TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia No 12

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 126/2015-CA

Demandante                : Empresa Unilever Andina Bolivia S.A.

Demandado                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

       

       Pronunciado dentro del proceso contencioso administrativo seguido por Empresa Unilever Andina Bolivia S.A. contra Autoridad General de Impugnación Tributaria.

       VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 95 a 120 vta., interpuesta por Orietta Angulo Torrico de Pereyra, en representación de Unilever Andina Bolivia S.A. (UNILEVER), contra Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015 de 9 de febrero, decreto de admisión, la contestación a la demanda de fs. 286 a 312 vta., los memoriales de réplica y duplica, decreto de autos para sentencia y los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar, y:

       CONSIDERANDO I:

       I.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

       I.1.1. Resolución del Recurso Jerárquico

Que interpuesto el recurso jerárquico la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015 de 9 de febrero, en la cual revocó parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, “…manteniendo firme el reparo establecido en la Resolución Determinativa No. 17007532011 de 21 de diciembre de 2011, por Bs13.584.283.- por concepto del IVA, IT e IUE; por consiguiente, se modifica la Deuda Tributaria de Bs.42.831.772.- equivalentes a 24.979.310 UFV a Bs40.081.847.- equivalentes a 23.429.587 UFV, importe que será liquidado a la fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 del Código de Tributario Boliviano (CTB) debiendo considerar la Administración Tributaria los pagos a cuenta que hubiere efectuado el Sujeto Pasivo…” lesiona los legítimos intereses de UNILEVER, causándole un grave perjuicio, por lo que en su condición de empresa perjudicada, se encuentra plenamente habilitada para interponer la presente demanda Contencioso Administrativa en resguardo de sus propios intereses que ahora se ven vulnerados por la determinación de la AGIT. 

CONSIDERANDO II:

II.1. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1.1. Contenido de la demanda contenciosa administrativa

De la revisión de la menciona demanda, se extrae como agravios del mismo los siguientes:

Alega que, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nº 635/2013 de 30 de diciembre, declaró probada la demanda contencioso administrativa interpuesta por UNILEVER, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1035/2012 de 29 de octubre, obligando a la AGIT a pronunciar una nueva resolución dentro del recurso jerárquico conforme a los fundamentos de la Sentencia Nº 635/2013. Señala que, en fecha 9 de febrero de 2014, la AGIT emite la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0193/2015, resolución que fue objeto de solicitud de aclaración y complementación, mereciendo así el Auto Motivado, notificado en fecha 5 de marzo de 2015, habiéndose agotado en consecuencia todos los recursos a que hacer referencia al Código Tributario Boliviano y el art. 778 del Código Adjetivo Civil, por cuya razón y al amparo de lo previsto en los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y primer párrafo del art. 2 de la Ley No 3092, se plantea demanda contencioso administrativa contra la AGIT, por haber emitido la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0193/2015 de 9 de febrero, que causa perjuicio a UNILEVER.

Continua expresando que la Administración Tributaria notificó a favor de UNILEVER la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE0015, cuyo alcance fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) por los periodos enero a diciembre 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.

Resaltan que durante el procedimiento UNILEVER dio cumplimiento con su deber de colaboración con la Administración Tributaria a través de entrega de toda la documentación en las formas y plazos exigidas por el funcionario a cargo, quien en la fiscalización in situ tuvo acceso al usuario y clave de acceso al Sistema Contable SAP (donde se resguarda inalterable información de naturaleza contable y financiera de relevancia fiscal de la empresa) y tuvo acceso ilimitado también a todos los documentos contables, legales o administrativos que constituyen respaldo a la actividad económica llevada adelante por la Empresa.

Alega que, en fecha 13 de octubre de 2011, UNILEVER fue objeto de notificación con la Vista de Cargo Nº 399010OFE000150045/2011 (CITE: SIN/GGC/DF/ E/VC/0045/ 2011) de 7 de octubre de 2011, a través de la cual el Servicio de Impuestos Nacionales estableció una pretensión por la suma de Bs.41.662,007.-, como consecuencia de los siguientes conceptos:

Contratos Unilever Andina S.A. En relación a dicho reparo, señalan que la fundamentación de la Administración Tributaria fue la siguiente: “Dentro los importes consignados como gastos de comercialización existen dos cuentas por Royalties/service fees con las empresas Unilever NV y Conopco INC por un valor total de Bs.32.163.412,90 que no deben ser consideradas como deducibles debido a que los contratos no cumplieron la normativa vigente en la gestión 2007 para ser reconocidos como válidos en el territorio nacional.”

Agregan que la motivación de la Vista de Cargo adquiere relevancia jurídica en el caso de autos ya que en ningún momento la citada actuación administrativa dispone que el funcionario a cargo de la Fiscalización no haya tenido acceso a los contratos originales (como reformula la base legal del reparo el SIN posteriormente); al contrario, limita la causal de no deducibilidad a un elemento intrínseco que hace a una formalidad no exigida por la normativa tributaria sobre dichos documentos de respaldo.   

       a) Reconstrucción de Ventas

Costo de productos vendidos depurados. Señala que, en fecha 21 de diciembre de 2011 se emite la Resolución Determinativa Nº 170075311 a través de la cual la Administración Tributaria, en una errónea valoración de los hechos, de la prueba documental presentada por UNILEVER y a la verdad material de los hechos gravados, determina la existencia de una supuesta deuda tributaria por los conceptos señalados en la Vista de Cargo citada anteriormente.

       b) Prueba presentada durante el procedimiento de fiscalización, en relación a los Contratos UNILEVER

       Señala que durante el procedimiento de fiscalización, conforme a requerimiento verbal realizado por el fiscalizador de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba, UNILEVER entregó las versiones originales (en inglés) de los contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central Services Agreement), suscritos con la empresa UNILEVER N.V. y el Contrato de Licencia (Licence Agreement) suscrito con la empresa CONOPCO INC., para la respectiva valoración y análisis del funcionario a cargo de la fiscalización. Aspecto que, ahora de forma intencionada se pretende desconocer y a partir de este desconocimiento, afectar la realidad de los hechos, careciendo de justificación objetiva y razonable. Continua afirmando que, posteriormente, en atención a que los contratos originales en poder del fiscalizador se encontraban en inglés y que el funcionario no podía realizar el análisis del contenido de los mismos (por no conocer el idioma de referencia), la Administración Tributaria generó el Requerimiento Nº 00105666 de fecha 18 de Agosto del 2011, ante este requerimiento UNILEVER, mediante nota s/n entregó a favor del citado funcionario, fotocopias simples de versiones de los contratos traducidas al castellano, así como fotocopias de los citados contratos en inglés para su verificación (resaltando que las versiones originales en dicha oportunidad se encontraban en poder de citado funcionario). En consecuencia, señala, durante el trabajo de campo realizado por el SIN en dependencias de UNILEVER, el funcionario a cargo de la fiscalización para el análisis técnico y legal, contaba con: 1) versiones originales de los contratos en idioma inglés; 2) Fotocopias simples de los mismos documentos y; 3) Traducciones al castellano de los contratos. En calidad de prueba de los extremos vertidos anteriormente, señala, se adjuntó la Declaración Notariada de fecha 16 de julio de 2012, emitida por la Sra. Rosmery Villca Valle, Jefe de Contabilidad de UNILEVER perfeccionada ante Notario de Fe Pública de Primera Clase No. 34, a cargo de la Dra. Marina Gabriela Reyes Miranda, donde se verifican los antecedentes señalados anteriormente, misma que solicitamos se analice a los efectos de la verdad material de los hechos.

Argumenta que, durante el procedimiento de fiscalización UNILEVER, conforme al art. 76 del CTB, presentó la documentación contable que acredita fehacientemente los pagos realizados a favor de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., por concepto de regalías. Dicha documentación consiste en originales de: i) Notas fiscales o facturas (invoices) emitidas por UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. por dichas regalías; ii) Medios de pagos fehacientes, a través de transacciones bancarias entre UNILEVER y estas empresas, donde se evidencian todos y cada uno de los pagos realizados; iii) Formularios Nº 530 correspondientes a las retenciones por IUE Beneficiarios del Exterior y; iv) Comprobantes de pago por las retenciones por IUE Beneficiarios del Exterior (Formularios 3050). Expresa que el pago de las regalías citadas precedentemente, permiten a UNILEVER comercializar en el mercado interno y hacer uso de derechos de propiedad exclusiva de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., aspecto que incide directamente en la obtención de utilidades y al mantenimiento de la fuente productora de las mismas. En consecuencia el gasto por concepto de pago de regalías: i. Se encuentra totalmente vinculado a la actividad gravada. ii. Cuenta con documentos originales de respaldo de todas las transacciones realizadas conforme a las exigencias del Artículo 8º del Decreto Supremo 24051. iii. Todos los gastos cuentan con medios fehacientes bancarios de pago que demuestran su efectiva realización. iv. Los mismos son necesarios para mantener y conservar la fuente productora de ingresos.

Señala que, posteriormente y de acuerdo a la solicitud de la Administración Tributaria sobre la formalidad de la presentación de contratos legalizados por autoridad competente (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y, conforme al Artículo 98º de la Ley 2492, junto con los descargos presentados contra la Vista de Cargo No. 3990010OFE000150045/2011, UNILEVER anunció a fojas 4948 de los antecedentes administrativos (conforme al Numeral II) del Artículo 81º de la Ley 2492), la presentación como prueba de reciente obtención, de los contratos suscritos con UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., legalizados por autoridad competente. Señala que en ningún momento UNILEVER comprometió la presentación de los contratos originales como erróneamente se ha interpretado por la AGIT, ya que los mismos fueron presentados a favor del fiscalizador, lo que anunció presentar, a mayor abundamiento, fue la legalización por parte de autoridad competente de dichos contratos. o dicho de otra manera, los contratos legalizados por autoridad competente; sin embargo, aclara que dicha legalización constituye una formalidad que fue exigida por la gerencia de grandes contribuyentes que no se encuentra exigida en la normativa tributaria, ya que el art. 8 del DS Nº 24051 sólo exige que el gasto se encuentre respaldado por el documento original, transacción debe hallarse respaldada por la factura original de compra, vincularse a la actividad debiendo demostrar que la transacción fue efectivamente realizada.

c) Respecto a la documentación contable y de respaldo contable

Señala que, la documentación contable de UNILEVER, en razón a la Resolución Administrativa Nº 0068/2007 de 9 de julio, emitida por la Superintendencia de Empresas, a través de la cual se autoriza a UNILEVER a llevar libros diarios, mayores, de inventario y balances en medio magnético y, en atención al Numeral II) del art. 77 del CTB. señala que, son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenidos en ellos, se entregó a favor del fiscalizador un usuario y clave de acceso para el ingreso irrestricto a la prueba electrónica de UNILEVER, consistente y contenida en el Sistema Contable SAP. Por otra parte, UNILEVER en estricto cumplimiento a los requerimientos de información, que son parte de los antecedentes del procedimiento de fiscalización, entregó a favor del fiscalizador la totalidad de la documentación original de respaldos contables, consistentes en: Las versiones originales de los Contratos suscritos con UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., libros de compras y ventas IVA, Notas fiscales de débito y crédito fiscal IVA, extractos bancarios, planillas de sueldo, comprobantes de ingreso y egreso respaldados documentalmente, Estados Financieros, dictamen de auditoría externa, libros de contabilidad, kardex, inventarios, Declaraciones Juradas, Pólizas de Importación, Formularios de pago de IUE Beneficiarios del Exterior y otros. Señala que, constituye prueba irrefutable de la entrega de la prueba citada (incluyendo los contratos originales extrañados), la inexistencia de actas o multas por Incumplimiento a Deberes Formales (IDF), derivadas del incumplimiento a requerimientos de información de la Administración Tributaria. La inexistencia de IDFs, prueba incuestionablemente sobre cada requerimiento de información, que los mismos fueron cumplidos a cabalidad por UNILEVER, contando el fiscalizador con todos y cada uno de los elementos probatorios solicitados, conducentes a establecer la verdad material de los hechos gravados durante el trabajo de campo. Por otro lado, en la audiencia de alegatos orales, presentados durante el Recurso de Alzada, la propia Administración Tributaria admitió haber recibido por parte de UNILEVER el usuario y clave de acceso al Sistema SAP, así como la prueba documental de respaldo citada anteriormente. En consecuencia, a los efectos de la pertinencia y oportunidad de la prueba, UNILEVER ha dado total cumplimiento al art. 81 del CTB y a lo dispuesto por el art. 2 del DS Nº 27874, toda vez que ha presentado la totalidad de documentación requerida por la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización, por lo tanto, señala; el fiscalizador, debió propender a una actuación ordenada que busque permanente el equilibrio entre partes y a la comprobación y verificación adecuada, con el fin de evitar acciones discriminatorias dentro del procedimiento.

       d) Recursos interpuestos en Sede Administrativa

Alega que, mediante memorial de 16 de enero de 2012 UNILEVER interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de la ciudad de Cochabamba, primera instancia administrativa que no consideró los siguientes hechos de relevancia jurídica: i) La prueba documental de todos y cada uno de los conceptos extrañados por el SIN estuvieron en poder del funcionario a cargo de la fiscalización durante el trabajo de campo del citado procedimiento; ii) La citada prueba era suficiente, basta y amplia para establecer la verdad material de los hechos y determinar en función a esta, la inexistencia de adeudos tributarios; iii) Durante el término de prueba del Recurso de Alzada UNILEVER presentó los contratos originales devueltos por el Fiscalizador, mismos que no fueron considerados por la autoridad administrativo de primera instancia.

       e) Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria

Respecto a este punto señala que notificados con la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBA/RA 0138/2012 de 25 de mayo, UNILEVER interpuso Recurso Jerárquico. Señala que, con el fin último de que se establezca la verdad material de los hechos gravados, en calidad de prueba de reciente obtención, UNILEVER presentó 120.926 (ciento veinte mil novecientas veintiséis) fojas de documentación probatoria, debidamente foliada, empastada, organizada y autenticada por autoridad competente, conforme al detalle expuesto en el Testimonio Público Nº 08/2012, “Elaboración de Inventario de Entrega de Pruebas de la Empresa Unilever Andina Bolivia S.A. a la AGIT”, otorgado ante Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 95, a cargo del Dr. Marcelo E. Baldivia Barión, que se adjuntó al citado Recurso. A pesar de que dicha prueba, permitía establecer la verdad material de los hechos, la AGIT sopesó aspectos meramente formales (verdad formal) dentro del procedimiento administrativo, aspecto que vulneró el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y como consecuencia de ello, omitió considerar elementos esenciales de prueba que determinan la inexistencia de adeudos tributarios. Continua señalando que corresponde aclarar simplemente que la prueba presentada durante esta instancia, es exactamente la misma a la que se entregó y a la que tuvo acceso el fiscalizador durante el trabajo de campo de la fiscalización. Argumenta que la calidad de “reciente obtención” de la prueba responde a una mera formalidad procesal conducente a su introducción al expediente administrativo, ya que en el fondo, toda la prueba que fue objeto de presentación y de acceso por parte del fiscalizador, no requiere de que el contribuyente “pruebe” aspecto alguno vinculado a su pertinencia y oportunidad. A efectos de la legalización por autoridad competente, UNILEVER señaló que la legalización de los contratos no fue presentada cuando fue solicitada por la Administración Tributaria debido a que la misma se encontraba en trámite. Dicho aspecto constituye una realidad en relación a la citada legalización, sin embargo, no tiene relación con la presentación de los contratos originales que fueron remitidos al fiscalizador en sus versiones en inglés; mismos que en todo caso y a los efectos del art. 8 del DS Nº 24051, constituyen la prueba material que hace a la existencia de dichos documentos a momento de realizarse el registro contable.

En relación a los antecedentes en este Tribunal Supremo de Justicia, el demandante señala que, en fecha 18 de febrero de 2013, UNILVER interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1035/2012 de 29 de octubre. Señala que, el aspecto observado por el Tribunal Supremo de Justicia fue el hecho de que la AGIT no tomó en consideración y tampoco valoró las 120.926 fojas de prueba presentadas por UNILEVER señalándose que “…corresponde que la autoridad demanda se pronuncie de manera expresa, clara y fundamentada sobre si valorará y considerará aplicando lo dispuesto en la última parte del art. 81 del CTB y los arts. 217.a) y 219.d) de la Ley 3092, toda la prueba presentada 120.926 fojascomo de reciente obtención por la Empresa UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. y no simplemente efectuar dicho análisis respecto de los contratos suscritos con UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. y que fueron legalizados por autoridad competente, sin referirse a la documentación contable, misma que se encontraba en los registros y archivos de la Empresa objeto de fiscalización…” . Dicha omisión por parte de la AGIT vulneró garantías al debido proceso de UNILEVER aspecto que conllevó a que el Tribunal Supremo de Justicia declare PROBADA la demanda y deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1035/2012, obligando además a la AGIT a emitir una nueva resolución conforme a lo dispuesto en la Sentencia Nº 635.

       f) Resolución de Recurso Jerárquico

En relación al cumplimiento de la Sentencia Nº 635, señala que, la  AGIT en la página 43º Numeral xvii., de la Resolución de Recurso Jerárquico señala que, “a fin de emitir criterio uniforme en el análisis de la admisibilidad o no de la prueba, cabe puntualizar que se tendrá por cumplido el requisito de oportunidad cuando se acredite que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo ante esta instancia jerárquica fue de conocimiento de la Administración Tributaria en etapa administrativa, por haber sido requerida expresamente en el proceso de fiscalización, o no existiendo dicho requerimiento, la misma hubiera sido presentada en el término del descargo establecido en la Vista de Cargo, corresponderá su valoración sin exigir el cumplimiento de los señalado en el Último Párrafo, art. 81º del CTB”.  Vale decir que si un elemento de prueba fue puesto en conocimiento de la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización, el mismo no constituye prueba de reciente obtención, extinguiéndose sobre dichos elementos probatorios las formalidades exigidas en el Artículo 81º del Código Tributario Boliviano. Señala, que el Numeral xviii. Expuesto en la página 44 de la citada Resolución señala que “…si se verifica que la documentación fue requerida por la Administración Tributaria en el proceso de fiscalización y esta no fue presentada ante dicha entidad, y sólo hubiese sido presentada ante la instancia jerárquica, se entenderá que la misa es prueba de reciente obtención…”, por lo que la misma debe cumplir lo señalado en el art. 81 del CTB.

       g) De los contratos Unilever Andina S.A. y la Sentencia 635/2013

Señala que, es importante destacar que la Resolución de Recurso Jerárquico parte que un criterio pre formado en el Numeral IV.4.3, al titular el punto “De los contratos presentados como prueba de reciente obtención por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A.”. Dicho título a todos los efectos legales constituye una conclusión ex ante por parte de la AGIT, que sin entrar al análisis de la problemática cataloga la prueba como de reciente obtención, aspecto que demuestra el indubio pro fisco de la AGIT en desmedro de los derechos de UNILEVER. Señala que, de la revisión del inciso xi) del punto IV.4.3, se evidencia que la AGIT se ha limitado al análisis de los documentos presentados por UNILEVER como consecuencia del Requerimiento Nº 105666, sin entrar en la consideración de que nuestra empresa puso en conocimiento del fiscalizador los contratos original pero en sus versiones en inglés. Se evidencia que no existe prueba alguna presentada por parte de la Administración Tributaria que refute este hecho de relevancia jurídica, por lo que se demuestra que la AGIT no ha verificado objetivamente este hecho, aspecto que le imposibilita desde toda perspectiva legal presumir (sin evidencia en contrario) que UNILEVER no puso en conocimiento del SIN dichos documentos. Dejamos sentado que lo que correspondía en el caso de autos es que la AGIT aplique el art. 69 del CTB, a través del cual se instaura en todo caso, la presunción a favor del Contribuyente. El inciso xvii) del Punto IV.4.3. Concluye, sin ninguna prueba que sustente este criterio, de que UNILEVER hubiese presentado los documentos únicamente en fotocopia simple. Sobre este criterio, corresponde enfatizar que UNILEVER realizó dos acciones: Primero puso en conocimiento del fiscalizador las versiones originales de los contratos, sin embargo dichos documentos se encontraban en idioma inglés, aspecto que imposibilitaba el análisis por parte del Fiscalizador. Contra el Requerimiento Nº 105666, habida cuenta que los contratos originales se encontraban en poder del fiscalizador, UNILEVER presentó versiones en castellano y fotocopias de los documentos originales. Es importante contextualizar que el objetivo buscado por el fiscalizador en este momento, no era conocer los contratos originales (ya que este detentaba los mimos en este momento), sino conocer el texto de los mismos en el idioma castellano a efectos de entrar en el análisis de la materia imponible. Señala que en un proceso de Fiscalización, los funcionarios a cargo solicitan constantemente diferentes documentos de manera verbal y, en consecuencia, su entrega no necesariamente es verificable a través de documentos. En el caso de autos, UNILEVER dio acceso irrestricto a sus documentos contables, administrativos y legales, por lo que a cualquier efecto probatorio, dejamos sentado que se puso en conocimiento del fiscalizador la prueba extrañada. Como prueba de ello señala, se ha presentado la Declaración Jurada de la Lic. Rosmery Villca Valle, quien asevera la presentación de la versión de los contratos originales en inglés contra la solicitud verbal del fiscalizador. Por todos los elementos señalados, alegan, dejamos sentado que UNILEVER ha demostrado fehacientemente que puso en conocimiento del fiscalizador los contratos originales y en inglés (aspecto que cumple el primer requisito estipulado por la AGIT para eximir la prueba de las formalidades exigidas en el Artículo 81º de la Ley 2492) y advertimos que en ningún momento la AGIT ha verificado que la misma no haya sido presentada, por lo que es inaplicable el criterio bajo el cual se pretende catalogar a los contratos como prueba de reciente obtención. Continua indicando, resaltamos simplemente que los documentos que han sido presentados en calidad de reciente obtención durante el Recurso Jerárquico han sido las versiones legalizadas por autoridad competente de los contratos originales (en inglés) presentados ante la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, aspecto que es totalmente diferente y que no puede ser interpretado maliciosamente en contra de los intereses de UNILEVER.

