TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 896

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                        : 269/2015-S

Demandante                : Mario Yanny Unzueta Gualterio

Demandado        : Agencia despachante de Aduanas ”Trans Oceanía SRL.”

Distrito                        : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 437 a 441, interpuesto por Néstor Hugo Durán Rojas, en representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas “TRANS OCEANICA SRL.”, contra el Auto de Vista N° 274/2014 de 26 de noviembre (fs. 422 a 425 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales, que sigue Mario Yanny Unzueta Gualterio, contra la Agencia recurrente; el Auto que concedió el recurso de fs. 444; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado la demanda laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales, (fs. 23 a 26 vta.), la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 02 de marzo de 2012 (fs. 352 a 355 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 23 a 26 de obrados; probada la excepción perentoria de prescripción con relación al primer periodo trabajado del 03 de marzo de 1986 al 31 de octubre de 1990, e improbada la excepción perentoria de cosa juzgada opuesta por el demandado, mediante memorial de fs. 54 a 59 vta., conminándose a la Agencia Despachante de Aduana TRANS-OCEANICA SRL., por intermedio de su representante Néstor Hugo Durán Rojas, pagar a Mario Yanny Unzueta Gualterio, dentro de tercero día, por los conceptos de: indemnización, desahucio, aguinaldo seis duodécimas gestión 2010 doble por incumplimiento, vacaciones una gestión y seis duodécimas 45 días y reintegro bono de antigüedad 24 últimos meses del 01 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010; por el tiempo de trabajo de 11 años y 6 meses, con un sueldo promedio indemnizable de Bs.2.340,62.-; el monto total de Bs.-46.767,55.- (cuarenta y seis mil setecientos sesenta y siete 55/00 bolivianos), más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006., de acuerdo al detalle sentado en la Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Recurrida que fue de apelación por la parte demandada la mencionada Sentencia (fs. 385 a 387), la respuesta al mismo de fs. 392 a 393, la Sala, Seguridad Social y Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista N° 274/2014 de 26 de noviembre (fs. 422 a 425 vta.), resolvió confirmar la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

I.1.3. Motivos del recurso de casación

Contra el referido Auto de Vista, la parte demandada formuló recurso de casación, que en lo fundamental de su contenido, expresó los siguientes cuestionamientos:

En el fondo

1. Manifestó que, el Tribunal de Alzada, a tiempo de emitir el Auto de Vista, en el segundo considerando del punto 1 y 2, vulneró los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, establecidos en los arts. 192. 3) y 236 del CPC, atentando el debido proceso; puesto que según la Empresa demandada, se habría cumplido con la carga de la prueba previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, al haber demostrado con el estado de cuentas de la APF previsión BBV S.A., que el actor trabajó en la Aduana Nacional de agosto de 1997 a mayo de 1998, advirtiéndose que existió un receso en la relación laboral entre el primer y segundo periodo; documental que el Juez a quo, no tomó en cuenta, en razón a que ya se habría emitido la Sentencia de primer grado, situación advertida por el Tribunal de Alzada, quien habría manifestado que tal extremo no fue probado con medios probatorios idóneos; que si bien el Juez a quo, no pudo valorar la documental extrañada, correspondía al Tribunal de Alzada enmendar los errores cometidos por el Juez de primera instancia de conformidad al art. 236 del CPC; lo contrario significaría que, el actor se estaría beneficiando de manera indebida.

2. Que el Tribunal de Alzada, no  enmendó los errores cometidos por el a quo, en relación a los sueldos percibidos por el actor, consignado erróneamente por existir diferencia numéricas de los meses de abril, mayo y junio de 2010, lo que ha motivado e influido en la determinación errónea de la indemnización, no acorde a la prueba acompañada de 283 a 285 relativo a las planillas debidamente visadas por el Ministerio del Trabajo.

3. Por otra parte, señaló que el salario promedio determinado a favor del actor sería erróneo, al fijar el monto de Bs.-2.340,62.- ya que según las planillas cursante de fs. 299 a 301 de obrados, debió consignarse Bs.-1.100.-monto que se ha percibido los últimos tres meses; y al no haberse determinado de esa manera, se ha vulnerado el art. 19 de la LGT, postura que apoyó en el Auto Supremo Nº 071 de 30 de abril de 2014.

