TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 923

Sucre, 05 de enero de 2016


Expediente                        : 289/2015-S

Demandante                : Prudencio Villazón Rodríguez

Demandado                : Empresa Constructora “IPROCEL BOLIVIA Ltda.”

Distrito                        : Cochabamba

Magistrado Relator        : Jorge I. von Borries Méndez


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 111 a 112 interpuesto por la Empresa Constructora “IPROCEL BOLIVIA Ltda.” representado por Gustavo García Hinojosa, contra el Auto de Vista Nº 147/2014 de 18 de junio, corriente a fs. 107 a 109 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso que por pago de beneficios sociales y sueldos devengados sigue Prudencio Villazón Rodríguez contra el recurrente; el Auto de 23 de julio de 2015 cursante a fs. 119 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso, la Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 01 de septiembre de 2011 de  fs. 73 a 75, declarando probada en parte la demanda de fs. 5 a 6, con modificaciones e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 14 a 15,  disponiendo que la parte demandada, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia pague al demandante el monto de la liquidación por concepto de: indemnización por tiempo de servicios, Aguinaldo por duodécimas de la gestión 2008 doble por su incumplimiento y primas por utilidades por duodécimas de la gestión 2008, el total de Bs.31.466,64.- (Treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis 64/100 Bolivianos), de acuerdo al detalle sentado en la referida Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, la parte demandada planteó recurso de apelación conforme fluye de fs. 79 a 81, mismo que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 147/2014 de 18 de junio, corriente a fs. 107 a 109, que determinó confirmar la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra aquel Fallo, la Empresa Constructora “IPROCEL BOLIVIA Ltda.” representado por Gustavo García Hinojosa, interpuso recurso de casación en el fondo señalando que el Auto de Vista ahora impugnado, en cuanto al análisis de la prueba testifical de descargo, sin ningún fundamento, minimizó el valor probatorio.

Alega que las pruebas testificales cumplieron lo estipulado en el art. 169 del Código Procesal del Trabajo al “MANIFESTAR EN FORMA AFIRMATIVA” a la pregunta 3 del interrogatorio, pregunta que señalaba en sentido de que “COMO ES CIERTO QUE FINALIZADO EL PROYECTO BENI I Y BENI II SE PROCEDIO A LIQUIDAR AL PERSONAL, CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO”. Argumenta que las respuestas se encuentran corroboradas por la auditoría.

Indica que el informe de Auditoría del Proyecto Electrificación Rural Beni I y Beni II, señala que los aguinaldos fueron pagados a todo el personal participante del proyecto. Asimismo refiere que en la planilla cursante a fs. 100, se evidencia que se pagó a Prudencio Villazón los sueldos que ascienden a la suma de “BS.- 13.228.- AGUINALDO 2.893.15 BS.- TOTAL PAGADO 38.093,15BS.-“(fs. 111 vta.), argumentando que el demandante sólo trabajó 88 días en toda la gestión 2008.

Después de hacer referencia al art. 159 del Código Procesal del Trabajo, señala que el Tribunal ad quem no interpretó correctamente la mencionada disposición legal, misma que es respaldada por el art. 161 del mismo cuerpo normativo, que -según el recurrente- señalaría que si la prueba no es objetada por la parte demandante, se tendrá como cierto los documentos acompañados. Indica que notificado al demandante, no fue objetada; por lo que el Tribunal ad quem nuevamente hizo mala interpretación de la referida disposición legal, infringiendo en consecuencia el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, además “MENOS A HECHO CASO” a principios científicos que informa la crítica de la prueba atendiendo a las circunstancias relevantes y la conducta procesal observada por las partes. Asimismo, hace alusión al art. 158 del Código Procesal del Trabajo.

Indica que cursa en el proceso una certificación expedida por “NRCA”, documento que cumple lo establecido en el art. 159 del Código Procesal del Trabajo, y que no fue valorado por la juez como por el Tribunal ad quem.

También señala que en fs. 24, cursa el Certificado de Trabajo de 8 de enero de 2009, que en la parte final escrito a mano por el demandante señala que la certificación expedida en su favor por el Ing. Gustavo García el monto de sueldo es ficticio; señala -el recurrente- que firmó el demandante; y, que si fuera cierto que no se le pagó beneficios sociales, no hubiera solicitado se le emitiera la referida certificación, por lo que colige -el demandado- que no le adeuda suma alguna por concepto de beneficios sociales de la gestión 2008.

