T RIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 13

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 101/2015-CA

Demandante                        : YPFB Andina S.A.

Demandado                        : Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


       Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Petrolera Andina S.A.-YPFB, impugnando la Resolución Ministerial (RM) de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 emitida el 21 de enero por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

VISTOS: La demanda de fs. 126 a 132 vta.; contestación de fs. 177 a 182; réplica de fs. 224 a 227 vta.; dúplica de fs. 231 a 233; decreto de fs. 234; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

Que a través del Testimonio de Poder Nº 491/2015 de fs. 1 a 13, Santiago Humberto Joaquín Moscoso Blacud y Rodrigo Murillo Sasamoto, se apersonan a este Tribunal a nombre y representación de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (YPFB Andina S.A.), demandando la revocatoria de la RM Recurso Jerárquico Nº 021/2015 emitida el 21 de enero por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, impugnada con los argumentos siguientes:

Indicaron que la Superintendencia de Hidrocarburos, actual Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante Resolución Administrativa (RA) SSDH Nº 0274/2002, otorgó en favor de la entonces denominada Empresa Petrolera Andina S.A. actual YPFB Andina S.A., una Concesión Administrativa para la operación de un ducto menor por 40 años, en fecha 13 de marzo de 2014, YPFB Andina S.A. fue notificada con la RA ANH Nº 0309/2014, que aprobó el Presupuesto Ejecutado de la gestión 2004 correspondiente a la concesión, desconociendo la RA SSDH Nº 0274/2002, afectando y lesionando los intereses y derechos subjetivos de la Empresa, razón por la cual el 26 de marzo de 2014, se presentó Recurso de Revocatoria, emitiéndose en consecuencia la RA ANH Nº 2426/2014 de 12 de septiembre, misma que resolvió confirmar la RA Nº 309, circunstancia que motivó a YPFB Andina S.A. a presentar Recurso Jerárquico, por lo que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía emitió la RM Recurso Jerárquico Nº 021/2015 de 21 de enero, confirmando las RA Nº 2426 y RA Nº 309, que ahora es objeto de impugnación.

Con estos antecedentes, expresó que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía realizó una interpretación errónea puesto que al rechazar el Recurso Jerárquico generó un estado de indefensión y vulneró el debido proceso, quebrantando los principios de congruencia y sometimiento pleno a la Ley, resumiendo al efecto los argumentos esgrimidos en el Recurso Jerárquico, aspectos que no fueron valorados, evidenciándose la falta de motivación y fundamentación sobre lo reclamado en dicho recurso, observándose que no se dio respuesta sobre los aspectos de fondo denunciados como incorrectos, vulnerando la garantía del debido proceso, establecida en el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), quebrantándose asimismo el principio de legalidad, citando al respecto las Sentencias Constitucionales Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, 0871/2010-R, 1365/2005-R, 2227/201-R y 0405/2012-R, presupuestos jurisprudenciales que fueron desconocidos a momento de la emisión de la RM Nº 021 e inclusive de la RA Nº 2426, acto administrativo que confirmó de manera errada la RA Nº 0309, desconociendo no sólo la aplicación de la norma sustantiva al no realizar una debida motivación, sino también la propia norma adjetiva procedimental, al confirmar sin pronunciarse respecto al Recurso de Revocatoria, en desconocimiento de lo establecido por el art. 89.II del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial, quebrantando asimismo el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Acusan que no fue debidamente valorada la información documental relativa a los aspectos económicos y financieros que respaldan el cálculo de la tarifa de transporte vigente, desconociendo dicho aspecto que fue la autoridad de la ANH la que los aprobó, documentación que incluye el flujo de caja o modelo tarifario de 20 años, cuya primera parte incluye un detalle denominado volúmenes y otros datos, donde se incluyen las variables y criterios que se utilizan en el flujo de caja para el cálculo de la tarifa vigente del Ducto de 12”, entre los cuales se encuentran los años de depreciación de 4%, bajo la metodología de línea recta, aspectos que no pueden ser desconocidos, toda vez que para la aprobación del Presupuesto Ejecutado de la gestión 2004 del Ducto de 12” se toma como referencia comparativa el Presupuesto Programado 2004 que forma parte del flujo de caja inicial que fue presentado por YPFB Andina S.A. para la solicitud de concesión del Ducto de 12”.

