TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 03

Sucre, 01 de julio de 2015


Expediente                        : 22/2015-CA

Demandante                        : Almacenera Boliviana S.A.

  Demandada        : Aduana Nacional de Bolivia

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


Pronunciada dentro del proceso Contencioso Administrativo interpuesto por la Empresa Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.)., representada por Fernando Ríos España, en la que impugna la Resolución RD 03-045-14 de 11 de noviembre de 2014, emitida por el Directorio de la  Aduana Nacional de Bolivia (ANB), que rechaza el Recurso Jerárquico interpuesto por ALBO S.A., confirmando en todas sus partes la Resolución de Revocatoria AN-GRCGR N° 001/2014 de 7 de julio de 2014 emitida por la Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia.

VISTOS: La demanda interpuesta por Fernando Ríos España representando a la Empresa Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.)., de fojas 435 a 447, contestación de demanda presentada por Silvia Eugenia Mendizábal Riveros en representación de la Aduana Nacional de Bolivia de fojas 453 a 455, réplica y dúplica, los antecedentes del proceso y todo o que en materia fue pertinente analizar y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

Que, teniéndose reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la controversia mediante su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, por mandato del art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, conforme lo preceptuado por el art. 354 del Código de Procedimiento Civil, cumpliendo con el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Aduana Nacional de Bolivia; toda vez que, el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico; correspondiendo únicamente analizar si fueron interpretadas y aplicadas correctamente las disposiciones legales en sede administrativa en el marco de los argumentos expuestos por el demandante, realizando el control judicial de legalidad sobre los hechos resueltos en el recurso jerárquico.

Que, al haberse hecho uso del derecho de réplica y dúplica previsto en el artículo 354.II del Código de Procedimiento Civil, en los que las partes reiteraron sus pretensiones, corresponde resolver el fondo de la causa, de conformidad con el parágrafo III de la norma ya citada.

I.1. Contenido de la demanda

Que, mediante memorial de demanda contenciosa administrativa de fecha 4 de febrero de 2015, ALBO S.A. señala que; el año 2008 ingresa al recinto aduanero de Cochabamba mercancía amparada con la DUI C 14767, que dice contener 23 bultos. El concesionario decepcionó la mercancía y genero el parte de recepción No. 301 2008 151361 y en cumplimiento de la normativa que dispone que el concesionario describa cualquier observación en el rubro 4 del parte de recepción, el concesionario describe lo que recibe indicando que lo entregado es un tracto semidesarmado de 62 piezas; asimismo, dicha mercancía es ingresada a playa de vehículos. Las piezas mencionadas fueron amontonadas unas sobre otras pero nunca ensambladas o armadas como la administración aduanera interpreta. En fecha 10 de junio de 2008, el importador habría presentado DUI 2008/301 C16045 pretendiendo aparentemente nacionalizar un tracto camión y no así piezas, por lo cual la aduana suspende el despacho y solicita al concesionario informe al respecto. El concesionario informa que el tracto semidesarmado con 62 piezas tal como fue informado se encuentra en el recinto aclarando que las piezas están amontadas, unas sobre otras que no existe ninguna pieza ensamblada, acondicionada o prestación de servicios alguno sobre la mercancía,  no existiendo posibilidad de entregar un tracto camión siendo un tractor semidesarmado en 62 piezas, en caso de que la aduana diere el levante u orden de entrega. Señala la existencia de un triple procesamiento pese a la prohibición legal y normativa de prescripción consolidada. Pasando a describir el primer procedimiento; indica que no obstante los antecedentes y el informe oportuno del concesionario transcurridos más de tres años en fecha 22 de julio de 2011 la Administración Aduanera inicia el relacionamiento al concesionario en fecha 21 de julio de 2011, sobre la base de un informe elaborado tres años después por un funcionario técnico; informe AC16045 N GRCGR-CBBI 1292/2011 de fecha 20 de julio de 2011, notificado al concesionario en fecha 21 de julio de 2011 que expone que;  según MIC/DTA se escribe como lote de repuestos usados para camión, menciona también que el concesionario  en el parte de recepción describe: tracto camión desarmado de 62 piezas un motor generador, chasis cabina  de 35 piezas, nueve llantas con precintos intactos, etc. así como inventario de partes en dos hojas; menciona luego que según aforo físico observa un tracto camión y varios repuestos usados para camión con muelles, aros, llantas, tanque, motor generador, caja de herramientas, cabina, torpedo, etc. De lo precedente, el tracto semidesarmado con las piezas amontonadas sobre el mismo que es lo que recibió concesionario y que lo describe cumpliendo con la normativa generada por la aduana que obliga al concesionario a describir lo que efectivamente recepciona, por lo mismo no existe incumplimiento ni mala aplicación del procedimiento pues está el concesionario obligado a describir lo que recibe, independientemente de la descripción que figure en el MIC/DTA, por lo tanto no observamos físicamente en el aforo realizado por el técnico es coherente con el parte de recepción que describe lo que se entregó al concesionario, un tracto semidesarmado con 62 piezas no ensambladas si no amontonadas sobre el tracto.

