TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

SENTENCIA Nº 08

Sucre, 28 de agosto de 2015


Expediente                        : 05/2015-CA

Demandante                        : Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio         

                                              de Impuestos Nacionales (GRACO-SCZ del SIN)

Demandada                        : Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca 


Pronunciada dentro del proceso Contencioso Administrativo, interpuesto por la Gerencia GRACO-SCZ del SIN, contra la AGIT.

VISTOS: La demanda contencioso administrativo, interpuesta por Lilian Moreno Cuellar, representante legal de la Gerencia GRACO-SCZ del SIN de fs. 36 a 42, contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo de la AGIT refutando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre; el responde de la entidad demandada de fs. 67 a 71 vta.; el responde del tercer interesado de fs. 132 a 140, memoriales de réplica (fs. 92 a 96) y dúplica (fs. 144 a 145 vta.); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1. Contenido de la demanda Contenciosa Administrativa

Lilian Moreno Cuellar, representante legal de GRACO-SCZ del SIN, dentro del plazo establecido por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil (CPC), interpuso demanda contenciosa administrativa, expresando lo siguiente:

Que, el 21 de octubre de 2014 fueron notificados con la Resolución del recurso jerárquico AGIT-RJ 1428/2014, que Anuló la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0299/2014 de 21 de julio, dentro del recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Agrícola “MÓNICA S.A.” contra GRACO-SCZ del SIN, en consecuencia anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00799-13 de 12 de noviembre.

Refiere como antecedentes que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492 la Administración Tributaria, emitió contra la contribuyente la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13 de 12 de noviembre, con una multa de UFVs. 433.099, ante la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago al haberse evidenciado que realizó el pago después de haber sido notificada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 1101/2009, el 3 de diciembre.

Dice que, el contribuyente el 28 de octubre de 2009 presentó Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo 06/2009 Form. 500 con N° de Orden 7931797184, mediante la cual se determinó un saldo definitivo a favor del fisco de Bs.4.325.833.- y al no haber cancelado la deuda tributaria en cumplimiento del art. 4 del Decreto Supremo (DS) N° 27874, la Administración Tributaria el 3 de diciembre de 2009 notificó al contribuyente con el PIET N° 1101/2009; añade que, el 14 de diciembre de 2009, es decir, posterior a la notificación con el PIET, el contribuyente realizó el pago total de la deuda tributaria sin incluir la multa sancionatoria, acomodando su actuar a una contravención tributaria de Omisión de Pago. Que, evidenciado ese aspecto la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0294-13 de 26 de febrero y notificó con el referido acto administrativo al contribuyente el 22 de octubre de 2013, concediéndole el plazo de 20 días para que formule descargos y ofrezca pruebas o en su defecto haga efectivo el pago del importe de la multa. Afirma que, el contribuyente el 22 de octubre de 2013 presentó la Nota con NUIT 6196 en calidad de descargo, de donde se extrae que el pago de 14 de diciembre de 2009 fue posterior a la notificación con el PIET, estableciendo que es inaplicable el arrepentimiento eficaz, correspondiendo en consecuencia la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, lo que generó la emisión de la resolución Sancionatoria.

Manifiesta que, ante el recurso de alzada se pronunció la resolución ARIT-CBA/RA 0299/2014, Confirmando la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez que su emisión fue efectuada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Contra la resolución de la ARIT, el contribuyente planteó el Recurso Jerárquico que fue resuelto por la AGIT mediante la resolución AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, anulando la Resolución de Alzada.

Expuestos los antecedentes que preceden, plantea la demanda afirmando que el Director Ejecutivo de la AGIT basó su fundamento en el sentido que la Resolución Sancionatoria no valoró de manera detallada toda la prueba presentada por el contribuyente vulnerando derechos y causando indefensión.