Señalaron también que no corresponde utilizar un periodo de depreciación de 35 años, conforme señaló la autoridad jerárquica refiriéndose solo a una parte del primer párrafo del art. 83 del Decreto Supremo (DS) Nº 26116, desconociendo la segunda parte que señala: “… Se considerará un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar a la Superintendencia una vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto o estación en consideración. En estos casos la tasa de depreciación anual deberá ser aprobada por la Superintendencia.”, por lo cual se propuso un periodo de depreciación de 25 años como parte de su flujo de caja presentado para obtener la concesión, aspecto analizado y revisado por la Superintendencia actual ANH conforme establece el procedimiento para otorgación de concesiones que forma parte del DS Nº 26116, señalando además que para el cálculo de la tarifa de transporte de hidrocarburos por ductos, se utiliza la tasa de depreciación regulatoria sólo para fines de obtener la base tarifaria neta y también se utiliza la tasa de depreciación tributaria a fin de calcular la base del IUE, refiriendo los arts. 44.II y 83 del DS Nº 26116, entendiéndose que para fines de seguimiento y cálculo de tarifas basadas en la estructura de flujo de caja o modelo tarifario, el concesionario debe presentar información actualizada de su presupuesto de inversiones y de operaciones para su revisión y aprobación por parte de la Superintendencia, por lo que para la aprobación del presupuesto ejecutado de la gestión 2004 del Ducto 12”, el regulador debe tomar como referencia comparativa el presupuesto programado 2004 que forma parte del flujo de caja inicial presentado por YPFB Andina S.A. para la solicitud del concesionario en la gestión 2004, mismos que se encuentran en antecedentes.

I.2 Petitorio

Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó se declare probada la demanda contenciosa administrativa, disponiendo la nulidad de la RM de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 de 21 de enero hasta el vicio más antiguo.

2.1 Respuesta del Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Que admitida la demanda mediante providencia de 27 de abril de 2015 de fs. 136, es corrida en traslado a la autoridad demandada, quien fue legamente citada conforme consta en la diligencia que cursa a fs. 155, apersonándose el Ministerio de Hidrocarburos y Energía mediante su representante legal, para responder negativamente a la acción incoada en su contra.

El memorial de respuesta cursante a fs. 177 a 182, señaló en síntesis los siguientes extremos:

Respecto a la falta de motivación y fundamentación expresó que conforme el art. 44 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por el DS Nº 26116 de 21 de marzo de 2001, establece que para su aprobación, reconocimiento o rechazo se debe valorar la racionalidad y prudencia de los gastos ejecutados, sin que exista necesidad u obligación alguna de apoyar el criterio regulatorio en norma expresa, si así ésta no existiera, en el entendido de que el único requisito que debe considerarse es si el costo reclamado se asocia a la actividad regulada en términos racionales y prudentes, ello en atención a que dicha determinación tiene como consecuencia inmediata la incidencia en la tarifa del servicio regulado, mereciendo en consecuencia un tratamiento diferenciado, donde la carga de la prueba en los procedimientos de aprobación de presupuestos ejecutados corresponde a la Empresa concesionaria, demostrando la racionalidad y prudencia de los costos e inversiones realizadas, pudiendo rechazarse los mismos, por lo que no resultaría correcta la denuncia en cuanto a una supuesta falta de motivación y la ausencia de remisión a la normativa específica para el rechazo de los gastos reclamados, evidenciándose que YPFB Andina S.A. no adjuntó documentación que respalde el gasto y menos aún exposición alguna respecto a la racionalidad y prudencia del mismo.

