TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 04

Sucre, 12 de agosto de 2015


Expediente                        : 56/2015-CA

Demandante                        : Empresa de Envases Papeles y Cartones  S.A.

Demandado                        : Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


Pronunciada dentro del proceso Contencioso Administrativo interpuesto por Ronald Gilberto Mariscal Flores en representación de la Empresa de Envases Papeles y Cartones S.A. (EMPACAR S.A.), en la que impugna la Resolución Ministerial N° 082/2015 de 9 de febrero de 2015, emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, que rechaza el Recurso Jerárquico interpuesto por EMPACAR S.A., confirmando el proveído de 15 de septiembre de 2014, emitido por el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz, y la Resolución Administrativa N°  117/2014 de 14 de agosto, emitida por el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social.

VISTOS: La demanda interpuesta por Ronald Gilberto Mariscal Flores, representando a la Empresa de Envases, Papeles y Cartones S.A. (EMPACAR S.A.), de fs. 51 a 57,  contestación a la demanda presentada por José Gonzalo Trigoso Agudo, Ministro de la Cartera de Estado Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, de fs. 94 a 98 vta., réplica y dúplica, los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

II.1 Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa.

Que, teniéndose reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la controversia mediante su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, por mandato del art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, conforme lo preceptuado por el art. 354 del Código de Procedimiento Civil (CPC), cumpliendo con el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que, el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico; correspondiendo únicamente analizar si fueron interpretadas y aplicadas correctamente las disposiciones legales en sede administrativa en el marco de los argumentos expuestos por el demandante, realizando el control judicial de legalidad sobre los hechos resueltos en el recurso jerárquico.

Que, al haberse hecho uso del derecho de réplica y dúplica previsto en el art. 354.II del CPC, en los que las partes reiteraron sus pretensiones, corresponde resolver el fondo de la causa, de conformidad con el parágrafo III de la norma ya citada.

Que, mediante memorial de 23 de marzo de 2015, EMPACAR S.A. de fs. 51 a 57; señala que; en el primer párrafo del tercer considerando de la Resolución Ministerial (RM) N° 082/2015 de 9 de febrero, emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, a manera de fundamento jurídico hace referencia a los parágrafos I y IV del art. 51 de la Constitución Política del Estado (CPE), a lo cual corresponde referir que la CPE literalmente establece que: ”Todas las trabajadoras y trabajadores  tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo a ley”, lo cual no es otra cosa que organizarse cumpliendo con los requisitos y procedimiento administrativo, exigidos por la Ley General del Trabajo (LGT) arts. 99 y 103 y su Decreto Reglamentario (DR) Arts. 124 y 125 y la RM N° 443/04 de 7/09/04, lo contrario implicaría que la organización se la efectué al margen del Derecho Constitucional y Laboral, pues al no tener el Sindicato estatuto, reglamento y personería reconocida menos podría ser reconocida una directiva de un sindicato jurídicamente inexiste carente de causa como elemento esencial del acto administrativo y dicha resolución violenta el debido proceso administrativo consagrado en el art. 115 .II de la CPE.

En el segundo párrafo del tercer considerando a manera de supuesto fundamento señala que el art. 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) que los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas; a lo cual fundamenta con el Auto Supremo Nº 038/2012 de 2/05/12. Continúa señalando que el tercer párrafo del tercer considerando a manera de supuesto fundamento jurídico hace referencia al art. 2 numerales 1 y 2 del convenio 98 de la OIT, argumento impertinente y por ende no constituye fundamento alguno, toda vez que la Empresa no pertenece a ninguna organización de empleadores que pretenda el control del sindicato y en el supuesto sindicato no hay ningún representante del empleador.

Continúa refiriendo que el cuarto párrafo del tercer considerando hace referencia al art. 99 de la Ley General del Trabajo y art. 124 del Decreto Reglamentario y la Resolución Ministerial N° 443/04 de 7/09/04, normas que no han sido cumplidas por el supuesto sindicato, argumento reiterado en partes posteriores de la demanda. Más adelante menciona que la Resolución Administrativa (RA) N° 096/13 fue abrogada expresamente por la RA N°117/14 por lo cual el acta de 27/08/13 de la fundación de Sindicato y elección y posesión del supuesto directorio fue expresa y literalmente abrogada por disposición de RA N°117/14; asimismo, menciona que el Ministerio del Trabajo ha reconocido un Directorio reestructurado de un supuesto sindicato que jamás se organizó legalmente y que el convenio 87 de la OIT no constituye fundamento jurídico válido para el ilegal reconocimiento del sindicato y Directorio.