Señala que, a lo largo del procedimiento de fiscalización y la instancia de impugnación en sede administrativa se han vertido distintos criterios e interpretaciones respecto a la aplicación de la legislación civil y las reglas de la pertinencia y oportunidad de la prueba, mismos que de manera sintomática, han tenido una sola finalidad: dejar de considerar la prueba elemental que hace a la determinación de la verdad material de los hechos. El argumento inicial por el cual se mantuvo el reparo, fue que los contratos originales que presentó UNILEVER no se encontraban legalizados por autoridad competente, luego, faltando a la realidad de los hechos, se señaló que, UNILEVER habría presentado únicamente fotocopias de los citados documentos durante el trabajo de campo de la fiscalización. Aspecto que reiteran, es totalmente falso. Ulteriormente se señaló que, UNILEVER se encontraba en la obligación de contar con los documentos originales al momento de registrar el gasto que pretende deducir y a exhibirlos a requerimiento de la Administración Tributaria. Sobre este punto dejan sentado que: i) Las versiones originales de los contratos estuvieron en poder de UNILEVER en el momento en el que se registró el pago de regalías y el pago del Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas Beneficiarios del Exterior (IUE BE) y; ii) Las versiones originales de los contratos fueron exhibidas, puestas en conocimiento y entregadas al funcionario a cargo del procedimiento de fiscalización contra el requerimiento verbal. Posteriormente, cuando UNILEVER presentó los contratos legalizados por autoridad competente en calidad de prueba de reciente obtención, se señaló que UNILEVER: i) Se encontraba obligada a contar no sólo con los contratos originales, sino que además, dichos documentos debían estar legalizados por autoridad competente al momento de registrar el gasto como deducible y, ii) Que UNILEVER si bien cumplió con la presentación de la prueba elemental y cumplió con el requisito formal del juramento de ley, no probó que la causal de su no presentación durante el procedimiento de fiscalización no se atribuyó a una causal propia. Argumenta, señalando, que como se puede advertir, los criterios que llevaron a las distintas autoridades a no valorar las pruebas presentadas han sido dispersos y totalmente forzados, con el único ánimo de favorecer a la Administración Tributaria, alejándose la AGIT de cumplir la finalidad del procedimiento administrativo, cual es, establecer la verdad material de los hechos. Los cambios en la fundamentación del reparo en lo que concierne a los Contratos Unilever Andina S.A. no tiene precedentes, y evidencian la ilegalidad en las pretensiones de la Administración Tributaria y la ligereza con la que la AGIT permite que entre una Vista de Cargo, una Resolución Determinativa y los argumentos del Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, se pretenda forzar la validez de un gasto  deducible a partir de criterios que no encuentran asidero legal en nuestra normativa constitucional y tributaria. 

Argumenta que, es importante establecer que UNILEVER durante la gestión 2007, periodos fiscales en los que se registraron los gastos como conceptos deducibles del IUE y, de acuerdo a la regla general estipulada en el art. 8 del DS 24051, contaba con: i. Contratos originales suscritos con las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. ii.        Notas fiscales o facturas (invoices) originales emitidas por UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. por dichas regalías. iii. Medios de pagos fehacientes, a través de transacciones bancarias entre UNILEVER y estas empresas, donde se evidencian todos y cada uno de los pagos realizados.  iv. Formularios Nº 530 correspondientes a las retenciones por IUE Beneficiarios del Exterior y; v. Comprobantes de pago por las retenciones por IUEBeneficiarios del Exterior (Formulario 3050). Dándose estricto cumplimiento a la normativa legal vigente a efectos de considerar dicho gasto como deducible del IUE.

Durante el procedimiento de fiscalización, habida cuenta que UNILEVER contaba con los contratos originales estos fueron entregados a favor del fiscalizador para su correspondiente evaluación y análisis. Posteriormente, en razón al requerimiento de información de la Administración Tributaria y en atención a que el fiscalizador detentaba los contratos originales, UNILEVER proporcionó fotocopias de los citados documentos, así como traducciones al castellano.

En instancia del término probatorio del Recurso de Alzada UNILEVER presentó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de la ciudad de Cochabamba los contratos originales suscritos con las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., habida cuenta que los mismos habían sido devueltos por el fiscalizador. Agregan que, la razón por la cual estos documentos no fueron valorados por la autoridad administrativa se debió a que UNILEVER no procedió con el juramento de presentación de pruebas de reciente obtención. Señala que sobre este punto, dejan sentado que si los contratos originales fueron presentados durante el procedimiento de fiscalización, no correspondía procesalmente, a los efectos del artículo 81º de la ley 2492, presentar los mismos en calidad de prueba de reciente obtención. Señala que, en esa oportunidad, la autoridad administrativa cometió un serio error de apreciación del procedimiento administrativo y omite considerar esta prueba. Nuevamente se advierte el ánimo de no valorar prueba esencial que hace a la determinación de la verdad material de los hechos. Finalmente, respecto los complejos trámites de legalización de los citados contratos por autoridad competente, mismos que inexcusablemente incluyen y con llevaron la ejecución de: i)        Los trámites de traducción de los contratos y sus correspondientes adendas en Holanda y en los Estados Unidos de Norte América; ii) Los trámites de protocolización ante los Consulados Bolivianos en Holanda y Estados Unidos de Norte América y; iii) Los trámites de legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Estado Plurinacional de Bolivia; mismos que por causales no atribuibles a UNILEVER finalizaron el 25 de julio de 2012, en fecha 8 de agosto de 2012 fueron presentados en calidad de prueba de reciente obtención ante la AGIT, las versiones de los contratos legalizados por autoridad competente.

Alega que, el Numeral II) del art. 115 de la CPE señala que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera el art. 180 de la Norma Fundamental reza que “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. La garantía del debido proceso legal, como bien señala el tratadista Agustín Gordillo comprende, entre otros“ (ii) el derecho de ofrecer y producir pruebas”. Bajo la misma línea doctrinal, Carlos María Falcao señala que son “requisitos del debido proceso: a) Derecho a ser oído: requisito que presupone la publicidad de procedimiento, oportunidad de expresar razones, consideración expresa de los argumentos y, paralelamente, la obligación de la administración de decidir expresamente las cuestiones o peticiones, fundando sus decisiones. b) Derecho a ofrecer y producir pruebas: aspecto que a su vez comprende el derecho a que toda la prueba razonablemente propuesta sea producida. Solo podrán rechazarse fundadamente aquellas pruebas inconducentes o manifiestamente dilatorias. Además, debe otorgarse el control sobre la producción de la prueba admitida”. En este sentido se discierne que del respeto al debido proceso “…proviene el derecho a la amplia instrucción probatoria, asegurando la utilización de todos los medios de prueba pertinentes a la controversia administrativa, siempre lícitamente producidos. Con relación al derecho de los administrados a ofrecer, producir y presentar pruebas, la Ley de Procedimiento Administrativo determina en el inciso e) del art. 16, que las personas en su relación con la Administración Pública tienen el derecho de: “formular alegaciones y presentar pruebas” (Las negrillas y subrayado son nuestros), asimismo en forma concordante señala el Numeral II) del art. 88 del DS Nº 27113 de 23 de Julio de 2003, reglamentario a la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que: “La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción. Señala que lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, tiene total relación con el principio a la amplia defensa, la libertad de la prueba, la informalidad de la misma, la necesidad del juzgador de contar con elementos de convicción entre los argumentos del recurrente y la documentación presentada en calidad de prueba, pero sobre todo, a la necesidad insoslayable en todo proceso en sede administrativa, de establecer la verdad material de los hechos. El Principio de la Verdad Material, contenido en el Inciso d) del art. 4 de Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que, la “Administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil”, ha sido recogido por la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, modificatoria al Código Tributario Boliviano, que a través de su Artículo 200º determina: “Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario..”. Señala que conforme a este principio “…la Administración no debe contentarse con lo aportado por el administrado, sino que debe actuar, aún de oficio, para obtener otras pruebas y para averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva, ya que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima sobre la verdad formal… La verdad material implica que, en el momento de la correspondiente toma de decisiones, la Administración debe remitirse a los hechos, independientemente de lo alegado o probado por el particular.” 

Señala que, al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico        Nº STGRJ/0717/2007 de 4 de diciembre de 2007, dentro del caso Wilson Rhiory Rosas Vargas contra Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ha estipulado la siguiente línea doctrinal: “iii. En este sentido, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos civiles, en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), y por otra parte las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la realidad de los hechos…” Lo que se advierte en el presente caso es que las Notas fiscales o facturas (invoices) emitidas por UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. por dichas regalías, los medios de pagos fehacientes (a través de transacciones bancarias entre UNILEVER y estas empresas, donde se evidencian todos y cada uno de los pagos realizados), los Formularios No. 530 correspondientes a las retenciones por IUE Beneficiarios del Exterior, los comprobantes de pago por las retenciones por IUE Beneficiarios del Exterior (Formularios 3050) y los Contratos suscritos entre UNILEVER y las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., mismos que fueron presentados con la formalidad exigida (legalizados por autoridad competente), constituyen los elementos probatorios de convicción para determinar la verdad material de los hechos gravados. De igual manera, señala, se evidencia que UNILEVER ha cumplido las reglas de la pertinencia y la oportunidad exigidos por el art. 81 del CTB toda vez que: Se presentó la prueba citada anteriormente (incluyendo los contratos originales) durante el procedimiento de fiscalización a favor del funcionario a cargo del procedimiento, aspecto que cumple el Numeral II) del citado artículo. Se dejó sentado en el memorial de presentación de descargos a la Vista de Cargo, que UNILEVER presentaría los contratos con la formalidad exigida  y legalizados por autoridad competente. En consecuencia, la interpretación que realiza la Autoridad General de Impugnación Tributaria que conllevó a no considerar la prueba presentada, vulnera derechos constitucionales de UNILEVER toda vez que: Deniega el derecho de aportar pruebas elementales dentro de un proceso administrativo. Deniega el derecho a la defensa en igualdad de condiciones con la Administración Tributaria. Deniega el derecho del administrado de acogerse al principio de amplitud e informalidad de la prueba en este tipo de procesos en sede administrativa. Demuestra que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a pesar de contar con elementos de prueba esenciales y contundentes para determinar la verdad material de los hechos, de manera forzada aplicó criterios de verdad formal que no son aplicables al derecho administrativo, vulnera el art.180 de la CPE por lo tanto ante una eventual discriminación intencional, el contribuyente se encuentra en un evidente estado de indefensión, por la absoluta carencia de medios para hacer valer una desviación de poder cuyas posibilidades de aportación de prueba son prácticamente inexistentes.

Respecto a los Tratados Internacionales sobre derechos fundamentales

Alega que, los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana que gozan de la más amplia forma de protección jurídica. Son derechos innatos a todos los seres humanos, y son los mismos para todas las personas sin discriminación alguna. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Concordante con los derechos fundamentales expuestos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los arts. 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, del cual Bolivia es parte señalan que:  “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. En el mismo sentido, el art. 8 de Pacto de Costa Rica de noviembre de 1969, suscrito por Bolivia, en lo concerniente a las Garantías Judiciales señala que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Lo que se evidencia en el presente caso, es la inobservancia por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a las garantías procesales propias del derecho al debido proceso, en lo concerniente a la imparcialidad en el proceso administrativo, a la igualdad de las partes ante la Ley, al derecho a la defensa, el derecho de aportar pruebas, a la amplitud e informalidad de la misma en procesos administrativos, al sometimiento pleno a la ley y sobre todo, a determinar en el procedimiento administrativo la verdad material de los hechos. Garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales respecto a derechos humanos reconocidos como parte de la legislación interna del Estado Plurinacional de Bolivia.

Argumenta que; El inciso a) del art. 5 de la Ley Nº 045 “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” de 8 de octubre de 2012, define la discriminación como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional”. Como prueba de un tratamiento desigual y por ende discriminatorio durante la sustanciación del Recurso Jerárquico, se tienen los siguientes hechos:

       h) Jurisprudencia Constitucional respecto al derecho a la igualdad de las partes

Alega que, corresponde señalar que el Numeral II) del art. 15 del Código Procesal Constitucional CPCo de 5 de julio de 2012 señala que, “las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares”. En consecuencia a lo señalado precedentemente, la Sentencia Constitucional (SC) 0491/2004-R, ha emitido la siguiente jurisprudencia de carácter vinculante: “El principio de igualdad jurídica o de igualdad de los bolivianos ante la Ley, se traduce en el derecho de las personas a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto es a no ser tratado de manera diferente con relación a aquéllos que se encuentran en la misma situación, sin que exista una justificación clara, objetiva y razonable que justifique esa desigualdad de trato, que el art. 6 de la norma fundamental del país consagra el principio de igualdad jurídica o igualdad de los bolivianos ante la Ley, que se traduce en el derecho de las personas a no sufrir discriminación Jurídica alguna, esto es, a no ser tratado de manera diferente con relación a aquéllos que se encuentran en la misma situación, sin que exista una justificación clara, objetiva y razonable que justifique esa desigualdad de trato...”

Alega que, en fecha 10 de marzo de 1992, el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de Bolivia suscriben un tratado destinado a fortalecer los lazos tradicionales de amistad entre ambos países, extender e intensificar las relaciones económicas entre los mismos, y especialmente proteger las inversiones entre ambos Estados, mismo que a la fecha se encuentra plenamente vigente, siendo los principales aspectos referentes a la protección de inversiones del citado tratado: art. 1.- Para los fines del presente Acuerdo: (a) el termino inversiones comprenderá todo tipo de bien y en particular, aunque no exclusivamente: (i) propiedad mueble o inmueble, así como cualquier otro derecho in rem con relación a todo tipo de bien; (ii) derechos derivados de acciones, obligaciones y otras clases de participaciones en compañías y empresas conjuntas; (iii) títulos de crédito, derechos a fondos de comercio y otros bienes, y cualquier actividad que tenga un valor económico; (iv) derechos en el campo de la propiedad intelectual, procesos y conocimientos técnicos…” art. 3.1. Cada parte contratante asegurará tratamiento justo y equitativo a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante y no perjudicará, por medidas irrazonables o discriminatorias, su operación, administración, mantención, uso, gozo, o disposición por esos nacionales. 2. Particularmente, cada Parte Contratante acordará a estas inversiones plena seguridad y protección que en ningún caso serán menores a las acordadas a inversiones de sus propios nacionales o a inversiones de nacionales de cualquier tercer Estado, considerando las que sean más favorables para el inversionista.” “art. 4 Con relación a impuestos, derechos, cargas y deducciones fiscales y exenciones, cada parte contratante acordará a los nacionales de la otra parte contratante que realicen cualquier actividad económica en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios nacionales o a aquellos de cualquier tercer Estado, considerando el que sea más favorable para los nacionales involucrados. Para este fin, sin embargo, no se tomará en cuenta ninguna ventaja fiscal especial acordada por esa Parte, conforme a un acuerdo para evitar la doble imposición en virtud de su participación en una unión aduanera, unión económica o institución similar o en base a la reciprocidad con un tercer Estado.” Los Tratados Bilaterales sobre Inversión denominados también Acuerdos para la Protección de Inversiones, son instrumentos jurídicos internacionales que en su origen tienen por objeto promover las inversiones extranjeras y proteger dichas inversiones. Dichos tratados están estructurados en cláusulas similares, con notoria protección y seguridad a los inversores, citando las siguientes: Cláusula del trato justo y equitativo, por la que se otorga al inversor un trato mínimo requerido por el Derecho Internacional, esto es no discriminación y de buena fe. Se otorga al inversor un trato no menos favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales, en lo referente a impuestos, derechos, cargas y deducciones fiscales y exenciones. Compensación por perdidas, implica la indemnización o compensación derivada de estados de guerra, revoluciones, insurrección, disturbios. Protección ante medidas de nacionalización, no se adoptarán medidas privando directa o indirectamente al inversionista de sus inversiones, a menos que, dichas medidas sean tomadas en función del interés público, bajo debida observación del procedimiento legal; que no sean discriminatorias, que estén acompañadas por las previsiones para el pago de justa compensación, la cual representará el valor genuino de las inversiones afectadas; pago sin demora alguna y transferible al país designado por los demandantes, en moneda libremente convertible. En el caso que nos atiende, se evidencia que ha existido un tratamiento diferenciado, atentatorio y discriminador en contra de UNILEVER, empresa transnacional de propiedad (en parte) de UNILEVER N.V. de nacionalidad Holandesa. Aspecto que en definitiva demuestra la vulneración al tratado de protección de inversiones suscrito entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Estado Plurinacional de Bolivia.

       i) Reconstrucción de Ventas-Ventas Según Calendario Leveriano

El demandante en relación a este punto señala que, en relación a la prueba presentada por UNILEVER dentro del Recurso Jerárquico, la AGIT señaló que la misma cumple los requisitos exigidos por el arts. 81 y 217 del CTB, por lo que en este caso, corresponde la valoración de la prueba en instancia jerárquica. Sin embargo en el inciso xxv. Del Punto IV.4.4.2. “Ventas Según Calendario Leveriano”, la AGIT lanza el temerario argumento de que UNILEVER, para explicar los ingresos determinados según reconstrucción de ventas, en concreto sobre las diferencias por aplicación del Calendario Leveriano “…planteó en su defensa argumentos abocados a explicar que las diferencias se originaron en la Diferencia por Tipo de Cambio…de forma diferente a la defensa planteada en el presente Recurso Jerárquico, en la que plantea una Conciliación de Ventas según Delcaraciones Juradas versus Ventas Contabilizadas según Calendario Leveriano…” aspecto imposibilitaría a la AGIT a ingresar en el análisis de fondo de la problemática, habida cuenta que se habría vulnerado el principio de congruencia.

j) Fundamento Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1035/2012

Señala que, inicialmente corresponde dejar sentado que el supuesto incumplimiento al principio de congruencia es vertido recién en la Resolución de Recurso AGITRJ 0193/2015, como una nueva alternativa para no revocar el reparo ilegalmente pretendido por la Administración Tributaria. Agregan que en su momento la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1035/2012 señaló lo siguiente: “X. …a efectos de realizar los ajustes, al periodo de febrero restó las ventas comprendidas entre el 1 y 3 de marzo, no está claro por qué aplicó similar procedimiento (restar) las ventas del 1 al 3 de febrero, ya que en todo caso tendría sumar las ventas del 1 al 3 de febrero a los restantes días de dicho mes (4 al 28) para obtener periodos similares y comparables (del 1 al 28 de febrero), vale decir equiparar las ventas según calendario leveriano con el calendario gregoriano…”

“XI. De manera similar presentó el cuadro de conciliación correspondiente al mes de abril de 2007 (fs. 119706 de la prueba de reciente obtención caja 56), en el que realizó similar procedimiento en cuanto a los días que implica el periodo abril 2007; por lo que una vez más el procedimiento realizado no es consistente con el objetivo esperado. Además, en los conceptos que aclaran las diferencias observadas, incluye conceptos tales como descuentos y devoluciones, entre otros, los cuales en la fase de descargos a la Vista de Cargo fueron expuestos por separado en el cuadro de conciliación (fs. 4982 de antecedentes administrativos, c. 11), con sus respectivos importes; UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. no explica las razones por las que ahora incluye dichos conceptos en el concepto de calendario leveriano vs calendario gregoriano.”

