiendo sobre el problema jurídico materia de aquella decisión, así sea en el área administrativa o jurisdiccional, pues conforme a nuestro diseño constitucional, no existe órgano alguno en el país que pueda escapar de la vinculatoriedad de las decisiones constitucionales, según el cual, no sólo las autoridades de los distintos órganos del Estado se encuentran en la obligación de cumplir tales decisiones (vinculatoriedad vertical), sino también el mismo Tribunal Constitucional (vinculatoriedad horizontal), lo que no ocurre en el caso del órgano judicial o administrativo a mérito que las decisiones de éstos, formalmente, no vinculan al Tribunal Constitucional debido a que, en razón a su naturaleza, los actos de éstos pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional Plurinacional y dejados sin efecto.

En el caso presente, el TCP ha emitido fundamento jurídico, claro y preciso sobre el problema jurídico materia de la presente controversia, señalando que el no habérsele satisfecho el petitorio al sujeto pasivo en el plazo oportuno, aún a pesar de que hubiese presentado sus descargos dentro del término que le fue concedido, vulneró su derecho a la defensa y que tal derecho sólo puede ser reestablecido mediante la nulidad de obrados, razonamiento que en el ámbito jurídico constituye COSA JUZGADA.

En razón a los fundamentos traídos por la AT en su réplica, se debe aclarar que la cosa juzgada, en casos como el presente, no necesariamente hace referencia a una resolución determinada, sino al juicio de valor expedido por el TCP sobre determinado problema jurídico, de tal modo que en términos coloquiales debe entenderse que esa cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional y no es posible someterse nuevamente a controversia por ninguna otra vía, a no ser que, excepcionalmente, se pretenda que el Tribunal Constitucional module o modifique tal entendimiento, aspecto que requiere del cumplimiento de unos requisitos de especial tratamiento, sobre los que no corresponde expedir pronunciamiento habida cuenta que éste no es el caso.

Ergo, incurre en error la AT al interpretar que la AGIT estuviese pretendiendo alegar cosa juzgada respecto a la Resolución AGIT-RJ 1416/2014, que por supuesto, su naturaleza la constituye en esencialmente revisable.  Lo que en esencia alega la AGIT es que, el tema referido a que la demora en entregar las fotocopias legalizadas al sujeto pasivo lesionó su derecho a la defensa y que tal lesión debía ser enmendado mediante la nulidad de obrados, fue resuelta por el TCP y, siendo así, ese tema adquirió calidad de cosa juzgada, lo que resulta evidente, a mérito que, conforme se tiene expuesto supra, no corresponde más discusión sobre dicho tema. 

Que, del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1416/2014 de 13 de octubre, fue emitida en cumplimiento de la SCP Nº 0104/2014 de 10 de enero, no habiéndose encontrado infracción o vulneración de derechos en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar en todas sus partes la resolución jerárquica impugnada.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de lo establecido en el art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y arts. 778 y 780 del CPC, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 61 a 64, presentada por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales y PROBADA la excepción de cosa juzgada y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1416/2014 de 13 de octubre, dictada por la AGIT.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, con las formalidades de rigor y disponiéndose archivo de obrados.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.