Pese a la claridad de los hechos, sin fundamento alguno en técnico subjetivamente contrastando el MIC/DTA (que no son expuestos ante el concesionario) que mencionarían repuestos usados, más la contrastación en aforo físico y lo descrito en el PR (los dos últimos coincidentes) sin considerar la normativa que ampara lo declarado por el concesionario en el PR, interpreta que se habría producido un ensamblados dentro del recinto y atribuye además esta acción al concesionario.

Continua señalando de la existencia en el presente proceso de un triple procesamiento, pese a la prohibición legal y normativa de prescripción consolidada, señalando que el primer proceso se inicia no obstante de los antecedentes y el informe oportuno del concesionario transcurridos más de tres años en fecha 22 de julio de 2011 la administración aduanera inicia relacionamiento en base a un informe elaborado 3 años después por un funcionario técnico, notificado al concesionario en fecha 21 de julio de 2011, se interpreta también un incumplimiento del art.15 del reglamento de concesiones, el art. l5 dispone como servicio regulado actividades de los concesionarios sobre mercancías como ser la mejora de la presentación de las mercancías que debemos aclarar, menciona, no es un servicio prohibido si no facultado al concesionario, por otro lado cabe aclarar que la prestación de servicios no regulados son los que requieren autorización de la aduana, pero en el presente caso no se solicitó porque no se prestó ningún servicio no regulado y tampoco se prestó a servicio regulado de mejora en la presentación de la mercancía, ya que en el recinto recibieron, se mantuvieron y se encuentran hasta la fecha el tracto semidesarmado y las piezas amontonadas unas sobre otras sin ensamblaje alguno.

Mencionó asimismo el informe técnico la prohibición de importación de desperdicios o desechos (chatarra)  según DS 25874; sin embargo no relaciona esta prohibición con alguna conducida al tema, puesto que controlar el ingreso de chatarra corresponde a la aduana y no al concesionario y en el caso que nos ocupa se interpretaría supuesta infracción por prestación de servicio regulado no autorizado y no así la importación de chatarra donde no interviene en absoluto el concesionario (el informe técnico es muy escueto y poco claro). En conclusión menciona el informe técnico que al describir el MIC/DTA repuestos usados para camión y habiendo presentado la Agencia Despachante Rojím & Asociados Ltda. ante la administración aduanera DUI para supuestamente nacionalizar un tracto camión se presume sobre un documento que sólo maneja el importador y ve la aduana, que la mercancía fue ensambladas para tener un tracto camión a partir de 62 piezas, aspecto inconsistente con la documentación generada por el concesionario que al momento de la recepción declaró y expuso de manera clara que lo que se ingresó al recinto fue en un tractor semidesarmado en 62 piezas ubicadas en playa y amontada amontonadas unas piezas sobre otras lo cual no implica ensamblaje como acondicionamiento y mucho menos mejora de la mercancía. En resumen no existe calidad sino que se pretende sancionar es incumplimiento a la prohibición importación de desperdicios o desechos, prestación de un servicio no regulado o ensamblaje de vehículos prohibidos en recintos aduaneros?. Al margen de los descargos ofrecidos que evidencian con amplio fundamentación y documentación que el concesionario no ha infringido la prohibición señalada que por tanto no existe infracción que amerite una sanción administrativa; se invocó prescripción administrativa de la supuesta infracción al amparo del artículo 79 de la ley 2341, en consideración al transcurso del tiempo sin que la administración aduanera de Cochabamba hubiese ejercido acción alguna después de detener el proceso de nacionalización que tramitaba el importador justamente en la administración aduanera conocido y supuestamente ejecutado en julio de 2008. En fecha 1 de septiembre de 2011 somos notificados con Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR 003/2011, en la que la administración aduanera dispone sancionar la comisión de infracción administrativa al Reglamento de Concesión en su artículo 86 numerales 16 y 17 y art. 73 inciso h) imponiéndose una multa de US$ 2.000, en esta instancia administrativa el concesionario ratifica una vez más la oposición de prescripción que no es atendida por la entidad recurrida, rechazándose nuestro recurso de revocatoria en fecha 27 de septiembre de 2011 ante lo cual interponemos Recurso Jerárquico con los argumentos y pruebas que cursaban en la Administración Aduanera, pidiendo expresamente pronunciamiento sobre el fondo del asunto es decir la prescripción. En esta instancia y pese a la clara disposición legal establecida en la ley 2341 artículo 68, que establece que las resoluciones de recursos jerárquicos deberán definir el fondo del asunto en trámite y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución. La instancia jerárquica de la aduana dispone la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta el informe N° GRCGR-CBBI 1292/2011 de fecha 20 de julio de 2011 por no existir claridad en los cargos imputados al concesionario, pero tampoco se atiende la oposición de prescripción y no se cumple con la norma expresa que obliga a resolver el fondo del asunto.