“XII. Asimismo, cabe señalar que los importes correspondientes a los conceptos referidos precedentemente, que ahora UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. incluye dentro de aclaración del caledario leveriano vs el calendario gregoriano, entre los que se encuentran descuentos, notas de crédito, anulación de facturas de periodos anteriores, entre otros, no coinciden; por ejemplo el concepto de anulación de facturas meses anteriores en el periodo abril 2007, según los descargos a la Vista de Cargo, asciende a la suma de Bs. 32.792.- (13%); sin embargo, similar concepto en el cuadro de conciliación presentado ante esta instancia alcanza Bs.99.304,22 cuyo 13% alcanza Bs.12.909,52.” En tal sentido resulta evidente que la falta de congruencia, coherencia y lógica se evidencia en el repentino cambio de criterio asumido por la AGIT entre una Resolución de Recurso Jerárquico, donde en ambos casos, se intenta justificar -sin fundamento o sustento técnico o legal-, un fallo a favor de la Administración Tributaria. 4.2.1.2        Pruebas presentadas Ventas según Calendario Leveriano Dejamos sentado que en relación a este concepto, UNILEVER presentó los siguientes elementos probatorios: Impresiones del Sistema Contable SAP e información complementaria que reflejan los saldos de los libros mayores de las cuentas que se consideran para la liquidación y cálculo del IVA: o Periodo Febrero 2007, Cuadro de Conciliación de Ventas s/g Declaraciones Juradas Versus Ventas Contabilizadas Según Calendario Leveriano, a fs. 119583 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención.  o        Periodo Abril 2007, Cuadro de Conciliación de Ventas s/g Declaraciones Juradas Versus Ventas Contabilizadas Según Calendario Leveriano, a fs. 119706 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención. Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Formularios 210 (IVA Exportadores), de fs. 107894 a fs. 107921 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención. Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones, Formularios 400 (IT), de fojas 107923 a fs. 107935 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención. Libros de Ventas IVA, de fs. 1 a 1160 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención. Facturas de ventas por los periodos objeto de observación, de fs. 1929 a 45472; notas de débito crédito, de fojas 105726 a fojas 107892 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención. Certificación emitida por la firma de Auditoría Independiente Pricewaterhouse Coopers S.R.L., de fecha 3 de agosto de 2012, “…Sobre la Correspondencia de la Documentación Contable Impresa del Sistema Contable SAP Versus la Información Contable Contenida en el Sistema Contable SAP por la Gestión Finalizada el 31 de Diciembre de 2007” a fojas 120713 del memorial de presentación de pruebas de reciente obtención, misma que señala: “Los mayores detallados, mayores resumen y registros contables considerados en los auxiliares (Anexo A.1, Anexo A.2, Anexo A.3 y Anexo A.4) del “Anexo A” adjunto, que surgen de registros del sistema SAP, y están comprendidos en el periodo fiscal del 1° de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007. En base a la labor realizada, certificamos que la información mencionada en el primer párrafo, surge de registros contables y otros elementos de respaldo que nos fueron suministrados por Unilever Andina Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2007, y que se mencionan en el inciso a) anterior.” Estados Financieros correspondientes a la gestión 2007, expuestos en fotocopia legalizada de fs. 4155 a fojas 4203 de Antecedentes Administrativos, donde el Dictamen de la firma de Auditoría Independiente señala que (fs. 4158 de antecedentes administrativos):“En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de Unilever Andina Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia”. Dictamen de la firma de Auditoría Independiente, que respecto a la Información Tributaria Complementaria (ITC) al 31 de diciembre 2007, manifiesta que (fs. 4172 de antecedentes administrativos): “En nuestra opinión, la información tributaria complementaria que se adjunta, compuesta por los Anexos 1º a 13 que hemos señalado con propósitos de identificación, ha sido correctamente preparada en relación con los estados financieros considerados en su conjunto, sobre los que emitimos nuestro dictamen sin salvedades…” Lo que se advierte en el presente caso es que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a pesar de contar con elementos de prueba esenciales para cumplir con la finalidad del procedimiento administrativo, esto es, establecer la verdad material de los hechos, no ingresó al fondo de la problemática aduciendo sin ningún fundamento, la vulneración a un principio del derecho procesal (congruencia). Es menester señalar que los argumentos vertidos por UNILEVER se han mantenido incólumes en cuanto al fondo del reparo, simplemente se ha acudido a una mejor exposición del argumento conducente a determinar la verdad material de los hechos. Descartamos enfáticamente que UNILEVER hubiese pretendido introducir argumentos de fondo diferentes de aquellos utilizados en el Recurso de Alzada. Reiteramos, la empresa ha utilizado exactamente los mismos argumentos, simplemente ha procedido a una re exposición de los mismos, en una manera que le permita resguardar mejor sus intereses y permita a la AGIT determinar la verdad material de los hechos. 

       k) Suma de los días 1 al 3 de febrero a las ventas del periodo febrero de 2007

Que, sobre este punto el demandante argumenta que, el cuadro de “Conciliación de Ventas s/g Declaraciones Juradas vs Ventas Contabilizadas según Calendario Leveriano” expuesto a fs. 119583 de la prueba presentada en calidad de reciente obtención, demuestra que las ventas realizadas del 1 al 3 de febrero fueron sumadas a las ventas del periodo febrero 2007. El cuadro de conciliación que se expone a continuación resume la verdad material de los hechos que se encuentra documentalmente sustentada en lo siguiente: Conforme al principio de la verdad material de los hechos, el cuadro de referencia así como la totalidad de la prueba presentada, permitía a sus Probidades establecer que UNILEVER durante los periodos febrero y abril de 2007, a efectos de los arts. 4 Inciso a), 10 y 74 y 77 de la Ley Nº 843, utilizó el calendario gregoriano para liquidación y presentación de declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). Para fines explicativos, se expone la metodología de liquidación del IVA e IT realizado durante la gestión 2007, UNILEVER durante el período 2007 llevaba su contabilidad computando un calendario cuyos períodos mensuales diferían en la cantidad de días comprendidos respecto de los 30 o 31 días que incluye un mes calendario convencional. A efectos de realizar y presentar las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, en cumplimiento con lo establecido en los art. 4º inciso a), 10º, 74º y 77º de la Ley N° 843, se consideró el período mensual completo comenzando el día 1 y finalizando los días 28, 29, 30 o 31 según correspondía a cada periodo fiscal. Dado lo anterior, al momento de realizar la liquidación mensual del IVA e IT, a las ventas que surgen de la contabilidad se le efectuaron los siguientes ajustes: se restaron los días  de las ventas contables que correspondían al mes calendario siguiente y; se sumaron los días  correspondientes a las ventas contables del período anterior que correspondían al mes que efectivamente se estaba liquidando. A fin de ejemplificar lo detallado, previamente proporcionamos un ejemplo concreto de los ajustes efectuados para el cálculo de IVA e IT durante el mes de febrero 2007, mostrando cuadro adjunto. Como se puede observar, aplicando la metodología descrita y realizando los cálculos como se expuso en el recurso jerárquico y evaluando las pruebas presentadas en calidad de reciente obtención, la Autoridad General de Impugnación Tributaria podría haber determinado que no existían diferencias entre las ventas de los periodos febrero y abril de 2007 conforme al calendario leveriano y las declaraciones juradas del IVA e IT de acuerdo al calendario gregoriano. Sin embargo, valiéndose de un artificio jurídico, al AGIT omitió valorar la prueba, aspecto que ha imposibilitado que se ingrese en el análisis del fondo del reparo y, en función a la prueba presentada, que demuestra la ausencia de diferencias entre las ventas mensuales y las declaraciones del IVA y del IT, se revoque el reparo ilegalmente pretendido por el SIN.

       l) Costos de productos vendidos depurados

En relación a este reparo el demandante señala que, se evidencia inicialmente que la AGIT no admitió ni valoró la prueba de reciente obtención presentada por UNILEVER durante la instancia jerárquica, aspecto que se evidencia en la lectura de los incisos xix), xx) y xxi) del Numeral IV.4.5.1 de la Resolución de Recurso Jerárquico.  De igual manera se evidencia en el inciso xxv) del citado Numeral que “…considerando que el contribuyente sólo presentó respaldo por Bs.5.117.042.-, esta instancia se ve impedida de verificar con documentación original la composición de los Costos Indirectos, bajo consideración de que la carga de la prueba conforme el Artículo 76 del (CTB) se encuentra en el contribuyente, quien debió presentar un detalle pormenorizado de la composición y respaldo original del importe de los Costos Indirectos…” por lo que se mantuvo el reparo a favor del Fisco.

En relación a la prueba presentada durante la etapa de presentación de pruebas del Recurso Jerárquico, UNILEVER señala que presentó 120.926 (ciento veinte mil novecientas veintiséis) fojas de documentación probatoria, debidamente foliada, empastada, organizada y autenticada por autoridad competente, misma que de haber sido valoradas correctamente en el presente concepto, hubiese conllevado a la Autoridad General de Impugnación Tributaria a determinar la verdad material de los hechos y a partir de ello, revocar el fallo, habida cuenta de la inexistencia de una deuda tributaria a favor del Fisco. En consecuencia, los elementos probatorios presentados por UNILEVER en la etapa de fiscalización, así como los documentos de prueba presentados con juramento de reciente obtención durante el Recurso Jerárquico son exactamente los mismos, no existiendo diferencias o inconsistencias, correspondiendo su admisión y valoración conforme al Inciso XVII del Numeral IV.4 expuesto en la página 43 de la Resolución de Recurso Jerárquico.

       m) Respecto al ilícito tributario

La empresa demandante respecto a la sanción por Omisión de Pago, señala que, deja sentado que técnica y jurídicamente resulta inaplicable la misma en el presente caso, debido a que no se han configurado los elementos constitutivos del tipo de la citada contravención tributaria. La contravención contenida en el art. 165 del CTB, se configura cuando por acción u omisión, el contribuyente no pague o pague en menor cuantía la deuda tributaria, o cuando no se efectúen las retenciones a las que está obligado. Dicho de otra manera, la omisión de pago se conceptualiza como la acción u omisión a través de la cual se evita el pago total o parcial de la obligación tributaria. “La conducta punible consiste en no pagar, no retener o no percibir tributo, o pagarlo, retenerlo o percibirlo en menor medida que lo debido, pero siempre que esa omisión se efectúe mediante una declaración jurada o información inexacta…La inexactitud debe originarse en una conducta culposa (p. ej., negligencia, imprudencia, impericia)…” Villegas, Hector Belasario, Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Editorial Astrea, pg. 564, 565. De lo señalado extraemos que el elemento objetivo sustancial, constitutivo de la contravención, es la existencia de una deuda tributaria  (total o parcial) que ha dejado de ser empozada a favor del Fisco por acción u omisión. Lo contrario, la inexistencia de una deuda tributaria tal como se evidencia en el presente caso, deriva en la inexistencia de la sanción tributaria por Omisión de Pago, por el simple hecho de que no se han configurado los elementos constitutivos del tipo de la citada contravención.

Concluye señalando que en virtud a todo lo expuesto, queda claro que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015 de 9 de febrero emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria violenta el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales expuestos a lo largo del presente escrito. Asimismo, se constituye en un acto administrativo que lesiona los intereses de UNILEVER y contradice preceptos legales, perjudicando el interés de la empresa. Por lo señalado precedentemente, al amparo de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2007 (modificatoria del CTB) y lo prescrito en el art. 778 y siguientes del CPC, solicito al Tribunal Supremo de Justicia que conozca la presente demanda contencioso administrativa, para que luego del respectivo análisis, sus autoridades tengan a bien declarar probada la presente demanda y se revoque parcialmente la resolución de recurso jerárquico AGIT -RJ 193/2015, de fecha 9 de febrero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, extinguiendo totalmente la deuda tributaria.

II.1.1.1. Petitorio

Concluye solicitando que  Tribunal Supremo de Justicia, declare probada la demanda contenciosa administrativa y revoque parcialmente la resolución de recurso jerárquico extinguiendo totalmente la deuda tributaria.

II.1.2. Admisibilidad

Mediante decreto de 12 de junio de 2015, cursante a fs. 154, se admitió por esta Sala de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del CPC y 22 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y se corrió traslado al demandado a efectos de su citación ordenándose se libre las provisiones citatorias y encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; también se ordenó la notificación al tercero interesado Mario Vladimir Moreira Arias, Gerente de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, encomendando su ejecución al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

II.1.3. Citación al demandado y al tercero interesado

En fecha 23 de julio de 2015, a horas 17:00, la autoridad demandada fue citada según consta la diligencia a fs. 216, posteriormente en fecha 21 de julio de 2015 a horas 16:30, se citó a Mario Vladimir Moreira Arias, Gerente GRACO Cochabamba del SIN.

II.1.4. Argumentos de la contestación a la demanda

Corrida en traslado la demanda, la AGIT mediante memorial presentado en fecha 13 de agosto de 2015, responde negativamente a la demanda contenciosa administrativa presentada por INILEVER; hace referencia y transcripción a parte de la demanda señalando que el demandante realiza una incorrecta interpretación de la Resolución Jerárquica y que ese instancia habría dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia 635/2012 y la normativa jurídico legal aplicable , señalando y puntualizando sobre la prueba de reciente obtención, que por memorial de fs. 425-435 del expediente, se señala la presentación de pruebas de reciente obtención, memorial de fecha 8 de agosto de 2012, por tanto resulta contradictorio que la propia representante de UNILEVER ahora afirme que “la AGIT sin entrar al análisis de la problemática cataloga la prueba como de reciente obtención, aspecto que demuestra el indubio pro fisco de la AGIT, en desmedro de los derechos de UNILEVER”, siendo que el acta de juramento de prueba de reciente obtención se encuentra a fs. 439 del expediente y es UNILEVER quien presenta la documentación en instancia recursiva bajo juramento de reciente obtención.

Continua señalando que esta instancia conforme a derecho y aplicando estrictamente la normativa jurídica realiza una detallada precisión de la documentación a ser analizada y compulsada, haciendo además una cronología con los hechos, de ahí que sus autoridades podrán distinguir en: Documentos requeridos o solicitados por la administración, Documentos presentados en sede administrativa y documentos presentados con juramento de reciente obtención en instancia recursiva.

Que, la AGIT continua argumentando que los documentos requeridos por la administración tributaria fueron: Declaraciones Juradas del IVA, IT, IUE, Libros de Compras y Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal IVA; Extractos bancarios; Planilla de sueldos; Planilla Tributaria; y Cotizaciones Sociales; Comprobante de los ingresos y egresos con respaldo; Estados financieros y Dictamen de Auditoría gestión 2007; plan de cuentas; libros diario y mayor; kardex; inventarios; Escritura de Constitución; Poder del representante Legal; certificado de inscripción en Fundempresa tal y como consta de fs. 3 a 6 de antecedentes administrativos cuerpo 1., asimismo mediante requerimiento N° 105667, la administración solicita el desglose y/o soporte de las compras locales e importaciones reflejadas en el costo de productos vendidos de la gestión 2007, por Bs.- 218.881.092;40; así como el detalle de actualización de valor de los rubros no monetarios en función a la variación de la UFV, cuadro que muestre las cuentas afectadas y los cálculos correspondientes, requerimiento cursante a fs. 1201-1205 de antecedentes administrativos cuerpo .3. Asimismo la administración emitió la Vista de Cargo N° SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011 de 7 de octubre de 2011, que establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta, en el importe de Bs.- 24.722.910 UFV, que incluye el tributo omitido, intereses, sanción preliminar, de la conducta, además otorga el plazo de 30 días para el pago y/o presentación de descargos, conforme consta de fs. 4103 a 4109 de antecedentes administrativos cuerpo 9; los mismo que fueron presentados el 11 de noviembre de 2011, por UNILEVER exponiendo argumentos y pruebas de descargo, clasificados en 5 anexos y anuncia la presentación de prueba de reciente obtención fs. 4942-4948.

La entidad demandada señala que se advierte de los descargos fueron evaluados por la administración tributaria, aceptando los mismos, en cuanto a la reconstrucción del crédito fiscal IVA y los gastos administrativos y los pagos a cuenta realizados por un importe de Bs. 34.800, ratificando los demás cargos que originan una deuda tributaria de Bs.- 42.638.634 (fs. 5902-5015), finalmente el 27 de diciembre de 2011, la administración tributaria, notificó mediante cédula a UNILEVER con la Resolución Determinativa N° 17-00753-11 en la que se establece una deuda tributaria de 24.979.310 UFV equivalentes a Bs. 42.831.772; importe que comprende el tributo omitido , interés y sanción por omisión de pago fs. 5933.5948 vta. de antecedentes administrativos.