Previa cita de doctrina y jurisprudencia refuta la nulidad dispuesta por la AGIT señalando que, la misma está relacionada a una supuesta falta de pronunciamiento sobre los descargos presentados consistentes en los pagos efectuados por el contribuyente; al respecto resalta que, el pago efectivizado el 14 de diciembre de 2009 fue posterior al 3 de diciembre de 2009 fecha de notificación con el PIET N° 1101/2009; indica que, dichas pruebas fueron valoradas y no fueron suficientes para desvirtuar el incumplimiento que generó la sanción impuesta. Continúa señalando que, la supuesta falta de valoración observada por la AGIT, fue desvirtuada completamente, y que dicha observación no afecta la imposición de la sanción por omisión de pago, la cual se configuró cuando el sujeto pasivo determinó un saldo a favor del fisco que no canceló en su totalidad antes de la notificación con el PIET, tal como lo establecen los arts. 165 de la Ley N° 2492 y 42 del DS N° 27310, siendo indistinto que se mencione la hora de efectivización de pagos, cuando es por demás evidente que a la primera actuación del SIN existía un saldo pendiente de pago, mismo que recién fue cancelado el 14 de diciembre de 2009, aspecto aceptado por el contribuyente; dice que, quedó claro la correcta aplicación de la sanción por Omisión de Pago, situación analizada en el último Considerando de la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13; por ello, el análisis efectuado por la Administración Tributaria cumple con uno de los requisitos previstos en el art. 17.h de la RND 10.0037.07. Ratifica que, la Resolución Sancionatoria expone de forma clara y concreta la fundamentación fáctica y legal para la imposición de la sanción por Omisión del Pago del IUE determinado no pagado; que, el procedimiento sancionador se sujetó a lo establecido en el art. 168 del Código Tributario, garantizando los espacios para que el contribuyente asuma defensa, en cumplimiento a lo previsto por los arts. 115.I, 117.I Y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); por ello refiere que, la AGIT realizó una interpretación errónea e incongruente de la norma al invocar la causal de nulidad, careciendo de respaldo fáctico, técnico y legal. Asimismo menciona que, la primera actuación de la administración tributaria se realizó con la notificación del primer aviso de visita de notificación el 2 de diciembre de 2009, y al existir un monto faltante al pago, esta situación configura la Omisión de Pago.

Continúa argumentando que, la AGIT pretende invocar nulidades inexistentes, situaciones que no condicen con los antecedentes administrativos, toda vez que, conforme al art. 28  de la Ley N° 2341 se verifican los elementos esenciales del acto administrativo; en ese marco refiere que conforme a las disposiciones citadas la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13 cuenta con los elementos mínimos que la Ley prevé, en consecuencia manifiesta que, la Administración Tributaria dio fiel y estricto cumplimiento a la Ley; y con relación a la motivación hace referencia a que ésta puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados.

Que, la Resolución Sancionatoria cumple con todos los requisitos legales de validez, toda vez que, en ningún momento se vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa, ya que el contribuyente fue notificado con todas las actuaciones de la administración tributaria asegurando de esta manera su derecho a la defensa y el debido proceso, razón por la que la Resolución Jerárquica impugnada  carece de valor legal.

Concluye refiriendo que: a) La AGIT emitió la Resolución Jerárquica prescindiendo de la sana critica, toda vez que no valoró  lo descrito en el art. 17.3 de la RND N° 10.0037.07 concordante con los arts. 64  y 168 del CT, y art. 115.I, 117.I y 119.II de la CPE, y que la Resolución Sancionatoria anulada por la AGIT cumple con  los requisitos establecidos en el art. 99.II del CT, en consecuencia la causal de nulidad invocada por la AGIT carece de respaldo fáctico, técnico y legal; b) Que, el contribuyente configuró su actuar en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al haber realizado el pago total de la deuda el 14 de diciembre de 2009, es decir posterior a la notificación con el PIET; c) Que, la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13, cuenta con los elementos mínimos que la ley prevé; d) Que, la administración tributaria dio fiel y estricto cumplimiento a disposiciones legales pertinentes en la emisión de la Resolución Sancionatoria, y que la misma se encuentra debidamente fundamentada y motivada en virtud de los hechos fehacientes; y e) Finalmente que, la descripción extrañada y observada por la AGIT, no afecta la imposición de la sanción por Omisión de Pago, la cual se configuró cuando el sujeto pasivo determinó un saldo a favor del fisco que no canceló en su totalidad antes de la notificación con el PIET N° 1101/2009.

I.1.2. Petitorio

Con esos argumentos en mérito a lo establecido por los arts. 74.2) de la Ley N° 2492, 70 de la Ley Nº 2341, 778 del CPC y 55 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), interpone demanda contencioso administrativo, solicitando que previo tramite de Ley se dicte Sentencia Revocando la Resolución AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, y declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00799-13 de 12 de noviembre.

I.2. Admisión de la demanda y Responde de la AGIT

Por el auto de fs. 46 al admitir la demanda se corrió traslado a la entidad  demandada y al tercer interesado quienes fueron debidamente citados.