Señalando al respecto que la Empresa demandada únicamente plateó como agravio la falta de motivación, sin explicar que aspecto, a criterio suyo, omitió pronunciarse el Ministerio, quedando claro que el elemento de motivación que hace al acto administrativo habría sido cumplido por el Ministerio, en el marco de la normativa aplicable y siguiendo la jurisprudencia invocada por la propia Empresa demandante.

Por otro lado en cuanto a la depreciación, expresó que de la lectura de los recursos de revocatoria y jerárquico se advierte que su pretensión no se apoyó en la disposición Tercera de la RA SSHH Nº 274/2002, sin embargo la misma no cursa en el expediente administrativo y no fue presentada por YPFB Andina S.A., correspondiendo remitirnos al art. 64.b) del DS Nº 26116 que establece que la carga de la prueba corresponde a los concesionarios, resultando racional y prudente un periodo de depreciación de 25 años y una tasa del 4%.

Que en cuanto a que la Resolución del Ministerio de Hidrocarburos y Energía sólo refirió una parte del art. 83 del DS Nº 26116, desconociéndose la segunda parte que señala que se considerara un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar una vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto en consideración, periodo por el que la empresa, hubiese propuesto una depreciación de 25 años y que la entonces Superintendencia de Hidrocarburos otorgó la concesión. Al respecto señaló que la solicitud de concesión se realizó el 19 de abril de 1999 bajo el Reglamento aprobado por el DS Nº 24398, que en su art. 79 consideraba un periodo de depreciación de 25 años para ductos nuevos, empero, la concesión fue otorgada en junio de 2002, en vigencia del Reglamento aprobado por el DS Nº 26116, norma que en su art. 83 determina un periodo de depreciación de 35 años para ductos nuevos.

2.2 Petitorio

Con estos argumentos solicitó se declare improbada la demanda.

3.1 Réplica y dúplica

En la réplica y la dúplica formuladas por la demandante y la autoridad demandada, se reiteraron los argumentos anteriores. Concluido el trámite del proceso, se decretó Autos para sentencia conforme consta en la providencia de fs. 239.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso Contencioso Administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia, es de competencia de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, 227 de la Ley 1340 LPA y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2.1, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la Resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos en Sede Administrativa.

Una vez compulsados los antecedentes y las Resoluciones Administrativas base de la impugnación contenida en la demanda con las normas aplicables, se extraen los siguientes datos relevantes para resolver la controversia:

Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante RA ANH Nº 0309/2014 de 10 de febrero, aprobó sobre la base de los principios de racionalidad y prudencia el Presupuesto Ejecutado de la Gestión 2004 correspondiente a la concesión Ducto 12” de la empresa YPFB Andina S.A.

Esta Resolución fue objeto del recurso de revocatoria interpuesto por YPFB Andina S.A., que mereció la RA ANH Nº 2426/2014 de 10 de septiembre que resolvió confirmar la RA ANH Nº 0309/2014 de 10 de febrero, de conformidad a lo establecido por el art. 89.c).II del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que el ahora demandante interpuso Recurso Jerárquico que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución Ministerial Recurso Jerárquico Nº 067/2009 de 29 de septiembre de 2009, en la que el entonces Ministro de Hidrocarburos y Energía resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por YPFB Andina S.A., confirmando la RA ANH Nº 2426/2014 de 10 de septiembre y RA ANH Nº 0309/2014 de 10 de febrero, con el fundamento principal de que la Licencia de operación fue otorgada en fecha 13 de noviembre de 2003, evidenciándose además en la auditoria regulatoria que el Ducto 12” inicio sus operaciones durante la gestión 2002, encontrándose vigente el DS Nº 26116, en la que en su art. 83 establece una depreciación de 35 años para ductos nuevos y para estaciones de comprensión y bombeo; y, que si bien la normativa describe que la misma corresponde a la Tarifa de requerimiento de Ingresos, siendo que la Empresa aplico tasas de depreciación diferentes a las establecidas y sobre el mismo no se cuenta con aprobación de parte del regulador, dicha resolución de Recurso Jerárquico es ahora impugnada por Santiago Humberto Joaquín Moscoso Blacud y Rodrigo Murillo Sasamoto a nombre y representación de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (YPFB Andina S.A.), en la vía Contencioso Administrativa.