Por otra parte en revisión de los fundamentos de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015, el fundamento de la resolución señala: “…en cuanto a los Contratos presentados ante esta instancia Jerárquica, por UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA., mediante memorial de 8 de agosto de 2012, los cuales se encuentran legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabe señalar que si bien en la presente instancia solicitó y procedió al juramento de reciente obtención, tal como se evidencia en el Acta de Juramento respectivo (fs. 439 del expediente); cumpliendo con el primer requisito establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); empero, no demostró que la omisión de presentación de los documentos solicitados por la Administración Tributaria en originales, no fue por causa propia, toda vez que solo expreso que los Contratos fueron legalizados, recién el 27 de julio de 2012,  más aun cuando estos Contratos "habían  sido suscritos", en gestiones anteriores a la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, motivo por el cual pudo haberlos presentado desde el requerimiento efectuado por la Administración Tributaria(Resaltado y subrayado añadido), conforme a la obligación  establecida  en el art. 70 de  la Ley  No  2492 (CTB)  y los arts. 8  y  10 del  Decreto Supremo N° 24051 (RIUE); en ese sentido, es evidente que incumplió con el requisito previsto en citado artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que exige que debe probarse que la omisión de presentación oportuna no fue por su causa”.

El argumento continua señalando, “debe observarse que el contribuyente, en cumplimiento de los citados artículos 70 de la Ley No  2492 (CTB),  8 y 10  del Decreto Supremo No 24051 (RIUE), y el Articulo 36 del Código de Comercio, que  establece el deber de todo comerciante: de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de las actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo ademes conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden, se encontraba obligado a contar con documentos originales al momento de registrar el gasto que pretende deducir, y por tanto a exhibirlos a requerimiento de la Administración Tributaria, consecuentemente, debe entenderse que la ausencia de esta documentación debió ser justificada por el contribuyente, estableciendo de forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían contar con la misma, no pudiendo justificarse en situaciones que constituyan una observación a los deberes que la norma claramente establece: de esta  forma, en aquellos casos en que la falta de la prueba se origine en un actuar negligente del contribuyente, no podrá considerarse a la misma como prueba de reciente obtención. Por otra parte, en cuanto a la cita de UNILEVER, de los artículos 115, Parágrafo II y 180 de la CPE, señalando con relación al derecho de los administrados a ofrecer, producir y presentar pruebas, y que el inciso e),  artículo  16 de la Ley No 2341  (LPA), determina que  las personas en su relación con la Administración Publica tienen el derecho de formular alegaciones y presentar pruebas, determinación concordante con  el artículo 27 del  Decreto Supremo No. 27172; corresponde señalar que en el presente caso, el Sujeto Pasivo tuvo la oportunidad de presentar todas las pruebas que hagan a su derecho, así como las requeridas por la Administración Tributaria; sin embargo, para que se efectivice la valoración de sus pruebas, estas deben cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, lo que fue incumplido por el contribuyente, quien en la pretensión de hacer valer sus derechos debió cumplir con las previsiones de la norma para la valoración de sus pruebas, por lo que su inobservancia no puede traducirse en una vulneración de los derechos al debido proceso y a la presentación de pruebas, que no fue limitada ni coartada en ninguna instancia; en consecuencia, sus argumentos carecen de sustento legal….(…)…”.

En ese contexto, concluye; “se evidencia que UNILEVER ANDINA  BOLIVIA SA., no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 81  de la Ley No 2492 (CTB), es decir que no demostró que la omisión de la presentación oportuna no  fuera por causa propia, por lo que no corresponde a esta instancia Jerárquica, valorar los contratos presentados como prueba de reciente obtención”.

Concluye efectuando un comentario sobre la referencia del SIN respecto a una supuesta pretensión de la AGIT que vulneraría el derecho del cobro de deudas de la AT, y haciendo referencia a jurisprudencia vinculada al caso, pidiendo declarar improbada la demanda manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0089/20015 de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

II.1.4.1. Petitorio

Solicita declarar improbada la demanda contencioso administrativa y mantener firme y subsistente la Resolución Jerárquica.

II.1.5. Argumentos de la réplica

Señala que efectos de evitar redundar en todos los antecedentes, hechos y argumentos que han sido expuestos en nuestra demanda contencioso administrativa y que se encuentran plasmados en la carpeta de antecedentes administrativos y en las cincuenta y seis (56) cajas que hacen a fs. 120.926 de prueba documental original que fue presentada, UNILEVER se reafirma y ratifica todos y cada uno de los elementos técnicos y jurídicos expuestos en la citada Demanda.

Argumenta que la AGIT pretende confundir la realidad de los hechos e interpretar de manera indebida la normativa legal vigente al señalar en la página tercera y siguientes del memorial de contestación a nuestra demanda, de que resulta “contradictorio” que UNILEVER haya presentado los contratos como prueba en calidad de reciente obtención, pretendiendo con este artificio, descartar la verdad material que hace a la efectiva presentación por parte de UNILEVER de la citada prueba durante el procedimiento de fiscalización. Señala, sobre el particular corresponde aclarar los siguientes elementos de relevancia jurídica: Inicialmente dejamos sentado, como se ha señalado a lo largo del Recurso de Alzada, Recurso Jerárquico y la propia Demanda Contencioso Tributaria que UNILEVER presentó en original los contratos a favor del Fiscalizador. Mismos que en su momento fueron requeridos verbalmente por el Fiscalizador y que fueron presentados en original en sus versiones en inglés. Este aspecto es de absoluta relevancia ya que demuestran que UNILEVER contaba con los contratos originales a momento de registrar el gasto como un concepto deducible del IUE a los efectos del Artículo 8º del Decreto Supremo No. 24051, reglamentario al Impuestos sobre las Utilidades a las Empresas.

Ante la exigencia de que dichos contratos fueran legalizados por autoridad competente, aspecto que no constituye un requisito tributario para la deducibilidad del gasto conforme al citado Artículo 8º del D.S. 24051, es que UNILEVER en cumplimiento a lo dispuesto por el Título V del Código Tributario Boliviano, incorporado al ordenamiento jurídico a través de la Ley No. 3092 de fecha 07 de julio de 2015, es que presentó los contratos y su correspondiente legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Cancillería), mediante prueba de reciente obtención. Es importante resaltar que en instancia de Recurso Jerárquico, más allá del hecho de que las versiones ORIGINALES de los contratos fueron presentados al funcionario durante el procedimiento de fiscalización, la única forma jurídica para incorporar piezas procesales al expediente administrativo, es a través de prueba de reciente obtención y a través del correspondiente juramento de Ley. La AGIT señala que UNILEVER debió probar el hecho de que presentó y luego fue objeto de devolución de la citada prueba. Naturalmente, la misma exigencia pesa sobre la Administración Tributaria, ya que la obligación de probar es una obligación recíproca en materia fiscal. El Servicio de Impuestos Nacionales pretende forzar la ley en cuanto a que existiría una inversión de la carga de la prueba, aspecto que es totalmente conforme a las reglas del Código Tributario. Las reglas del citado código, al regular la relación jurídico tributaria ente el Fisco y el Contribuyente se aplican en igualdad de condiciones, más allá del poder de policía que aventaja la posición de la Administración. En el fondo y a efectos del correspondiente análisis, UNILEVER presentó las versiones originales durante el procedimiento de fiscalización, aspecto que conlleva a su admisión conforme a los requisitos de la pertinencia y oportunidad. La forma de presentación durante el Recurso Jerárquico, responde la única forma admisible por la normativa adjetiva en esta instancia administrativa, esto es, bajo prueba de reciente obtención.

En tal sentido, señala que rechazan totalmente el temerario argumento de que existiese contradicción en la presentación de la prueba y en la consecuente admisibilidad de la misma señalada incorrectamente por la Administración Tributaria. 

Prueba presentada durante el proceso de verificación. Es importante contextualizar que UNILEVER lleva el registro de sus operaciones contables y fiscales a través del Sistema Contable SAP, un sistema informático que permite registrar en una base de datos de naturaleza electrónica gran parte de sus operaciones. Este es un elemento esencial en la valoración de la prueba y del consecuente trabajo llevado adelante por el funcionario responsable del procedimiento de fiscalización. Resaltamos este hecho debido a que UNILEVER proporcionó una clave de acceso irrestricto al citado sistema contable al fiscalizador, así como a la totalidad de carpetas y documentos administrativos, contables, financieros, legales y otros que sustentan sus operaciones. Este hecho es sumamente importante, ya que a través del ingreso y uso del Sistema Contable SAP y del análisis y revisión de las carpetas y documentos el citado funcionario tenía acceso a toda la información administrativa, financiera, contable,  legal y otras de UNILEVER. En tal sentido se rechaza cualquier criterio tendencioso que pretenda interpretar o desdecir el hecho de que el UNILEVER entregó a favor del Fisco, la totalidad de información que fue requerida durante la fiscalización.

Señal que, es menester también dejar sentado que el funcionario solicitó información de manera formal, mediante requerimientos y también de manera verbal. En todos los casos cuando la documentación fue solicitada de manera formal, UNILEVER entregó también de manera formal los documentos. En los casos cuando se solicitó información verbal, UNILEVER en buena fe, entregó en confianza dichos documentos. Tal el caso de las versiones originales de los contratos. Constituye prueba irrefutable de que UNILEVER presentó dichos documentos, el hecho de que no existe ninguna multa o sanción en nuestra contra por un incumplimiento al deber de colaboración con la Administración Tributaria en lo que concierne la presentación de la documentación solicitada. La única forma para el Fisco de demostrar la falacia de las que se nos acusa, es que presenten el Acta de Infracción por la no presentación de la versión original de los contratos. En razón a que los mismos fueron presentados, en la forma y condiciones que hemos señalado a lo largo del proceso, es que naturalmente no existe Acta de Infracción Alguna.

Continua señalando; ahora bien, es importante resaltar que UNILEVER ante el rechazo sistemático de sus argumentos y pruebas, se vio obligada a transformar la totalidad de la prueba electrónica del Sistema Contable SAP (misma que constituye prueba legal a efectos fiscales conforme al Código Tributario Boliviano), en prueba física a través de la impresión con presencia de un Notario de Fe Pública, con la única intención de proporcionar a la Autoridad General de Impugnación Tributaria con la prueba física que en su mayoría fue proporcionada en versión digital a favor del fiscalizador. Nuevamente, dejamos sentado que a los efectos del Inciso d) del Artículo 219º de la Ley 2492, la única forma de adjuntar prueba al expediente administrativo es a través de la presentación de pruebas de reciente obtención. Sin embargo, esto no quiere decir que la integridad de la prueba (digital y física) no haya sido presentada durante el procedimiento de fiscalización. El fondo del problema es que la AGIT se muñe de todas las artimañas y falacias para no admitir y valorar la prueba, ya que tiene certeza de que si valora la misma, evidenciaría que UNILEVER no ha incumplido sus obligaciones tributarias con el Estado. La AGIT agota todos los medios para no cumplir la finalidad del procedimiento, esto es, determinar la verdad material de los hechos. La AGIT pretende transformar un procedimiento administrativo, donde se vela por la verdad material sobre la verdad formal, en un proceso civil, aspecto que no tiene cabida en el caso de autos.

Condición para la admisión y valoración de la prueba

Señala que, la Administración Tributaria realiza una interpretación del art. 81 del CTB y concluye que todas aquellas pruebas presentadas durante el procedimiento de fiscalización cumplen los requisitos de pertinencia y oportunidad en la instancia jerárquica. Sin embargo y conforme ha sido señalado anteriormente recurre en quimeras cuando desconoce el hecho de que se han presentado durante el procedimiento de fiscalización los mismos documentos que se han presentado durante el Recurso Jerárquico. Las únicas diferencias entre una y otra prueba son las siguientes: En relación a la prueba de naturaleza contable, la prueba durante el procedimiento fue proporcionada a favor del Fisco de manera digital y física. Durante el Recurso Jerárquico fue presentada toda de manera física. Sin embargo no existe ninguna diferencia material entre una y otra prueba. En relación a los Contratos, los mismos fueron presentados en original durante el procedimiento de fiscalización a requerimiento verbal. Posteriormente fueron presentados en fotocopia. Luego en original también durante el recurso de Alzada pero no fueron valorados por la ausencia de presentación en calidad de reciente obtención.  Durante el Recurso Jerárquico se presentaron los mismos contratos originales, más las legalizaciones correspondientes por parte de Cancillería Boliviana. Nuevamente, se trata de las mismas versiones originales del contrato. De esta manera se demuestra que UNILEVER sustentó el registro del gasto y el consecuente respaldo contable exigido por el art. 8 del CTB a través de los documentos originales que evidencian la materialidad de las transacciones, misma que a  su vez, se encuentra totalmente vinculada al requisito del mantenimiento de la fuente. De la revisión del memorial de contestación a la demanda la AGIT se olvida que el principal antecedente del caso de autos es la nulidad de obrados dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se ha advertido la vulneración al justo y debido proceso en contra de UNILEVER, en cuanto al derecho de aportar pruebas y a la obligación del ente administrativo de admitir y valorar las mismas conforme a las reglas estipuladas en el Código Tributario Boliviano y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Respecto a los Contratos UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. y el registro del gasto deducible

Señala que conforme a la regla general dispuesta por el Artículo 8º del Decreto Supremo 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) UNILEVER, al momento de registrar el gasto como un concepto deducible del impuesto, contaba en sus archivos con las versiones originales de los contratos suscritos con las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC, dichas versiones originales en idioma inglés, fueron presentadas a favor del Fiscalizador conforme será expuesto posteriormente. Razón por la cual resulta insostenible la temeraria alusión de la AGIT respecto a que UNILEVER no hubiese contado con los documentos originales, conforme exige la normativa vigente, para registrar este gasto como un concepto deducible del IUE. Es importante resaltar que la Administración Tributaria durante el procedimiento de Fiscalización como consecuencia de que UNILEVER presentó las VERSIONES ORIGINALES DE LOS CONTRATOS, en una interpretación totalmente irrisoria y pro fisco de la norma, determinó que UNILEVER no solo debía contar con las versiones originales de los contratos (aspecto que confirma fehacientemente que los mismos fueron entregados en ORIGINAL), sino que los mismos, debían además estar legalizados por autoridad competente para considerar el gasto como deducible del impuesto.

Señala que, dicho criterio es totalmente contrario a la naturaleza jurídica de los requisitos formales determinados por el Artículo 8º del D.S. 24051 para considerar un gasto como deducible del IUE. La norma exige como regla general que: 1) el gasto se encuentre vinculado a la actividad gravada y en consecuencia, al mantenimiento de la fuente productora de utilidades y; 2) que el gasto se encuentre respaldado por documentos originales. En ningún momento el Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas determina ultra formalidades que deban ser cumplidas por el contribuyente, como erradamente pretendió la Administración Tributaria y que posteriormente la AGIT confirmó, señalando falsamente que UNILEVER no contaba con los documentos originales. De igual manera cabe resaltar que la Administración Tributaria en ningún momento se pronunció sobre este aspecto, observando únicamente que los contratos no se encontraban legalizados por autoridad competente, aspecto que motivó la emisión de la Resolución Determinativa.

Argumenta que conforme fue señalado a lo largo de los recursos en instancia administrativa y en la Demanda Contenciosa Administrativa, reafirmamos que durante el procedimiento de fiscalización, conforme a requerimiento verbal realizado por el fiscalizador de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba, UNILEVER entregó las versiones originales de los contratos de Licencia suscritos con las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. Posteriormente, en razón al requerimiento de la Administración Tributaria  No. 00105666 de fecha 18 de Agosto del 2011, mediante nota s/n se entregó a favor del citado funcionario, fotocopias simples de los citados contratos y traducciones al castellano. Es importante reiterar que en esta oportunidad, se entregaron fotocopias de estos documentos, debido a  que las versiones originales de los contratos se encontraban en poder del fiscalizador conforme a su requerimiento verbal.

En consecuencia, rechazan, señala,  enfáticamente la errónea interpretación de la AGIT referente a que UNILEVER no habría presentado los contratos originales a favor de la Administración Tributaria durante el procedimiento de Fiscalización.

Resaltan que UNILEVER en ningún momento señaló que presentaría los contratos originales como prueba de reciente obtención. Dichos contratos fueron presentados en original al fiscalizador y también fueron presentados como prueba dentro del Recurso de Alzada, instancia que tampoco consideró dichos documentos en la resolución. Lo que señaló UNILEVER, es que presentaría los contratos legalizados por autoridad competente conforme a las formalidades consulares en calidad de reciente obtención, aspecto que es totalmente diferente.  En tal sentido, continua señalando, se evidencia que la aseveración de la AGIT es totalmente atentatoria a la verdad material de los hechos, donde lo único que se pretende, a efectos de favorecer indebidamente a la Administración Tributaria, es tergiversar los antecedentes que hacen al fondo del caso que nos atiende.

Señala que como consecuencia de la no presentación de documentos en el procedimiento de fiscalización, constituye prueba irrefutable de la entrega de los contrato originales, la inexistencia de actas o multas por Incumplimiento a Deberes Formales (IDF), derivadas del incumplimiento a requerimientos de información de la Administración Tributaria. Si el criterio para admitir una prueba elemental es la inexistencia de una infracción por incumplimiento al deber formal correspondiente a la obligación de presentar la documentación requerida, la Autoridad de Impugnación Tributaria debió admitir y valorar los contratos presentados por UNILEVER, toda vez que en el proceso de fiscalización no existió Acta de Infracción alguna por el incumplimiento a la presentación de documentos e información al fiscalizador. UNILEVER entregó a favor del fiscalizador las VERSIONES ORIGINALES de los contratos suscritos con las Empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., aspecto que de acuerdo al Artículo 81º de la Ley 2492 cumple las reglas de la oportunidad y pertinencia de la prueba, a efectos de su correspondiente valoración conforme a la sana crítica , por parte de la Administración Tributaria.

Señala, que por los aspectos señalados la opinión de la AGIT de que UNILEVER nunca habría justificado los motivos del impedimento, es totalmente falsa. La verdad de los hechos, es que la imposibilidad de concluir estos trámites dentro de los plazos previstos por la norma, mismos que además no pueden ser administrados por UNILEVER, derivaron en que los contratos legalizados por autoridad competente sean presentados durante el periodo de prueba previsto para el Recurso Jerárquico. Lo que se advierte en el presente caso es una peligrosa discrecionalidad en los criterios que derivan en la aceptación o rechazo de la prueba, toda vez que depende única y exclusivamente del criterio de la AGIT. En el caso que nos atiende, la AGIT rechaza la prueba faltando a la verdad, ya que UNILEVER justificó plenamente la causal que impidió la presentación de los contratos legalizados por autoridad competente.

II.1.6. Argumentos de la dúplica

La AGIT presenta dúplica señalando que el sujeto pasivo, en su memorial de réplica, "Señala textualmente:" (... ) La AGIT pretende confundir la realidad de los hechos e interpretar de manera indebida la normativa legal vigente al señalar en la página tercera y siguientes del memorial de contestación a nuestra demanda,  de que resulta "contradictorio"  que UNILEVER haya presentado los contratos como prueba en calidad de reciente obtención, pretendiendo con este artificio, descartar la verdad material que hace a la efectiva presentación por parte de UNILEVER de la citada prueba durante el procedimiento de fiscalizaci6n (...  )", contrariamente a lo señalado  por la  parte demandante,  en ningún momento  esta  instancia vulneró  el  principio de la verdad material como tampoco pretende confundir  la realidad, afirmaciones que las sostenemos bajo los siguientes fundamentos: Habrá que considerarse, inicialmente que se consideran medios de prueba "los instrumentos por medio de los cuales es posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la definición de una situación jurídica concreta" (GARCIA, Elizabeth). Respecto a la prueba de reciente obtención o sobreviniente se considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de contestación o  no haber  tenido conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS, Guillermo).