Petitorio:

Concluye solicitando que en Sentencia se dignen declarar probada la demanda Contenciosa Administrativa y por consiguiente dejen sin efecto y valor legal alguno la ilegal Resolución Administrativa N° 117/2014 de 14 de agosto, y el proveído de 15 de septiembre de 2014, emitido por el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz. 

Respuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Que, corrido el traslado responde José Gonzalo Trigoso Agudo, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante memorial presentado en 11 de mayo de 2015 de fs. 94 a 98 vta., responde negativamente a la demanda Contenciosa Administrativa presentada por EMPACAR S.A., transcribiendo el contenido del art. 778 del Código de Procedimiento Civil (CPC)., como preámbulo fáctico para definir la Resolución Ministerial impugnada y las atribuciones del ministerio contempladas en el art. 50 de la CPE inc. c) y d) y art. 86 del Decreto Supremo (DS) N° 29894 que aprueba la estructura organizativa del Poder Ejecutivo.

Señala que se debe considerar la Supremacía Constitucional, la cual postula ubicar a la Constitución jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico plasmado en el art. 410  de la CPE, hace referencia a la Sentencia Constitucional N° 0112/2012 de 27 de abril y la Sentencia Constitucional N° 591/2012 de 20 de julio, el nuevo texto Constitucional ha recepcionado el principio de Supremacía Constitucional, proyectándolo de acuerdo a su trascendencia y con la constitucionalidad vigente, por ello de una interpretación textual y sistemática de las norma del art. 410 de la CPE, esta jurisdicción comprende al principio en estudio, como la proclamación y la trascendencia normativa y valorativa de la CPE. Continua haciendo referencia al principio de legalidad y legitimidad, siendo el primero un principio fundamental conforme al cual todo el ejercicio del poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y a la voluntad de las personas y los poderes públicos deben regir sus actuaciones en base a este principio, sobre el principio de legitimidad hace referencia que en asamblea general se procedió a elegir por proclamación a los dirigentes sindicales de la Empresa demandante, obteniendo así la legitimidad, acción que fue plasmada mediante acta de 9 de agosto de 2014, remitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, por su ente matriz como es la Federación Departamental de Trabajadores fabriles obteniendo la legalidad mediante la emisión de la RA N° 117/14 de 14 de agosto. En relación a los fundamentos jurídicos de la Resolución Ministerial 082/15 de 9 de febrero, esta habría dado cumplimiento a la Supremacía Constitucional y a los principios de legalidad y legitimidad y es producto de la aplicación de normas generales y administrativas encontrándose debidamente fundamentada y como requiere el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo N°2341. Finalmente en relación al fuero sindical hace referencia al art. 51.1 de la CPE, señalando que el fuero sindical tiene como finalidad impedir que la Empresa pase cuenta de cobro a los trabajadores que organizan y lideran sindicatos, siendo falsas las aseveraciones expresadas por la parte demandante.

Petitorio:

Concluye solicitando declarar improbada la demanda contenciosa administrativa y firme y subsistente la Resolución Ministerial N° 082/14.

Réplica del demandante.

Corrido en traslado en fecha 18 de mayo de 2015, la respuesta negativa del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social., mediante memorial presentado el 22 de mayo de 2015, EMPACAR S.A. presenta réplica haciendo referencia al Decreto Supremo N° 2349 de 1ro de mayo de 2015, el cual según el demandante se funda en el art. 51  de la CPE y arts. 99 y 102 de la CPE, las cuales disponen que las personalidades jurídicas de los sindicatos concluyen con la Resolución Suprema correspondiente por lo cual la supremacía constitucional exige la aplicación de la Ley General del Trabajo y su Decreto reglamentario RM. N° 443/04 el procedimiento de reconocimiento de directivas sindicales, continúa fundamentando que la Resolución Ministerial N° 082/15 se funda impropiamente en la Sentencia Constitucional 1034/2010 y en el Decreto Supremo N° 29539, asimismo señala que la jurisprudencia ordinaria entiende que el cumplimiento de la Ley General del Trabajo, su Decreto Reglamentario y la R.M. 443/04 para la organización de un sindicato no atenta contra la libertad sindical, también señala que la misma Resolución Ministerial impugnada  reconoce que en la organización del sindicato debe cumplirse los arts. 99 y 103 de la Ley General del Trabajo, en cuanto a la obtención de la Resolución Suprema y conformarse al menos con el 50% de los trabajadores de la Empresa, concluye reproduciendo argumentos de su demanda, pidiendo se deje sin efecto la ilegal Resolución administrativa N° 117/14.