Segundo proceso; el año 2013 transcurridos nuevamente un año y ocho meses desde la disposición de nulidad y por requerimiento expreso de la instancia jerárquica la Administración Aduanera de Cochabamba en fecha 25 de julio de 2013 notifica nuevo Relacionamiento al concesionario sustentado en Informe Técnico N° AN-GRCGR-CBBI 587/2013 que en contenido no varía en absoluto del previamente anulado, se repiten todas las actuaciones de la administración  y se rechaza sin fundamento los descargos emitiendo resolución sancionatoria sin sustento legal ni coherencia en el  mismo se rechazó el recurso que revocatoria interpuesto por el concesionario igualmente sin argumento, limitándose a transcribir actuados precedentes carentes también de sustento legal y técnico sentando nuestra actuación en el petitorio de la prescripción la administración hace referencias extrañas a ilícitos de carácter permanente olvidando que los ilícitos corresponden al ámbito penal y todos y que los relacionados a temas aduaneros se encuentra regulados por el código tributario y sujetos a proceso sancionador por contravenciones y lo que se tramita es una sanción por supuesta infracción administrativa, sujeto al proceso correspondiente y normas de orden administrativo que regulan los procesos por infracciones y la aplicación de sanciones, normas vigentes donde no existe la tipificación de infracciones administrativas permanentes, pero aun recurriendo a interpretación analógica prohibida por la ley 1990 art. 283, en el caso presente no existe tal característica. por otro lado se habla de infracción permanente porque se sanciona al concesionario aplicando el reglamento de concesión del año 2003 que ha perdido vigencia el año 2012; porque no se aplica la norma actual, sencillamente porque no existe infracción permanente y es totalmente ilegal además de absurda la conclusión inadmisible de la administración aduanera que existiría ilícito permanente porque las piezas continúan en el recinto, olvidando citar que las piezas no continúan en el recinto por que se estén ensamblando piezas durante seis años, sino porque la aduana no permitió su nacionalización ni como piezas ni como tracto camión según habría pretendido el importador a través de su agencia despachante; por lo mismo no existe ilícito permanente supuestamente tipificado y sancionado por aduana y tampoco existe infracción permanente que jamás ha sido citada como tal en todo el proceso sancionador por infracciones y no por delitos. Por tanto existe también una inadecuada tipificación una confusión de normas y procedimientos que hacen que la nulidad plena se consolide, pues no se puede utilizar un procedimiento por infracciones y una supuesta tipificación de infracción para aplicar sanción a una contravención estando al margen de la norma administrativa y los procedimientos dispuestos por la propia aduana.

En instancia jerárquica por segunda vez se dispone la nulidad de obrados pero no se limita disponer la nulidad sino se instruye al inferior dictar una nueva resolución cuando debe resolverse en el fondo del asunto sin dar opción y menos instruir a inferior a generar nueva resolución sancionatoria, con lo cual por segunda vez se transgrede el art. 68 de la ley Nº 2341 aplicable a la materia.

Continua argumentando de la existencia de silencio administrativo positivo, pues la  resolución de recurso jerárquico es emitida fuera del plazo emitiéndose en fecha 12 de marzo de 2014 cuando el plazo fenecido el 10 de marzo de 2014 con lo cual se consolida también legalmente el silencio administrativo positivo a favor del administrado recurrente cabe resaltar asimismo que según antecedentes mencionados por la aduana desconocidos por el administrado se habría supuestamente emitido una Resolución Administrativa de Presidencia, resolviendo el recurso administrativo dentro del plazo; sin embargo, la resolución nunca fue notificada por lo mismo es inexistente legalmente; asimismo, la resolución de existir como dicen habría sido emitida por autoridad sin competencia pues la ley 1990 dispone que debe ser el directorio quien emita dichas resoluciones, reiterado en el manual para procesar y sancionar infracciones los concesionarios, incumpliendo con ello no sólo a ley de procedimiento administrativo sino también la ley 1990, haciendo evidente a su vez la existencia de una acto administrativo nulo emitido sin la competencia necesaria atribuido por ley y sin vigencia ni validez por no haber sido jamás notificada al administrado. Cabe reiterar que nunca se notificó al administrado con la supuesta resolución administrativa de presidencia por lo mismo los plazos vencieron y se consolidó el silencio administrativo, pues si bien la administración quisiera ampararse en el principio de legalidad para que los actos ilegales sean recurridos por las vías pertinentes, la validez y legalidad de los actos se consolidan a partir de la notificación y cualquier recurso u oposición puede ser ejercida a partir del conocimiento o notificación con los actos administrativos que se pretenden hacer valer, no existiendo por tanto hasta la fecha tal acto sino que luego de vencidos los plazos legales y habiéndose consolidado el silencio administrativo positivo se emite resolución de directorio fuera del plazo y se notifica también fuera de plazo,  por lo mismo el supuesto acto administrativo previo es inexistente en el marco legal puesto que no fue notificado nunca y carece de vigencia o validez, es decir en términos legales no existe.