Daney David Valdivia Coria, en representación de la AGIT contestó la demanda en forma negativa, señalando lo siguiente:

Que, la Nulidad de la Resolución Sancionatoria dispuesta por la AGIT, procedió bajo la observancia de que, el sujeto pasivo el 28 de octubre de 2009 presentó el Formulario 500 con N° 7931797184 correspondiente al IUE gestión 2009, en el que declaró un saldo definitivo a favor del fisco de Bs.4.325.833.- realizando un pago efectivo de Bs.1.000.000.- quedando un saldo a pagar; hecho que dio lugar a que la Administración Tributaria emita el PIET N° 1101/2009, notificado el 3 de diciembre de 2009 a hrs. 16:30.        Que el 4 de diciembre de 2009 a solicitud de la Administración Tributaria el sujeto pasivo adjuntó boletas de Pago 1000, correspondientes al Formulario 500 con N° 7931797184 por un total de Bs. 4.371.578.- refiere por impuesto más sus accesorios, adjuntando las Boletas de Pago efectuados el 28 de octubre, 27 de noviembre, 3 de diciembre y 14 de diciembre de 2009, liquidación de deuda, así también se evidencia que el 17 de diciembre de 2009, el contribuyente comunicó a la Administración Tributaria que a efectos de cancelar la deuda tributaria solicitó se faccione la liquidación final y que en base a ello procedieron a cancelar la deuda en su totalidad el 3 de diciembre de 2009 a hrs. 14:41, pero de manera sorprendente el 11 de diciembre de 2009 el SIN informó al contribuyente que tenía un saldo pendiente a pagar de 619 UFV, monto que hicieron efectivo el 14 de diciembre de 2009 según Boleta de Pago 1000 equivalente a Bs. 969,00.- solicitando se tome en cuenta el porqué de un saldo a favor de la Administración Tributaria, adjuntando una liquidación de la deuda, Reportes de la Calculadora Tributaria y Boletas de pago 1000 de 28 de octubre, 3 de diciembre y 14 de diciembre de 2009.

Que,  el 20 de septiembre de 2010 el sujeto pasivo solicitó a la Administración Tributaria, certifique sobre la liquidación entregada por la Lic. Vivian Paz, a lo cual la Administración Tributaria emitió una Nota disponiendo que previamente se cumpla con los requisitos previstos en el art. 5 de la RND N° 10-0040-05; consiguientemente se tiene el 6 de noviembre de 2010 nuevamente solicitó se emita la certificación, sin que se evidencie a la fecha la emisión de la misma.

Que, el 22 de octubre de 2013 la Administración Tributaria, notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0294-13 de 26 de febrero, por el pago de la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, después de habérsele notificado con el PIET, correspondiente al IUE Formulario 500 con N° de Orden 7931797184, periodo junio de 2009, adecuando su conducta a la contravención Tributaria de Omisión de Pago, con la reducción del 80% del tributo omitido expresado en UFVs, a la fecha de vencimiento (28/10/2009) en aplicación del art. 156.1 de la Ley N° 2492, equivalente a 433,099 UFVs.

También expuso que, el 22 de octubre de 2013, la Empresa presentó memorial de descargos en los que explicó que el IUE gestión 2009, fue efectuado en varios pagos, detallando las fechas y horas de pago, asimismo refiere como último pago la fecha de 3 de diciembre de 2009 a hrs. 14:41; y que el mismo día a horas 16:30 habría sido notificado con el PIET. Remarca que, una funcionaria del SIN la llamó indicándole que se hizo una reliquidación de impuesto, por lo que el 14 de diciembre de 2009, procedió a realizar el pago adicional de 619 UFVs, pago que señala el contribuyente hizo conocer al ente fiscal el 17 de diciembre de 2009, solicitado a su vez se analice la documentación aclarativa adjunta; consistente en Auto Inicial de Sumario Contravencional, PIET, Nota de 4 de diciembre de 2009, Formulario 500-IUE gestión 2009 y Boletas 1000.