4. En este punto señaló que, el Tribunal de apelación, pese de haber cumplido con el requisito de motivación en su decisión, vulneró los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, apoyando tal acusación con el A.S. Nº 259 de 12 de octubre de 2012, como en la S.C. Nº 043/2005-R, jurisprudencia última que exige la motivación de las resoluciones judiciales.

Asimismo en este punto, manifestó que el Tribunal Constitucional, en la S.C. Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas; en ese sentido, señaló que la motivación como elemento del debido proceso, constituiría un deber jurídico; insistiendo nuevamente en la inobservancia del principio de congruencia, que según el recurrente la decisión no guardaría correspondencia con todo lo expuesto; solicitando en este punto declarar la improcedencia del pago de los periodos 1998 a 1999, dispuesto por el Tribunal de apelación de forma ultra petita; por lo que, al ser incongruente el fallo, podría ser subsanado vía recurso de nulidad.

En definitiva el Tribunal de Alzada, ha vulnerado los arts. 190, 236 del CPC, 154 del CPT, normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, lesionando el derecho al debido proceso y el principio de congruencia.

Finalmente manifestó que, el Tribunal de Alzada, no se ha pronunciado sobre la totalidad de los puntos apelados; es decir, sobre la valoración de la prueba en relación a que no existiría deuda alguna sobre el salario por el mes de agosto, que conforme la confesión expresa y la confesión provocada del actor, además de la planilla de pago, éste ha cobrado dicho salario del mes de agosto, omisión que conllevaría la nulidad del proceso en previsión del art. 252 del CPC.  

Petitorio

Por lo expuesto, solicito al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista Nº 274/2014 de 26 de noviembre y deliberando en el fondo, declarar improcedente el pago de los beneficios sociales de los periodos 1997 a 1999, como también el promedio salarial de Bs.-1.100.- monto que debió ser tomado en cuenta.

       CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación, se ingresa al análisis del mismo bajo los siguientes fundamentos:

Al punto 1, la problemática planteada en este punto, radica en determinar si el Auto de Vista, en el segundo considerando del punto 1 y 2, habría vulnerado los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, atentando el debido proceso; que según la Empresa demandada, se ha cumplido con la carga de la prueba previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, al haberse demostrado con el estado de cuentas de la APF previsión BBV S.A., que el actor ha trabajado en la Aduana Nacional de agosto de 1997 a mayo de 1998, advirtiéndose que existió un receso en la relación laboral entre el primer y segundo periodo; documental que el Juez a quo, no ha tomado en cuenta, manifestado que tal extremo no ha sido probado con medios probatorios idóneos; que si bien el Juez a quo, no pudo valorar la documental extrañada, correspondía al Tribunal de Alzada enmendar los errores cometidos por el Juez de primera instancia de conformidad al art. 236 del CPC.

Al respecto, identificada la controversia, corresponde el análisis y consideración del mismo, partiendo de los siguientes criterios constitucionales y legales:

El art. 48. I. II de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”.

El art. 158 del CPT establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (…)”.