Continua describiendo un tercer proceso iniciado el año 2014, se inicia el relacionamiento por el mismo hecho suscitado el año 2008, con argumentos forjados iguales a los iniciales sin sustento técnico legal sin evidencia irrefutable de la supuesta infracción con extensas transcripciones de normas que no tiene nada que ver con lo que se juzga y sanciona, como por ejemplo el hecho de la prohibición de importar chatarra que es una prohibición que no tiene relación con los sancionado y donde no interviene el concesionario pues es facultad exclusiva de la aduana es hacer respetar esa disposición y no permitir la importación de chatarra. El procedimiento sigue el mismo curso rechazando el recurso de revocatoria reiterando el argumento de ilícitos permanentes para rechazar la prescripción que legalmente ha operado citando sentencias constitucionales que hablan de situaciones donde amerita aplicar una multa, incluso de normas constitucionales de casos especiales y particulares pero nunca relacionados con sanciones de orden administrativo por infracciones que tienen los plazos de prescripción claramente establecidos en una ley que se mantiene vigente y aplicable, que sanciona la inactividad de la administración aduanera y pone plazo para que sus facultades sancionadoras sean ejercidas. En ese sentido recurrimos ante sus probidades para que previo análisis de los claros antecedentes, la normativa legal aplicable y vigente sobre prescripción, la reconducción de los antecedentes constitucionales que han sido distorsionados por la administración aduanera, la aplicación de la verdad material sobre la formal y la inexistencia de pruebas fehacientes sobre una infracción administrativa cometida por el concesionario y menos aún de ilícito permanente por tratarse de un proceso sancionador y no contravención así como la transgresión de los principios de legalidad y retroactividad seguridad jurídica entre otros que han sido desconocidos al disponerse nulidades y triple proceso sobre un mismo hecho quebrantando el art. 68 de la ley Nº 2341 y arts. 217 y 110 de la Constitución Política del Estado (CPE), se acepte la presente demanda declarándola probada y disponga la nulidad absoluta de los actos administrativos demandados en el fondo y la forma dejando sin efecto alguno en reconducción de la legalidad y seguridad jurídica.

Concluye indicando que por todo lo expuesto antecedentes citados y documentos adjuntos en calidad de prueba pre-constituida, con el presente documento demostramos y demandamos la prescripción legal operada conforme el art. 79 de la ley Nº 2341 ya que para la consolidación de la misma únicamente requiere transcurso de dos años desde la comisión del infracción, la nulidad plena y absoluta de los actos administrativos al margen del procedimiento es decir las resoluciones sancionatorias y de resolución del revocatoria carentes de sustento legal de coherencia y de verdad material que infringen directamente los principios de legalidad tipicidad principio de buena fe de irretroactividad y de sometimiento pleno a ley establecidos en el art. 4 de la ley Nº 2341. La nulidad de los actos administrativos emitidos en instancia jerárquica por plena transgresión al art. 68 de la ley 2341. La consolidación del silencio administrativo positivo favor del administrado. Inexistencia de la infracción imputada y menos de carácter continuado y permanente al no existir contundencia los informes ni resolución sancionatoria que demuestran los extremo sancionados por parte de la aduana.

Petitorio

Finaliza indicando que en la presente demanda contencioso administrativa y los sustentos normativos expuestos durante todo el proceso administrativo que amparan sus derechos solicita se declare que la infracción se encuentra prescrita que existe nulidad plena por infligir principios de retroactividad, legalidad.

I.2. Respuesta de la Aduana Nacional

Que, corrida en traslado la demanda, la ANB de Bolivia mediante su apoderada a través de  memorial presentado en fecha 31 de marzo de 2015, que cursa de fs. 453 a 466, se apersonó al proceso y contestó negativamente la demanda, con el siguiente fundamento: La administración aduanera hace referencia al contrato de concesión celebrado en fecha 29 nov 2002 con la empresa ALBO S.A., hace referencia a cláusulas del contrato y la sujeción a la ley aplicable, indicando que ALBO S.A. se obliga cumplir con las obligaciones inherentes a la misma y la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a del art. 160 del Reglamento a la Ley General de Aduanas indica además que como pudo advertirse el concesionario al ingreso de la mercancía no sólo está obligado a generar el parte de recepción con la descripción fiel de mercadería, también está obligado a contrastar la misma con el manifiesto internacional de carga por tanto, de haber sido verás y correcta la observación que se consignó en el parte de recepción respecto la mercancía como un tracto camión en estado semidesarmado no tendría por qué existir diferencias con el detalle expresado en el MIC, de donde se desprenden que la infracción se configuró en el ensamblaje no autorizado, mismo que generó un proceso punitivo sancionador con aplicación correcta de normas, con resoluciones debidamente motivadas que responden al cumplimiento del principio de proporcionalidad expuestos por el artículo 75 del procedimiento administrativo, así como el de verdad material dispuesto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado, la demanda contenciosa presentada por ALBO S.A. que señala ligeramente que como concesionario no está obligado a nada más que a recepcionar la mercancía y emitir el parte de recepción detallando en el acápite dos de observaciones del formulario la descripción de las mercancías y que si existe alguna irregularidad en la mercancía no le es atribuible por no ser el encargado de vigilar ingreso ilegal de mercancías, facultad que tendría la aduana, extremo que es evidente y es por ello que la aduana tiene el deber de cumplimiento de la normativa respecto a importadores o usuarios y especialmente para concesionarios, pero ello no es óbice para justificar la obligación de contrastar la documentación antes detallada.

En la relación a la no aplicación de normas vigentes, la figura de la prescripción no puede probarse a través de la aplicación de la norma, es decir no puede señalarse que una infracción prescribió por sancionarse la misma con un procedimiento que a la fecha no está vigente, o discutir respecto al carácter permanente de los efectos de la prescripción amparándose en la aplicación de una u otra norma, situaciones que son totalmente diferentes y que deben aclararse dentro del margen de la ley, es decir específicamente en observancia de la disposición legal citada.