Asimismo señala que, del análisis de la Resolución Sancionatoria se extracta que el sujeto pasivo presentó descargos el 22 de octubre de 2013 estableciendo los argumentos de defensa; que entre los descargos presentados, se encuentra documentación en los que el sujeto pasivo inmediatamente al último pago efectuado el 14 de diciembre de 2009, pone en conocimiento de la administración Tributaria, que el último pago realizado en fecha 3 de diciembre de 2009 fue en base a una liquidación que le habría otorgado una funcionaria del ente fiscal, aseveración que es corroborada de acuerdo a la Nota de 17 de diciembre de 2009, en la que adjunta una liquidación y los reportes de la calculadora tributaria además las notas de septiembre y noviembre de 2010 en las que incluso solicita se certifique tal aspecto. Agrega que, toda prueba presentada por el sujeto pasivo a efectos de desvirtuar la multa que se le impuso merecen la consideración y pronunciamiento del ente fiscal, puesto que puede determinar la existencia o no de una causal de exclusión de responsabilidad del sujeto pasivo, además de ser un derecho de este formular o aportar dentro de plazo todo tipo de prueba o alegatos que debieron ser tomados en cuenta al momento de emitir la Resolución Sancionatoria de acuerdo a lo previsto por los arts. 68.2) y 7) y 76 de la Ley Nº 2492.

Sostiene que, la Resolución Sancionatoria realizó una valoración general en cuanto a los pagos realizados por el sujeto pasivo, omitiendo mencionar y analizar todos los pagos y las horas en las que fueron efectuados y más aún cuando de los antecedentes administrativos se evidencia que el sujeto pasivo realizó pagos el mismo día en el que fue notificado con el PIET, siendo determinante este aspecto a efectos de establecer de forma cierta la base de cálculo de la sanción, sobre el cual debe aplicarse la multa por Omisión de Pago, en consideración a lo dispuesto por el art. 108.6 de la Ley Nº 2492 y art. 23.2 de la RND Nº 100037-07. Dice que está claro que, la Administración Tributaria no efectuó una valoración de toda la prueba presentada por el sujeto pasivo, dentro del término previsto en el art. 168.II de la Ley N° 2492 y que si bien se señaló que, los pagos se efectuaron el 3 y 14 de diciembre de 2009, no se hizo una valoración detallada de toda la prueba, por lo que la Resolución Sancionatoria no contiene uno de los requisitos previstos en el último párrafo del caso 3 del art. 17 de la RND N° 10.0037.07, vale decir que no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho, que implica la exposición completa de las pruebas y su valoración; siendo evidente que la Administración Tributaria, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa resguardados por los art. 115 y 117 de la CPE y 68.6, 7 y 10; 76 y 81 de la Ley N° 2492, al no haber contemplado una relación y valoración de las pruebas de descargo, incumpliendo los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, causando indefensión al sujeto pasivo, conforme el art. 36.II de la Ley N° 2341 aplicable por disposición del art. 74.1 de la Ley N° 2492.

Finalmente asevera que, la AGIT no infringió ninguna norma legal, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su argumentación técnica jurídica que se ajusta a derecho, aspectos que no fueron desvirtuados de manera concluyente por la demandante, toda vez que no demostró de forma indubitable una errada interpretación de la AGIT, limitándose la demandante a realizar afirmaciones generales, sin exponer razonamientos de carácter  jurídico. Por lo cual la Resolución Jerárquica está debidamente fundamentada lo señalado tiene como precedentes las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia Nros. 510/2013 de 27 de noviembre y 215/2013 de 26 de junio.

Con esos argumentos alega que la demanda Contencioso administrativa carece de sustento jurídico tributario, siendo evidente que no existe agravio ni lesión de derechos causados con la Resolución ahora impugnada, por ello impetra se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre.

Por decreto de 27 de abril de 2015 (fs. 73) se tuvo presente el responde a la demanda y se corrió traslado al demandante a efectos de la réplica.

I.3. De la respuesta del tercer interesado

Que, la Empresa representada legalmente por Francisco Marchett, en su condición de tercero interesado, mediante memorial de fs. 132 a 140 contesta negativamente la demanda señalando que:

Puntualiza: 1.- La demanda carece de fundamentación y de una verdadera expresión de agravios; toda vez que, las SSCC 1262/2004-R y 1786/2004-R invocadas por el SIN, en lugar de apoyar sus fundamentos, lo destruyen ya que la falta de valoración de la prueba y de los alegatos del sujeto pasivo, constituyen absoluta falta de motivación, afectando los derechos consagrados en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE; 2.- La Resolución Sancionatoria no cumple con el requisito contenido en el art. 28.e) de la Ley N° 2341, ya que la misma al ignorar importante prueba y argumentos de hecho y de derecho, la torna en una resolución carente del elemento fundamento y vulnera el art. 30 de la Ley N° 2341 y 31 de su Reglamento, que establece que toda resolución debe ser debidamente motivada, por lo que es nula conforme al art. 55 del DS N° 27113; 3.- con relación a la falta de valoración de los descargos presentados el 22 de octubre de 2013 y 17 de diciembre de 2009, el Servicio de Impuestos Nacionales no se pronunció en la demanda contencioso administrativa, por lo que dicha demanda nació muerta.