Que, en el proceso, la Empresa demandante cuestiona la validez del acto administrativo contenido en la RM de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 emitida el 21 de enero por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, porque considera que existió falta de fundamentación y motivación sobre lo reclamado en el Recurso Jerárquico, que debió considerarse la RA SSHH Nº 274/2002 como también la segunda parte del art. 83 del DS Nº 26116. Por su parte, la autoridad demandada negó dichas acusaciones y afirmó que no se estableció qué aspecto, a criterio del demandante, fue omitido por el Ministerio, que en los recursos de revocatoria y jerárquico su pretensión no se apoya en la disposición Tercera de la RA SSHH Nº 274/2002 y que la concesión fue otorgada en junio de 2002, en vigencia del Reglamento aprobado por el DS Nº 26116 que en su art. 83 determina un periodo de depreciación de 35 años para ductos nuevos.

Analizados los antecedentes, corresponde en consecuencia ingresar a resolver la problemática traída a este Tribunal con la formulación del proceso contencioso administrativo, efectuándose el análisis siguiente.

En el marco de referencia de los antecedentes descritos resulta imperioso contextualizar la problemática, estableciéndose que la Constitución Política de Estado, define los valores de sociedad en su art. 8, disponiendo que el Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta entre otros, en el valor de la justicia social, para vivir bien; consecuentemente, la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez.

Ahora bien, cabe señalar que uno de los elementos esenciales del debido proceso, es la motivación de las resoluciones, entendida ésta como un derecho fundamental de todos los justiciables y administrados constituyéndose en una de las garantías que forma parte del contenido adjetivo del ya referido “debido proceso”; siendo también un presupuesto fundamental del correcto ejercicio a la tutela judicial efectiva.

En ese contexto normativo, la certidumbre de los criterios vertidos en el ámbito constitucional resultan plenamente ajustables al proceso contencioso administrativo, cuyo fin vislumbra que las personas o entidades a quienes va dirigida la norma, conozcan el rango y los límites de protección jurídica de sus actos, por lo que en el caso de autos, conforme a las atribuciones de control de legalidad de éste Tribunal, de antecedentes y del análisis realizado, se tiene que, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación sobre lo reclamado en el Recurso Jerárquico, se advierte que dicho aspecto no es evidente; toda vez que en el memorial de recurso jerárquico se estableció como agravio que la RA ANH Nº 2426/2014 dispuso que en la determinación de la tasa de depreciación para el cálculo de las tarifas de requerimiento de ingresos, se aplicaría la metodología de depreciación sobre una base lineal, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 35 años para ductos nuevos, disposición válida para tarifas de requerimiento de ingreso y no de flujo de caja, estableciendo además el citado artículo que se considerará un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar una vida útil mayor o menor, señalando la RA SSDH Nº 274/2002, donde se aprobó la estructura de flujo de caja y no de requerimiento de ingresos y un periodo de depreciación de 25 años, aspecto que fue considerado por la autoridad jerárquica al emitir la RM de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 conforme se desprende del cuarto considerando que precisó que el Ducto 12” inicio sus operaciones durante la gestión 2002, en plena vigencia del DS Nº 26116, en el que en su art. 83 establece una depreciación de 35 años para ductos nuevos y para estaciones de comprensión y bombeo y si bien la normativa describe que la misma corresponde a la tarifa de requerimiento de ingreso, siendo que la Empresa aplicó tasas de depreciación diferentes a las establecidas y sobre el mismo no se cuenta con aprobación de parte del regulador y además que el art. 79 del Reglamento señala que al haberse incluido las inversiones en el flujo de caja en el art. 74.b), no deberá incorporarse la depreciación en dicho flujo, excepto en el cálculo de impuestos, por lo que debe considerarse el art. 83 en su totalidad, debido a que en el párrafo segundo señala que el concesionario podrá utilizar para el cálculo de tarifas y contabilidad en libros, el periodo de depreciación establecido precedentemente además del periodo de depreciación establecido para fines del pago de impuestos, observándose que se resolvieron todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, que fueron objeto del recurso jerárquico, advirtiéndose con claridad que el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que el interés del administrado ha sido debidamente sustanciado, por cuanto, al momento de la dictación de la referida resolución, se otorgó a la misma, la tutela judicial efectiva, siendo necesario en el caso que se analiza conservar el acto, en razón a que dicho actuado si se pronunció respecto al recurso jerárquico, pues lo contrario significaba simplemente, satisfacer aspectos formales, bajo una exigencia de excesiva solemnidad y un formalismo vacío, sin cumplir los requisitos señalados por la doctrina como: alegar el daño o perjuicio sufrido, mencionando expresamente las defensas de que se ha privado oponer con oportunidad, acreditando además dicho perjuicio, para finalmente individualizar el interés jurídico que se procura subsanar con la invalidez señalada; exigencias que no fueron satisfechas por la parte demandante, al margen de ello, tampoco se individualizó los aspectos que a criterio de la parte demandante habrían sido omitidos por el referido Ministerio.