Petitorio

Concluye solicitando declarar sentencia declarando improbada la demanda contenciosa administrativa de contrario., debiendo mantenerse firme y subsistente la RD-03-045-14 de 11 de noviembre de 2014.

Réplica Almacenera Boliviana S.A (ALBO S.A.)

Sobre la respuesta negativa donde se hace una relación de los hechos desvirtuamos cada una de las apreciaciones e interpretaciones subjetivas, con argumentos de orden legal y referencia a normas claras y expresas, en los siguientes términos:

La aduana indica que ALBO S.A. configuro la infracción al art 86 del reglamento de Concesión.

El ensamblaje se presumió a partir de una supuesta intención del importador de nacionalizar un tracto camión y no así, el tracto semidesarmado en sus 62 piezas, aspecto que no implica ni autoriza aseverar que exista tal embalaje, nótese pues la arbitrariedad y abuso con el que se hacen interpretaciones subjetivas, perdiendo la objetividad y la investigación de la verdad material de los hechos.

El concesionario a recibido en el recinto aduanero un tracto Camión semidesarmado es lógico que sus piezas, que no corresponden a un vehículo nuevo o 0km, por lo tanto es lógico que sus piezas y entre ellas seguramente algunas piezas de repuesto sean usadas, que las piezas usadas sean consideradas por la aduana ahora como chatarra.

Refutamos de forma concreta lo mencionado, pues es otro argumento de confusión utilizado, pues no se pretende limitar las facultades de control de la aduana, se denuncia la arbitrariedad e ilegal de los actos administrativos generados contraviniendo la Ley, se denuncia la prescripción de una infracción detectada según informes de la propia administración aduanera el año 2008.

Se ratifica en todo el contenido de la demanda, pidiendo que cumplidas las actuaciones procesales establecidas por la norma legal sus probidades emitan auto para resolución y en atención a los argumentos de orden legal, declaren nuestra demanda PROBADA y se revoquen los actos administrativos atentatorios a la ley, a los principios, y a nuestros derechos e interés.

Duplica por la Aduana Nacional

En la réplica se señala en cuanto al punto 1 y 2 de la contestación a la demanda, que la Aduana Nacional ingresa en arbitrariedad y subjetividad. Pero no se pronuncia ni dice nada respecto al manifiesto internacional de carga y declaración de transito Aduanero (MIC/DTA), en el que consta que la mercancía consistía en un lote de repuestos usados para camión. y que de ser cierto que esta información estaba errada.

Con la obligación que tienen como concesionarios de revisar dicha documentación, hubieran realizado la observación pertinente, a objeta de evitar las supuestas subjetividades, no siendo evidente que ALBO simplemente se limite a la recepción a ciegas de mercancía, en atención al cumplimiento del art. 160 inciso a) del reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 (sic).

En cuanto a la irretroactividad, es importante señalar que en mérito al art. 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de 23 de abril de 2002, la Resolución sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 009/2014 de 03 de junio de 2014 y la Resolución de Directorio Nº 03-045-14 de 11 de noviembre de 2014 se encuentra debidamente fundamentada en mérito al reglamento para la concesión de depósitos de Aduana.

Por lo expuesto solicito se tenga presente al amparo de los art. 146, 354,pgfo.II., 781 del CPC y 150 de la ley Nº 2492, ingresen obrados a despacho con el decreto de Autos y se dicte Sentencia declarando improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución de directorio Nº RD 03-045-14 de 11 de noviembre.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, del contenido de los argumentos presentados por las partes en demanda, respuesta, réplica y dúplica, los antecedentes administrativos; a través de un análisis pertinente se establece:

Que, advertidos que el demandante planteó el instituto de la prescripción en sede administrativa, como modo de extinción de la infracción impuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, se procederá a resolver de acuerdo a la importancia, atribuyéndonos el orden, sin que ello signifique, alterar los fundamentos del demandante o vulnerar el principio de congruencia.