Para resolver adecuadamente la cuestión planteada, es necesario observar los datos que constan en el relato fáctico del caso en examen; en ese sentido, no es cierto ni evidente que el Tribunal de Alzada hubiese vulnerado los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, dispuestos en el art. 236 del CPC, por cuanto, a tiempo de confirmar la sentencia de primer grado, recalcó que en el caso de autos existió dos periodos de trabajo definidos por la Juez a quo; es decir, un primer periodo del 03 de marzo de 1986 al 31 de octubre de 1990; un segundo periodo de trabajo del 02 de enero de 1999 al 30 de junio de 2010, periodo último que fue acreditado por las literales de fs. 100 de obrados, certificación mediante la cual la propia Agencia Despachante de Aduana, expresó que el actor trabajó desde esa fecha y año; pero además por la literal de fs. 8 se acreditó que el actor trabajó hasta el 30 de junio de 2010, aspecto corroborado por el finiquito de fs. 18, en el que se estableció como fecha de retiro el 01 de julio de 2010; sin embargo, efectivamente hubo una discontinuidad de 8 años y dos meses entre el primer y segundo periodo de trabajo; vale decir, desde el 01 de noviembre de 1990 hasta el  01 de enero de 1999; siendo así, los tribunales de instancia advirtieron que existió una discontinuidad laboral, no sólo de 10 meses como cuestionó la empresa recurrente, al señalar que desde de agosto de 1997 a mayo de 1998, habría existido un receso en la relación laboral entre el primer y segundo periodo; efectivamente existió, no sólo un receso sino un amplio margen de discontinuidad traducido en 8 años y 2 meses; en ese sentido, el tiempo o receso extrañado por la parte recurrente, está inmerso dentro de los 8 años y 2 meses; por lo que, la documental del estado de cuenta individual de la APF previsión BBV S.A., que según el recurrente no habría sido tomada en cuenta por el Tribunal de Alzada, no es cierto ni evidente; puesto que, al haber señalado que dicha literal no es idónea entre otros aspectos, se ha pronunciado ampliamente al respecto; sin embargo de ello, no se entiende que es lo que pretende demostrar con las literales de cuenta individual de la APF previsión BBV S.A., si bien con las mismas se estaría demostrando que existió un receso de 10 meses entre el primer y segundo periodo, dicho aspecto no sólo es de 10 meses de discontinuidad, como se ha comprobado efectivamente; sino, de 8 años y 2 meses; por lo que, lo cuestionado por el recurrente, no tiene relevancia ni mucho menos importancia para comprobar aspectos que abundantemente están comprobados en autos, en relación al receso entre uno y otro periodo; en consecuencia, no se advierte que el Tribunal de Apelación haya vulnerado los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, establecidos en los arts. 192. 3) y 236 del CPC.

A lo señalado, cabe recordar que la valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces y tribunales de fondo y no así de este Tribunal Supremo, que sólo en caso de que se haya incurrido en apreciación errónea de pruebas de hecho y de derecho, evidenciado por documentos y actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgados, en cuyo caso se puede efectuar el control jurisdiccional de puro derecho, aspecto que no ocurrió en el caso presente.

En relación al punto 2; que según el recurrente, el Tribunal de Alzada, no ha enmendado los errores cometidos por el a quo, en relación a los sueldos percibidos por el actor, consignado erróneamente por existir diferencias numéricas de los meses de abril, mayo y junio de 2010, lo que ha motivado e influido en la determinación errónea de la indemnización, no acorde a la prueba acompañada de 283 a 285 relativo a las planillas debidamente visadas por el Ministerio del Trabajo.

Al respecto, en el caso de autos, revisado el fallo recurrido, se advierte que el Tribunal de Alzada, confirmó totalmente la Sentencia apelada, manteniendo todos los conceptos referidos al pago de beneficios sociales y derechos laborales por el tiempo de 11 años y 6 meses; en consecuencia, corresponde verificar si el Tribunal ad quem al tomar tal decisión ha obrado o no correctamente; en ese sentido, de la revisión minuciosa del mencionado recurso de apelación, se advierte que, la Empresa hoy recurrente, no cuestionó este punto como agravio en su recurso de apelación de fs. 385 a 387 de obrados; por lo que, en el caso presente, lo cuestionado por el recurrente al no estar dentro de los puntos apelados como agravio y menos haber sido objeto o punto de agravio llevado a segunda instancia, el Tribunal de Alzada, obviamente no se pronunció sobre el particular; a cuya consecuencia, no corresponde su análisis ni entrar en mayores consideraciones al respecto; puesto que, según el principio de preclusión procesal, dispuesto en los arts. 3. e) y 57 del CPT, el reclamo a precluido, en razón a que dicho punto en cuestión debió haber sido intentado en recurso de apelación dentro del término previsto por Ley, etapa procesal que concluyó y en consecuencia se clausuró con la resolución del Auto de Vista recurrido;  por lo que, este Tribunal de casación, considera que no existe materia justiciable para pronunciarse sobre aspectos que el Tribunal de Apelación, no se pronunció; sino sólo sobre los puntos apelados de conformidad a los arts. 190 y 236 del CPC; lo que hace inviable la apertura de la competencia del Tribunal de casación, para pronunciarnos al respecto; máxime si tal aspecto fue contradictoriamente cuestionado, por cuanto según la propia empresa, a tiempo de elaborar la liquidación como se tiene en el recurso de apelación, consignó como sueldo promedio indemnizable la suma de Bs.-2.340,62.-, monto que conforme al art. 19 de la LGT, es producto del cálculo de los tres últimos meses cancelados al actor; en ese sentido, dicho monto, el Juez a quo estableció correctamente en sentencia; lo que equivale a decir, que el punto cuestionado como tal en su recurso de casación, no tiene razón, menos pertinencia como asidero legal, para sostener una pretensión distinta que la establecida por los tribunales de instancia y por el propio recurrente; máxime como ya dijimos, si tal aspecto no fue recurrido de apelación.

