TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 898

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                        : 379/2015-S

Demandante                : León García Montecinos y otros

Demandado        : Industrias de Aceite S.A.

Distrito                        : Cochabamba        

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 9501 a 9504, interpuesto por Industrias de Aceite S.A., representado legalmente por Gustavo Gastón Verduguez Orruel contra el Auto de Vista N° 090/2015 de 21 de mayo (fs. 9493 a 9497), emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social que por pago de salario dominical fue instaurado inicialmente por José Luis Soria, Juvenal Arroyo, Gregorio Huanca y Félix Antezana, en su condición de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Aceite S.A. (I.A.S.A.), todos a nombre de los trabajadores que forman parte del Sindicato referido; que posteriormente fue ratificada la demanda bajo la representación por mandato al Sr. Félix Antezana Flores, conforme al memorial de fs. 602., 605 y Auto de fs. 613.; demanda formulada contra la Empresa Industrias de Aceite S.A., (I.A.S.A.); la respuesta de fs. 9506 a 9507.; el Auto de fs. 9509, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, formulada la demanda social citada al exordio, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo Cochabamba, pronunció Sentencia No 75/2014 de 30 de septiembre (fs. 9448 a 9452), declarando improbada en todas sus partes la demanda de fs. 6 a 13, más aclaratorias, modificaciones y ampliaciones de fs. 602, 605, 612, 1247 y 1260, de obrados, y declarando probada la excepción de pago interpuesta por la Empresa demandada.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducido por León García Montecinos y Eulogio Antonio Kellka en representación de la parte trabajadora demandante (fs. 9454 a 9456) y recurso interpuesto por Simón Tapia Galarza en su condición de heredero de Fabián Tapia Torrez, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 090/2015 de 21 de mayo (fs. 9493 a 9497), resolvió anular obrados hasta fs. 5008, disponiendo que la Juez A quo disponga la notificación de los co-herederos y presuntos herederos de los demandantes fallecidos.

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra la última resolución, la empresa demandada, por intermedio de su representante legal, formuló recurso de casación en la forma como en el fondo, que en lo sustancial de su contenido, expresó como motivos del mismo, los siguientes aspectos:

I.2.1. En la forma

i) Acusó que la causa fue sorteada vulnerando el orden de prelación de sorteo de causas, sin que exista decisión judicial que autorice el adelantamiento del sorteo o justifique una resolución con anticipación, lo que constituye una decisión irregular.

ii) Señaló también, que la resolución recurrida fue emitida fuera del plazo establecido por la Ley, por lo tanto con pérdida de competencia del Tribunal de Apelación, lo que se encuentra demostrado con el acto de notificación que se realizó con dicho fallo, que fue practicado después de tres meses de haber sido emitido; agregó que si bien la parte se presentaba todas las semanas para averiguar de la resolución en segunda instancia, la explicación era que se tenía que esperar de dos a tres meses para saber de la resolución; solicitó al respecto, que el Tribunal Supremo de Justicia haga una investigación del caso para establecer la verdad de lo ocurrido.

I.2.2. En el fondo

Acusó que el Auto de Vista recurrido violó los arts. 2° del DS N° 1260 de 5 de julio de 1948, al no considerar que no es necesario el consentimiento de todos los hijos para la prosecución de la causa, 252 del CPC y 247 de la Ley de Organización Judicial, que disponen que no hay nulidad sin previsión legal; sin considerar además que, en el caso se apersonaron los herederos de los demandantes fallecidos demostrando que tienen conocimiento del proceso y que no se les generó indefensión, así se encuentra anotado en el Auto de fs. 9445 y escrito de fs. 5003.

En ese mismo sentido, afirmó que el fallo recurrido aplicó indebidamente los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.2.3. Petitorio

Solicitó en cuanto a la forma, la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto de Vista recurrido, y en el fondo, anular el Auto de Vista recurrido y manteniendo incólume la Sentencia dictada.

       CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación en ambos efectos, se ingresa a considerar el mismo, conforme a los siguientes fundamentos:

II.1.1. En relación al recurso de casación en la forma

i) Se tiene como primera denuncia, que la causa habría sido sorteada vulnerando el orden de prelación y sin que exista decisión judicial que autorice el adelantamiento del sorteo o justifique una resolución con anticipación; sin embargo, no se tiene evidencia de que lo afirmado en esta parte de su recurso hubiere sucedido efectivamente, puesto que la afirmación hecha por la parte recurrente se basa en meras conjeturas personales.

No obstante de lo anotado, debe precisarse que el motivo anotado por la parte recurrente, no constituye -prima facie- causa de nulidad de obrados, por cuanto no se tiene prevista como motivo de casación en la forma por el art. 254 del CPC, más aun cuando la parte recurrente tampoco demuestra de manera alguna, que tal actuación procesal le hubiere causado indefensión, de modo que, en aplicación de los principios procesales que rigen las nulidades, “No hay nulidad sin previa Ley que lo establezca” y “No hay nulidad sin perjuicio”, la pretensión de nulidad bajo éste primer argumento, no resulta fundada.

ii) También se acusa en esta parte del recurso, la pérdida de competencia del Tribunal Ad quem para emitir el fallo ahora recurrido, dado que se afirma que el mismo en la realidad fue emitido fuera del plazo establecido por la Ley, afirmación que se basa en el hecho de que la notificación con dicho fallo fue realizada después de tres meses de haberse emitido; al respecto, se recuerda a la parte recurrente que las decisiones judiciales deben estar basadas en situaciones objetivas y no en simples conjeturas o sospechas de parte; en ese sentido, de la revisión de antecedentes se advierte que por el sello cursante a fs. 9492 vta., la causa fue sorteada en fecha 18 de mayo de 2015 y el Auto de Vista ahora recurrido (fs. 9493 a 9497), tiene data de 21 de mayo de 2015, es decir, dentro del plazo legal previsto por el art. 209 del CPT, como norma procesal especial aplicable frente al CPC.

Si bien es evidente que la notificación con la resolución de segunda instancia demuestra una evidente demora en su práctica por el servidor público encargado de tales diligencias (Oficial de Diligencias), tal aspecto no puede suponer o presumir la pérdida de competencia de los Vocales que suscribieron el fallo recurrido de casación, máxime si no se tiene prueba alguna que dé mérito a la afirmación de parte, sino simples afirmaciones, por lo que éste Tribunal tampoco encuentra fundado dicho reclamo.

Queda claro que el Tribunal de apelación que emitió el fallo recurrido cumplió con lo dispuesto en el art. 209 del CPT, que dispone un término de diez días de sorteado el expediente para dictar el Auto de Vista correspondiente, lo que en el caso se evidencia, fue cumplido; pues no existe factibilidad procesal para que éste Tribunal de puro derecho, realice investigación en cuanto al tema, como erróneamente pretende el recurrente.

Por lo anotado, y no teniendo evidencia de vicios procesales que den mérito a la nulidad de obrados impetrada por la parte recurrente en esta parte de su recurso y bajo sus fundamentos, conforme a las causales de procedencia que regula el art. 254 del CPC, no corresponde dar curso a lo solicitado conforme a sus fundamentos.

II.1.2. En cuanto al recurso de casación en el fondo

La parte recurrente acusa la violación del art. 2° del DS N° 1260 de 5 de julio de 1948, y arts. 252 del CPC y 247 de la Ley de Organización Judicial, puesto que considera que no es necesario el consentimiento de todos los hijos para la prosecución de la causa, además que la nulidad no se justificaría por no estar legamente prevista.

Al respecto, de la lectura de antecedentes se tiene evidenciado, inicialmente, que existió un persistente cuestionamiento de la parte demandada a la personería de los demandantes, que en su calidad de dirigentes sindicales y en apego a lo dispuesto por el art. 109 del Código Procesal del Trabajo (CPT) demandaron a la Empresa I.A.S.A. el pago del salario dominical por el periodo enero de 1995 a junio de 1999, que posteriormente fue modificada la demanda en razón a las decisiones judiciales al respecto, cambiando así los representantes de los trabajadores actores y los periodos por los cuales se demandaba el reconocimiento del derecho de pago de salario dominical; en ese sentido se tienen las siguientes resoluciones: El Auto de fs. 262 vta.; el Auto de fs. 331 vta.; el Auto de Vista de fs. 588 a 589; el Auto de fs. 1053; el Auto de fs. 1284 a 1287 vta., y; el Auto de Vista de fs. 4875 a 4876; discusión que ocupó a las instancias del proceso durante más de 15 años, dentro de los cuales y considerando la última decisión ahora impugnada, no estaría aún resuelto el fondo de la demanda, como es el pago dominical de los trabajadores demandantes.