De una revisión prolija de los hechos ocurridos en el caso de autos, se establece que la Administración Aduanera, en Cumplimiento al Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros (RCDA) está facultado a ejercer oportunamente, la autoridad de control del Contrato de Concesión suscrito por la Aduana Nacional de Bolivia con la empresa Almacenera Boliviana S.A., como emergencia de las transgresiones que pudiese detectar en la ejecución del mencionado contrato, en cuyo caso también se encuentra con facultad suficiente para aplicar una sanción emergente de infracciones en conocimiento del quebrantamiento de alguna de las obligaciones del concesionario, en el ejercicio del servicio de almacenaje; bajo este contexto se verifica según los datos del proceso que en fecha 30 de mayo de 2008 ingreso a recinto aduanero administrado por ALBO S.A. mercancía consistente en 23 bultos catalogados como un tracto semidesarmado de 62 piezas. Posteriormente en fecha 10 de julio de 2008; el importador Abraham Terrazas Rodríguez que hacía uso del servicio de almacenaje que presta la empresa ALBO S.A., presento a la Administración de Aduanas el DUI No. 2008/301 C16045, a efecto de su nacionalización, cuyo aforo documental físico es aceptado por parte de la ANB otorgándole canal amarillo y es en este aforo físico documental y aforo físico de la mercancía, que se detecta la irregular declaración del importador como un tracto camión y no así de piezas de tracto camión, ante lo cual la Administración Aduanera suspendió el despacho, nótese que es este el momento en el cual la ANB, toma conocimiento de la irregularidad del hecho. Posteriormente y luego de haber transcurrido más de tres años de tomar conocimiento sobre el hecho, la ANB emite el informe AN-GRCGR-CBBCI 1292/2011 de fecha 20 de julio de 2011, de lectura del informe se establece: “Se realiza la revisión de los documento adjuntos en los cuales se pudo observar que se presenta ante la administración aduanera la DUI con registro 2008/301/C16045 de fecha 10/07/2008 canal amarillo, correspondiente a un tracto camión… (…). En el aforo físico efectuado a la mercancía amparada con el parte de recepción se observa un las características del tracto camión semidesarmado chasis YB2H2B5A6MB470902 Marca Volvo y varios repuestos usados para camión muelles, aros, llantas, tanque, motor generador, caja de herramientas cabina, torpedo con número de chasis YV2F7A5A7HA310185 remarcado a simple vista” [sic], el informe concluye recomendando proceder a la aplicación de una sanción al concesionario  ALBO S.A. por incumplimiento al art. 15 de la RD 01-023-03, descrito en el art. 86 como infracción administrativa, dicho informe es puesto en conocimiento del ahora demandante ALBO S.A. mediante nota AN-CBBCI/0551/2011 en fecha 21 de julio de 2011 y es así que producto del relacionamiento previsto en el RCDA, el concesionario mediante nota CITE ALBO-CHB 00641/2011 de 2 de agosto, ofrece sus descargos y además asume defensa y en forma expresa se acoge a la prescripción prevista por el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitando su consideración; posteriormente en fecha 26 de agosto de 2011, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia emite la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR 003/2011 mediante la cual se impone a ALBO S.A. la multa equivalente a US$ 2.000.- (Dos mil 00/100 Dólares Americanos), por incurrir en infracción administrativa establecida en el art. 86 numerales 16 y 17 y el incumplimiento del art.73 inc. h). del RCDA. Debe ponerse especial atención en el fundamento de la Resolución Administrativa Sancionatoria, resolución que omite considerar la prescripción opuesta por ALBO al amparo del art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo; todo ello pese a haber estado advertida de la solicitud de prescripción expresa del concesionario, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa en la que incurre la Resolución Sancionatoria.

La Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR 003/2011, es notificada al concesionario en fecha 1 de septiembre de 2011, dentro del plazo previsto por ley esta resolución es impugnada por el administrado con Recurso de Revocatoria, ante cuya instancia el concesionario haciendo uso de su derecho a defensa ratifica una vez más la oposición de prescripción de la infracción, la cual tampoco es respondida ni atendida por la entidad recurrida a través de su Resolución RA. N° AN-GRCGR 089/2011, rechazando el Recurso de Revocatoria la solicitud de anulación opuesta por el concesionario, ante cuya decisión el concesionario presenta Recurso Jerárquico ante la instancia jerárquica de la aduana (Directorio), instancia que anula hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el informe AN-GRCGR-CBBCI 1292/2011 de 20 de julio por no existir claridad en los cargos imputados al concesionario, sin emitir fundamento alguno sobre la oposición de prescripción. 

Por segunda vez y luego de un largo periodo de inacción de un año y ocho meses, en fecha 25 de julio de 2013 se notifica en nuevo relacionamiento al concesionario sustentado las observaciones en un nuevo Informe Técnico AN-GRCGR-CBBCI N° 587/13, emitiéndose una nueva Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECRC N° 002/2013, en la cual se repiten las actuaciones aduaneras rechazando los descargos, centrando esta vez su respuesta en el petitorio de prescripción, la cual es rechazada fundamentándose en doctrina sobre ilícitos de carácter permanentes propios del derecho sancionador penal; esta resolución es impugnada con recurso de Revocatoria por parte del concesionario, recurso que es resuelto a través de Resolución de Revocatoria AN-GRCGR-ULECC N° 003/2013 de 8 de octubre en el cual se rechaza la prescripción en base a los mismos lineamientos doctrinales de la resolución sancionatoria y por tanto se rechaza el Recurso de Revocatoria, ante lo cual en fecha 29 de octubre de 2013 el concesionario opone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Revocatoria AN-GRCGR-ULECC N° 003/2013 haciendo especial énfasis en la prescripción de la infracción, recurso que habría sido resuelto mediante Resolución Administrativa N° RA PE-03-069-2014 emitido por la Presidencia Ejecutiva de la ANB la que habría resuelto anular obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta el informe  AN GRCGR-CBBCI 587/13 de 12 de junio de 2013, de cuyo actuado no existen antecedentes y según se extracta de datos de la Resolución de Convalidación emitida por el Directorio de la ANB  RD 03-011-14 de 12 de marzo de 2014.

