TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 899

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                        : 283/2015-S

Demandante                : Mauricio Oliver Molina Zenteno

Demandado        : LESO Industrial SRL.

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 118 y vta., interpuesto por Daniel Rojas Navarro en representación legal de LESO Industrial SRL., contra el Auto de Vista Nº 36/15 de 1 de abril, cursante a fs. 116 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Mauricio Oliver Molina Zenteno contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de fs. 121 a 122; el Auto de fs. 123 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 65/2014 de 19 de marzo de 2014, cursante de fs. 96 a 101, que declaró improbada la demanda de fs. 18 a 19 subsanada a fs. 21.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Mauricio Oliver Molina Zenteno (fs. 104 a 106), mediante Auto de Vista Nº 36/15 de 1 de abril, cursante a fs. 116 y vta., la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, anuló la Sentencia Nº 65/14 de 19 de marzo, sin costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 118 y vta., interpuesto por Daniel Rojas Navarro en representación legal de LESO Industrial SRL., quien señaló que el Auto de Vista impugnado, justificaría la nulidad de la Sentencia, al establecer que la Juez a quo no se habría pronunciado sobre el pago de vacaciones y sueldo devengado, sin considerar que el fundamento de dicho fallo determina que entre partes existió un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, por lo que al no existir vínculo laboral no corresponderían las pretensiones del demandante, más aun si se habría demostrado que el actor dejó de prestar servicios a emergencias de haber dañado un equipo didáctico, así como no haber devuelto una laptop y una cámara fotográfica.

Manifestó también que la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 150/2013 de 89 de abril, establece que la sanción de nulidad de adoptarse por el Tribunal de apelación, debe estar enmarcada en la seguridad de que no exista otra alternativa que la indicada medida para el saneamiento del proceso, extremo que habría sido incumplido, ya que era obligación del Tribunal ad quem si consideraba que en la sentencia de primera instancia faltaba fundamentación pronunciarse sobre los dos puntos observados y no determinar la nulidad del fallo.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista impugnado, debiendo dictarse uno nuevo debidamente fundamentado.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que a mérito de estos antecedentes, revisado el recurso de casación, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El art. 17.I.II.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé que la nulidad de actos procesales sólo puede ser declarada si la nulidad está expresamente determinada por ley, en ese entendido se tiene que este Tribunal de casación puede disponer la nulidad en dos casos:

De oficio, en aplicación del art. 17.I de la LOJ y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por el cual la nulidad de oficio del proceso procede cuando el Tribunal de casación advierte la existencia de infracciones que interesan al orden público, cuando: las partes no hubiesen convalidado o consentido un defecto u omisión de procedimiento, siempre y cuando dicho consentimiento o convalidación no vulneren derechos, garantías y principios constitucionales; y los actos irregulares de procedimiento dentro de un proceso social, conlleven la inobservancia y transgresión de derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución Política del Estado.

A solicitud de parte. En los casos en que la parte afectada, hubiese reclamado oportunamente ante los Tribunales inferiores y no hubiese consentido o convalidado el acto procesal irregular.

En ese contexto, en el caso concreto, existe la solicitud de parte sobre la nulidad de obrados; por ello, este Tribunal está facultado para revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

En este sentido, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251.I del CPC, aplicable por disposición del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio.

Otro principio es el de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados.

Finalmente el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Es en ese entendido el art. 236 del CPC señala que "...el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a la que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343...", por lo que el Tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho, la Resolución dictada por el a quo; así también el ad quem se constituye en un Tribunal de conocimiento que no presenta las limitaciones legales impuestas al Tribunal de Casación, por ser este último de puro derecho, de tal forma el Tribunal de Alzada no solo se encuentra reatado a circunscribir su resolución únicamente sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de la apelación, sino que también asume competencias, en tanto le es permitido reconstruir los hechos, en la medida que juzga como ex novo, resguardando de tal forma el derecho a la defensa y al debido proceso.

En ese contexto, el fallo el recurrido fundó la nulidad de obrados, bajo el razonamiento que la Juez a quo no se habría pronunciado sobre el pago de vacaciones y sueldo devengado como también que la determinación asumida no fue correctamente fundamentada, sin embargo de la revisión de la Sentencia Nº 65/2014 de 19 de marzo de 2014, cursante de fs. 96 a 101, que declaró improbada la demanda de fs. 18 a 19 subsanada a fs. 21, se advierte que la misma basó su fundamentación en sentido de que entre el demandante y el demandado se suscribió un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, no existiendo vínculo laboral de conformidad al art. 2 de la Ley General del Trabajo, concordante con el Decreto Supremo Nº 23579 de 26 de julio de 1993, por lo que imposibilitó la consideración de las pretensiones demandadas.

Al respecto, este Tribunal Supremo encuentra evidente lo reclamado por la parte recurrente, por cuanto la Juez a quo al concluir en la inexistencia de relación laboral, mal podría pronunciarse en cuanto a los derechos laborales extrañados por el tribunal de apelación.

El Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia, ha determinado que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad) o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, amén de que conforme al principio de trascendencia, el vicio procesal haya tenido incidencias en perjuicio de una de las partes de tal modo que sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido distintos.

De lo expuesto se advierte que la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista No 36/15 de 1 de abril, soslayó sus facultades como Tribunal de Alzada, por cuanto sin considerar los parámetros arriba expuestos, decidió anular obrados de oficio, sin justificativo valedero al respecto, eludiendo de tal manera ingresar a resolver en el fondo los reclamos planteados en apelación de la sentencia, dejando de pronunciarse sobre el fondo de la problemática, deber al que se halla compelido como juzgador ex novo, correspondiéndole ingresar al fondo de la problemática planteada por las partes apelantes y otorgando a los recurrentes una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC por lo que corresponde enmendar tal decisión.

Por lo anotado y encontrando evidentes los reclamos formulados por la parte recurrente, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.3) y 275 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 115 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo Auto de Vista de modo que se resuelva en el fondo todos los reclamos llevados en apelación por la parte demandante conforme al memorial de fs. 104 a 106, con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

Sin multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto por el art. 17.VI de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.