Continua señalando que, por su parte  la legislación  nacional,  respecto de la Prueba, en el art. 81 del CTB, determina que serán admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las  que  habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia  de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la   Resolución Determinativa y las pruebas  que fueran ofrecidas fuera de plazo. Asimismo, indica que en los casos anteriormente  señalados, la  prueba podrá  ser  presentada con juramento de reciente obtención, siempre  y cuando el Sujeto  Pasivo  de la obligación tributarla demuestre que la omisión  no fue por causa propia. Igualmente el inciso  d),   art. 219  del  CTB,  establece  que en  el  Recurso  Jerárquico  solo  podrán  presentarse  pruebas  de  reciente   obtención   a las  que  se  refiere  el art.  81 de  la  presente  ley,   dentro  de  un plazo  máximo  de diez  días  siguientes   a la  fecha  de  notificación  con  la  Admisión   del  Recurso  por  la Autoridad   Regional   de impugnación Tributaria.

Continua señalando que, la Sentencia  Constitucional (SC) 1642/2010  de 15 de octubre, en cuanto  a la prueba  de reciente  obtención  establece: “ utilizando los criterios hermenéuticos "sistémico” y “teleológico” para la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB,  se tiene que por mandato de esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el Sujeto Pasivo cumpla con /os siguientes aspectos: a) Pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el juramento  "de  reciente obtención “, presupuestos procedimentales   que no constituyen  simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el Principio de Preclusión y Consagrar el Principio Administrativo de eficacia reconocido por el art. 4, inciso j) de la LPA,  principio  que forma parte  de las reglas de un debido proceso en sede administrativa”. Continua alegando, que en este comprendido,  con  relación a  los documentos  presentados  por  el Sujeto Pasivo ante la instancia Jerárquica,  corresponde señalar que para su valoración,  en primer término,  se deba verificar que estos cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 del CTB, tal como establece el Inc. d), art. 219  del  mismo cuerpo normativo, para lo  cual  se  debe comprobar que no se hubieran cumplido las causales de rechazo previstas en los Numerales 2) y 3) del citado art. 81, más aun en estos casos,  la  prueba puede ser presentada como de reciente obtención,  en cuyo caso el Sujeto  Pasivo debe demostrar que la omisión no fue por causa propia y  ofrecerlas con juramento  de reciente obtención. Consiguientemente, corresponde manifestar que,  por disposición  de la normativa vigente, los gastos efectuados deben necesariamente estar respaldados por documentos originales, condición sine quanum para la validez del gasto, es decir, que en razón a que la norma otorga valor al gasto en la medida que este cuente con respaldo en documentación original sin dar lugar a mayores apreciaciones, el contribuyente deberá contar con dicho requisito a efecto de hacer valer su derecho, pues de lo contrario la norma determina su ineficacia a efectos legales.

Señala, que de  la revisión  de  los antecedentes, se  colige  que  el  demandante,   presentó  los contratos  en  cuestión  en  la  instancia  administrativa, empero  los  presentó  en fotocopia  simple,  ya que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que no cursa constancia alguna de que estos contratos hayan sido presentados en original o legalizados por autoridad competente, no obstante,  una vez  notificada dicha empresa con la Vista de Cargo,  respecto a esta documentación,  anunció la presentación de la misma como prueba de reciente obtención. Ahora bien,  en cuanto a los Contratos presentados ante la instancia Jerárquica, los cuales se encuentran legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores,  cabe señalar  que si bien  en  la presente  instancia solicitó y  procedió al juramento de reciente obtención, tal como se evidencia en el  Acta  de  Juramento  respectivo, cumpliendo con el primer requisito establecido en el art. 81 del CTB, empero,  no demostró que la omisión de presentación de los documentos solicitados por la Administración Tributaria en originales, no fue por causa propia,  toda vez que solo expresó que los Contratos fueron legalizados,  recién el 27 de julio de 2012,  más aun cuando  estos Contratos  habrían sido suscritos,  en gestiones  anteriores a  la fiscalización  efectuada  por  la Administración Tributaria, motivo  por  el cual pudo haberlos presentado desde el requerimiento efectuado por la  Administración Tributaria, conforme a la obligación establecida en el inciso 8,  art. 70 del CTB y los  arts. 8 y 10 del Decreto Supremo (DS) Nº 24051, en ese sentido,  es evidente que incumplió con el requisito previsto en citado art. 81  del CTB,  que exige que debe probarse que la omisión de presentaci6n oportuna no fue por su causa. Queda claro que el sujeto pasivo,  se encontraba obligado a contar con documentos, originales al  momento de  registrar el gasto que  pretende deducir, y por tanto a exhibirlos a requerimiento de la Administración  Tributaria.  En consecuencia,  debe entenderse  que la ausencia  de  esta  documentación  debió  ser justificada  por el contribuyente,  estableciendo de forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían  contar con la misma,  no  pudiendo  justificarse  en situaciones  que constituyan una inobservancia a los deberes que la norma claramente establece,  de esta forma,  en aquellos  casos en que la  falta de la prueba se origine en un actuar negligente del contribuyente,  no podrá considerarse a la misma como prueba de reciente obtención. Lo expuesto anteriormente, señala, pone de manifiesto que la Autoridad General de Impugnación Tributaria a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica No  AGIT- RJ/0193/2015,  de 09 de febrero de 2015 ajustó su proceder y pronunciamiento a la normativa en actual vigencia,  siendo que en la demanda como tampoco en la réplica presentadas  no se han podido enervar los fundamentos jurídicos, doctrinales  y jurisprudenciales que sustentan la misma.

En relación al petitorio, el demandado, se ratifica en el memorial de su contestación a la demanda.

II.1.7. Decreto de Autos para Sentencia

Concluido el trámite del proceso, se decretó autos para sentencia conforme la providencia de 28 de septiembre de 2015.

CONSIDERANDO III:

III.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

Que al haberse utilizado el derecho de réplica y dúplica previsto en el art. 354. II del CPC, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354. III del cuerpo legal citado.

Que, una vez analizado el contenido de la demanda, la respuesta, los actos y resoluciones administrativas resolución de alzada y jerárquica y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, se procede revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:

       Conforme al num. 1 del art. 74 del CTB, los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en ese Código, de tal forma que a los procedimientos tributarios administrativos (conjunto de formalidades de orden jurídico que se establecen para poder emitir una resolución o acto administrativo tributario por parte de la autoridad administrativa tributaria), son aplicables los principios del derecho administrativo, dichos principios se encuentran en la Ley del Procedimiento Administrativo, que entre otros principios prevé en su art. 4 los principios de verdad material y de jerarquía normativa. El primero entendido como la obligación de la administración de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal y el segundo entendido como que la actividad y actuación administrativa y en particular las facultades reglamentarias atribuidas por Ley, observaran la jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes. De tal modo que al caso de autos, en ejecución del principio de jerarquía normativa, se debía y debe aplicar los arts. 115 .I .II; 116 .I; 117 .I; 119 .I.II y 120 .I de la CPE, en cuanto que el derecho al debido procedimiento administrativo, el derecho inviolable a la defensa, a ser oído y juzgado previamente en un debido proceso y a gozar de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que la ley asiste, todo ello en el marco del art. 178 de la CPE que estatuye la potestad de impartir justicia sustentada en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Que, la aplicación de la normativa constitucional descrita se patentiza con mayor énfasis, en situaciones como en el caso de análisis, si se aplica al sujeto pasivo sanciones punitivas por supuesta contravención de omisión de pago, en ese sentido la SC 625/2015 de 15 de junio, expresó: “…el derecho al debido proceso, conforme a lo anotado supra, no sólo es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarca a su similares; al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, expresó: “El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. Sobre el debido proceso administrativo la Corte se ha manifestado en reiteradas oportunidades y ha precisado que su cobertura se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos…”, a mayor abundamiento, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, este derecho es también aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión; razonamiento coincidente con el expresado por la jurisprudencia constitucional referida.

Que, en ese marco y al tenor de la demanda interpuesta por la empresa UNILEVER, señala que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015 de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, manteniendo firme el reparo establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-007532011 de 21 de diciembre, por concepto del IVA, IT e IUE; modificando en parte la deuda tributaria lesiona los legítimos intereses de UNILEVER, causándole un grave perjuicio a sus derechos vulnerados por la determinación de la AGIT, toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Sentencia Nº 635/2013 de 30 de diciembre, declaró probada la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por UNILEVER, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1035/2012 de 29 de octubre de 2012, obligando a la AGIT a pronunciar una nueva resolución dentro del recurso jerárquico conforme a los fundamentos de la Sentencia Nº 635/2013, sin embargo en fecha 9 de febrero de 2014 la AGIT emite Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0193/2015, resolución que fue objeto de solicitud de aclaración y complementación, habiendo merecido Auto Motivado, notificado en fecha 5 de marzo de 2015.

Que, a efecto de verificar lo señalado, es preciso advertir que dentro del procedimiento de determinación la Administración Tributaria notificó a la empresa UNILEVER con la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE0015, cuyo alcance fue la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) por los periodos enero a diciembre 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. Que, en fecha 13 de octubre de 2011, UNILEVER es notificada con la Vista de Cargo No. 399-010OFE00015-0045/2011 (CITE: SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011) de 7 de octubre de 2011, acto administrativo mediante el cual, el Servicio de Impuestos Nacionales, estableció reparos por los siguientes conceptos: a) Deducibilidad de gastos por pagos emergentes de Contratos Unilever Andina S.A., por Royalties/Service Feeds y; b) Reconstrucción de Ventas. Materia de controversia, traídos a este Tribunal.

III.1.1. Contratos Unilever Andina S.A.

Que, en relación al reparo emergente sobre el Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) por los periodos enero a diciembre 2007 en relación a la deducibilidad de los gastos emergentes por el pago de los importes consignados como gastos de comercialización por Royaslties/service fees, cuyos contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central Services Agreement), suscritos con la empresa UNILEVER N.V. y el Contrato de Licencia (Licence Agreement) suscrito con la empresa CONOPCO INC., no fueron considerados para la deducibilidad de los gastos por la Administración Tributaria debido a que según la Administración Tributaria no cumplieron la normativa vigente en la gestión 2007 por no ser reconocidos como válidos en el territorio nacional.

Que, la Administración Tributaria estableció reparos del IUE por no deducibilidad de gastos; bajo ese fundamento, advierte el sujeto pasivo que, durante el procedimiento de fiscalización presentó documentación contable que acreditaba los pagos realizados a favor de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. por concepto de regalías, como ser originales de facturas (invoices) emitidas por UNILEVER N.V. y CONOPCO INC. por concepto de regalías; transacciones bancarias entre UNILEVER y estas empresas, que se constituirían en medios de pagos acorde a normativa, evidenciándose los pagos realizados; formularios Nº 530 correspondientes a las retenciones por IUE, Beneficiarios del Exterior y comprobantes de pago por las retenciones por IUEBeneficiarios del Exterior (Formularios 3050). Asimismo advierte que no debe perderse de vista que el pago de las regalías a las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., permiten a UNILEVER comercializar en el mercado interno y hacer uso de derechos de propiedad de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., aspecto que incide directamente en la obtención de utilidades y al mantenimiento de la fuente productora de las mismas, lo cual mostraría que el gasto por concepto de pago de regalías, se encuentra vinculado a la actividad gravada de UNILEVER, contando con documentación original de respaldo de todas las transacciones realizadas conforme a las exigencias del Decreto Supremo 24051, afirmación que no ha merecido observación alguna por parte del SIN como tampoco por parte de la ARIT Cochabamba como tampoco por parte de la AGIT en recurso jerárquico, referente a las condiciones de validez de la deducibilidad de estos gastos, excepto en lo referente en la observación del SIN (exigida en Vista de Cargo y en  Resolución Determinativa), que los contratos no cumplieron con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano y  que en fase de Resolución Determinativa se añadió el fundamento de que no cumplieron con el art. 80 del DS Nº 22243.

Que, en ese contexto se advierte que la única observación del SIN para no aceptar la validez de la deducibilidad de estos gastos se reduce a la observación de que los contratos no habrían cumplido con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano, sin mencionar cual sería la normativa vigente a la fecha, que no habría sido cumplida por el contribuyente para respaldar el gasto; señalando el cuadro de reparos de la RD el DS Nº 24051 y el art 80 del DS Nº 22243, sin especificar que articulado del DS Nº 24051 exige la presentación de contratos en la forma que es exigida por la Administración Tributaria, (mostrándose recién en respuesta a recurso de alzada que lo que requería la administración eran contratos originales) ante lo cual se debe advertir que en la fase de fiscalización el fiscalizador encargado generó el Requerimiento Nº 00105666 de 18 de Agosto del 2011, cursante a fs. 49, mediante el cual requiere a UNILEVER la presentación de los referidos contratos “vigentes en la gestión 2007, que cumplan con todos los requisitos exigidos por ley para surtir efecto jurídico en Bolivia”, (el resaltado y subrayado es añadido), ante la indeterminación de este requerimiento y cumpliendo la exigencia, se evidencia de actuados administrativos que UNILEVER, entregó a favor del citado funcionario, fotocopias y traducción de los contratos originales incluyendo addemdum de Royalties y Service/Feed, traducidos al castellano, posterior a estos actos no se evidencia en actuados administrativos observación alguna de la Administración Tributaria por supuesta no presentación de contratos originales ni mucho menos labrado de acta infraccional alguna por incumplimiento a Deberes Formales por supuesta no presentación de los contratos originales referidos, todo ello conforme al actuar infraccional sancionatorio repetido de la Administración Tributaria, exigido por la norma en casos de incumplimiento por parte de los contribuyentes a la presentación de documentación exigida por los requerimientos de la administración, pero este razonamiento adquiere aún más convicción si nos remitimos al contenido del art 8 del Reglamento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas que señala “Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales” [sic], requerimiento de la normativa que exige que en el desarrollo de las actividades de control verificación, fiscalización previsto en el art. 100 del CTB, el fiscalizador estaba en la inevitable e ineludible obligación de exigir al sujeto pasivo los contratos originales que respaldaban los gastos toda vez que al ser inexcusable la revisión de documentos originales y siendo estos determinantes para la procedencia o no procedencia de la deducibilidad resulta poco probable que no los hubiese requerido, falta de exigencia de esa documentación que se traduciría en un incumplimiento de la exigencia de control, verificación, investigación de los hechos datos elementos y valoraciones que la norma le exigía al fiscalizador; es así que resulta una contradicción y contrasentido que el fiscalizador en vez de solicitar contratos originales, hubiese solicitado a través de su Requerimiento No. 00105666 de fecha 18 de Agosto del 2011 dirigida a UNILEVER, solicitando la presentación de los referidos contratos “vigentes en la gestión 2007 que cumplan con todos los requisitos exigidos por ley para surtir efecto jurídico en Bolivia”, sin determinar con precisión ni especificar a qué requisitos se refería y cual la normativa tributaria que exigía la presentación de los contratos de esa forma indeterminada, cuando la exigencia de la noma era otra; es decir, la presentación de contratos originales; a no ser que, (conforme lo refiere y lo repite en el proceso el contribuyente en su demanda, y fase recursiva administrativa), estos documentos originales ya habrían sido presentados por UNILEVER al fiscalizador con anterioridad ante el requerimiento verbal del fiscalizador, ante lo cual si adquiere sentido esa exigencia indeterminada e inconducente del fiscalizador trasuntada en su Requerimiento No. 00105666.

Que, asimismo y en fase de determinación de la obligación tributaria y en el marco de los arts. 92 al 96 y 98 y 99 todos del CTB Ley N° 2492, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo Nº 399010OFE000150045/2011 de 7 de octubre de 2011, de lectura y revisión de este acto administrativo no se advierte en parte alguna de la citada vista de cargo, que la Administración Tributaria observe ni en forma expresa ni en forma tácita que el funcionario a cargo de la fiscalización no haya tenido acceso a los contratos originales, como tampoco se advierte en parte alguna, del fundamento de dicho actuado, observación alguna que señale que el sujeto pasivo no hubiese presentado los contratos originales de respaldo (como posteriormente reformula contradictoriamente el SIN en respuesta a recurso de alzada); más al contrario, limita la causal de no deducibilidad de los pagos a un elemento extrínseco y al margen de la norma legal no previsto expresamente en la normativa especial tributaria, señalando en forma lacónica y ambigua que los gastos no deben ser considerados como deducibles, debido a que los contratos no cumplieron con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano, señalando en el cuadro de base legal el Decreto Supremo N°24051, sin especificar que articulado de esa norma sería la que exige al contribuyente la presentación de contratos originales.

Que, en fecha 13 de octubre de 2011, el sujeto pasivo es notificado con la Vista de Cargo N° 399010OFE000150045/2011 de 7 de octubre de 2011, ante cuya notificación el contribuyente, accionando su derecho a legítima defensa que le otorga la ley, formula descargos mediante memorial presentado en fecha 11 de noviembre de 2011, fs. 4942 a 4947; en cuyo punto d) de su memorial de descargo observa en la parte pertinente al reparo por no deducibilidad de gasto IUE, oponiéndose a la observación del SIN, de que los contratos no cumplieron la normativa vigente en la gestión 2007 para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano advirtiendo UNILEVER que los papeles proporcionados por el SIN no detallan cual es el fundamento normativo que motivó la observación, y la inexistencia fundamento legal valido.

Que, mediante cédula de notificación de fecha 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notifica a UNILEVER con la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 de fecha 21 de diciembre de 2011, la cual en la parte referida a la no deducibilidad del gasto por pagos de regalías, señala que los gastos no deben ser considerados como deducibles, debido a que los contratos no cumplieron con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano, pero además la resolución añade un fundamento que hasta ese momento no había sido parte del debate; señalando que en fecha 18/10/2011, la señora. Inés Palomeque Liendo, Viceministra de Gestión Institucional y Consular a.i del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota N° VGIC-DGCIL-022512/2011 fechada el 5/10/2011 responde a la nota del SIN N° CITE: SIN/GGC /DF/ NOT /0470 /2011 con el siguiente tenor:

“N° 1 De acuerdo al Art. 80 del D.S. 22243 de fecha 11 de julio de 1989, para que un documento surta efecto en el territorio Boliviano deberá contar con la firma de legalización del Ministerio de Relaciones exteriores del país de origen, posteriormente con la legalización del Consulado de Bolivia en el país proveniente y finalmente el documento tendrá validez en nuestro país con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

N° 3 Téngase al punto N° 1, cabe señalar que el decreto Supremo N° 07458 en su art. 29 b) señala la legalización, en la forma acordada en el presente Decreto Supremo, no acredita ni la veracidad de los hechos referidos por el documento respectivo ni la competencia del funcionario firmante para expedir certificaciones o documentos de una u otra índole.”   

-En función al numeral 1 de la nota N° VGIC-DGCIL-022512/2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores, (señala el SIN) mantenemos las observaciones planteadas en la Vista de Cargo N° 399010OFE00015 0045/2011 con relación a gastos de comercialización por Bs. 32.163.413.”[sic], (el resaltado y subrayado es añadido), consolidando de esta forma la aplicación de una normativa inserta a último momento en la RD, como lo es el art. 80 del D.S. 22243; es decir el momento del cierre de la atapa administrativa de determinación de la deuda tributaria; modificación de último momento de la Administración Tributaria contra la cual UNILEVER se ve impedido de accionar derecho a defensa alguno, vulnerándose de esa manera el debido procedimiento y el inviolable derecho a defensa del sujeto pasivo previsto en los arts. 115 .II y 117 .I y 119 .II de la CPE, toda vez que posterior al cierre del periodo de prueba previsto en el art. 98 del CTB, se añade otro elemento que no fue parte de defensa del sujeto pasivo, por el cual los gastos de Royalties y Service Fess, no pueden ser considerados válidos. 