Por una tercera vez y después de casi un año del último actuado, en fecha 9 de mayo de 2014, y esta vez mediante un nuevo Informe Técnico AN-GRCGR-CBBCI 518/2014, que reconoce expresamente en su fundamentación que el informe versa sobre un caso acontecido en el año 2008, se ratifica en su integridad el Informe Técnico AN-GRCGR-CBBCI 587/2013, ante lo cual por tercera vez se inicia el relacionamiento institucional previsto en el RCDA, ante cuyo informe el concesionario opone nuevamente la prescripción prevista por el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante cuya oposición la ANB emite por tercera vez y sobre el mismo caso, una nueva Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULERCR N° 009/2014  de 3 de junio modificando la tipificación de infracciones, declarando probada las infracciones administrativas tipificadas en los numerales 17 y 28 del art. 86 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, aprobado mediante Resolución N° RD 01-023-03 de 11 de septiembre de 2003, ( norma vigente el momento de la infracción administrativa), por parte del concesionario ALBO S.A. imponiendo la multa equivalente a US$ 5.000 (Cinco mil 00/100 Dólares Americanos), Resolución que es impugnada por el concesionario por la vía del Recurso de Revocatoria mediante nota CITE ALBO-CHB 00706/2014, oponiendo y fundamentando nuevamente la prescripción de la infracción y reconocimiento del silencio administrativo positivo en favor del concesionario.

Mediante Resolución Administrativa AN GRCGR N° 001/2014 de 7 de julio la ANB resuelve rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por ALBO S.A., siendo el fundamento para el rechazo de la prescripción opuesta, la fundamentación de principios del Derecho Penal Sancionador, doctrina internacional, legislación comparada y Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional arribando a la conclusión de la existencia de delitos instantáneos y permanentes, en función a la duración de la ofensa al bien jurídico vulnerado que da lugar a una situación dañosa o de peligro que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. En relación al reconocimiento del silencio administrativo positivo la resolución señala su inaplicabilidad; toda vez que según la administración aduanera, en el tiempo y plazo oportuno observó las irregularidades por parte de ALBO S.A. siendo de reconocimiento en los antecedentes del proceso que habrían existido relacionamientos fundamentados por la ANB y las Resoluciones de Directorio, donde se expresa el tratamiento normativo para el caso, dicha Resolución de Revocatoria AN GRCGR N° 001/2014 de 7 de julio, es impugnada en la vía del Recurso Jerárquico mediante nota CITE ALBO-CHB 00850/2014 de 21 de julio repitiendo el administrado su defensa por novena vez oponiendo la prescripción de la infracción y la oposición de silencio administrativo positivo y extinción del acto administrativo, Recurso Jerárquico que es resuelto mediante Resolución de Directorio  RD 03-045-14, mediante el cual se rechaza el Recurso Jerárquico  interpuesto por ALBO S.A. el 21 de julio de 2014 contra la Resolución de Recurso de Revocatoria  AN GRCGR N° 001/2014 de 7 de julio de 2104, confirmando en todas sus partes la citada resolución, toda vez de la configuración de la infracción administrativa establecida en los numerales 17 y 28) del art. 86 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, aplicando la multa equivalente a 5.000 US$.(Cinco mil 00/100 Dólares Americanos).

En el marco de referencia de los antecedentes descritos resulta imperioso contextualizar la problemática en el marco de la jurisprudencia constitucional, la cual a través  de su SC 0143/2012 de 14 de mayo de 2012, establece: “El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al juez natural, b) legalidad formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta.. (…).Referente al principio de congruencia, se debe entender por éste, a la correspondencia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva de una resolución, correspondencia que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento completo y concordado entre los considerandos emitidos en la resolución, y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, que conlleva además, citas de disposiciones legales que refuerzan el razonamiento que llevó a la decisión final. En base a esos criterios, se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes. Dicho principio es característico del debido proceso, la vulneración conlleva la infracción al debido proceso, el derecho a la defensa, así como lo previsto en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, dichos principios también fueron recogidos por el art. 4 literales c), d), 72 y 74 de la Ley Nº 2341”[sic].