Así, de la lectura del fallo recurrido se advierte que dicha resolución dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 5008, determinando que la Juez A quo ordene la notificación de los coherederos y presuntos herederos de los demandantes fallecidos Sres. Félix Antezana Flores, Benito Rocha Maldonado, Fabián Tapia Torres y Luis Espinoza Meneses, bajo el fundamento que la Juez omitió disponer y constatar la notificación personal, cedularia o por edictos, de todos los coherederos de los demandantes, concluyendo por ello que se habría viciado de nulidad el proceso con dicha omisión, lo que no podría ser subsanado ni soslayado, al amparo de los derechos que pudiera asistir a otros posibles herederos, más aún si los Testimonios de fs. 4986, 4995 y 4999, refieren como coherederos también otros nombres, que podrían tener interés en el proceso y a quienes no se les integró en la causa, causándoles con ello un perjuicio.

Que, no obstante la subjetiva y oficiosa apreciación desarrollada por el Tribunal de apelación en el fallo recurrido, al referir el posible perjuicio de otros coherederos, que ni siquiera se apersonaron al proceso para reclamar lo expuesto por el Auto de Vista, dicho Tribunal efectúa una indebida aplicación del art. 63.5).b) del CPC como fundamento de su decisión, puesto que dicha norma, en cuanto a la cesación de la representación en juicio, es aplicable en la circunstancia de que “el mandante o poderdante” haya fallecido, o éste haya ingresado en una incapacidad, a cuya consecuencia se hace necesaria la citación a los interesados, conforme la previsión anotada en el inciso b) de la norma ya referida, lo que en el caso de examen no aconteció; así, se debe considerar que la demanda de fs. 1247, ya fue interpuesta, entre otros, por la Sra. Gertrudis Veliz Maldonado Vda. De Espinoza, por su esposo fallecido Luis Espinoza Meneses, que en razón a su condición de heredera, otorgó poder especial y suficiente a favor de Félix Antezana Flores, conforme al Testimonio de Poder cursante de fs. 1245 a 1246 vta.; así mismo, mediante Testimonio de Poder cursante de fs. 4927 a 4928 vta., se advierte que las Sras. Juana Lizarazu Tordoya Vda. De Rocha por Benito Rocha Maldonado, Dominga Tapia Galarza en su condición de hija de Fabián Tapia Torres, Gertrudis Veliz Maldonado Vda. De Espinosa en su condición de esposa de Luis Espinoza Meneses y Emiliana Ramos Rocabado de Antezana esposa de Félix Antezana Flores, todas en razón a su propio interés y derecho, otorgaron poder especial y suficiente a favor de León García Montesinos y Eulogio Antonio Kellca para la presente causa, representación que fue debidamente admitida mediante Auto de fs. 5005, y en cuya consecuencia se dictó inclusive el Auto de relación procesal cursante a fs. 5007, que traba la relación jurídico procesal y establece los puntos de hecho a probar por las partes y la apertura del término probatorio correspondiente, en cumplimiento del art. 149 del CPT, de modo que las mencionadas personas se constituyeron en demandantes a través de sus apoderados arriba anotados, por lo que, al no haber fallecido en el curso del proceso ninguna de las mandantes señaladas ut supra, no se hace aplicable al caso el art. 63.5).b) del CPC.