Dúplica Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Corrida en traslado la réplica en fecha 22 de mayo de 2015, mediante memorial de 5 de junio de 2015 el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, presenta dúplica haciendo una larga repetición de los antecedentes y argumentos de EMPACAR S.A., sin aportar mayores fundamentos de relevancia.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

Que revisados los fundamentos de la demanda se advierte que la controversia gira sobre la aplicación de una norma infraconstitucional con preferencia a una norma constitucional.

Con la finalidad de contar con un correcto entendimiento de la demanda traída en contención corresponde revisar la normativa inmersa e inherente al caso en cuestión, es así que el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala: “I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. (…). La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1.- Constitución Política del Estado. 2.- Los tratados internacionales 3.- Las leyes nacionales, ..(…).. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”. En ese orden constitucional el art. 51 de la norma supra-legal preceptúa: “I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. …” [sic] (el subrayado y resaltado fuera de texto). Por su lado el art. 48 de la misma norma supralegal estatuye: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos…”

En relación a las normas infra-legales motivo de contención en el caso de autos, el art. 99 de la Ley General del Trabajo (LGT) señala: “Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales o de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado su  personería jurídica y constituirse con arreglo a las reglas legales.”. El art. 103 de la ya mencionada Ley General del trabajo especifica : “No podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores, tratándose de sindicatos gremiales o profesionales ni con menos del 50 % de los trabajadores de una empresa, tratándose de sindicatos industriales.”, a vez la Resolución Ministerial 443/2004, emitida por el Ministerio del trabajo especifica en su numeral b (documentos requeridos), que para el trámite de reconocimiento de directivas debe presentarse el acta de convocatoria a elecciones (original), acta de escrutinio y cómputo, personería y estatuto.

Que, de una revisión de los antecedentes documentales arrimados al caso de autos, se establece que la Resolución Administrativa Nº 117/2014 de 14 de agosto, resuelve reconocer el Directorio del Sindicato Mixto de trabajadores Fabriles “EMPACAR”, integrada por Reynaldo Sanabria Roca, Germán Niethamer Salvatierra, Julio Cesar Mercado Parada, Osman Robles Álvarez, José Luís Castro Padilla, Alberto García Mérida, Herlan Vaca Zabala, Miltón Cuellar Céspedes, Juan Carlos Andia Ugarte; Diego Armando Capobianco Méndez, Miguel Ruperto Souza Dorado, Gimber Ramos Tórrez, Pablo Raúl Cruz Suarez, y Juana Vacaflor Torrico, elegida para la gestión 9 de agosto de 2014 al 8 de agosto de 2015, siendo uno de los fundamentos del reconocimiento; entre otros, la consideración a la nota de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, como entidad matriz de los trabajadores de EMPACAR S.A., entidad que otorga reconocimiento al Sindicato Mixto de Trabajadores Fabriles EMPACAR.

Que, ante conocimiento del reconocimiento del Sindicato Mixto de Trabajadores Fabriles EMPACAR la empresa EMPACAR S.A., interpone recurso de revocatoria presentado en agosto de 2014, recurso que es resuelto mediante auto emitido por el Jefe Departamental del Trabajo de fecha 15 de septiembre de 2014, siendo uno de los fundamentos del auto que resuelve el recurso; entre otros, que textualmente señala: “ Que la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, como entidad matriz del sector, quien otorga el aval y reconocimiento como lo establece la CPE, garantiza la Sindicalización como medio de defensa representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad; IV El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices; (…). La Constitución Política del Estado  en su artículo 51 parágrafo (…) relacionado con el art. 48 parágrafo I de la CPE concordante con el Decreto Ley  No. 38 de 07 de febrero de 1994(…)..”, auto que en base a la normativa constitucional descrita ratifica la Resolución Administrativa N° 117/14 de 14 de agosto, de reconocimiento del Sindicato Mixto de trabajadores Fabriles “EMPACAR” y rechaza el recurso de revocatoria presentado por la empresa EMCAR S.A., por considerar una intromisión e injerencia de la parte patronal hacia la organización de los trabajadores, bajo la primacía de la Constitución Política del Estado, por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores.