Que, la Resolución Sancionatoria, librada por una supuesta Omisión de Pago del impuesto IUE correspondiente a la gestión 2009, les hace un ilegal cargo de UFVs 433.099 emergente de una Declaración Jurada contenida en el F-500 con número de orden 7931797184 correspondiente al pago de IUE; al respecto indica que, fundamentaron en el Recurso de Alzada y luego en el Recuso Jerárquico, aspectos probados con las Boletas de pago 1000, y constancias de pago bancarias adjuntas a la carta de descargos presentada al SIN en fecha 22 de octubre de 2013, detallando las fechas y los pagos efectuados. Continúa señalando, que en fecha 3 de diciembre de 2009 a horas 16:32 fueron notificados con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, siendo esta la primera actuación del SIN, misma que es posterior a las fechas y horas de todos los pagos que realizaron del impuesto IUE gestión 2009, así se establece mediante las boletas de pago N° 1000, es decir que se efectuó el último pago el día 03 de diciembre de 2009 a horas 14:41, concretamente a una horas y 49 minutos antes de la primera actuación de la Administración Tributaria. Indica que si bien GRACO-SCZ emitió el PIET ellos fueron notificados en forma posterior al pago total del tributo, aspecto puesto a conocimiento a través de descargos que no fueron debidamente valorados por la Administración Tributaria, ya que emitió la Resolución Sancionatoria 18-00799-13. (Cuando ya había prescrito su facultad de ejecución tributaria que dio lugar a la ilegal multa), Agrega que, se determinó la existencia de Omisión de Pago aplicando la multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, y concluye manifestando que el contribuyente pagó la obligación tributaria antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, por lo que se aplica la reducción del 80% de la sanción. Continúa expresando que, la Resolución Sancionatoria no valoró los descargos que prueban el pago del IUE gestión 2009 antes de cualquier actuación del SIN, es decir antes de la notificación con el PIET y no así posterior como afirman en la Resolución Sancionatoria. Asimismo refiere que tanto en el Recurso de Alzada como en el Recurso Jerárquico, fundamentaron su petición de nulidad de la Resolución Sancionatoria, por falta de fundamentación alegando que la misma les aplicó una millonaria multa de UFVs. 433.099, sin pronunciarse sobre los descargos presentados el 22 de octubre, expresando que el primer pago fue efectuado antes de la notificación con el PIET y que los pagos del 3 de diciembre y 14 de diciembre de 2009 fueron posteriores, afirmación falsa, confusa y oscura, porque no detalla los montos de pago, no especifica sobre el pago de fecha 14 de diciembre, sobre los pagos contenidos en los descargos, y no valoran las horas en las que se hicieron los pagos y la notificación con el PIET en fecha 3 de diciembre; por ello alega que dicha Resolución Sancionatoria carece de fundamentos de hecho y de derecho puntuales, respecto a la valoración de las pruebas de descargo. Al respecto la ARIT, se limitó a señalar que no es relevante que la Resolución Sancionatoria no haya indicado las horas de pago, omitiendo valorar la prueba de descargo presentada y afectando su derecho a la defensa. En consecuencia manifiesta que correspondía declarar la nulidad de obrados debido a que la Resolución Sancionatoria no cumple con el requisito exigido por el art. 28.e) y 30 de la Ley N° 2341 y 31 de su Reglamento, y art. 68.2 de la Ley N° 2492.