Que, es evidente que inicialmente formularon la demanda social, tanto en forma personal como a través de mandatarios, los posibles titulares del derecho social demandado, empero, dadas las diversas decisiones judiciales que se emitieron en el curso del proceso, vinculadas fundamentalmente a la personería de los demandantes y demandado, el proceso en sí no inició sino hasta el momento en que se trabó la relación jurídico procesal, conforme al Auto de fs. 5007 de obrados, actuado al cual ya concurrieron como demandantes por mandato, las personas herederas arriba anotadas, de modo que la representación que ostentaban los Sres. León García Montesinos y Eulogio Antonio Kellca, conforme al Testimonio de Poder N° 1808/2013 de 4 de noviembre, cursante de fs. 4927 a 4928 vta., en ningún momento cesó, conforme la previsión normativa dispuesta en el art. 63.5).b) del CPC, por lo que, se reitera, su aplicación al caso concreto resulta indebida.

Que, llama la atención el contradictorio comportamiento procesal demostrado por la parte demandante en el curso del proceso, por cuanto, ante la observación incidental que efectuaba la parte demandada en relación a la personería de los demandantes, concretamente en cuanto a la necesidad de notificación a todos los coherederos de los fallecidos, los actores mediante memorial de fs. 5003 y vta., solicitaron concretamente la continuación del proceso argumentando que cuentan con poder especial y suficiente de las Sras.: Gertrudis Veliz Maldonado Vda. De Espinoza por Luis Espinoza Meneses; Dominga Tapia Galarza por el Sr. Fabián Tapia Tórrez; Juana Lizarazu Tordoya por Benito Rocha Maldonado, y; Emiliana Ramos Rocabado de Antezana por Félix Antezana Flores, mandantes que además expresaron su consentimiento y ratificación de la continuidad de la demanda, es más, por memorial de fs. 5013, refieren que el incidente de nulidad planteado por la parte demandada se constituía en un mecanismo para dilatar el proceso y que por efectos del art. 2° del DS N° 1260 de 5 de julio de 1948, la prelación para el pago de los derechos y beneficios del trabajador fallecido, lo tiene la esposa; de modo que constituye una deslealtad procesal argüir con posterioridad, concretamente en su recurso de apelación de la Sentencia (fs. 9454 a 9456), que se habría causado indefensión ya que debió notificarse a todos los coherederos de los fallecidos, como inicialmente fue planteado por la parte demandada, sin considerar inclusive que el mandato que tenían era sólo de las personas arriba mencionadas, el mismo que se encuentra aún vigente.

No obstante lo señalado, debe considerarse que por efecto de lo dispuesto en el art. 59 del CPT, que establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial y en cuyo criterio debe interpretarse la norma procesal de la materia, así como la prelación establecida en el art. 2° del DS N° 1260 de 5 de julio de 1948, para el cobro de los beneficios sociales y derechos laborales que pudieran corresponder a los herederos de los trabajadores fallecidos; para el caso en concreto, no procedía la nulidad de obrados aún en el supuesto no concluido, de la existencia de un fallecimiento del o de los mandantes en el curso del proceso, como erróneamente concluyó el Tribunal de Alzada, por cuanto con la sola intervención de uno de los coherederos, empezando por la cónyuge o conviviente, como en el caso sucedió, era suficiente para continuar el trámite en cuestión, debido a que se trataba de un proceso social de carácter sumario, en el cual el objeto es la declaración del derecho que reclama el trabajador, como es el pago dominical, y no así el derecho de todos o cada uno de los coherederos respecto a lo que pueda determinarse en el proceso, cuestión última que correspondería su discusión, sólo a momento de determinar el pago, en la eventualidad de ser favorable el fallo al trabajador demandante.

Por otra parte, en relación al reclamo formulado en vía de apelación de la Sentencia (fs. 9471 a 9473 vta.), por el Sr. Simón Tapia Galarza como coheredero al fallecimiento de Fabián Tapia Torrez, en sentido que se le causó indefensión debido a que no se suspendió el proceso en cumplimiento al art. 144 del CPT, hasta que se resuelva el incidente formulado por la parte demandada mediante memorial de fs. 5013 a 5014, paralizando el proceso, aspecto que le habría ocasionado indefensión a su persona y vulneraría su derecho a la defensa y al debido proceso, ya que los trabajadores cuentan con pruebas que no se pagó los dominicales; corresponde al respecto señalar que, la regla impuesta en la norma procesal mencionada, establece que los incidentes no interrumpen la tramitación del proceso principal, a menos que fueren indispensables por la naturaleza de la cuestión planteada; pues en el caso, no existía razón jurídica suficiente que haga suponer la necesidad de paralizar la tramitación del proceso, y en ese sentido las partes procesales tenían la oportunidad procesal correspondiente para ofertar y reproducir cuanta prueba consideren conveniente, en razón a su propio interés, de modo que la cuestión accesoria que tenía que ver con el incidente formulado, para nada obstaculizaba a las partes del proceso a presentar pruebas, interrogar, alegar y formular peticiones; y el hecho de no haber procedido de esa manera, no puede constituir argumento válido para anular el proceso bajo la acusación que se habría creado indefensión, cuando ello no resulta evidente.