Ante este rechazo, la empresa EMPACAR S.A. interpone Recurso Jerárquico, en contra del Auto de 15 de septiembre de 2014 que resuelve el recurso de revocatoria, mismo que es resuelto en 9 de febrero de 2015 mediante Resolución Ministerial N° 082/15, cuyo fundamento principal entre otros se circunscribe al cumplimiento de los numerales I y IV de la CPE en el entendido de que todos los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley; El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices; confirmando la Resolución Administrativa N° 117/14 de 14 de agosto y el proveido de fecha 15 de septiembre de 2014.

Que, en aplicación del principio de Supremacía Constitucional consagrado por el numeral II del art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución, obligando por igual a todos, gobernantes y gobernados a su cumplimiento; es así, dentro este orden jurídico, que la CPE está en la cúspide del ordenamiento jurídico nacional, norma supra-legal de la cual emana el fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella; es en ese propósito, que toda autoridad jurisdiccional que cuente con competencia para resolver una controversia, debe aplicarla primero y con preferencia a cualquier otra norma, debido a que ésta cuenta con un valor normativo Constitucional, que debe ser directamente aplicable según la controversia, gozando de iguales garantías para su protección conforme lo señala el art. 109.I de la CPE; norma que acoge un proyecto de sociedad justa.

Asimismo, es menester considerar que, en la línea constitucional citada, el art. 15.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), preceptúa que el órgano judicial sustenta sus actos y decisiones en la CPE, leyes y reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la constitución y en materia judicial la constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria; norma que refleja la potestad de supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE), tal cual prescribe la norma constitucional ya descrita en el art. 410.II; por lo que, dada su prevalente y obligatoria aplicación, conforme al mandato en la materia preceptuado por los arts. 48 y 109 parágrafo I de la CPE, que hace al presente caso; las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, debiendo ser interpretadas y aplicadas directamente bajo los principios protectivos que rigen para toda trabajadora y trabajador como principal fuerza productiva de la sociedad, siendo por ello que sus derechos son irrenunciables, tal cual se dispone en el art. 48.I.II y III de dicho texto constitucional.

En ese contexto, que el art. 48 de la CPE, señala el cumplimiento obligatorio de las disposiciones sociales y la aplicación del principio de proteccionismo a las relaciones laborales, lo cual significa que las autoridades que gozan de jurisdicción están compelidas al cumplimiento y observancia de toda disposición social y la aplicación inexcusable de protección de las relaciones laborales entre cuyas relaciones también se encuentran inmersas aquellas relativas a las relaciones socio laborales del derecho de sindicalización de los trabajadores; asimismo, el parágrafo III del propio art. 48 señala: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.” [sic], ante lo cual es deber aplicar a cabalidad la característica esencial de la irrenunciabilidad de los derechos sociales, en relación al art. 51 .IV de la CPE; que al ser un derecho no disponible, esta norma es aplicable, limitando así la autonomía de la libertad o voluntad para renunciar o cualquier convención o la insoslayable pretensión de intromisión e injerencia de la parte patronal hacia la organización de los trabajadores, toda vez que el derecho consagrado debe cumplirse taxativamente, puesto que su vulneración afectaría al orden público laboral; siendo en consecuencia la declaración constitucional contenida en el art. 51. IV de la CPE, un derecho adquirido en favor de los trabajadores de carácter irrenunciable.

Corresponde  asimismo considerar el principio de la seguridad jurídica, por la cual se hace necesaria la exigencia de garantizar al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material y verdaderamente eficaz y no una aplicación formal y mecánica de la ley, es decir, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial deba significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales; un entendimiento en contrario no tendría otro efecto que el desprecio de la norma constitucional.

Consecuentemente las normas infra-constitucionales deben someterse y estar subordinadas a la supremacía de la constitución conforme lo prevé el ya descrito art. 410 de la CPE, más cuando en materia laboral, aplica el principio de favorabilidad de la norma más beneficiosa a favor de los trabajadores, sus derechos adquiridos y positivamente consagrados en la constitución y la seguridad y certeza jurídica de que esas relaciones laborales serán resguardadas y respetadas; poniéndose de relieve que conforme el diseño previsto en la Constitución Política del Estado, el trabajo goza de sustancial y trascendental protección, pues debe ser entendido tanto como un derecho (art. 46 CPE) y como un deber (art. 108.5 CPE), de lo cual se colige que el Estado deba darle singular preeminencia como función esencial y procurar los medios que permitan que los derechos laborales deban ser siempre progresivos, cuando se trata de garantizar la aplicación de un derecho compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todos los tutelados por la justicia.