Expresa también que, en su Recurso de Alzada argumentaron que si no se toma en cuenta que operó el arrepentimiento eficaz, en todo caso la Resolución sancionatoria debió aplicar una sanción del 20% sobre el tributo omitido pagado después de la primera intervención de la Administración Tributaria, es decir que posterior a la notificación con el PIET el monto pagado fue de Bs.969,00.- correspondiendo calcular la multa sobre este monto. Este argumento de fondo no fue fundamentado por la Resolución de Recurso de Alzada, incurriendo la ARIT en incongruencia omisiva y causal de nulidad, en ese marco la Resolución Sancionatoria es absolutamente inmotivada y les causa indefensión. Añade que, el pago efectuado el 14 de diciembre de 2009 fue por un saldo de Bs.969,00.- emergente de un error en la liquidación practicada por la funcionaria del SIN Lic. Vivian Paz, al parecer ésta calculó mal los intereses por un día, hecho que puso en conocimiento del SIN mediante sendas cartas, mismas que no fueron respondidas y fueron ignoradas en la Resolución Sancionatoria causándoles indefensión, por lo que por aplicación del silencio administrativo positivo se tienen como ciertas; dice que, la Resolución de Recurso de Alzada no cumplió con el requisito exigido por el art. 28.e) y 30 de la Ley Nº 2341 y 31 de su Reglamento y 68.2 de la Ley Nº 2492, por lo que conforme al art. 35.c) y d) de la Ley N° 2492 con relación al art. 55 de su Reglamento, correspondiendo su nulidad.

Concluye manifestando que, con la basta jurisprudencia de falta de motivación e incongruencia omisiva y los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, pide declarar improbada la demanda y confirme la Resolución de Recursos Jerárquico N° AGIT RJ 1428/2014.

I.4. Réplica del demandante GRACO-SCZ

En uso de su derecho a la réplica, objetan la contestación negativa de la AGIT, manifestando que, por la valoración del pago de 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria establece que sí existe un ilícito tributario como el de Omisión de Pago, pues el pago total de la deuda  ocurrió recién el 14 de diciembre de 2009, es decir después de la notificación con el PIET, por ello establecen que es contradictoria y no contiene fundamentos técnico jurídicos para desvirtuar la demanda contencioso administrativa. Añade que, la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13 hace referencia y exposición concreta de los descargos presentados por la contribuyente de donde se extracta que la imposición de sanción por Omisión de Pago se configuró, cuando el sujeto pasivo determinó, un saldo a favor del fisco que no canceló en su totalidad antes de la notificación con el PIET, siendo indistinto que se mencione la hora de efectivización de pagos. Situación analizada y explicada en el último considerando de la Resolución Sancionatoria, por tanto dicho actuado cumple con uno de los requisitos  previstos en el último párrafo  del caso 3 del art. 17.h)  de la RND; siendo evidente la interpretación errónea e incongruente realizada por la AGIT al  momento de  emitir la Resolución de Recurso Jerárquico.

Luego de contextualizar los argumentos descritos en la demanda se ratifican en todo el contenido de la misma, pidiendo se declare probada la demanda y resolver revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 1428/2014 de fecha 13 de octubre de 2014, declarando en definitiva forme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00799-13.

I.5.  Dúplica de la AGIT

Manifiesta que, la Administración tributaria está en el deber de comprender que en la Resolución Sancionatoria no existe un pronunciamiento debidamente motivado, sobre los descargos acompañados al memorial de 22 de octubre de 2013, limitándose a señalar que, el contribuyente realizó el pago de la deuda tributaria sin incluir la multa por Omisión de Pago y que de acuerdo al art. 165 de la Ley N° 2492 le corresponde una multa del 100% del monto calculado, aplicando la reducción del 80%. Continúa expresando que, la Resolución Sancionatoria realiza una referencia general en cuanto a los pagos efectuados por el sujeto pasivo, omitiendo mencionar y analizar todos los pagos y las horas en los que fueron efectuados estos; más aún si se evidencia que el sujeto pasivo realizó pagos el mismo día de la notificacion con el PIET, siendo determinante el establecer las horas de pago y el saldo pendiente a efectos de establecer de forma cierta la base de cálculo de la sanción sobre el cual debe aplicarse la multa por Omisión de Pago conforme al art. 108.6 de la Ley N° 2492. En tal sentido no existe contradicción alguna en el memorial de contestación, toda vez que la observación efectuada es la falta de motivación de la Resolución Sancionatoria y no así cuestiones de fondo planteadas en el Recurso de Alzada, aspectos por demás expuestos en la Resolución Jerárquica y el memorial de contestación. Sostiene que, la AGIT a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica, ajustó su proceder y pronunciamiento a la normativa vigente. Concluye solicitando  se declare improbada la demanda  y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014  de 13 de octubre.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Inicialmente debe enfatizarse que, por disposición del art. 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, se tiene reconocida la competencia de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la presente controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que éste Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, por el que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0299/2014 de 21 de julio y dejó sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-00799-13 de 12 de noviembre.