II.2.1 Petitorio

El recurrente, solicita se case en el fondo el Auto de Vista impugnado, y sea con condenación de costas a la otra parte.

CONSIDERANDO II

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Advirtiéndose que el motivo del recurso de casación, es la ausencia de la debida valoración de la prueba en el Auto de Vista impugnado, alegado por el recurrente, se tiene el siguiente análisis:

En principio, el art. 148 del Código Procesal del Trabajo, señala que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. Asimismo indica que en todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. Consiguientemente, se advierte que en materia laboral, NO EXISTE LA TARIFA LEGAL DE PRUEBAS, correspondiendo en consecuencia, analizar si la valoración de la prueba observada por el recurrente, se ajustó a lo previsto en la citada disposición legal.

Así, de la revisión de antecedentes y análisis correspondiente, se advierte que evidentemente, los testigos de descargo a la pregunta tres del interrogatorio cursante en fs. 66 que dice: “COMO ES CIERTO QUE FINALIZADO EL PROYECTO BENI I) Y BENI II) SE PROCEDIO A LIQUIDAR AL PERSONAL, CONTRATADO PARA ESTE PROYECTO”, las declaraciones testificales de descargo indican: a) La cursante en fs. 67, señala: “Si se procedió a liquidar al personal, y eso fue en noviembre de 2008”; b) La de fs. 68 dice: “Si es verdad”; y, c) La cursante en fs. 69 indica: “Si”. Sin embargo, se observa que en ninguna de las respuestas, se encuentra precisado que “SE PROCEDIO A LIQUIDAR” a Prudencio Villazón Rodríguez, sino que fueron respuestas de carácter general en relación “AL PERSONAL, CONTRATADO”. Consiguientemente, no se ajusta a lo previsto en el art. 169 del Código Procesal del Trabajo que entre los aspectos que refiere, señala que hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas; y, que en el presente caso, no hubo precisión en cuanto a la persona de Prudencio Villazón Rodríguez.

Por otra parte, el recurrente, alega que las referidas declaraciones testificales se encuentran corroboradas por la auditoría; sin embargo, se advierte que el mencionado informe de auditoría se encuentra incompleto, toda vez que en la planilla cursante de fs. 100 a 101, no consta que se hubiera pagado indemnización por tiempo de servicios y primas por utilidades; y sin embargo, el informe de la mencionada auditoría, en fs. 96 afirma: “Concluido el proyecto y según planillas se ha verificado que se ha realizado el pago de indemnizaciones a todo el personal participante del proyecto de acuerdo al tiempo trabajado en obra. No quedando pendiente de pago monto alguno a ninguno de los trabajadores por este concepto”, advirtiéndose contradicción entre esta afirmación y las planillas referidas, además que no hace referencia a primas por utilidades que en particular evidencie que el demandante Prudencio Villazón Rodríguez, haya podido haber recibido. Consiguientemente, tanto la Jueza como el Tribunal de Apelación, en sujeción al art. 148 del Código Procesal del Trabajo, tenía la libertad de valorar o no y en qué medida este informe de auditoría, cuando se observa que la misma no es completa.

Asimismo se advierte que en el memorial del recurso interpuesto por el recurrente, se advierte inconsistencia cuando afirma: “EN LA PLANILLA CURSANTE A FS 100 SE EVIDENCIA QUE SE PAGÓ AL SR. PRUDENCIO VILLAZÓN LOS SUELDOS QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE BS.- 13.228.- AGUINALDO 2.893.15 BS.- TOTAL PAGADO 38.093,15BS.-” (fs. 111 vta.), porque se la suma de 13.228 más 2.893.15 el resultado no es 38.093,15.