En ese orden, es preciso referir que de acuerdo con Cabanellas (1996) “Sindicato debe entenderse como toda unión libre de personas que ejerzan la misma profesión u oficio, o profesión u oficios conexos, que se constituya con carácter permanente con el objeto de defender los intereses profesionales de sus integrantes, o para mejorar sus condiciones económicas y sociales; el sindicato no persigue fines de lucro, está integrado por un conjunto de voluntades coincidentes a obtener un mejoramiento de clases y de las condiciones laborales”. Debe considerarse que el derecho de asociación de los trabajadores que se encuentra garantizado en los numerales I y IV del art. 51 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que conforme lo preceptúa el numeral IV del art. 51, de la norma supralegal que señala que el estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos, lo que en términos claros representa independencia regulatoria en cuanto a su organización interna, así como su auto sostenimiento y la prohibición a las autoridades públicas de adoptar decisiones o regulaciones que obstaculicen el disfrute del derecho a la sindicalización; asimismo el art 51.IV de la CPE acorde con los principios de diseño del nuevo Estado, en sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, y pro homine, entre otros, consagra y amplia las condiciones para el goce del derecho a la sindicalización indicando: “Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices.”; es decir, que la personalidad jurídica de un sindicato deberá ser reconocida por el Estado y por cualquier estamento de este, por el solo hecho de conformarse, organizarse y contar con el reconocimiento de su entidad matriz; es decir, el reconocimiento de su organización o Federación Departamental o local, norma constitucional que por otra parte no condiciona ni cuantifica un número mínimo de afilados para su conformación, ni el cumplimiento de ninguna otra condición y menos la exigencia del reconocimiento de documentación formal alguna, más que aquella de organizarse y ser reconocidas por sus entidades matrices, pues todo lo contrario significaría resquebrajar este derecho y garantía reconocida y garantizada por la Constitución, la cual debe ser velada y cumplida por el estado y por todos sus estamentos administrativos, tomando en cuenta que la sociedad boliviana se rige por principios y valores, conforme se tiene establecido en los arts. 8, 9, 48 .I).II).III y 51 .I) .IV) de la CPE; máxime cuando, como en el caso de análisis, comprenden un sector de alta vulnerabilidad, y por tanto de protección especial para el Estado.

Por los argumentos constitucionales citados, resulta insostenible el argumento de la empresa demandante EMPACAR S.A., quien pretende limitar el reconocimiento y el ejercicio del derecho constitucional a la sindicalización del Directorio del Sindicato Mixto de trabajadores Fabriles “EMPACAR”; aspirando erróneamente, anteponer al derecho de reconocimiento de sindicalización reconocido y garantizado por la CPE, la cuantificación de un porcentaje mínimo de afiliados a un sindicato y pretender exigir otros formalismos para su reconocimiento u otorgación de validez, todo ello contrario a la claridad del reconocimiento del derecho y su garantía de ejercicio ya establecido en el precepto normativo constitucional.

Por último, se debe señalar que el demandante persigue una finalidad abstracta alegando un  supuesto incumplimiento de la Ley, sin reivindicar derecho alguno que se le hubiese vulnerado, aspecto que hace inicua la demanda a mérito que no se  advierte derecho alguno que hubiese sido vulnerado y que corresponda ser tutelada judicialmente.

Consecuentemente, siendo atribución de este Tribunal el ejercer la jurisdicción y competencia que la ley le otorga, en virtud de los fundamentos constitucionales citados, asumiendo su rol controlador de garantías constitucionales conforme lo establece el art. 115 .I, 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la Ley Nº 25 Ley del Órgano Judicial (LOJ), siendo que desde un punto de vista procesal, la instancia de contención tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, como comprobar el proceder de las autoridades administrativas de instancia; en la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas del momento, bajo las circunstancias correspondientes y toda vez que verificada la correcta aplicación de la norma, concluye que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, al pronunciar la Resolución Ministerial N° 082/15, lo hizo interpretando y aplicando correctamente las normas legales citadas. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde declarar firmes y subsistentes las resoluciones impugnadas.

Por lo expuesto se concluye, que la Empresa demandante no acreditó la pretensión respecto a la incorrecta aplicación de las normas citadas.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Ronald Gilberto Mariscal Flores en representación de la Empresa de Envases Papeles y Cartones S.A. (EMPACAR S.A.) y en su mérito, firmes y subsistentes la Resolución Ministerial N° 082/15 de 9 de febrero de 2015 y la Resolución Administrativa N° 117/14 de 14 de agosto de 2014, pronunciadas por el Ministro de la cartera del  Trabajo, Empleo y Previsión Social y por el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, respectivamente.

       Regístrese, notifíquese y archívese.