Previo a desarrollar los fundamentos del fallo, es menester identificar el motivo de la controversia en el presente proceso, que se circunscribe en determinar si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, emitida por la AGIT, produjo algún agravio a GRACO-SCZ del SIN, al momento de anular la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0299/2014 de 21 de julio, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00799-13 de 12 de noviembre; haciendo constar que no corresponde analizar ni emitir ningún criterio sobre aspectos de fondo, pues la autoridad demandada al haber declarado la nulidad de la Resolución Sancionatoria por cuestiones formales, no ingresó a analizar ni emitir una posición legal sobre los mismos.

Los arts. 115.II y 119.II de la CPE, propugnan como garantías jurisdiccionales el derecho al debido proceso y a la defensa, que según el entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional (SC) Nº 2798/2010-R de 10 de diciembre es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Sobre el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas, la SC N° 1810/2011-R de 7 de noviembre, referente a este deber señaló lo siguiente: “Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión”; de esto se concluye que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales y administrativas deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, deber que se encuentra vinculado al debido proceso.

Respecto de los derechos al debido proceso y a la defensa, y contar además con resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, es menester hacer referencia al art. 68. 2) y 7) de la Ley Nº 2492, misma que prevé como derechos del sujeto pasivo “…a que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planeadas…”; “al debido proceso…”; y a “formular y aportas, en la forma y plazos previstos…, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución”.

Por su parte el art. 211 de la Ley Nº 2492, precisa que la “las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,…”.

En esa misma lógica el art. 36.II  de la Ley Nº 2341, establece que será nulo un acto  cuando “el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión…”, norma que concuerda plenamente con el art. 55 del DS Nº 27113, que establece “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasiones indefensión de los administrados y lesione el interés público…”.

Sobre la valoración de descargos (prueba de descargo) el art. 17 caso 3.h) de la RND Nº 10-0037-07, exige que la Resolución Sancionatoria debe contener la “relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo, y la valoración realizada por la administración tributaria”.

De las normas legales glosadas precedentemente corresponde ratificar que, es deber ineludible de toda autoridad judicial o administrativa, en respeto de los derechos al debido proceso y a la defensa, el de motivar y fundamentar adecuadamente sus resoluciones, deber que implica apreciar y valorar cada una de las pruebas aportadas, sean estas de cargo o de descargo, relacionarlas con los hechos y citar los dispositivos legales que sustenten el fallo, deber que se hace más exigible cuando en la resolución se impone una sanción.

En autos, en el segundo Considerando de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00799-13 de 12 de noviembre, que constituyen los fundamentos del fallo, la Autoridad Tributaria concluyó que “…con relación a los argumentos expuestos por el contribuyente, corresponde señalar que la revisión de los archivos y registros que cursan en la Gerencia GRACO-SCZ, se tiene que si bien la Deuda Tributaria se encuentra cancelada en su totalidad a través de Boletas de Pago Form. 1000, se observa que dichos pagos fueron efectuados en distintas etapas, el 1er pago a cuenta pro Bs.1.000.000, dentro de la fecha de vencimiento, dejando un saldo pendiente, el mismo que fue cancelado en fechas 03/12/09 y 14/12/2009 posterior a la fecha de notificación con el PIET Nº 1101/2009…, razón por la cual es inaplicable el beneficio del arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 de la Ley 2492, correspondiendo al contribuyente la Sanción por Omisión de Pago, conforme al art. 165 de la Ley 2492 y art. 42 del DS Nº 27310”, finaliza concluyendo que “por lo expuesto precedentemente, los descargos presentados por el contribuyente no se consideran suficientes para desvirtuar el incumplimiento que da origen a la sanción por omisión de pago,…”.

Como puede advertirse la conclusión que precede carece de motivación y fundamentación, pues la Autoridad Tributaria omitió por completo cumplir con el deber de descripción, análisis y valoración de cada una de las pruebas de descargo ofrecidas por el sujeto pasivo, y como lógica consecuencia obvió efectuar una relación de la prueba con los hechos, que pueda hacer sostenible las siguientes conclusiones que: “el saldo pendiente fue cancelado, …posterior a la fecha de notificación del PIET…” o que “los descargos presentados por el contribuyente no se consideran suficientes para desvirtuar el incumplimiento que da origen a la sanción por omisión de pago,…”, afirmaciones que carecen de sustento fáctico y jurídico, mismas que desconocen los derechos del sujeto pasivo, al debido proceso y a la defensa, pues no tuvo posibilidad de conocer una resolución debidamente motivada y fundamentada sobre su pretensión de la exclusión de responsabilidad, vulnerándose así lo dispuesto por los arts. 115.II y 119.II de la CPE; 68. 2) y 7) de la Ley Nº 2492 y 211 de la Ley Nº 2492, incurriendo en la nulidad prevista por los arts. 36.II de la Ley Nº 2341, 55 del DS Nº 27113, y 17 caso 3.h) de la RND Nº 10-0037-07.

