TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 925

Sucre, 05 de enero de 2016


Expediente                        : 302/2015-S

Materia                        : Beneficios Sociales

Demandante                : Antonio Juan Silva Flores y otra

Demandado        : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de

                                           Machacamarca

Distrito                        : Oruro

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 183 a 184 vta., interpuesto por Félix Nina Laura en representación legal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Machacamarca, contra el Auto de Vista Nº  116/2015 de 11 de junio, cursante a fs. 178 a 181, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Antonio Juan Silva Flores y Erika Checa Ajhuacho contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 188 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Oruro, emitió Sentencia Nº 121/2014 de 22 de octubre, cursante de fs. 149 a 156 vta., que declaró probada en parte la demanda de fs. 13 a 15 vta., ordenando a la parte demandada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Machacamarca, para que dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, a través de su representante legal cancele a favor de Antonio Juan Silva Flores la suma de Bs.20.064,00.- (veinte mil sesenta y cuatro 00/100 bolivianos) y a favor de Erika Checa Ajhuacho la suma de Bs.8.384,00 (ocho mil trescientos ochenta y cuatro 00/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio y aguinaldo, sin perjuicio que en ejecución de Sentencia se aplique el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación tanto por Félix Nina Laura en representación legal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Machacamarca, como por Antonio Juan Silva Flores y Erika Checa Ajhuacho (fs. 159 a 160 vta., y 162 a 164 respectivamente), la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 116/2015 de 11 de junio, cursante a fs. 178 a 181, confirmó la Sentencia Nº 121/2014 de 22 de octubre.


I.2 Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de nulidad de fs. 183 a 184 vta., interpuesto por Félix Nina Laura en representación legal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Machacamarca, quien señaló que existiría contradicciones en la sentencia impugnada, porque habiéndose, en la parte considerativa, reconocido 6 horas de trabajo efectivo por parte de los demandantes, sin embargo en la parte dispositiva se reguló los beneficios sociales de los mismos  con un promedio indemnizable en base al salario mínimo nacional como si ellos hubieran trabajado 8 horas diarias, pero además, desconociendo la prueba testifical de cargo y descargo a través de la cual concluyó que los demandantes trabajaron 6 horas, aspecto que fue denunciado en el recurso de apelación, empero el Auto de Vista inobservando e infringiendo el mandato previsto por el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT),  no efectuó ni reguló el cálculo indemnizable en base al trabajo efectivo realizado por los demandantes en base al contrato de trabajo.

Manifestó también que el principio de verdad material establecido en el art. 180-I de la Constitución Política del Estado, establece que el juzgador debe basar su resolución en una reconstrucción fiel a la realidad de los hechos y las circunstancias, dando prevalencia de la verdad antes que a los ritualismos, por lo que el Tribunal ad quem debió enmarcarse en los señalados por las declaraciones testificales de cargo y descargo para realizar el cálculo del promedio indemnizable solo en base a las horas de trabajo efectivo de los demandantes y no en base a las 8 horas efectivas calculadas para salario mínimo nacional.

Denuncia que, el Tribunal ad quem infringió el art. 252 del CPT al haber declarado improcedente los recursos de apelación, cuando la legislación nacional establece como formas de resolución de los Autos de Vista el confirmatorio total y parcial, revocatorio total y parcial y el anulatorio, aspecto que evidenciaría una flagrante infracción al principio constitucional del debido proceso establecido en al art. 115 de la CPE, refiriendo al respecto las Sentencias Constitucionales Nº 0010/2010-R de 6 de abril y Nº 2524/2010-R de 19 de abril.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista impugnado disponiéndose se regule correctamente los beneficios sociales de los demandantes.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de nulidad, de su atenta y minuciosa revisión, se logra advertir que los fundamentos vertidos como agravios, refieren a aspectos de forma y de fondo, razón por la cual, este Tribunal Supremo, ingresa a resolver los reclamos traídos a esta instancia, iniciando lógicamente por las denuncias referidas a la vulneración de las formas esenciales del proceso, para luego ingresar las cuestiones de fondo, toda vez que de encontrarse evidentes las denuncias de vicios procesales, no será necesario ingresar a resolver las denuncias referidas al fondo mismo de la litis.

