TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 893

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                : 268/2015-S

Demandante                 : Augusto Fernando Villagra Siles

Demandado                         : Caja de Salud CORDES regional Cochabamba

Materia                : Laboral

Distrito                         : Cochabamba  

Magistrado Relator        : Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Esther Aramayo Antezana en representación legal de la Caja de Salud CORDES regional Cochabamba, de fs. 772 a 774 ., contra el Auto de Vista N° 196/2014 de 3 de septiembre, cursante de fs. 766 a 769, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro de la demanda de pago de beneficios sociales interpuesta por Augusto Fernando Villagra Siles contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 791 a 792, el Auto que concedió el recurso de fs. 793, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Planteada la demanda y tramitado el proceso, el Juez de Partido Segundo del Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Cochabamba, pronunció Sentencia de 3 de julio de 2013 cursante de fs. 580 a 585., declarando probada en parte la demanda; disponiendo que la entidad demandada cancele a favor del demandante la suma de Bs.112.385,62.- (ciento doce mil trecientos ochenta y cinco 62/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales; más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por parte de la entidad demandada de fs. 587 a 589 vta., y la respuesta al mismo por parte del actor a fs. 594 y vta., fue resuelto por Auto de Vista N° 196/2014 de 3 de septiembre, cursante de fs. 766 a 769, por el cual la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirma la Sentencia emitida en primera instancia. Sin costas.

I.2  Motivos del recurso de casación

En conocimiento del señalado Auto de Vista la parte demandada, Esther Aramayo Antezana en representación legal de la Caja de Salud CORDES regional Cochabamba, interpone recurso de casación en el fondo de fs. 772 a 774 vta., señalando lo siguiente:

Alega que, la Sentencia como el Auto de Vista dictado dentro del presente proceso laboral, han violado el art. 4 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), porque se habría acreditado que el demandante prestó sus servicios profesionales desde su consultorio particular, a través de las inspecciones efectuadas de fs. 181 a 191, y las atestaciones de fs. 231 al 234, 244 y 245; y estas resoluciones adujeron que hubiesen concurrido características de relación laboral, y que el demandante se encontraba subordinado a las órdenes del empleador, sin tomar en cuenta la normativa citada, que establece de manera puntual a la excepción de considerarse empleados a quienes prestan servicios desde su domicilio u oficinas propias, y el actor atendió a los afiliados a la Caja CORDES cuando estos acudían a sus ambientes de su consultorio privado, que también es su domicilio y vivienda;  con personal bajo su dirección y mando, cumpliendo con la obligación de todo profesional médico en cumplimiento de la Ley del Ejercicio Profesional Medico Nº 3131, de seguimiento a cada paciente, como se evidenciaría en la confesión provocada y la testifical ofertada. Todo esto con la limitación de actuar del demandante, para poder cumplir su obligación laboral en la Caja Nacional de Salud, como se acreditaría en la prueba de fs. 251; por lo que, el título de que se hubiese concurrido características de relación laboral, seria falaz, ya que no existía subordinación ni dependencia, porque su trabajo se desempeñaba en su propio inmueble, no tenía un control de ingreso y salida, y la atención medica de su especialidad importaban servicios extraordinarios, elevando informes de dada paciente como todo profesional médico de la actividad privada, sobre el seguimiento de los mismos.

Señala también que, estas atenciones de su especialidad otorgadas a los asegurados de la entidad demandada, eran realizadas con instrumental médico de su propiedad, y  se le otorgaba solo material de escritorio, para el seguimiento de los pacientes, material con el que no efectuaba su trabajo de especialidad en otorrinolaringología, sino con su propio instrumental necesario para dicha tarea; además, de facturar el trabajo realizado, estando sujeto al régimen general de obligación tributaria, como señalo en su confesión provocada de fs. 156 a 157, implicando estar al margen de la estructura organizativa dela Caja CORDES regional Cochabamba.

Indica que, la Sentencia como el Auto de Vista recurrido violaron el art. 2º del DS 9357 de 20 de agosto de 1970, en razón de que al reconocerla al actor beneficios sociales, se estaría vulnerando la jornada laboral reconocida en dicha normativa, ya que como se demuestra por prueba documental de fs. 251, el demandante optó por cumplir la cargo horaria de tiempo completo en la Caja Nacional de Salud, cumpliendo los requisitos para ello, no pudiendo tener una relación laboral de la misma naturaleza con la entidad demandada; añade que, para asumir un cargo con las características que pretende hacer valer el actor, debe efectuase una declaración jurada de bienes y rentas, entre otros, como se realizó para el trabajo que presto en la Caja Nacional de Salud, como señala la documental de fs. 255 a 257.