En relación al punto 3, que según la Empresa recurrente, el salario promedio indemnizable debió fijarse en Bs.1.100.- y no en el monto de Bs.2.340,62.-, conforme las planillas de fs. 299 a 301 de obrados, en razón a que dicho monto sería el percibido los últimos tres meses; y al no haberse determinado de esa manera, se habría vulnerado el art. 19 de la LGT, postura que apoyó en el A.S. Nº 071 de 30 de abril de 2014.

Al respecto, en el caso de autos, revisado el fallo recurrido, se advierte que el Tribunal de Alzada, sobre el punto relativo al salario promedio indemnizable, al igual que en el punto anterior, confirmo la Sentencia apelada, manteniendo todos los conceptos referidos al pago de beneficios sociales y derechos laborales por el tiempo de 11 años y 6 meses, con un salario promedio indemnizable de Bs.2.340,62.-; en consecuencia, corresponde verificar si el Tribunal ad quem al confirmar dicho concepto habría o no obrado correctamente; en ese entendido, de la revisión minuciosa del mencionado recurso de apelación de fs. 385 a 387 de obrados, se advierte que, la empresa hoy recurrente, tampoco cuestionó de manera alguna el salario promedio indemnizable, menos que la suma debió fijarse en Bs.-1.100.-,  conforme las planillas de fs. 299 a 301 de obrados, en razón a que dicho monto sería el percibido en los últimos tres meses; en consecuencia, en el caso presente y en particular sobre el punto cuestionado por el recurrente al no estar dentro de los puntos apelados como agravio y menos haber sido objeto o punto de agravio llevado a segunda instancia, el Tribunal de Alzada, obviamente, no se pronunció sobre el particular; a cuya consecuencia, no corresponde su análisis ni entrar en mayores consideraciones al respecto; puesto que, según el principio de preclusión procesal, dispuesto en los arts. 3. e) y 57 del CPT, el reclamo a precluido, en razón a que dicho punto en cuestión debió haber sido intentado en recurso de apelación dentro del término previsto por Ley, etapa procesal que concluyó y en consecuencia se clausuró con la resolución del Auto de Vista recurrido;  por lo que, este Tribunal de casación, considera que no existe materia justiciable para pronunciarse sobre aspectos que el Tribunal de Apelación, no se pronunció; sino, sólo sobre los puntos apelados de conformidad a los arts. 190 y 236 del CPC; lo que hace también inviable la apertura de la competencia del Tribunal de casación, para pronunciarnos al respecto; máxime si, como dijimos en el anterior punto, contradictoriamente la propia empresa recurrente, a tiempo de elaborar la liquidación como se tiene en el recurso de apelación, consignó como sueldo promedio indemnizable a favor del actor la suma de Bs.-2.340,62.-, la misma que sería correcta desde su entendimiento, monto que también el Juez a quo, estableció correctamente en sentencia; lo que equivale a decir, que el punto cuestionado como tal en su recurso de casación, no tiene razón, menos pertinencia como asidero legal, para sostener una pretensión distinta que la establecida por los tribunales de instancia y por el propio recurrente; por lo tanto, el Tribunal de Alzada, no vulnero el art. 19 de la LGT, como erradamente señaló la parte demandada hoy recurrente.

4. En este punto señaló que, el Tribunal de apelación, pese de haber cumplido con el requisito de motivación en su decisión, habría vulnerado los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, apoyando tal acusación con el A.S. Nº 259 de 12 de octubre de 2012, como en la S.C. Nº 043/2005-R; así como, en la S.C. Nº 1369/2001-R de 19 de diciembre; en ese sentido, señaló que la motivación como elemento del debido proceso, constituiría un deber jurídico; insistiendo nuevamente en la inobservancia del principio de congruencia, que según el recurrente la decisión no guardaría correspondencia con todo lo expuesto; solicitando en este punto declarar la improcedencia del pago de los periodos 1998 a 1999, dispuesto por el Tribunal de Apelación de forma ultra petita; por lo que, al ser incongruente el fallo, podría ser subsanado vía recurso de nulidad.