El vicio advertido, fue también evidenciado por la AGIT, que en el acápite IV.4.3 de la Resolución hoy impugnada, concluyó que, “entre los descargos presentados el 22 de octubre, se encuentra el último pago efectuado el 14 de diciembre de 2009, haciendo conocer que el último pago efectuado el 3 de diciembre de 2009, fue en base a una liquidación que fue otorgada por una funcionaria del Ente fiscal, que es corroborada de acuerdo a la Nota de 17 de diciembre de 2009 en la que adjunta una liquidación y los reportes de la Calculadora Tributaria y las Notas de septiembre y noviembre de 2010 en las que incluso solicita se certifique tal aspecto, por lo que se tiene que toda la prueba  presentada por el sujeto pasivo a efectos de desvirtuar la multa que se le impone, merecen la consideración y pronunciamiento del Ente Fiscal puesto que puede determinar la existencia o no de la causal de exclusión de responsabilidad del Sujeto Pasivo, además de ser un derecho del Sujeto pasivo el formular y aportar dentro de plazo todo tipo de prueba y alegatos que deben ser tenidos en cuenta a momento de emitir en este caso la Resolución Sancionatoria…” y que “…la Resolución Sancionatoria recurrida realiza una valoración general en cuanto a los pagos realizados por el Sujeto Pasivo de la deuda tributaria correspondiente al IUE gestión 2009, omitiendo mencionar y analizar todos los pagos y las horas en los que estos fueron efectuados y más cuando los antecedentes administrativos se evidencia que el Sujeto Pasivo, realizó pagos el mismo día en el que fue notificado con el PIET,… siendo determinante el establecer las horas de pago y el saldo pendiente a efectos de  establecer de forma cierta la base de cálculo de la sanción, sobre el cual debe aplicarse la multa por omisión de pago, en consideración a lo dispuesto en el numeral 6 del art. 108 de la Ley 2492 y numeral 2 del art. 23 de la RND Nº 10-0037-07”; fundamentos correctos que respaldan la decisión de anular la Resolución de la ARIT y la Resolución Sancionatoria.   

A la conclusión que precede debe añadirse que, la entidad demandante en la demanda omitió exponer y establecer con argumentos adecuados la supuesta errada interpretación de los hechos o de la normativa aplicada en la que aparentemente incurrió la AGIT al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de octubre, limitándose a sostener que el procedimiento administrativo observado por la entidad demandante hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria fue la correcta, pero omitió precisar en cómo la Resolución Jerárquica y la nulidad de obrados que contiene, causó agravio a dicha entidad. Debe precisarse que, la entidad demandante estaba obligada a identificar y precisar con razonamientos de carácter fáctico y jurídico, las razones por las cuales considera que la AGIT, no debió declarar la nulidad de las resoluciones antes citadas, es decir, debió señalar de forma clara los fundamentos jurídicos por los que considera que la Resolución impugnada hubiera interpretado errónea e incongruente la norma al invocar la causal de nulidad, pero en la demanda se omitió cumplir con dicha tarea, por cuanto no se identificó la fundamentación de agravios sufridos, pues la demandante, en su memorial de demanda, ingresó de manera general a sostener que el procedimiento para establecer la conducta del sujeto pasivo como contravención tributaria de omisión de pago fue la correcta, sin identificar los actos o actuaciones de la autoridad de impugnación que le causan agravio, peor aún sin referirse en absoluto a los argumentos que dieron lugar a la nulidad de la Resolución de Alzada, perdiendo de vista que por la naturaleza del proceso contencioso administrativo, este Tribunal ejerce control de legalidad de los actos de la AGIT.

Por los fundamentos que preceden, corresponde declarar improbada la demanda y mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1428/2014 de 13 de diciembre.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2.2 de la Ley Nº 620 y arts. 778 a 781 del CPC, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa, interpuesta por Lilian Moreno Cuellar, representante legal de GRACO-SCZ del SIN de fs. 36 a 42 contra la AGIT.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.