        Respecto a la denuncia en sentido de que el Tribunal ad quem hubiera infringido el art. 252 del CPT, es preciso aclarar previamente que para que la nulidad impetrada opere en el caso de autos, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, acorde al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

En la especie, se advierte que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, al no adecuarse al contenido y finalidad de ninguno de los principios mencionados supra, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, toda vez que se observa, que si bien de manera impertinente en la parte resolutiva el Tribunal ad quem declaró improcedente los recursos de apelación planteados, empero dicho termino no condice con el contenido del auto de vista recurrido, en vista de que el Tribunal de Apelación ha ingresado a considerar el fondo de los reclamos llevados ante dicho tribunal, de ahí que, resolvió confirmar la Sentencia Nº 121/2014 de 22 de octubre, como forma de resolución establecida en el art. 237 del CPC, en consecuencia, resulta necesario en el caso que se analiza conservar el acto (Auto de Vista recurrido en casación), en razón a que dicho actuado no incumplió de manera alguna lo dispuesto por el art. 237 del CPC, lo contrario significaría simplemente, satisfacer aspectos formales, bajo una exigencia de excesiva solemnidad y un formalismo vacío, pero que además, la entidad recurrente tampoco cumplió con los presupuestos relativos al principio de especificidad, es decir, señalar la ley o leyes que sancionan con nulidad dicho acto.

A mayor abundamiento sobre el tema, el Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia, ha determinado que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad) o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, amén de que conforme al principio de trascendencia, el vicio procesal haya tenido incidencias en perjuicio de una de las partes de tal modo que sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido distintos.

En mérito a lo anotado, y advirtiendo que el punto recurrido no constituye razón suficiente que hagan viable la nulidad de obrados pretendida, en aplicación del principio de legalidad, así como los de finalidad del acto y el de trascendencia, como principios reguladores de las nulidades procesales, este Tribunal no encuentra fundado el recurso y decide mantener subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento al procedimiento se refiere.

En cuanto a las denuncias que tienen que ver con el fondo de la problemática traída a colación, resulta de sumo importante para resolver la controversia, partir de las siguientes consideraciones:

Uno de los principios que rige el Derecho Laboral, es el de la “primacía de la realidad”, que tiene vinculación con los arts. 180.I constitucional y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que incorporaron el principio de la verdad material y que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Por otro lado, si bien en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), 3. g) y 59 del CPT, y en los artículos 46 y 48. III de la Carta Fundamental, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos de las partes y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas, lo que implica, que en los procesos laborales, debe ponderarse la verdad de lo probado y de esta forma lograr alcanzar la verdad material, a través de una razonable criterio.

En el marco de lo referido, de la revisión de antecedentes se evidencia que el Juez a quo, en mérito los medios probatorios producidos en el proceso, especialmente a las declaraciones testificales de descargo como de cargo, estableció válidamente que los actores prestaron sus servicios en la entidad demandada, con un horario de trabajo de lunes a sábado de 9:00 a 12:00 y de lunes a viernes de 14:00 a 17:00, es decir 6 horas diarias de lunes a viernes y 3 horas los días sábados, haciendo un total de 33 horas de trabajo semanal, determinando además que conforme el DS Nº 1988 de 1 de mayo de 2014 les correspondía como sueldo promedio indemnizable el monto de Bs.1.440,00, que corresponde al salario mínimo nacional al ser el salario percibido por los trabajadores menor este monto, decisión que fue confirmada por el tribunal de apelación.

Bajo estos antecedentes, se sabe que la problemática planteada en el recurso de casación, se circunscribe a determinar si la decisión de los jueces de instancia de otorgar el pago de los beneficios sociales de los demandantes considerando el sueldo promedio indemnizable en base al salario mínimo nacional como si hubieran trabajado la jornada máxima establecida (8 horas), se enmarca o no a derecho.