Por otra parte, la credibilidad de la misma parte ahora recurrente, es objeto de análisis, cuando en el mismo memorial del recurso de casación, la entidad demandada manifiesta “CURSA EN EL PROCESO A FS. 24 CERTIFICADO DE TRABAJO, DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2009, QUE EN SU PARTE FINAL ESCRITO A MANO POR EL DEMANDANTE SEÑALA QUE: LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL ING. GUSTAVO GARCÍA EL MONTO DE SUELDO ES FICTICIO, FIRMANDO EL DEMANDANTE…”, aspecto que no fue rebatido por el mismo demandado, habiéndose limitado a señalar que si no fuera cierto que no se le pagó sus beneficios sociales, por concepto de aguinaldo e indemnización por tiempo de trabajo, no le hubiera solicitado se le emitiera la referida certificación. Por tanto, este aspecto de credibilidad en los actos del mismo demandado, también influye en el análisis en conjunto de todas las pruebas aportadas, para que exista una valoración conforme a lo previsto en el art. 148 del Código Procesal del Trabajo.

Respecto a lo alegado por el recurrente en sentido de si la prueba no es objetada por la parte demandante, se tendrá como cierto los documentos acompañados; y que notificado el demandante, no fue objetada; por lo que el Tribunal ad quem nuevamente hizo mala interpretación de la referida disposición legal, infringiendo en consecuencia el art. 397 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, el art. 161 del Código Procesal del Trabajo, señala:

Los documentos privados deben presentarse en sus originales para que tengan el valor que en este capítulo se les da, pero tendrán el mismo valor las copias de tales documentos en los casos siguientes:

  1. Cuando la parte contra la cual se presenta la copia, la reconozca expresa o tácitamente, como genuina;
  2. Cuando la copla haya sido compulsada y certificada por el Secretario;
  3. Cuando se presente en copia fotostática o reproducida por cualquier otro medio técnico, siempre que sea autenticada por el funcionario encargado de la custodia del original;
  4. Cuando el original no se encuentra en poder del deudor

Como se podrá observar, la citada norma NO INDICA que la prueba que no es objetada, “SE TENDRÁ POR CIERTA”, que además iría en contra de lo señalado en el artículo 148 del Código Procesal del Trabajo (sobre libertad de valoración de la prueba); sino que lo que da a entender, es que las copias tendrán el valor de original o genuinas, cuando el citado artículo y el inciso a) señala que “tendrán el mismo valor las copias de tales documentos en los casos siguientes: a) Cuando la parte contra la cual se presenta la copia, la reconozca expresa o tácitamente, como genuina”. Y, de la revisión de antecedentes, se advierte que el Informe de Auditoría presentado por el ahora recurrente, no se encuentra dentro de esta previsión, toda vez que este documento, que fue presentado ante el Tribunal de Apelación, no fue motivo de debate si se trata o no de copia. En todo caso, el mencionado documento fue valorado, conforme se advierte en el Auto de Vista ahora impugnado que indicó: “…si bien en esta instancia la empresa la empresa acompaña un informe de auditoría elaborado por el Lic. Ruben Carrasco (V. Fs. 93-102), el mismo no refiere que se le hubiese cancelado el concepto de indemnización por años de servicio al actor” (fs. 108).

En cuanto a la certificación de “NRCA”, alegada por el recurrente, se advierte que la misma cursa en fs. 41, de la entidad denominada exactamente “NRECA International Ltd.”, que de la revisión de la misma, no se observa que exista en el esta certificación, el nombre del demandante, tampoco relevancia alguna en relación a la situación laboral interna de la empresa demandada, por lo que la ésta, no determinada nada respecto a la demanda planteada. Por lo demás, el Auto de Vista impugnado, ajustó a derecho su análisis al referir en el último considerando (fs. 108 a 109) las declaraciones testificales cursantes de fs. 67 a 69, el informe de auditoría de fs. 93 a 102, la confesión provocada, realizando el análisis y la fundamentación legal correspondiente.

Por lo expuesto, se advierte que el Auto de Vista de Vista ahora impugnado, no vulneró disposición alguna del Código Procesal del Trabajo y del Código de Procedimiento Civil por lo que corresponde resolver el recurso extraordinario de casación según lo previsto por los arts. 271.2) y 272.3 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, Ley Nº 25 de 24 de junio de 2010 , declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 111 a 112 interpuesto por la Empresa Constructora “IPROCEL BOLIVIA Ltda.” representado por Gustavo García Hinojosa, contra el Auto de Vista Nº 147/2014 de 18 de junio, corriente a fs. 107 a 109 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.