Ahora bien la demanda traída a contención exige a este Tribunal verificar el periodo de depreciación para ductos nuevos, ante lo cual se hace preciso referir previamente el procedimiento de aprobación de presupuesto ejecutado que deben seguir los operadores del servicio de transporte de hidrocarburos por ducto, señalándose al efecto el art. 44 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ducto, aprobado por el DS Nº 26116 de 21 de marzo de 2001 que dispone: “Para fines del cálculo de la cuenta diferida establecida ene le artículo siguiente, el concesionario presentará información anualizada de su presupuesto de inversiones y de operaciones, para su revisión y aprobación por parte de la Superintendencia, la misma que se sujetara al siguiente procedimiento: b) Cuarenta y cinco (45) días calendario después de finalizado el año, el concesionario presentara a la Superintendencia el presupuesto ejecutado para su aprobación de acuerdo a los “Requisitos de Presentación de Presupuestos” aprobados periódicamente por la Superintendencia. Dentro del plazo de cinco (5) Días Hábiles Administrativos, la Superintendencia determinara si la información presentada por el concesionario incumple con dichos requisitos o su información es inconsistente con los datos presentados, la Superintendencia conminara su subsanación y/o complementación dentro de un término perentorio. Una vez que la documentación haya sido entregada en su integridad y de conformidad con los requerimientos de la Superintendencia, el ente regulador pondrá en conocimiento de los Cargadores el presupuesto, mediante notificación por cedula dentro de los cinco (%) días calendario siguientes. Los Cargadores tendrán el término improrrogable de treinta (30) días calendario para hacer llegar sus comentarios a la Superintendencia, Una vez recibidos los comentarios y sin más trámite, el ente regulador deberá aprobar un presupuesto razonable y prudente de manera fundada…”, normativa que faculta al ente regulador la potestad de aprobar los presupuestos que a criterio de dicho ente sean considerados racionales y prudentes.

Revisado el expediente sobre la base de lo anterior expuesto, se advierte que mediante RA SSDH Nº 274/2002 de 21 de junio se otorgó la concesión administrativa a la empresa Petrolera Andina S.A. señalándose en el punto séptimo de la parte resolutiva que: “La presente CONCESION ADMINISTRATIVA que se otorga en favor de la EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A. no tiene carácter de exclusividad y queda sometida por tanto a las provisiones y alcances contenidos en la Ley del Sistema de Regulación Sectorial Nº 1600 de 28 de octubre de 1994, en la Ley de Hidrocarburos Nº 1699 de 30 de abril de 1996, en el Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia, en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, en la normativa vigente aplicable dentro del plazo de su duración y en la presente Resolución Administrativa.” Por lo que en mérito al normativa regulatoria, se advierte conforme se estableció en la RM de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 emitida el 21 de enero por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que al haberse otorgado la Licencia de Operación el 13 de noviembre de 2003 se encontraba en plena vigencia el DS Nº 26116 que en su art. 74 párrafo segundo prevé que: “El flujo de caja deberá ser calculado tomando en cuenta los siguientes conceptos:

