TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo N° 933

Sucre, 05 de enero de 2016


Expediente                        : 300/2015-S

Demandante                : Rosmery Álvarez Condorena

Demandado                : Corporación Minera de Bolivia

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 222, interpuesto por Mauricio Bernal Hurtado en representación legal de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), contra el Auto de Vista N° 78/2015-SSA-I de 5 de junio (fs. 212 a 213 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social de Cobro de Beneficios Sociales y otros, que sigue Rosmery Álvarez Condorena contra COMIBOL; la respuesta de contrario al mencionado recurso cursante de fs. 226 y vta.; el Auto N° 226/15 SSA-I de 30 de julio cursante de fs. 227 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia N° 79/2014 de 9 de mayo (fs. 162 a 172), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 15 a 17, subsanada a fs. 20, e improbada la excepción perentoria de prescripción, disponiendo que la parte demandada a través de su representante legal pague por los conceptos de indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, vacaciones, prima de las gestiones 2008 y 2009, y el incremento salarial del 12%, más la multa del 30% establecida por el art. 9.I del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, a favor de la actora el monto de Bs.56,574.59.- (Cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro 59/100 Bolivianos), los montos descritos anteriormente, deben ser actualizados en ejecución de Sentencia, conforme lo determina el art. 9.I del DS No 28699 de 01 de mayo de 2006  todo conforme al detalle que se tiene asentado en la misma Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 196 a 198), mereciendo el Auto de Vista N° 78/2015-SSA-I de 5 de junio (fs. 212 a 213 vta.), por el cual, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió confirmar en parte la Sentencia N° 79/2014 de 9 de mayo, cursante de fs. 162 a 172, disponiendo que se suprima la vacación de la gestión 2007-2008, y manteniendo en lo demás firme y subsistente la Sentencia, todo conforme se tiene asentado en el detalle contenido en el Auto de Vista.

I.2. Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que la parte demandada, formule el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 221 a 222, que en lo esencial de su contenido señala:

Que el Tribunal ad quem valoró erróneamente los agravios recurridos, toda vez que en el segundo considerando numeral 2) del Auto de Vista, desarrolló una interpretación del art. 9 del DS N° 28699, sin tomar en cuenta que lo que se vino señalando es que el pago de beneficios sociales se cumplió en forma oportuna, aspecto demostrado con la nota CONT-DP-0809/2011 y las órdenes de pago arrimadas al expediente, debiendo considerar que la actora debió apersonarse a cobrar sus beneficios sociales, puesto que las cuentas en Fondos en Custodia del Ministerio del Trabajo entraron en vigencia en marzo de 2010, por lo que el Tribunal de Alzada no motivó ni refirió cual era el mecanismo legal e idóneo para hacer efectivo el pago de los beneficios sociales.

Señaló también que el Tribunal de Alzada, interpretó erróneamente el DS N° 0381, alejándose de los principios de interpretación normativa que permiten establecer el sentido y alcance de las normas jurídicas, y que permiten contextualizar las normas dentro de un ordenamiento jurídico que desde el punto de vista dogmático jurídico posee las características de unidad, plenitud y coherencia.

Finalmente señaló que los Tribunales Judiciales de Bolivia aplican el criterio jerárquico, de especialidad y cronología en cuanto a la interpretación de normas, por lo que el Tribunal ad quem de manera genérica señaló a quienes podía llegar el alcance de dicho incremento salarial, utilizando claramente los elementos de interpretación de la ley, como son el elemento gramatical, el histórico, el lógico, el sistemático y el teleológico.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando lo siguiente: “…debiendo elevar obrados en originales ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia para que revoque el Auto de Vista recurrido y declare fundado el Recurso Planteado” (Sic).

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así expuesto el recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se observa que existen dos reclamos, siendo el primero sobre la multa del 30% establecida por el DS N° 28699, y el segundo sobre la errónea interpretación del DS N° 0381 relacionado con el incremento salarial, por lo que es preciso indicar lo siguiente:

Respecto a la multa del 30%, el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece: "I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30 % del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor"; siendo preciso enfatizar que esta norma, respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo -sin causa justificada-, más no cuando ocurre un retiro indirecto, apreciación que resultaba indebida, porque el citado art. 9 del DS N° 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o de los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito, es decir, no hace excepción en caso de un despido indirecto o directo, denotando únicamente que tal generalidad no alcanzaba al "retiro voluntario del trabajador", lo que incidía en la dilación del pago de los conceptos demandados.

Sin embargo, regulando esta situación y en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial (RM) N° 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, cuyo art. 1 prevé: "(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda - UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador".

Del análisis efectuado a esta normativa, se puede concluir que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario.

Bajo este contexto, en el caso concreto, revisando y analizando las pruebas señaladas por la empresa recurrente, las cuales son la nota CONT-DP-0809/2011 y la orden de pago (Fs. 76 y 77), se advierte que las mismas no demuestran que el pago de los beneficios sociales se hubiese hecho efectivo dentro el plazo de los 15 días, siendo la orden de pago referida al quinquenio de la actora, y la nota referida a que se elaboró la orden de pago para los beneficios sociales de la actora, por lo que correctamente el Tribunal ad quem, concluyó que no se cumplió con el plazo determinado en el art. 9.I del DS N° 28699 para el pago de los beneficios y derechos sociales de la demandante, siendo preciso aclarar que la entidad demandada tenía todos los medios a su alcance para hacer efectivo el pago mencionado a la actora, tal el caso del depósito judicial, no siendo suficiente el hecho que tenía elaborado el pago, por lo que no se advierte que el Tribunal de Alzada haya valorado erróneamente las pruebas señaladas.

Por otro lado, respecto a que el Tribunal ad quem no interpretó correctamente el DS N° 0381, relacionado con el incremento salarial, se tiene que; los arts. 1 y 2.I del mencionado decreto establecen claramente lo siguiente: “(OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto, establecer la retroactividad del incremento salarial en favor de los obreros, empleados y personal técnico de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y establecer la responsabilidad de su aplicación; I. Para la gestión 2009, se autoriza la retroactividad al 1 de enero del 2009 en favor de los beneficiarios citados en el Artículo precedente, del incremento salarial previsto en el Acuerdo Salarial de fecha 18 de septiembre de 2009”; siendo correcta la interpretación del Tribunal de Alzada al determinar que corresponde el incremento salarial a favor de la actora, por el periodo del 1 de enero hasta el mes de abril de 2009, no encontrando ninguna mala interpretación de dicha norma, toda vez que la misma es precisa y señala que el incremento salarial corresponde a los obreros, empleados y personal técnico de COMIBOL, por lo que no es evidente este reclamo planteado por la parte recurrente.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 222, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 221 a 222, interpuesto por Mauricio Bernal Hurtado en representación legal de la COMIBOL, contra el Auto de Vista N° 78/2015-SSA-I de 5 de junio (fs. 212 a 213 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990  y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.