Que, de la revisión de los actuados administrativos descritos puede evidenciarse en principio lo siguiente: la Vista de Cargo N° 399010OFE00015 0045/2011, notificada al sujeto pasivo, contenía una observación indefinida, indeterminada e inconducente, por la no aceptación de los contratos por parte del SIN, la cual se traducía en la ambigua fundamentación de que:” los gastos no deben ser considerados como deducibles, debido a que los contratos no cumplieron con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano”, ante cuya indeterminación de la observación, el sujeto pasivo en su derecho a defensa mediante memorial de fecha 11 de noviembre de 2011, advierte que el SIN no detalla cual es fundamento normativo específico de esta observación, advirtiéndose que en respuesta el SIN mediante Resolución Determinativa Nº 17-00753-11, mantiene la anterior observación y añade señalando que la base normativa de la observación es el establecido en el art. 80 del DS Nº 22243 de 11 de julio de 1989, manteniendo de esta forma las observaciones planteadas en la Vista de Cargo N° 399010OFE000150045/2011, y cambiando de esta manera al finalizar la determinación el fundamento de la Vista de Cargo y añadiendo de esta forma un elemento adicional en perjuicio del administrado, que imposibilita su defensa y viola el debido procedimiento administrativo, al dar por finalizada la Determinación de la deuda tributaria con la emisión de la Resolución Determinativa.

Que, un segundo elemento del contexto descrito y de revisión de actuados, se puede advertir que en momento alguno del procedimiento de determinación el SIN observa a UNILEVER la no presentación de los contratos originales, ante la inexistencia alguna de requerimiento de contratos originales ni la existencia de informes u otro acto administrativo que sirva como evidencia para advertir el requerimiento de contratos originales conforme señala la administración, más aún en la fase de fiscalización el fiscalizador encargado, al generar el Requerimiento Nº 00105666 de 18 de agosto del 2011, requiere a UNILEVER la presentación de los referidos contratos “vigentes en la gestión 2007, que cumplan con todos los requisitos exigidos por ley para surtir efecto jurídico en Bolivia”, pero de manera alguna se refiere a la presentación de contratos originales cual es la exigencia posterior en respuesta del SIN en fase de recurso de alzada; a no ser que como lo demanda y lo sostiene UNILEVER estos documentos hayan sido evidentemente presentados con anterioridad sin la existencia de documento de entrega.

Que, a todo ello se añade un tercer elemento, pues de revisión de actuados administrativos se evidencia que en momento alguno del proceso de determinación la administración haya requerido al contribuyente en forma expresa, la presentación de contratos originales, (toda vez que un requerimiento de información o documentación demandado por la Administración Tributaria se plasma y concretiza de esa forma), conforme más adelante lo afirma erradamente la ARIT, tomando este elemento como fundamento para su rechazo a la valoración de la prueba y; finalmente, se advierte en relación a la motivación y fundamentación sobre este punto, la ausencia de argumentación técnica y legal que sustente y respalde el rechazo del gasto emergente de pago por regalías.

Que, por otra parte la Vista de Cargo N° 399010OFE000150045/2011 y la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11, establecen taxativamente que:” los gastos no deben ser considerados como deducibles, debido a que los contratos no cumplieron con la normativa vigente en la gestión 2007, para ser reconocidos como válidos en el territorio boliviano”; sin embargo, contrario a lo que reflejan el contenido de estos actos administrativos, se evidencia en actuados la existencia de actos administrativos contradictorios que señalan y reconocen en forma expresa y, como consecuencia, en forma implícita que UNILEVER habría presentado los contratos originales en idioma inglés, razón por la cual el fiscalizador no habría solicitado los contratos originales en idioma inglés en su Requerimiento Nº 00105666 de 18 de agosto del 2011, todo ello de acuerdo a la conexitud de los hechos referidos, que es concordante y halla mayor certeza en el punto de respuesta sobre la no deducibilidad de los gastos por pagos por Royalties (páginas 3 de la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11, Fs. 5935) que advierten expresamente que la administración contaba en ese momento con los contratos originales y, asimismo, la página 4 de la Resolución Determinativa, en la cual la administración efectúa una serie de consideraciones de análisis del contrato, análisis que solamente pudo hacerse patente en la Resolución Determinativa si la administración contaba con el respaldo de contratos originales, pues de otra forma sería aventurado afirmar que la administración efectuó la fundamentación de la Resolución Determinativa en base a simples fotocopias contrario al correcto actuar del SIN, emergente de la exigencia de la norma tributaria. A todo este cúmulo de sustento probatorio debe añadirse la declaración jurada de Rosmery Villca Valle, quien asevera la presentación de la versión de los contratos originales en inglés contra la solicitud verbal del fiscalizador al inicio de la fiscalización. 

Que, todos estos hechos debieron ser valorados por la administración a la luz del principio de verdad material que debe regir en los procedimientos administrativos previsto por el art. 180.I de la CPE, art. 4 inc. d) de la LPA, principio que exige que la Administración deba cumplir con determinados fines, consistente en fines inmediatos por los que se instaura el procedimiento, la búsqueda de la verdad material, la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, de la existencia de lo que se pretende probar y fundamentar, logrando la veracidad de los hechos y cumpliendo con las garantías que la ley consagra hacia el administrado y como mecanismo para satisfacer el interés público, en contraposición a la formalidad que rige el procedimiento, a cuya luz se muestra que el contradictorio reconocimiento expreso de la administración y el fundamento desarrollado en Resolución Determinativa, unido a los actuados administrativos pertinentes, muestran que la administración habría tenido conocimiento de los contratos originales, los cuales habrían sido analizados ampliamente por la administración, este reconocimiento expreso y el desarrollo de interpretación de los contratos por parte de la Administración, se constituye en prueba fundamental conexa a las otras pruebas de reconocimiento expreso e implícito que cursan en actuados, como ser el Informe en Conclusiones Cod.SF.422763 de 9 de diciembre de 2011 de fs. 5902 a 5915, en cuya fs. 5905 la Administración reconoce en forma expresa que el contribuyente adjuntó cuatro contratos en idioma ingles y sus respectivas traducciones; o también las cartas CITE: SIN/GGC/DF/NOT/0470/2011 de fechas 8 de septiembre y 17 de noviembre de 2011, en cuya última se reitera el contenido de la carta de 8 de septiembre de 2011, remitida por la Gerente GRACO a.i. Cochabamba del SIN dirigida a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, en la que señala: “se nos informe cuales son los requisitos y formalidades legales para que un contrato suscrito en los Estados unidos (en idioma ingles) entre una persona jurídica boliviana y …(…)., hechos que muestran a la luz del principio de verdad material, que a fecha 9 de septiembre la Administración Tributaria ya habría tomado conocimiento de los contratos originales en inglés, conforme lo afirma y reitera el demandante.  

Que, el art 410 de la CPE, norma constitucional y piedra angular del ordenamiento jurídico, estatuye, entre otros, el sometimiento a la ley (legalidad), estableciendo que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; vale decir que en el Estado Constitucional de Derecho el principio de legalidad de la norma se valida con la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, acorde al principio de Supremacía Constitucional previsto en el articulado referido; entendimiento del cual se desprende que no solo las personas naturales y jurídicas deben ceñir sus actos en el marco de la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, sino también, y con mayor razón, los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, cuyos actos administrativos deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la Constitución, cuya aplicación directa conforme el art. 109 de la CPE garantiza la protección del derecho, en el cual debe circunscribirse el actuar normado y reglado de la Administración Pública, el actuar de los órganos administrativos de impugnación y los órganos jurisdiccionales de justicia, principio que otorgará la validez correspondiente a todo acto evacuado por los órganos administrativos y jurisdiccionales.

Que, en el marco de Boque de Constitucionalidad, el art. 8 de Pacto de Costa Rica de noviembre de 1969, suscrito por Bolivia, en lo concerniente a las Garantías Judiciales señala que: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.[sic] declaración que debe ser observada también por instancias administrativas, administrativas impugnatorias y jurisdiccionales en el marco de las garantías procesales propias del derecho al debido proceso, en lo concerniente a la imparcialidad en el proceso administrativo, a la igualdad de las partes ante la ley, al derecho a la defensa, el derecho de aportar pruebas, a la amplitud e informalidad de la misma en procesos administrativos, al sometimiento pleno a la ley y sobre todo, a determinar en el procedimiento administrativo la verdad material de los hechos. Garantías fundamentales que se encuentran resguardadas por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales respecto a derechos humanos reconocidos como parte de la legislación interna del Estado Plurinacional de Bolivia, que forman el Bloque de Constitucionalidad.

Que, en esa línea constitucional la garantía jurisdiccional otorgada por la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad a todas las personas naturales y jurídicas, se traduce en el cumplimiento por parte de las autoridades públicas al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, esta garantía plasmada y avalada por el art. 115 I. y II; prevé también la protección oportuna y efectiva por parte de jueces y tribunales del ejercicio de derechos e intereses legítimos, que, asimismo el art 117.I de la CPE, estatuye el principio de presunción de inocencia señalando que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.

Que, una de las implicancias del derecho a la defensa es aquel referido a la acción de poder probar en debido proceso y/o debido procedimiento; actividad procesal que debe gozar de protección por parte de jueces y tribunales sean estos administrativos o jurisdiccionales, de manera efectiva y oportuna, efectivizándose de esa manera el derecho a la tutela administrativa efectiva y la tutela judicial efectiva, y sin indefensión;  emergiendo de esa forma el deber jurídico de jueces y tribunales, de proteger a toda persona con el fin de que ejerza su derecho a demostrar la inexactitud de alegaciones o imputaciones en su contra, asegurando de esa manera la inviolabilidad de su defensa pregonada por el art. 119.II de la misma norma supra-legal.

Que, asimismo, no se debe perder de vista que uno de los aspectos fundamentales del Derecho Tributario formal consiste en la facultad de la Administración para, controlar, verificar, fiscalizar y luego determinar la existencia y cuantía del hecho imponible y el sujeto de la obligación, para poder realizar dicha tarea el art. 100 del CTB, otorga a la administración amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. En tal sentido, resulta imprescindible -en aplicación del principio de legalidad-, desentrañar cómo la Administración llega a constatar dichos hechos y cuál es el procedimiento probatorio y valorativo que sigue en esa determinación; así como cuál es la motivación y fundamentación de su resolución determinativa; por tanto, el objeto de análisis del caso de autos se circunscribe en establecer la importancia del sustento probatorio del procedimiento de determinación tributaria realizada por la administración, la configuración de los hechos generadores que llevan a determinar la obligación tributaria y el responsable de su pago.

Que, el Código Tributario de Bolivia art. 92, define a la determinación como “… el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia.” [sic]. La doctrina ha sentado que la determinación tributaria es quizás una de las expresiones del Derecho Tributario en que se pone de relieve con mayor intensidad el natural conflicto de intereses entre las pretensiones recaudatorias del Estado y los derechos individuales del contribuyente, toda vez que es el Estado quien entra a tomar parte del patrimonio al cumplimiento del presupuesto de hecho que generará el cobro del tributo; de lo cual se advierte en primer lugar, que la determinación tributaria es un acto administrativo, como tal es un acto unilateral de la administración, lo cual no significa de manera alguna que este acto sea discrecional y menos arbitrario, en tal caso, enunciará la existencia de un hecho imponible y cuantificará el tributo correspondiente e individualizará correctamente el sujeto pasivo de la obligación, dentro de un debido proceso que garantice el derecho del administrado; asimismo, es también importante destacar los elementos que debe contener dicho acto administrativo, aquellos que se encuentran enumerados en el art. 99 de la Ley N° 2492, siendo un acto declarativo, porque se centra en constatar la individualización del sujeto pasivo, la existencia de un hecho generador y, lo más delicado: la aplicación de la correspondiente sanción, valorando y acompañando la prueba que demuestre la existencia de la materialización de los presupuestos de hecho de la obligación, la configuración del ilícito y la identificación del sujeto pasivo.

Que, en ese orden, el art. 96 de la nombrada del CTB señala: “Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.”[sic], asimismo el art 96 y posteriormente el art. 98, complementa el articulado señalando: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.”, la aplicación de este articulado es la parte más importante del proceso de determinación de la deuda tributaria, en lo referente a la determinación sobre base cierta, pues se constituye en el momento en el cual la administración hace conocer al sujeto pasivo los resultados de su labor de fiscalización, investigación y verificación, mostrando los hallazgos en el marco del respeto al debido procedimiento administrativo, al derecho a defensa y la verdad material, principios que se consolidan en la debida fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución de Determinación en base a la recolección de pruebas y su respectiva valoración, todo ello en búsqueda de la verdad material.

Que, en esa línea, la vista de cargo cumple una función de hacer conocer al sujeto pasivo los hallazgos y fundamentos de la administración, con cuya notificación se le otorga al sujeto pasivo la posibilidad de asumir su derecho a defensa pues inmediatamente se abre un periodo de descargo de 30 días en favor del sujeto pasivo (art. 98 Ley N° 2492), con el fin de que éste formule y presente descargos que estime convenientes; este procedimiento es de tal trascendencia, pues permite al sujeto pasivo plasmar el derecho a defensa que la constitución y las leyes le otorgan y garantizan. Empero esta posibilidad de formular y presentar descargos está en directa correspondencia al contenido de las observaciones que formula la Administración Tributaria en su Vista de Cargo, de ahí su capital trascendencia, pues las observaciones que efectúe la administración deben ser de tal transparencia, claridad y certeza, que deberá fundarse en motivos de hecho reales, existentes, verdaderos, específicos, conducentes y sustentados en el cumplimiento de la ley; pues si así no fuese, si los hechos en los que la administración fundó su decisión no hubieren existido o no hubieren sido tales como la administración creyó o afirmo al resolver, el acto correrá el riego de ser declarado más adelante ilegítimo; es así que la administración tiene el deber de encaminar sus actuaciones en conocimiento cierto y directo de los elementos configurativos de la obligación tributaría, ese poder-deber conlleva la carga de fundamentar en base a prueba y sin lugar a duda y en forma transparente los hechos considerados; lo cual no entra de manera alguna en contradicción ni contraposición con el deber de probar lo alegado para el sujeto pasivo, norma expresamente desarrollada en el art. 76 de la Ley N° 2492; pues si las observaciones que la administración efectúe en la Vista de Cargo son inconducentes o indeterminadas por cualquier motivo, estas estarán atentando al derecho fundamental a la defensa del sujeto pasivo, toda vez que el sujeto pasivo será inducido por esa indeterminación o inconducencia de la administración a tomar un camino errado para su defensa, indeterminación o inconducencia del acto administrativo que lo llevará a accionar elementos probatorios inadmisibles, impertinentes o inconducentes a su defensa, de ahí su fundamental importancia que exige de la Administración Tributaria un trabajo serio, profesional y principalmente enmarcado en la Ley, pues no existirá margen para la liberalidad y menos para la arbitrariedad al ser este un actuar reglado y en el marco de la Ley.

Que, en el marco del razonamiento descrito, y como se advirtió de actuados administrativos, el fiscalizador encargado generó el Requerimiento Nº 00105666, requiriendo a UNILEVER presentación de “contratos vigentes en la gestión 2007, que cumplan con todos los requisitos exigidos por ley para surtir efecto jurídico en Bolivia”, asimismo y en la misma línea la Vista de Cargo N°. 399010OFE000150045/2011, contenía una observación indefinida e indeterminada que observaba la no aceptación de los contratos por parte del SIN con la misma ambigua e indeterminada fundamentación, indeterminación de fundamentación que los “contratos vigentes en la gestión 2007, que cumplan con todos los requisitos exigidos por ley para surtir efecto jurídico en Bolivia” indeterminación que fue observada por el sujeto pasivo mediante memorial de descargo, advirtiendo que el SIN no detalla cuál es fundamento normativo que motivó la observación, ante esta observación se advierte que el SIN, mediante RD Nº 17-00753-11, señala la misma indeterminada fundamentación añadiendo algo fundamental a su observación: el art. 80 del D.S. 22243 de fecha 11 de julio de 1989, modificando de esa manera, al cierre del proceso de determinación, las observaciones planteadas en la Vista de Cargo, sin dar la posibilidad al sujeto pasivo a efecto de que este accione defensa alguna; hecho que imposibilitó la defensa del sujeto pasivo al dar por finalizado el procedimiento de determinación de la deuda tributaria con la emisión de la RD. Si bien es cierto que la Vista de Cargo desde la perspectiva simplista de la administración es un acto administrativo eventual de presunción de cobro, no puede dejarse de lado, que la ley (CTB) establece expresamente que la Vista de Cargo es el resultado de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación que contiene hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamentan la RD, por lo cual es plenamente posible (como en el caso presente) que la administración, posterior al cierre del periodo de prueba previsto por el art. 98 de la Ley N°2492, pueda considerar relevantes hechos que hasta ese momento no se acreditaron y producir la fundamentación y valoración de prueba pertinente luego de cerrado el período probatorio o variar el enfoque del problema, pero en ese caso, acorde al fin primigenio de la búsqueda de la verdad material y el derecho al debido procedimiento administrativo y al derecho a defensa del contribuyente, la Administración Tributaria deberá abrir un nuevo periodo excepcional probatorio a efecto de que el contribuyente pueda asumir defensa conforme a ley, todo ello enmarcado en la búsqueda de la verdad, pregonado por el principio constitucional de verdad material, y el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

Que, en el actuar descrito, en el contexto del procedimiento en fase de determinación, muestra en primer término que el sujeto activo, al no determinar ni especificar el motivo y fundamento de su observación para no aceptar los contratos, provocó sin percatarse de ello, que el contribuyente incurra en error, en la búsqueda de su derecho a defensa, siendo inducido a tomar la errada decisión de efectuar la traducción de los documentos, para luego de ello recién tramitar el visado de trámite en la vía consular y posteriormente en reparticiones del Estado Plurinacional, lo cual le impidió cumplir con los 30 días de descargo previsto por el art. 98 de la Ley N° 2492, para presentar según su entender copias legalizadas traducidas; todo ello derivado de la observación indeterminada de la Vista de Cargo; en segundo plano evidencia que el actuar indefinido de la Administración Tributaria acarreó la vulneración del derecho a defensa de UNILEVER, y es así que la entidad recaudadora no percibe que al modificar el fundamento del reparo el momento del cierre de la determinación de oficio, privó y vulneró para UNILEVER accionar su legítimo derecho a defensa y vulneró el derecho del debido procedimiento administrativo que debió primar en la determinación; ante lo cual resulta necesario percibir que en función al nuevo enfoque previsto por la Constitución Política del Estado trasuntada en los arts. 115 .I.II; 116 .I; 117 .I; 119 .I.II y 120. I, concordante con la doctrina del Derecho Administrativo, tratadistas como Agustín Gordillo sostienen que: “nada obsta a que tanto la administración como el administrado produzcan pruebas luego de terminado el período probatorio: en este caso no cabe ya estar a las reglas formales de reglamento. Debe procurarse una adecuada merituación de las circunstancias de cada caso. En lo que hace a la administración, ella puede perfectamente considerar relevantes hechos que hasta ese momento no se acreditaron y producir la prueba pertinente luego de cerrado el período probatorio; también puede variar el enfoque del problema, en tanto no lesione el principio de la inadmisibilidad de la reformatio in pejus, y puede consecuentemente necesitarse la prueba, de ella o del particular, conducente al nuevo enfoque administrativo. En forma paralela, es obvio que el particular tiene también en estos casos el derecho a producir la prueba que sea adversa a la posición de la administración, a su nuevo enfoque, a sus nuevos hechos, etc.”(Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo cuarto Tomo página VII 14)”,

Que, los hechos descritos y analizados en el contexto anterior no fueron advertidos por el Tribunal Administrativo del Recurso de Alzada ni tampoco por el Tribunal Administrativo Jerárquico, tribunales que lejos de evidenciar los hechos vertidos y repetidos del demandante en sus recursos respectivos, optan por el banal e intrascendente argumento de negar el acceso a la justicia del justiciable, para negar de esta manera la tutela administrativa efectiva, que se traduce en la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia -y ante las autoridades administrativas competentes- y obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los derechos del particular; que requiere por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle sino por medio de un proceso -o procedimiento- conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia o decisión fundada; es así que violando y vulnerando de igual forma el principio de exhaustividad y congruencia que debe primar en las resoluciones de los recursos impugnatorios, expresamente desarrollado en el art. 63 .II de la Ley N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo que señala: “II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso”(el resaltado y subrayado es añadido), como también en el art. 211 .I de la Ley N° 2492 señala: “I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas (el resaltado y subrayado es añadido), para lo cual corresponde evidenciar y verificar los fundamentos y de las Resoluciones de Alzada y Jerárquico que llevaron a estas instancias a negar el acceso a la justicia de UNILEVER.