  1. Los ingresos brutos como resultado de las operaciones en base a las tarifas propuestas.
  2. Las inversiones que deben realizarse.
  3. Los costos de operación, mantenimiento y administración.
  4. Los costos financieros.
  5. Los impuestos y tasas aplicables.
  6. Valor residual de las instalaciones al final del flujo de caja.
  7. Volúmenes de trasporte acordados entre Concesionario y cargadores mediante contratos en firme y cartas de intención, más los pronósticos de la demanda de mercado. Estos volúmenes se tomaran en cuenta para la revisión establecida en el artículo 48 de este reglamento.”

Como también en su art. 79 párrafo segundo establece que: “Al haberse incluido las inversiones en el flujo de caja en el inciso b) del artículo 74, no deberá incorporarse la depreciación en dicho flujo, excepto en el cálculo de impuestos.”, de donde se infiere que la depreciación tiene efecto en el cálculo del impuesto que debe incluirse en el flujo de caja, señalándose además en el art. 83 de la misma norma que: “En la determinación de la tasa de depreciación para el cálculo de las Tarifas de Requerimiento de Ingresos, se aplicará la metodología de depreciación sobre una base inicial, debiendo considerarse un periodo de vida útil de 20 años para ductos y estaciones de compresión y bombeo existentes, 35 años para los ductos nuevos y para nuevas estaciones de compresión y bombeo. Se considerará un periodo de vida útil menor o mayor en los casos en los cuales el solicitante pueda demostrar a la Superintendencia una vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto o estación en consideración. En estos casos la tasa de depreciación anual deberá ser aprobada por la Superintendencia.

El concesionario podrá utilizar para el cálculo de tarifas y contabilidad en libros, el periodo de depreciación establecido precedentemente, además del periodo de depreciación establecido para fines del pago de impuestos”, concluyéndose en cuya consecuencia, que en la tarifa de flujo de caja se debe aplicar la vida útil determinada para la depreciación de los activos, por lo que al evidenciarse mediante auditoria regulatoria que el Ducto 12” empezó sus operaciones durante la gestión 2002, encontrándose en plena vigencia el DS Nº 26116 que establece que la depreciación es de 35 años para ductos nuevos, máxime si se entiende que en el proceso de aprobación de presupuestos ejecutados corresponde a la empresa concesionaria demostrar la racionalidad y prudencia de los costos e inversiones realizadas a fin de considerar un periodo de vida útil física y/o económica menor o mayor para el ducto, aspecto que fue señalado en la resolución impugnada por tanto no resulta ser evidente lo reclamado en el proceso contencioso administrativo, habiendo el Ministerio demandado considerado adecuadamente la RA SSHH Nº 274/2002 como también la segunda parte del art. 83 del DS Nº 26116.

Consecuentemente, en virtud de los fundamentos constitucionales citados, asumiendo su rol controlador de garantías constitucionales conforme lo establece el art. 115.I y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la Ley Nº 25 Ley del Órgano Judicial, siendo que desde un punto de vista procesal, la instancia de contención tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, como comprobar el proceder de las autoridades administrativas de instancia; en la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas del momento, bajo las circunstancias correspondientes y toda vez que verificada la correcta aplicación de la norma, concluye que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, al pronunciar la RM de Recurso Jerárquico Nº 021/2015 emitida el 21 de enero, que confirma la RA ANH Nº 2426/2014 de 10 de septiembre y RA ANH Nº 0309/2014 de 10 de febrero, lo hizo interpretando y aplicando correctamente las normas legales citadas. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar firmes y subsistentes las resoluciones impugnadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.1 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Santiago Humberto Joaquín Moscoso Blacud y/o Rodrigo Murillo Sasamoto en representación de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (YPFB Andina S.A.) y en su mérito, firme y subsistente la RM Recurso Jerárquico Nº 067/2009 de 29 de septiembre de 2009, pronunciada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Regístrese, notifíquese y archívese.