Inicialmente, es necesario señalar que, el recurrente a tiempo de cuestionar el fallo de segunda instancia, resolución impugnada que no contendría motivación, fundamentación y congruencia; sin embargo, en su recurso de casación contradictoriamente señaló que: “el Tribunal de Apelación, pese de haber cumplido con el requisito de motivación en su decisión…” (sic); de todos modos revisado el fallo recurrido y analizado el recurso de casación planteado en el fondo, la empresa recurrente a tiempo de cuestionar la falta de motivación, fundamentación y congruencia, equivocó la vía correcta de plantear su pretensión en recurso de casación en el fondo, cuando en realidad de la lectura del punto cuestionado, este debió se interpuesto en recurso de casación en la forma; es más, en su petitorio no solicitó anular el fallo recurrido y mucho menos observo la procedencia dispuesta en el art. 254 del CPC; sin embargo, efectuada la aclaración, este Tribunal de casación en función del art. 62 del CPT, se ve obligado a pronunciarse en los términos y con los fundamentos que sigue.

Al respecto, de la lectura y análisis tanto del memorial de recurso de casación, como del fallo recurrido sobre la problemática planteada, corresponde señalar que, el recurrente en su afán de invalidar el fallo recurrido, observando la vulneración al derecho del debido proceso, en su vertiente a la debida fundamentación, motivación y congruencia, no realiza la relación de causalidad en el elemento normativo; es decir, señalando y relacionando los derechos o garantías que con los hechos hubieren sido objeto de lesión, y que debió ser precisado por el recurrente en su memorial de recurso de casación en la forma; en sentido de, cómo en los hechos debió acreditar el derecho vulnerado, debió existir la relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho de garantía constitucional. De allí, que dicha exigencia, no se reduce simplemente a enumerar artículos, doctrina o fallos constitucionales, como lo señalado por el recurrente en su recurso de casación interpuesta; sino que debió explicar, desde el punto de vista de la causalidad, cómo en los hechos habrían lesionados los derechos cuestionados; exigencia que el recurrente no cumplió, pues sólo se limita en el punto referido a la vulneración de derechos y garantías constitucionales, a referirse a la cita de disposiciones constitucionales y finalmente a transcribir Sentencias Constitucionales, sin efectuar así juicio de relación de causalidad alguno.

En ese entendido y como se podrá advertir del pronunciamiento expuesto sobre la problemática resuelta, no se advierte la inexistencia de fundamento o motivación alguna en el fallo o Auto de Vista recurrido de casación, como señaló erróneamente el hoy recurrente; por el contrario, como el propio recurrente señaló en su recurso, “existe motivación en el fallo de segunda instancia”; en esa misma línea, consideramos un fallo fundamentado y debidamente motivado, pese a las falencias jurídicas del recurso de apelación existente en ese momento. Así, considerando la amplia jurisprudencia y doctrina existente sobre el la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, este Tribunal al igual que el Tribunal Constitucional, concluyeron en función a la correspondencia y la vinculación de los fallos, como la establecida en la SC Nº 1315/2011 de 26 de septiembre entre otras, en sentido de que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, deben estar debidamente fundamentadas y motivadas; empero, también se definió y estableció, que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, como sucedió en el Auto de Vista recurrido de casación, en cuya resolución se advierte la fundamentación y motivación, la misma que fue concisa, clara y pronunciada sobre todos los puntos reclamados en apelación, de conformidad al art. 236 del CPC; resolución mediante la cual también se expresó las convicciones determinativas que justificaron razonablemente la decisión tomada por las autoridades recurridas, aplicando en la decisión las normas del debido proceso cumplidas fielmente. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas, situación que no ocurrió en el Auto de Vista impugnado No. 470/2014 de 26 de noviembre de 2014, en conformidad a la SC Nº 1365/2005-R de 31 de octubre.