Afirma que, existió una errónea aplicación de los art. 1 y 2 del DS 23570 de 26 de “junio” de 1993 (lo correcto es julio), tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista impugnado, al haber dado lugar a reconocimiento de derechos ilegítimos en favor del actor, en razón al principio de primacía de la realidad, sin tener en cuenta que no concurrían las características esenciales de la relación jurídico laboral, en razón a que: no existía ningún tipo de dependencia, su actividad profesional la desarrollaba sin presión desde su consultorio particular, con consultas entre mezcladas con asegurados de la entidad demandada y pacientes particulares, sin dependencia económica personal y familiar, como la que sostenía con la Caja Nacional de Salud, como se evidenciaría en las pruebas de fs. 156 a 157, 181 a 191, 231 a 234 y  244 a 245; sostenía una actividad libre desde su consultorio, siendo el actor el empleador de su personal de apoyo, en su consultorio privado, no existiendo subordinación, y que los informes realizados periódicamente eran el promedio de pacientes atendidos, pertenecientes al seguro brindado por la entidad demandada; conllevando aquello a una prestación de trabajo por cuenta ajena, ejerciendo su actividad profesional en libertad de actos, sin control alguno al realizar esta actividad en su consultorio privado, que además es su domicilio; finaliza indicando que, en cuanto a la percepción de salario, en cualquiera de sus formas, efecto de trabajo dependiente y subordinado, no efectuado así, con el actor por el lugar y libertad de su actividad, condicionado este, a su toma de decisiones para la atención de sus pacientes que se encontraban afiliados a la entidad demandada, incurriendo el Auto de Vista impugnado en infracciones y violaciones a leyes expresas.

II.2 Petitorio

La parte recurrente, Esther Aramayo Antezana en representación legal de la Caja de Salud CORDES regional Cochabamba, solicita a este Tribunal dicte resolución conforme el art. 271-4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), casando el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada es necesario inferir que, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, rige como una de las funciones principales de la justicia boliviana, la procura y búsqueda de la justicia material, no significando esto, que para dar aplicación a la misma, se vulneren derechos y garantías procesales, pero, deben primar razonamientos que permitan garantizar una efectiva y eficaz justicia material, ante la existencia de una justicia inclusiva, garantizada por nuestra Ley Fundamental, señalando al respecto la SCP 060/2014 de 3 de enero, lo siguiente: “En la administración de una justicia inclusiva, no se puede soslayar el hecho el sustento de las decisiones que se basan en el análisis e interpretación, donde no solo se limita a la aplicación de formalidades y rituales establecidos en la norma, sino, en hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible para la población, con miras de alcanzar el vivir bien y de esa manera rebatir los males como la corrupción que afecta a la sociedad.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado: El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

Conforme a lo expuesto, el valor superior «justicia» obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones… (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre)”; claro está, por lo explicado y señalado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional añadida, que la primacía de la justicia boliviana y una de sus grandes finalidades es la procura de la justicia material.

Empero, si bien no existe en esta materia una paridad jurídica, bajo los principios constitucionales que buscan la favorabilidad del trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, no debe bajo esta prioridad, vulnerarse otros derechos garantizados por la Constitución, de tal modo que como bien señalan las Sentencias Constitucionales precedentemente añadidas, no solamente se debe poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, teniendo como objetivo procurar la realización de la justicia material, y al buscar un proceso justo, no se está apartando de los principios que rigen la materia, ya que, si bien están los principios laborales orientados al resguardo del trabajador, que establecen un amparo preferentemente a favor del trabajador, y no así una paridad jurídica; al buscar un proceso justo no se aparta de aquello, porque los principios de la materia, entre ellos la primacía de la realidad, no buscan de ninguna manera un proceso injusto, sino dar un amparo preferente al trabajador al ser el sujeto débil de la relación laboral, sin que ello implique vulnerar derechos o desconocer la verdad histórica de los hechos, dando una razón cegada al trabajador, ya que lo que se busca es la realización de una justicia material o verdaderamente eficaz.