A ello debe agregarse que, según lo manifestado expresamente por Simón Tapia Galarza, en su memorial de apelación de fs. 9471 a 9473 vta., éste señaló que “…mi persona estaba pendiente a su resolución del incidente que era fundamental sea resuelto con carácter previo…” (sic), lo que hace entender que dicha persona tenia pleno conocimiento de la tramitación de la causa principal, en la cual podía apersonarse y presentar cuanta prueba considere necesaria a efectos de probar los hechos alegados, de modo que, su omisión no trae como consecuencia sino su propio perjuicio, no pudiendo por ello alegarse indefensión al no habérsele permitido presentar prueba respecto al impago del derecho reclamado por su padre; es más, tenía todas las posibilidades establecidas por el art. 152 del CPT, para presentar prueba en segunda instancia, lo cual tampoco sucedió. De modo que no se advierte vulneración a su derecho a la defensa como parte del derecho al debido proceso establecido en los arts. 115 y 117 de la CPE.

Debe comprenderse que el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva constituye un derecho humano importante, y consiste en la potestad y capacidad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos. El derecho de acceso a la justicia está consagrado por el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la CPE, en su art. 115.I. Este derecho tiene los siguientes elementos esenciales: a) derecho a acceder ante la autoridad judicial para iniciar y sustanciar un proceso judicial; b) derecho a presentar las pruebas, y objetar las presentadas por la parte contraria; c) derecho a obtener una resolución fundada en Derecho; d) derecho a acceder a los recursos ordinarios o extraordinarios para impugnar las decisiones judiciales ilegales; e) derecho a que el proceso concluya en un plazo razonable; y f) derecho a que la sentencia ejecutoriada sea ejecutada. Debe considerarse que éste es uno de los derechos humanos más importantes para lograr la convivencia pacífica en la sociedad.

Que, en el caso de análisis correspondía al Tribunal de apelación denegar la petición de nulidad de obrados impetrada por la parte actora y Simón Tapia Galarza, dado que no se tenía razón jurídica suficiente como para disponer la nulidad, como erróneamente dispuso el fallo recurrido, bajo la interpretación excesivamente formalista y ritualista y además equívoca de las normas procesales generales, situación que llevó a no resolver la cuestión de fondo demandada por los trabajadores, prolongando aún más la solución del conflicto jurídico suscitado hace más de 15 años, lo que sin duda no condice con los principios procesales de celeridad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez y verdad material consagrados en el art. 180.I de la CPE, como fundamentos que sustentan la jurisdicción ordinaria, pero además en el marco de los valores y fines consagrados en el art. 8 de la misma norma fundamental del Estado, como la armonía y el equilibrio, para el vivir bien.

Por lo relacionado, y encontrando parciamente evidente la denuncia hecha por la parte recurrente en cuanto al fondo de su recurso, corresponde resolver el recurso dando aplicación a lo previsto en los arts. 271.3) y 275 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista N° 090/2015 de 21 de mayo, cursante de fs. 9493 a 9497, incluyendo el sorteo de fs. 9492 vta., disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, emita nuevo Auto de Vista, que desestimando la pretensión de nulidad de obrados, ingrese a resolver las cuestiones de fondo que le fueron llevadas por la parte apelante.

No siendo excusable el error cometido, se impone una multa de Bs.500,00.- a cada uno de los vocales suscribientes del fallo recurrido.

En cumplimiento a lo previsto por el art. 17.VI de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art 275 del CPC y la recomendación N° 22 de la Comisión Interamericana de derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.