Por otra parte, el recurrente también manifestó que en el Auto de Vista, no contendría la congruencia necesaria; al respecto, es necesario señalar que el principio de congruencia, como instituto jurídico deriva de las garantías del debido proceso, en tal sentido, dicha congruencia según el recurrente no existiría en el fallo impugnado; dicha acusación no es evidente; puesto que, de la lectura del recurso de apelación de fs. 385 a 387 de obrado, la parte demandada-apelante, llevó a esa instancia como agravios 8 puntos, y siendo que el primer punto estuvo relacionado a los antecedes del proceso, y que sólo 7 puntos estuvieron referidos a cuestiones de fondo, mismos que conforme la lectura del Auto de Vista, han sido resueltos y pronunciados en su integridad por el Tribunal de Alzada y como dijimos líneas arriba, con los debidos fundamentos y motivaciones, que en esencia derivan a su vez en la congruencia como principio característico del debido proceso; puesto que, en el caso de autos, el pronunciamiento sobre los puntos señalados emergente del recurso de apelación, han sido pronunciados y resueltos; en ese sentido y en correspondencia con lo pedido, analizado y resuelto se pudo advertir la congruencia del fallo impugnado; por lo que, el Tribunal de Apelación obrando en consecuencia, confirmó la sentencia de primer grado.

A lo anotado, se debe agregar que, en el caso de autos; es decir, durante la tramitación del proceso, la parte demandada no cumplió con la exigencia de los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, obligación a la que estaba reatada para desvirtuar todas las pretensiones del demandante; en esa medida, el Auto de Vista recurrido, no incurrió en la violación al debido proceso (falta de motivación, fundamentación ni congruencia),  debido a que en el mismo se expuso los motivos suficientes sustentados en la normativa vigente para el caso que nos ocupó, conforme exigen los arts. 90 y 192. 2) del CPC, aplicables a toda resolución judicial en razón a que hace al debido proceso, consagrado como un Derecho Fundamental en el artículo 115.II de la Constitución Política del Estado y razonamiento adoptado en la SC Nº 2026/2010-R de 9 de noviembre.

Finalmente, en relación a que el Tribunal de Alzada, no se habría pronunciado sobre la totalidad de los puntos apelados; es decir, sobre la valoración de la prueba en relación a que no existiría deuda alguna sobre el salario por el mes de agosto, que conforme la confesión expresa y la confesión provocada del actor, además de la planilla de pago, éste habría cobrado dicho salario del mes de agosto, omisión que conllevaría la nulidad del proceso en previsión del art. 252 del CPC.

Al respecto, revisado el fallo recurrido y analizado el recurso de apelación de fs. 385 a 387 de obrados, se advierte que, la problemática planteada en esta instancia casacional, no fue recurrida de apelación como agravio; en consecuencia, verificado el fallo del Tribunal ad quem que confirmó la Sentencia, obró correctamente, en sentido, de que la Empresa hoy recurrente, al no haber cuestionado la valoración de la prueba en relación a que no existiría deuda sobre el salario por el mes de agosto, conforme la confesión expresa y la confesión provocada del actor, además de la planilla de pago, éste habría cobrado dicho salario del mes de agosto; cuestionamiento inexistente en el recurso de apelación; en consecuencia, sobre el particular, al no estar dentro de los puntos apelados como agravio y menos haber sido objeto o punto de agravio llevado a segunda instancia, el Tribunal de Alzada, obviamente no se pronunció sobre dicho extremo; a cuya consecuencia, no corresponde su análisis ni entrar en mayores consideraciones al respecto; puesto que, según el principio de preclusión procesal, dispuesto en los arts. 3. e) y 57 del CPT, el reclamo a precluido, en razón a que dicho punto en cuestión debió haber sido intentado en recurso de apelación dentro del término previsto por Ley, etapa procesal que concluyó y en consecuencia se clausuró con la resolución del Auto de Vista recurrido;  por lo que, este Tribunal de casación, considera que no existe materia justiciable para pronunciarse sobre aspectos que el Tribunal de Apelación, no se pronunció en conformidad al art. 236 del CPC; lo que hace inviable la apertura de la competencia del Tribunal de casación, para pronunciarnos al respecto.

En definitiva, en el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal de Alzada, no se advierte la existencia de vulneración a los arts. 190, 236 del CPC, 154 del CPT, normas que efectivamente son de orden público y de cumplimiento obligatorio, lesionando el derecho al debido proceso y el principio de congruencia.

Por lo relacionado y no siendo evidente las infracciones normativas acusadas por la parte recurrente, corresponde resolver el recurso de casación, en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 437 a 441, interpuesto por Néstor Hugo Durán Rojas, en representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas “TRANS OCEANICA SRL.”., contra el Auto de Vista N° 274/2014 de 26 de noviembre (fs. 422 a 425 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.