En ese contexto normativo, doctrinal y jurisprudencial, la certidumbre de los criterios vertidos en el ámbito constitucional resultan plenamente ajustables al ámbito administrativo sancionador, cuyo fin vislumbra que las personas o entidades a quienes va dirigida la norma, conozcan el rango y los límites de protección jurídica de sus actos, por lo que en el caso de autos, conforme a las atribuciones de control de legalidad de éste Tribunal, de antecedentes y del análisis realizado; se tiene que, si bien es evidente que la Administración Aduanera, en Cumplimiento al Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros (RCDA) está facultada a ejercer oportunamente la autoridad de control del Contrato de Concesión, como emergencia de las transgresiones que pudiese detectar en la ejecución del mencionado contrato, contando también con facultad suficiente para aplicar sanciones en conocimiento del quebrantamiento de alguna de las obligaciones del concesionario, no es menos evidente que estas facultades administrativas deben enmarcarse en el marco de las leyes y los principios que regulan la potestad administrativa sancionadora; a este efecto, la demanda traída a contención exige a este tribunal verificar el plazo que por ley tenía la Administración Aduanera para ejercer este derecho sancionador a efecto de verificar si la infracción aplicada no habría prescrito, ante lo cual se hace preciso referir que el instituto de la prescripción es una figura jurídica transversal del ordenamiento jurídico que prevé la extinción de los derechos cuando el titular no los ejerce  durante un tiempo dispuesto por ley, como una forma de precautelar la seguridad jurídica y la paz social; en ese sentido es preciso considerar que el art. 1482 del Código Civil prescribe que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, bajo este lineamiento el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que las infracciones administrativas tramitadas en el marco de esa ley prescribirán en el término de dos (2) años y que la prescripción de las sanciones quedará interrumpida mediante la iniciación del procedimiento de cobro; ante cuya provisión normativa  corresponde a este tribunal establecer conforme a ley el momento a partir del cual se inicia el computo legal de la prescripción; a cuyo efecto y en aplicación del art. 4 incs. c, d, i) de la Ley de Procedimiento Administrativo recurrimos al art. 1493 del Código Civil, norma que determina: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”.[sic] (las negrillas y el subrayado es nuestro). En el caso presente, se evidencia que en fecha 20 de julio de 2011, mediante informe AN-GRCGR-CBBCI 1292/2011 la técnico aduanera reconoce e informa que; en fecha 10 de julio de 2008, el importador Abraham Terrazas Rodríguez que hacía uso del servicio de almacenaje que presta la empresa ALBO S.A., presentó a la Administración de Aduanas el DUI No. 2008/301 C16045, a efecto de su nacionalización, cuyo aforo documental físico y aforo físico de la mercadería es aceptado por parte de la ANB otorgándole canal amarillo y es en este aforo físico documental y aforo físico de la mercancía, que se detecta la irregular declaración del importador como un tracto camión y no así de piezas de tracto camión, ante lo cual la Administración Aduanera suspendió el despacho al detectar una mercancía sensible, debe advertirse que este es el momento (10 de julio de 2008), en el cual la administración tomó conocimiento de la irregularidad del hecho, y momento a partir del cual empezaba a correr el plazo de dos años exigidos por el art. 79 de la LPA para que opere la prescripción extintiva o liberatoria y fecha a partir de la cual la ANB debió tipificar la infracción y sancionar, siendo precisamente el 10 de julio de 2010 la fecha en la cual concluía el término de dos años previsto por el art. 79 de la LPA,; es decir hasta fecha 10 de julio de 2010, momento a partir del cual la Administración Aduanera deja ejercer su derecho renunciando a sancionar después de los dos años de transcurrido el hecho, pues es por demás evidente que una vez detectada la irregularidad en el aforo documental y físico en canal amarillo y encontradas inconsistencias en la documentación y aforo físico se debió proceder a realizar las correcciones que eran necesarias mediante los mecanismos administrativos pertinentes e inclusive conforme a normas aduaneras pasar de canal amarillo a canal azul a efecto de iniciar una auditoria investigativa y tomar la instancia correspondiente las sanciones que conforme a ley correspondía aplicar y no como en el caso de autos que después de más de cinco años del conocimiento del hecho luego de una serie de actos administrativos inconclusos por propias deficiencias de la ANB, se emite el informe y posterior Resolución Sancionatoria; evidenciándose que, a partir del conocimiento del hecho (10 de julio de 2008, fecha de sucesión de los hechos que fue de conocimiento de los personeros de la ANB que conocieron y procesaron el caso), hasta la emisión del informe AN-GRCGR-CBBCI 1292/2011 de fecha 20 de julio de 2011 transcurrieron más de tres años sin que la ANB ejerza su derecho y se pronuncie sobre el hecho, patentizándose de esta manera el descuido de la Administración Aduanera que tuvo como corolario la prescripción de una supuesta infracción incurrida por el concesionario.

Resulta pertinente hacer una mención marginal al tratamiento de la dirección que tuvo el presente proceso administrativo, mismo que fue conducido y reconducido en tres oportunidades en un marco de liberalidad que bordea los márgenes del procedimiento administrativo, toda vez que este proceso que se extendió por casi 7 años pudo y debió haber sido resuelto en su momento en sede administrativa a mérito de un asesoramiento ajustado a derecho, evitando el desgaste de recursos tanto en sede administrativa como en sede judicial todo ello en apego a los principios del Derecho Administrativo pregonados en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Ley N° 2341 y principalmente respetando los derechos de seguridad jurídica, legalidad y derecho a defensa, los cuales se encuentran ausentes en el proceso traído en demanda.

Siendo atribución de este Tribunal, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que la ley le otorga, determinadas las infracciones en sede administrativa en las que incurrió la Administración Aduanera, concluye que el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, al pronunciar la Resolución RD 03-045-14, lo hizo interpretando y aplicando erróneamente las normas legales citadas, vulnerando los derechos de ALBO S.A. en el procedimiento administrativo. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde dejar sin efecto la resolución impugnada RD 03-045-14 de 11 de noviembre de 2014 y la Resolución Administrativa Sancionatoria AN-GRCGR-ULERCR N° 009/2014, de 3 de junio de 2014.

Por lo expuesto se concluye, que la empresa demandante acreditó la pretensión respecto a la prescripción de supuestas infracciones y sanción.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y art. 778 del CPC, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Fernando Ríos España en representación de Almacenera Bolivia S.A. y en su mérito, deja sin efecto la RD 03-045-14 emitida por el Directorio de la  Aduana Nacional de Bolivia en fecha 11 de noviembre de, declarando prescrita la multa establecida por supuestas infracciones tipificadas en los numerales 17 y 28 del art. 86 del Reglamento para la concesión de Depósitos Aduaneros, aprobado mediante Resolución N° RD 01-023-03 de 11 de septiembre de 2003.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.