En ese contexto, corresponde señalar que la proporcionalidad o racionalidad que debe ser aplicada por los operadores de justicia en toda controversia, entendiéndose a la misma como un principio que permite medir, controlar y determinar el ámbito o esfera de los derechos de la persona, que respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con las normas. Que, el DS Nº 1988 de 1 de mayo de 2014 dispuso determinar el salario mínimo nacional en los sectores público y privado en Bs. 1.440, salario que debe ser entendido para aquellos trabajadores que cumplan con la jornada máxima de trabajo establecida en el art. 46 de la LGT que al respecto prevé: “La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana.” Entendiéndose a la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y que conforme el art. 52 de la LGT no puede convenirse un salario inferior al mínimo.

En el marco legal expuesto, el Auto de Vista estableció en primer término que el salario percibido no habría sido objeto de la demanda, porque se hubiera estimado en base a los horarios de trabajo, sino por el conjunto que implicaría el sueldo percibido, empero más adelante concluyó dando respuesta a la denuncia acerca de la observación sobre el salario promedio, que no se hubiere conculcado la ley así como los derechos de la empresa, porque consideró ilegal el pretender reducir el cálculo indemnizable por debajo del mínimo nacional. Criterio y razonamiento que este Tribunal Supremo no comparte, en virtud a que, no resulta razonable ni legal comprender que se fije sin variación alguna como sueldo promedio indemnizable de los actores el salario mínimo nacional de Bs. 1.440, cuando ellos trabajaban solo 6 horas diarias, alcanzando solamente 33 horas efectivas de trabajo semanal. De ahí que, sin que implique de ninguna manera reducir el monto del salario mínimo nacional de Bs. 1.440 establecido correctamente como referencia para el sueldo promedio indemnizable, sino que sobre la misma base monetaria se debe de aplicar la regla de proporcionalidad prorrateando el monto del salario mínimo nacional en función a la jornada efectiva de trabajo cumplida, para encontrar el salario promedio indemnizable, toda vez que el salario es proporcional al trabajo desplegado.

De lo referido, concluimos que el Tribunal de Apelación al no valorar adecuadamente los medios probatorios producidos en el proceso, especialmente la prueba testifical de cargo y descargo que refiere que los actores han trabajado solo 6 horas al día, ha vulnerado lo establecido en el art. 169 del CPT, así mismo ha efectuado una errónea interpretación de los arts. 46 y 52 de la LGT, al no valorar de forma adecuada las situaciones fácticas que condicen con la realidad de los hechos bajo la luz del principio de verdad material; por lo que corresponde, en aras de una tutela judicial efectiva entendida como el derecho subjetivo que tiene todo sujeto de derecho para solicitar al órgano jurisdiccional que haga justicia, acoger favorablemente la pretensión del recurrente.

En consecuencia, este Tribunal Supremo enmendando la actuación del Tribunal ad quem, resuelve la causa en la forma prevista en los arts. 271.4) y 274.II del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 116/2015 de 11 de junio, cursante a fs. 178 a 181, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, solo en relación al monto del salario promedio indemnizable, manteniendo en los demás conceptos firme y subsistente, determinando que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Machacamarca, a través de su representante cancele a los actores Juan Antonio Silva Flores y Erika Checa Ajhuacho dentro de tercero día la suma establecida en la siguiente liquidación:

Antonio Juan Silva Flores

Tiempo de trabajo: 10 años, 5 meses y 1 día.

Sueldo Promedio indemnizable: Bs. 1.080,00

(Bs. 1.440 dividido entre 8 horas por 6 horas efectivas)

Indemnización                                                Bs. 11.253,00

Desahucio                                                        Bs.   3.240,00

Aguinaldo (5 meses y 2 días)                                Bs.      456,00

TOTAL                                                        Bs. 14.949,00

Erika Checa Ajhuacho

Tiempo de trabajo: 2 años y 2 meses

Sueldo promedio indemnizable: Bs. 1.080,00

(Bs. 1.440 dividido entre 8 horas por 6 horas efectivas)

Indemnización                                                Bs.   2.340,00

Desahucio                                                        Bs.   3.240,00

Aguinaldo (5 meses y 2 días)                                Bs.      456,00

TOTAL                                                        Bs.  6.036,00

Montos que en ejecución de fallos debe aplicarse lo dispuesto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.