En el caso de autos, éste Tribunal considera que a título del principio de la primacía de la realidad se desconoce aspectos alegados por la entidad demandada, y si bien este principio reconocido por la Constitución Política del Estado en su art. 48-II, como también en el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que en su art. 4 señala y define de manera general los principios del derecho laboral, indicando: I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: (…) d) Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes…”, como una garantía para que no se evadan beneficios sociales, primando así la verdad de los hechos y no lo que se acordó entre partes, pero esa verdad delos hechos, y es eso, buscar la verdad de los hechos; sin embargo, en el presente caso por la prueba aportada en el trascurso del proceso como la confesión provocada (fs. 156 a 157), la inspección efectuada (fs. 181 a 191), que el actor realizaba sus actividades en su consultorio particular, atendiendo a los pacientes de asegurados a la entidad demandada, desde la comodidad de este su consultorio, con su equipo médico, y con el apoyo de su propio personal, sin un control de asistencia, elevando obviamente informe sobre estas atenciones para justificar su contraprestación; ante este servicio el art. 4 del DRLGT, establece: “No se consideran empleados, para los efectos de la Ley y del presente Reglamento: a) A los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono; y b) A aquellos cuyos servicios sean discontinuos” (el subrayado es nuestro); este aspecto de haber prestado sus servicios desde su consultorio privado -oficina-, que además se constituía en su domicilio, es aceptado por el actor, siendo así no se puede desconocer este hecho, ahora, los informes presentados eran necesarios para la cancelación de la contraprestación ejercida, y parte de la misma el seguimiento de los paciente que atendía.

Así también, se evidencio que el actor trabajaba para la Caja Nacional de Salud, conforme a la documental de fs. 251, entidad con la que si tenía una dependencia laboral e asistía a las instalaciones de las mismas, para realizar su prestación de servicios, con control directo del empleador; además, que el art. 2º del DS 9357 de 20 de agosto de 1970, señala: “Los médicos, dentistas y bioquímico-farmacéuticos que prestan servicios profesionales en organismos del Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas, Empresas Públicas y/o Mixtas, estarán sujetos a tres formas de jornada de trabajo: a) Jornada de medio tiempo con tres horas de trabajo. b) Jornada de tiempo completo con seis horas de trabajo. c) Dedicación exclusiva”, en consecuencia el demandante cumplía tiempo completo, en la Caja Nacional de Salud, y en la entidad demandada la Caja CORDES regional Cochabamba, un servicio externo en su consultorio particular.

Ahora, el DS 23570 de 26 de julio de 1993, en su art. 1º señala las características esenciales de la relación laboral: “a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación”, en similar entendimiento el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 2, indica que las relaciones laborales en las que concurran esas características, ya señaladas, se hallan en el ámbito de aplicación  de la Ley General del Trabajo; sin embargo en el presente caso, según lo establecido en el art. 4 del DRLGT, como se consideró precedentemente, se establece de manera clara que no se consideran empleados para los efectos de la norma sustantiva laboral, los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin concurrir cotidianamente a las del patrono, conllevando esto a la ajenidad de la prestación del servicio específico, al respecto el Auto Supremo 494 de 10 de diciembre de 2014, señalo: “Siendo ese el caso la Sala estima necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para esa determinación. En nuestro ámbito jurídico, es la comprensión del art. 5 del DR-LGT, al manifestar que El contrato individual de trabajo es aquél en virtud del cual una o más personas se obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras, constituye un indicador del elemento de ajenidad en la relación de trabajo. Para mayor amplitud, jurisprudencia de la región, otorga una definición tanto sintética como completa sobre ajenidad, así se dirá que, existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela). De lo anterior, se desprende un elemento primal para la aplicación de la figura de ajenidad a momento de la determinación de la existencia de una relación laboral, tal es así que la ajenidad, conlleva al trabajador a no contar con potestad alguna para organizar, dirigir y decidir los mecanismos o procesos para la obtención de los frutos o riquezas de la actividad laboral”, en autos el actor disponía la organización y manejo de sus consultas, y con personal de su dependencia, ajenos a la entidad demandada, en su consultorio privado, encajando de manera fehaciente en la descripción del art. 4 del DRLGT, como se consideró precedentemente; en mérito a lo expuesto y encontrándose fundados los motivos traídos en casación, corresponde dar aplicación de los arts. 271.4) y 274.II del CPC, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista 196/2014 de 3 de septiembre, cursante de fs. 766 a 769, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y, deliberando en el fondo, declara IMPROBADA la demanda incoada por Augusto Fernando Villagra Siles de fs. 34 a 38, subsanada de fs. 40 a 41, y aclarada a fs. 52.

Sin responsabilidad

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-