Que, de la revisión de los actuados en fase recursiva se advierte que, mediante memorial de 16 de enero de 2012, UNILEVER interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba (ARIT), primera instancia administrativa que a decir del sujeto pasivo, no consideró los hechos de relevancia jurídica, como aquella posibilidad referida a que la prueba documental de todos y cada uno de los conceptos extrañados por el SIN estuvieron en poder del funcionario a cargo de la fiscalización durante el trabajo de campo del citado procedimiento; ratificando en periodo de prueba de instancia de alzada la documentación presentada entre otros juntamente al recurso de alzada, consistente en los contratos originales de fs. 199 a 299 del expediente administrativo, conforme lo acepta también a fs. 376 vta. la Resolución de Alzada de fs. 360 a 369; señalando que la citada prueba era suficiente, basta y amplia para establecer la verdad material de los hechos y determinar en función a esta, la inexistencia de adeudos tributarios y que durante esta fase UNILEVER presentó los contratos originales, los mismos que no fueron considerados por la autoridad de impugnación administrativa de primera instancia, impugnándose también la errada aplicación de último momento en la Resolución Determinativa del art. 80 del D.S. 22243.

Que, puede advertirse sobre el punto de deducibilidad de gastos del IUE, por pagos realizados por los Royalties/Service Fees; que presentados los contratos originales en instancia de recurso de alzada, a efecto de que la Autoridad de Impugnación Tributaria proceda a su valoración, ese tribunal administrativo efectúa una reminiscencia doctrinal sobre la prueba, señalando que respecto a las pruebas presentadas por la empresa recurrente ante ésta instancia recursiva dentro del término probatorio, consistente en originales de Contratos suscritos con UNILEVER NV y CONOPCO INC. (fojas 192 a 299 del expediente administrativo), señala en principio que la doctrina entiende la prueba como “El conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las partes o de terceros...” haciendo cita a Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales" Págs. 817, 614, 759 y 743, señalando que por su parte el Artículo 81 de la Ley 2492, establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, el Artículo 98 de la Ley 2492 señala, que una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene el plazo de treinta (30) días para formular y presentar sus descargos que estime convenientes.

El recurso de alzada continua fundamentado que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que las pruebas mencionadas precedentemente (contratos originales), fueron solicitadas durante el proceso de fiscalización por la Administración Tributaria a la empresa recurrente, mediante Requerimiento Nº 00105666 de 18 de agosto de 2011 (el resaltado y subrayado es añadido) (foja 49 de antecedentes administrativos), por lo que Rosmery Villca - Jefe de Contabilidad de Unilever Andina Bolivia S.A., el 24 de agosto de 2011, mediante nota S/N entregó al SIN la documentación solicitada consistente en: Fotocopias y traducción en español de los contratos originales, incluyendo addendas de Royalties y Service Fees, incumpliendo lo previsto en el Artículo 217 de la Ley 2492 (resaltado y subrayado es añadido). Asimismo, advierte que el 13 de octubre de 2011 la Administración Tributaria notificó por cedula al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 399-0010OFE00015-0045/2011 de 7 de octubre de 2011, otorgándole el plazo probatorio de treinta (30) días para presentar descargos, habiendo la empresa recurrente presentado los mismos haciendo referencia a la existencia de contratos suscritos con UNILEVER NV y CONOPCO INC. (fojas 4942 a 4948 de antecedentes administrativos); sin embargo no adjuntó los originales o copias legalizadas (resaltado y subrayado es añadido) por autoridad competente de los citados contratos. La Resolución continua señalando; al respecto, es necesario mencionar que el medio de prueba permite al recurrente aportar datos o documentos que estén en su poder; sin embargo, en estricta aplicación de lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 2492 debió presentar pruebas de descargos en el plazo perentorio de treinta (30) días y de no haberlo hecho, precluyó su derecho de aportar pruebas dentro del proceso de determinación. De lo anteriormente expuesto, se establece que los contratos suscritos por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con UNILEVER NV y CONOPCO INC., no fueron presentados en original o fotocopia legalizada (subrayado añadido) por autoridad competente en la etapa administrativa ante la Administración Tributaria, incumpliendo el requisito de pertinencia y oportunidad, asimismo, considerando que la empresa recurrente no probó ni justificó ante ésta autoridad que la omisión de la no presentación de su prueba no fue por causa propia, ni realizó el juramento respectivo para su valoración, de conformidad a lo previsto en el Artículo 81 de la Ley 2492, por lo que hace inviable la valoración de la misma en ésta instancia recursiva.

Que, el fundamento vertido por el Tribunal Administrativo de Alzada, para el rechazo de la valoración de las pruebas aportadas por UNILEVER se basa en un elemento factico inexistente en el proceso, el cual es el supuesto de que según la resolución del recurso de alzada, las pruebas consistentes en original o fotocopia legalizada (El D.S. 24051 no exige copia legalizada) de los contratos fueron solicitadas durante el proceso de fiscalización por la Administración Tributaria a la empresa recurrente, mediante Requerimiento Nº 00105666 de 18 de agosto de 2011 (foja 49 de antecedentes administrativos), presupuesto fáctico falso e inexistente en obrados, tal como fue desarrollado en fundamento ut supra, pues de revisión de los actuados administrativos se evidenció la inexistencia de exigencia alguna de presentación de contratos originales que hubiese efectuado la Administración Tributaria al sujeto pasivo y menos a través del requerimiento Nº 00105666, Fs. 49, asimismo puede advertirse que la resolución de alzada añade otro elemento que no ha sido parte del debate dentro del proceso de determinación, ni tampoco es parte de los antecedentes, como lo es el “requerimiento” que señala equivocadamente la resolución al expresar “no fueron presentados en original o fotocopia legalizada “, pues de revisión de actuados administrativos se evidencia que en parte alguna del señalado requerimiento y de los actos de la Administración Tributaria se señala el requerimiento de aporte de originales o fotocopias legalizadas de los contratos; pero más aún el fundamento del recurso de alzada señala: “…por lo que Rosmery Villca-Jefe de Contabilidad de Unilever Andina Bolivia S.A., el 24 de agosto de 2011, mediante nota S/N entregó al SIN la documentación solicitada consistente en: Fotocopias y traducción en español de los contratos originales, incluyendo addendas de Royalties y Service Fees (fojas 50 a 154 de antecedentes administrativos), incumpliendo lo previsto en el Artículo 217 de la Ley 2492” (resaltado y subrayado es añadido). Resulta pertinente resaltar que un fallo fundamentado en la parte decisoria de una resolución basado en un hecho inexistente, como lo es el afirmar la existencia expresa de un requerimiento de contratos originales, cuando de revisión de actuados se advierte la inexistencia de este requerimiento, razón que muestra que la Resolución de Recurso de Alzada que resolvió el recurso de alzada opuesto por UNILEVER en el caso presente, es un acto que falta a la verdad y como consecuencia nulo e incongruente al haber sido sustentado en un elemento fáctico ajeno a la realidad del proceso. Asimismo, resulta también pertinente advertir que el tribunal administrativo de alzada incurre en un error de derecho al fundamentar en la parte decisoria de su fallo señalando que al no haberse presentado las pruebas consistentes en contratos originales en fase administrativa de determinación, se incumplió lo previsto por el art. 217 de la Ley 2492, a lo cual, revisado el art. 217 de la Ley 2492 incorporado al Código Tributario Boliviano por Ley N° 3092 de 07 de julio de 2005, que regula los recursos impugnatorios en Sede Administrativa señala: “Se admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente”, lo cual significa que el Tribunal Administrativo de Alzada, pese a haber recepcionado los contratos originales mediante memorial de ratificación en apertura de periodo probatorio con la suma de “Ratifica la prueba acompañada a demanda y pide se tenga presente”, rechaza la valoración de esas pruebas presentadas en fase de impugnación pese a haber sido aceptadas mediante proveído de fecha 7 de marzo de 2012 fs. 308 (antecedentes administrativos), nuevamente basado en un acto inexistente como lo es la “ausencia” de contratos originales que nunca fueron requeridos por la administración, pero más aun vulnerando el principio de congruencia toda vez que falla basado en hechos inexistentes supuestamente acontecidos en fase administrativa; sin pronunciarse sobre los agravios desarrollados por el sujeto pasivo en su impugnación recursiva.

Que, asimismo resulta pertinente observar la confusión del tribunal administrativo de alzada, al rechazar la ratificación de prueba formulada por el recurrente bajo el argumento de no haber cumplido con el juramento de reciente obtención previsto por el art. 81, sin percatarse que la instancia recursiva de alzada y jerárquica es una instancia jurisdiccional administrativa encargada de impartir justicia, con funciones diametralmente diferentes a la instancia administrativa de determinación de la deuda (SIN), pues las primeras están en el inexcusable deber jurídico de impartir justicia, gozando de un procedimiento jurisdiccional administrativo propio para tal fin; lo cual muestra que esta instancia de impugnación está separada del fisco representado en su fase recaudatoria por el SIN, por lo cual al presentar el sujeto pasivo su recurso de alzada como medio impugnatorio administrativo de los actos de la Administración Tributaria, se abre una instancia en la cual el sujeto pasivo no se encuentra constreñido ni atado a presentar sus pruebas adjuntas a su recurso, pues nada obsta que pueda optar por ese procedimiento; o en su caso hacer uso del periodo de prueba previsto por el art. 217 de la Ley N° 2492; en la especie UNILEVER haciendo uso del principio dispositivo que le asiste opto por presentar sus pruebas en el periodo probatorio del recurso de alzada mediante memorial de fecha 6 de febrero de 2012 fs. 300 a 307, hecho que fue admitido por la ARIT; empero, pese a la ratificación de pruebas optado por el recurrente, el tribunal administrativo de alzada a ultranza contrapone a este procedimiento la aplicación del art. 81 de la Ley N° 2492, impidiéndose a sí mismo emitir pronunciamiento, sin entrar al fondo del recurso y basado en un elemento inexistente como es el señalar que: “ante el requerimiento de la administración tributaria para la presentación de los contratos en original o copia legalizada y su no cumplimiento” , dando vida un elemento factico inexistente que lo lleva aplicar indebidamente el art. 81 de la Ley N° 2492, en cuya base niega la valoración de la prueba, y sin percatar esa instancia impugnatoria que los mecanismos procedimentales previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales que son de aplicación directa y gozan de garantía para su protección conforme lo establece el art. 109 de la CPE, y tienen como fin la de otorgar efectiva protección de los derechos del justiciable, accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y eficiente; con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento, en aplicación directa del principio de verdad material exigido por el art. 4 inc. c y d).  de la Ley 2341 y art. 200 .1 de la Ley N° 2492.

Que, por otra parte en revisión de los fundamentos de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2015, el fundamento de la resolución señala: …en cuanto a los Contratos presentados ante esta instancia Jerárquica, por UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA., mediante memorial de 8 de agosto de 2012, los cuales se encuentran legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabe señalar que si bien en la presente instancia solicitó y procedió al juramento de reciente obtención, tal como se evidencia en el Acta de Juramento respectivo (fs. 439 del expediente); cumpliendo con el primer requisito establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); empero, no demostró que la omisión de presentación de los documentos solicitados por la Administración Tributaria en originales, no fue por causa propia, toda vez que solo expreso que los Contratos fueron legalizados, recién el 27 de julio de 2012, (Resaltado y subrayado añadido) más aun cuando estos Contratos "habían  sido suscritos", en gestiones anteriores a la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, motivo por el cual pudo haberlos presentado desde el requerimiento efectuado por la Administración Tributaria (Resaltado y subrayado añadido), conforme a la obligación  establecida  en el art. 70 de  la Ley  No  2492 (CTB)  y los arts. 8  y  10 del  Decreto Supremo N° 24051 (RIUE); en ese sentido, es evidente que incumplió con el requisito previsto en citado artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que exige que debe probarse que la omisión de presentación oportuna no fue por su causa”.

El argumento continua señalando, “debe observarse que el contribuyente, en cumplimiento de los citados artículos 70 de la Ley Nº  2492 (CTB),  8 y 10  del Decreto Supremo No 24051 (RIUE), y el Articulo 36 del Código de Comercio, que  establece el deber de todo comerciante: de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de las actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo ademas conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden, se encontraba obligado a contar con documentos originales al momento de registrar el gasto que pretende deducir, y por tanto a exhibirlos a requerimiento de la Administración Tributaria (Resaltado y subrayado añadido), consecuentemente, debe entenderse que la ausencia de esta documentación debió ser justificada por el contribuyente, estableciendo de forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían contar con la misma, no pudiendo justificarse en situaciones que constituyan una observación a los deberes que la norma claramente establece: de esta  forma, en aquellos casos en que la falta de la prueba se origine en un actuar negligente del contribuyente, no podrá considerarse a la misma como "prueba de reciente obtención". Por otra parte, en cuanto a la cita de UNILEVER, de los artículos 115, Parágrafo II y 180 de la CPE, señalando con relación al derecho de los administrados a ofrecer, producir y presentar pruebas, y que el inciso e),  artículo  16 de la Ley No 2341  (LPA), determina que  las personas en su relación con la Administración Publica tienen el derecho de formular alegaciones y presentar pruebas, determinación concordante con  el artículo 27 del  Decreto Supremo No. 27172; corresponde señalar que en el presente caso, el Sujeto Pasivo tuvo la oportunidad de presentar todas las pruebas que hagan a su derecho, así como las requeridas por la Administración Tributaria; sin embargo, para que se efectivice la valoración de sus pruebas, estas deben cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, lo que fue incumplido por el contribuyente, quien en la pretensión de hacer valer sus derechos debió cumplir con las previsiones de la norma para la valoración de sus pruebas, por lo que su inobservancia no puede traducirse en una vulneración de los derechos al debido proceso y a la presentación de pruebas, que no fue limitada ni coartada en ninguna instancia; en consecuencia, sus argumentos carecen de sustento legal….(…)…”.

En ese contexto, concluye; “…se evidencia que UNILEVER ANDINA  BOLIVIA SA.,  no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 81  de la Ley No 2492 (CTB), es decir que no demostró que la omisión de la presentación oportuna no  fuera por causa propia, por lo que no corresponde a esta instancia Jerárquica, valorar los contratos presentados como prueba de reciente obtención”.

Que, como se advirtió en la amplia revisión de antecedentes, la Administración Tributaría durante el procedimiento administrativo de determinación de la deuda tributaria, nunca solicito ni requirió al sujeto pasivo los contratos originales extrañados en fase administrativa y en fase de impugnación administrativa y menos a través del requerimiento Nº 00105666 (fs. 49), como falsamente asegura la resolución del recurso de alzada, y ratificado de la misma forma en el recurso jerárquico; este confuso actuar de los tribunales de instancia administrativa es de extrema importancia pues la exigencia de presentación de la prueba, como prueba de reciente obtención, basado en un requerimiento inexistente de la Administración Tributaria y añadida extrañamente en resolución de alzada y ratificada de la misma forma en recurso jerárquico, la cual es exigida a ultranza por ambos tribunales administrativos, al tenor del numeral 2 y 3 del art. 81 de la Ley N° 2492 exige y señala: “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:…(…)… 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa…(…)…En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.”  (el resaltado y subrayado es añadido), nótese cómo la norma establece con claridad y precisión el presupuesto de hecho, es decir. “Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización…(…)”, claridad de la noma que exige que solo en casos que la documentación sea requerida en forma expresa e inequívoca por la Administración Tributaria al sujeto pasivo y ese requerimiento no hubiese sido cumplido con la presentación de lo requerido, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, podrán ser presentadas con juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; es decir que la norma exige que en los casos en los que sí y solo si exista requerimiento expreso por parte de la administración y ese requerimiento no fuese cumplido por el sujeto pasivo, procederá el procedimiento de presentación de pruebas bajo juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; vale decir, que solamente cuando éstas hayan sido expresamente requeridas por la Administración Tributaria, podrán ser presentadas con juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; de lo cual se evidencia que ante inexistencia de prueba alguna que demuestre el requerimiento de contratos originales por parte de la Administración Tributaria las instancias de alzada y jerárquica, mal pudieron excusar pronunciamiento basado en la exigencia de presentación de los contratos originales en fase administrativa, y más en fase administrativa impugnatoria; y peor aún, posteriormente argumentar con la exigencia de cumplimiento de la última parte del art. 81 de la Ley 2492, evidenciándose y advirtiéndose que ambos fallos incurrieron en violación de las formas esenciales del proceso, sin pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el proceso, traducido en falta de exhaustividad y congruencia.

Que, el art. 178.I, de la CPE, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, principios rectores a los cuales también están subordinados los tribunales de instancia administrativa, principios que debieron ser advertidos en la resolución del objeto de controversia, la cual a contrario derivó en la no valoración de la prueba por las instancias de impugnación administrativas; por la exigencia de una formalidad que no responde a los valores y principios bajo los cuales se cimienta el núcleo del nuevo texto constitucional, conformado por principios y valores; recurriendo a contrario la instancia impugnatoria administrativa a cimentar su fallo en un hecho inexistente.

Que, por otra parte, también resulta preciso hacer una revisión de las normas que rigen la interposición de la prueba, su admisión y apreciación en los procedimientos de impugnación de los actos administrativos tributarios, en ese sentido se tiene que el art. 200 del Código Tributario determina que: “Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de 23 de abril a los siguientes…”, de tal forma que en la impugnación de los actos administrativos tributarios, rigen los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo y además los señalados en el art. 200 del Código Tributario, en consecuencia, en materia de interposición de la prueba, su admisión y apreciación son aplicables los principios de verdad material y de jerarquía normativa, que ya fueron analizados precedentemente, resaltando que en virtud a la aplicación del principio de jerarquía normativa, es aplicable el derecho a la defensa que implica el derecho a presentar, ofrecer y producir prueba. Asimismo, entre los principios que señala el art. 200 del Código Tributario, que también rigen los recursos administrativos tributarios, se encuentra el principio de oficialidad o de impulsión de oficio, que establece que: “La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos…”, aspecto que debió ser considerado por la autoridad administrativa en la tramitación y resolución de recursos administrativos tributarios.

Que, asimismo, corresponde señalar que la potestad sancionadora en vía administrativa como emergencia de probarse la comisión de contravención de omisión de pago, está sometida a principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, conforme establece el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo No. 2341, que permite a los ciudadanos hacer efectivas dichas garantías frente al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. Que, en relación al principio de legalidad, en materia punitiva administrativa, el artículo 72 de la LPA dispone que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas, cuando éstas hayan sido previstas en norma expresa; el principio de tipicidad descrito en el artículo 73. I de la LPA refiere que son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias; mientras que el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 74 de la precitada Ley, en concordancia con la Constitución, presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo. Consiguientemente, cualquier sanción debe determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo válido que el proceso sancionador sólo se limite a establecer responsabilidades, sin antes comprobar si existe o no una infracción atribuible al sujeto pasivo; máxime si la Constitución Política del Estado en su artículo 180 consagra los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de las partes.

Que, paralelamente a lo anotado, el artículo 218 inciso d) de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, incorporada a la Ley 2492, pone a disposición de las partes, condiciones de igualdad para hacer prevalecer sus derechos. En ese orden, el artículo 215 del Código Tributario Boliviano establece que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, siendo aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los artículos 76 al 82 del CTB. A su vez el artículo 217 inciso a) determina que se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. La precitada norma legal en la parte final señala que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme, que, en ese marco, las instancias de impugnación administrativas, estaban en la ineludible obligación de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada en dicha instancia; más aún si la empresa demandante en ejercicio de su derecho a la defensa, denunció que en la instancia recursiva administrativa se prescindió de la prueba de descargo que considera decisiva para demostrar la inexistencia de pago en defecto del tributo y ninguna contravención, debiendo haberse valorado las pruebas presentadas en el marco de la sana crítica y verdad material antes señaladas. Sin embargo; en las resoluciones impugnatorias que dirimieron el caso sub lite se prescindió el tratamiento de la prueba presentada, no obstante estar admitida como tal, de ahí que la ARIT y la AGIT debieron haber observado las normas previstas para la instancia recursiva, no sólo en su trámite sino también en el tratamiento de la causa, aplicando los artículos 76 al 82 de la Ley 2492, por mandato del art. 215. I de la Ley 3092, mientras no sean contrarios a los principios que rigen el sistema de impugnación administrativa; a los principios del derecho administrativo sancionador y principalmente no sean contrarios a la legalidad exigida CPE y el Bloque de Constitucionalidad previsto por el art. 410 de la CPE.

Que en el caso de autos, tanto la ARIT como la AGIT, como instancias encargadas de velar por una tutela administrativa efectiva, no aplicaron la normativa referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, al momento de emitir las resoluciones de alzada y jerárquico, respectivamente, vulnerando principios constitucionales y del derecho administrativo sancionador al no haber emitido pronunciamiento conforme a derecho no solo respecto a la existencia de los contratos originales extrañados por la Administración Tributaria y a las otras pruebas presentadas por UNILEVER para enervar otros reparos, presentadas en recurso de alzada y ratificadas en periodo de prueba, no realizando el análisis y valoración que correspondía respecto a la prueba; hechos que denotan que se incurrió en prescindencia de prueba decisiva, conforme fue denunciado en la demanda. Que, lo precedentemente analizado permite concluir que los contratos originales presentados en periodo de prueba, no fueron considerados primero por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria como se tiene referido precedentemente, como tampoco por la AGIT, no obstante haber sido presentadas dentro del término de prueba abierto al efecto. Ante lo cual, corresponde señalar que la potestad sancionadora en vía administrativa está sometida a principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad, conforme establece el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, que permite a los ciudadanos hacer efectivas dichas garantías frente al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.

Que, consiguientemente, cualquier sanción debe determinarse tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión, no siendo correcto que el proceso sancionador sólo se limite a establecer responsabilidades, sin antes comprobar si existe o no una infracción atribuible al sujeto pasivo; máxime si la Constitución Política del Estado en su artículo 180 consagra los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de las partes. En el caso de análisis, el accionante en ejercicio de su derecho a la defensa, denunció que en la instancia recursiva se prescindió de la prueba de descargo que considera decisiva para demostrar que los gastos eran deducibles al contarse con contratos originales lo cual también demostraba la inexistencia de la contravención de omisión de pago, prueba que fue omitida por esa instancia en base a un hecho inexistente; paralelamente a lo anotado, el artículo 218 inciso d) de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, incorporada a la Ley 2492, pone a disposición de las partes, condiciones de igualdad para hacer prevalecer sus derechos, los cuales fueron vulnerados.

Que en ese marco, la Administración Regional de impugnación Tributaria, estaba en la ineludible obligación de ingresar al análisis de todos los fundamentos del recurso y valorar la prueba presentada en dicha instancia, debiendo hacerlo en el marco de la sana crítica y verdad material antes señaladas, conforme lo ha reiterado la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo. Que, sin embargo de todo ello, en la resolución de alzada se prescindió el tratamiento de la prueba presentada, no obstante estar admitida como tal, de ahí que la ARIT debió haber observado las normas previstas para la instancia recursiva, no sólo en su trámite sino también en el tratamiento de la causa, aplicando los artículos 76 al 82 de la Ley 2492, por mandato del art. 215. I de la Ley 3092, mientras no sean contrarios a los principios que rigen el sistema de impugnación administrativa y a los principios del derecho administrativo sancionador, y conforme el entendimiento desarrollado ut supra.

Que, si bien es evidente que el Estado ejerce su potestad, a través de sus diferentes niveles estatales, siendo una de ellas la potestad sancionadora de la administración pública, esta potestad, no está al margen de los principios y garantías constitucionales, en la tramitación de los procesos, no debiendo constituirse aquellos principios en simples enunciados formales como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales, sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos, es decir la prevalencia de la verdad material sobre la verdad formal, al respecto la SCP Nº 0180/2013 de 27 de febrero de 2013, entre muchas otras, ha expresado que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desglosa del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Democrático de Derecho y que se encuentra establecido por el art. 8.II de la CPE, en cuyo mérito los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la Norma Fundamental que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de la verdad material, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional. En este sentido, debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal ineficaz que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos…”. En consecuencia, cabe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos, con especial relevancia en el ámbito administrativo; en ese orden, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que impidan su materialización, siendo precisamente uno de los rectores del derecho administrativo, el principio de informalismo, bajo esa premisa todo administrado tiene derecho a una justicia material y si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales que son de aplicación directa y gozan de garantía para su protección conforme lo establece el art. 109 de la CPE, y tienen como fin la de otorgar efectiva protección de los derechos del justiciable, accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello, con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento.

Que, en el caso en concreto, resulta preciso redundar en relación a la valoración de la prueba, al respecto se debe manifestar que si se considera que la valoración de la prueba, es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidas, es decir, cuál es su real utilidad a los fines resolver la causa puesta a conocimiento del juzgador y que valor le otorga el juzgador a fines de resolver la causa, toda resolución administrativa de recurso de alzada o de recurso jerárquico, que resuelve una controversia debe necesariamente valorar la prueba aportada por la parte recurrente, aún la presentada fuera del término en fase administrativa; en aplicación del principio de verdad material previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.

Que, en el caso de autos, tanto la ARIT como la AGIT, no aplicaron la normativa referente a la valoración de la prueba, en el marco del art. 410 de la CPE y el Bloque de Constitucionalidad, al momento de emitir las resoluciones de alzada y jerárquico, respectivamente, vulnerando principios constitucionales y del derecho sancionador al no haber determinado conforme a derecho respecto a la existencia de la documental extrañada, presentada en periodo de prueba, es decir, no realizó el análisis y valoración que correspondía respecto a la prueba, ni estableció objetivamente si la omisión de presentación de los contratos en versión original fue o no por causa propia del sujeto pasivo; hechos que denotan que se incurrió en prescindencia de prueba decisiva, conforme fue denunciado en la demanda.

Que, en la especie, si bien el procedimiento administrativo concluyó con la resolución jerárquica impugnada, debe advertirse que la instancia administrativa  muestra dos fases; una eminentemente administrativa que finalizó con la emisión de la Resolución Determinativa, y otra de carácter eminentemente garantista donde el administrado justiciable tiene a su alcance los instrumentos para la defensa de sus derechos frente a una eventual agresión por parte del poder Estatal, que tiene lugar en el establecimiento de límites vinculados al poder, a fin de maximizar la realización de esos derechos y minimizar sus amenazas, límites propios del nuevo Estado Constitucional de Derecho que inspira y promueve la nueva Constitución y el desarrollo de sus principios, para evitar el ejercicio arbitrario del poder, por cuanto en esta segunda fase administrativa de impugnación, por mandato constitucional y los principios de igualdad de las partes y verdad material (art. 180 de la CPE), no puede prescindirse de los amplios presupuestos procesales que el justiciable goza para lograr el objetivo que se le imparta justicia, pues precisamente la salvaguarda de los principios de igualdad ante la ley y de seguridad y certidumbre jurídica adquieren pleno sentido y eficacia, cuando inciden, en la protección de los derechos de los litigantes, que constituyen el concepto del "ius litigatoris", que no es nada más y nada menos que el derecho del justiciable a que su petitorio sea decidido con justicia, por lo cual es inadmisible la vulneración inferida al sujeto pasivo en su derecho a no valorar las pruebas presentadas bajo el argumento de no cumplir aspectos formales que van en contra de lo que la Constitución Política del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley 2492 y 3092 que exigen, cumplir con la búsqueda de la verdad material en contraposición a la forma, sin percatarse que aún en este ámbito del derecho rige el principio de informalismo que permite suplir las deficiencias de calificación formal en las que incurra el administrado, peor aún si ese procedimiento excluyente fue observado con anterioridad por este tribunal en Sentencia No. 635/2013 de 30 de diciembre de 2013.

III.I.2. Ventas según calendario Leveriano

Que, sobre este punto, en relación a la prueba presentada por UNILEVER dentro del Recurso Jerárquico la AGIT señaló que la misma cumple los requisitos exigidos por el Art. 81º y el Art. 217º de la Ley 2492, por lo que en este caso, corresponde la valoración de la prueba en instancia jerárquica. Sin embargo en el inciso xxv. Del Punto IV.4.4.2. (Ventas Según Calendario Leveriano), la AGIT argumenta que UNILEVER, para explicar los ingresos determinados según reconstrucción de ventas, en concreto sobre las diferencias por aplicación del Calendario Leveriano, planteó en su defensa argumentos abocados a explicar que las diferencias se originaron en la Diferencia por Tipo de Cambio, de forma diferente a la defensa planteada, en la que plantea una Conciliación de Ventas según Declaraciones Juradas versus Ventas Contabilizadas según Calendario Leveriano, aspecto que como lo señala la AGIT le imposibilitaría ingresar en el análisis de fondo de la problemática, habida cuenta que se habría vulnerado el principio procesal de congruencia.

Que, analizado el fondo de la controversia emergente de la resolución de la AGIT, sobre el presente reparo, se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1035/2012, evade pronunciamiento sobre este punto bajo el argumento que la defensa planteada en Recurso Jerárquico no es consistente con los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, por lo cual señala no corresponde a considerar el fondo del tema planteado, ya que según criterio de la AGIT de hacerlo se vulneraria el principio procesal de congruencia,; por lo cual no puede valorar los sustentos a los cuadros de conciliación presentados ante esa instancia jerárquica, renunciando de esta manera a su deber de emitir pronunciamiento; en mérito a lo cual la AGIT confirma en ese punto la Resolución de Alzada que se mantuvo los reparos del IVA y el IT.

Que, conforme los fundamentos desarrollados ut supra, cabe reiterar y puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos, con especial relevancia en el ámbito administrativo; en ese orden, no es posible admitir la exigencia de ritualismos extremos o formalismos, que impidan su materialización, siendo precisamente uno de los rectores del derecho administrativo, el principio de informalismo, bajo esa premisa todo administrado tiene derecho a una justicia material y si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social, evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales que son de aplicación directa y gozan de garantía para su protección conforme lo establece el art. 109 de la CPE, y tienen como fin la de otorgar efectiva protección de los derechos del justiciable; en la especie se advierte que la ARIT en su Resolución de Alzada hace eco de una parte de la defensa del recurrente que señala textualmente ”Si comparamos las ventas netas de la gestión 2007, entre el calendario UNILEVER y el Gregoriano, se podrá observar que existe una diferencia de cambio (Ver Anexo No. 3, Fs. 79 adjunto al presente recurso), asimismo comparando las ventas netas sujetas a facturación según el calendario Gregoriano con los libros de ventas IVA (Ver anexo No. 4/1, Fs. 88 adjunto al presente) no se determinan diferencias a excepción del mes de agosto periodo se facturó nuevamente facturas extraviadas (es decir se pagó doble impuesto por las mismas transacciones), en cuanto a lo demás no existe diferencia alguna.”, pues de revisión de interposición del Recurso Jerárquico, se advierte que el sujeto pasivo no efectúa ningún cambio en su fundamento toda vez que mantiene su argumento de comparación de Declaraciones Juradas del IVA e IT con los libros de Ventas IVA y las facturas de ventas originales de los periodos objeto de observación, correspondientes a los periodos fiscales comprendidos entre enero a junio de 2007, adjuntando un cuadro explicativo que de ninguna manera significa cambio del argumento, el cual fue sostenido por el sujeto pasivo en Recurso de Alzada y Jerárquico; en relación a diferencia a la cual hacen referencia los Recursos de Alzada y Jerárquico, se advierte en Demanda que la misma asciende a la suma de Bs.1,69, el cual sería el monto cuestionado por las instancias de Alzada y Jerárquico para no emitir pronunciamiento.

Que, conforme al art. 4 inc. a) de la Ley 843 señala: “El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.”, por su parte el art. 10 de la Ley 843 prescribe: ”El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7° al 9° se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.”, normativa que exige imperativamente que el periodo fiscal para el impuesto al IVA esta dado en un mes calendario, en el marco del calendario Gregoriano, bajo cuya normativa se advierte que el procedimiento utilizado por el sujeto pasivo en la determinación del tributo se ha ajustado en el marco de la normativa señalada efectuando sus pagos respetivos en Declaraciones Juradas mensuales, en relación a este reparo, lo cual evidencia que las instancias de alzada soslayaron el deber de emitir pronunciamiento basado en una observación insustancial que derivo en la privación del derecho al debido procedimiento, derecho a defensa y el principio de verdad material.

Que, como consecuencia de lo referido el Debito Fiscal en Ventas para el SIN emergen de la ventas según calendario leveriano, por el mes de abril, incluye las ventas del 01 al 05 de mayo de 2007. Llegándose a verificar que sumando los días que faltan y restando los días del mes posterior se llega al importe reportado en DDJJ form.210, por lo que el reparo establecido por el SIN respecto a este concepto fue determinado en base a interpretaciones equivocadas debido a que estos importes incluyen los días del mes siguiente y les falta las ventas de los primeros días del mes, aspecto que también influye en la determinación del IT respecto a las ventas, por lo que tal aspecto debe ser enmendado por la Administración Tributaria, en todos los períodos en que se hubiese incurrido en tal error.

III.1.3. Costo de Productos Vendidos Depurados

Que, se evidencia que al igual que en los casos y reparos anteriores la AGIT omite su pronunciamiento bajo el argumento que las pruebas no cumplen con el requisito de oportunidad dispuesto por el art. 81 de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo como consecuencia que no corresponde su valoración, argumento  reflejado en los incisos xix), xx), xxi) del numeral IV.4.5.1 de la Resolución de Recurso Jerárquico, ante lo cual debe reiterarse que la parte final del art. 81 de la Ley 2492, referido a que la omisión de la prueba presentada no fue por causa propia no aplica cuando se demuestre como en el caso de autos de la inexistencia de requerimiento expreso de la Administración Tributaria, claridad de la noma que exige que solo en casos que la documentación sea requerida en forma expresa e inequívoca por la Administración Tributaria al sujeto pasivo y ese requerimiento no hubiese sido cumplido con la presentación de lo requerido, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, podrán ser presentadas con juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; es decir que la norma exige que en los casos en los que sí y solo si exista requerimiento expreso por parte de la administración; y ese requerimiento no fuese cumplido por el sujeto pasivo, procederá el procedimiento de presentación de pruebas bajo juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; vale decir, que solamente cuando éstas hayan sido expresamente requeridas por la Administración Tributaria, podrán ser presentadas con juramento de reciente obtención, probando que la omisión no fue por causa propia; de lo cual se evidencia que ante inexistencia de prueba alguna que demuestre el requerimiento de esa documentación por parte de la Administración Tributaria la instancias de alzada y jerárquica estaban impedidas a emitir un fallo basado en la exigencia de la demostración de que la omisión s la presentación no fue por causa propia, exigiendo a contrario en forma errada la presentación de esos documentos en fase administrativa impugnatoria; evidenciándose y advirtiéndose que ambos fallos incurrieron en violación de las formas esenciales del proceso sin pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el proceso, traducido en falta de exhaustividad y congruencia, asimismo que ambos fallos violaron la ley por error de derecho al aplicar el art. 81.2.3, a un hecho inexistente, por lo cual ante omisión de pronunciamiento de la instancia recursiva administrativa corresponde que la Administración Tributaria Proceda a la valoración de esta prueba en nueva emisión de Vista de Cargo, habiéndose evidenciado la vulneración al Debido Procedimiento Administrativo, al Derecho a defensa, al principio de congruencia y a la aplicación del principio de verdad material.  

En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia, evidenciada la vulneración de derechos y garantías constitucionales corresponde dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0193/2015, y el Auto Motivado AGIT-RJ-0021/2015; reponiendo obrados hasta la Vista de Cargo Nº 399010OFE000150045/2011 de fecha 7 de octubre de 2011, a fin de restablecer el derecho a la defensa del contribuyente, considerando los contratos originales extrañados de Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central Services Agreement), suscritos con la empresa UNILEVER N.V. y el Contrato de Licencia (Licence Agreement) suscrito con la empresa CONOPCO INC., los mismos que deberán ser solicitados previamente por la Administración al Contribuyente con las formalidades, especificaciones y plazo razonable, conforme lo exige el art. 8 del D.S. 24501, al ser esa la única observación de la Administración Tributaria, en la que basa su rechazo en los reparos relacionados con la deducibilidad de gastos del pago de Royalties/Service Fees y, en relación a los reparos por ventas según calendario leveriano, proceder a la modificación de la Vista de Cargo en base a las observaciones vertidas sobre este punto; en relación a los costos de productos vendidos depurados proceder a la valoración de la prueba presentada por el contribuyente, en el marco de los derechos y principios desarrollados en la presente Sentencia, y en aplicación directa del principio de verdad material conforme lo exige el art. 4 de la Ley 2341.

       Que, por lo expuesto se concluye, que la empresa demandante acreditó la pretensión respecto a la incorrecta aplicación de las normas citadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. y Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Orietta Angulo Torrico de Pereyra en representación de Unilever Andina Bolivia S.A. de fojas 95 a 120, y en su mérito, DEJA SIN EFECTO la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0193/2015 y el Auto Motivado AGIT-RJ-0021/2015 y, por consiguiente, quedan sin efecto, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, la Resolución Determinativa Nº 17007532011 de 21 de diciembre de 2011 y la Vista de Cargo Nº 399010OFE000150045/2011 de fecha 7 de octubre de 2011, y efectivizando el derecho al debido procedimiento administrativo y el  derecho a defensa del sujeto pasivo, en el marco de los razonamientos expuestos en la presente sentencia, se dispone que la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emita nueva Vista de Cargo, considerando los contratos extrañados que deberán ser solicitados por la Administración al Contribuyente con las formalidades, especificaciones y plazo razonable, conforme lo exige el art. 8 del DS No 24501, así como los demás fundamentos expuestos en la presente resolución.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Regístrese, notifíquese y archívese.