TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 890

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                        : 257/2015 -S

Demandante                : Luis Alberto Lera Cortez y otro

Demandada                : Empresa Constructora CORSA

Materia                        : Social

Distrito                        : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Isaac Jorge von Borries Méndez


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Justo Urquiza Apaza de fs. 262 a 264., contra el Auto de Vista N° 75/15 de 25 de mayo de 2015 cursante de fs. 259 a 260 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, del Niño Niña y Adolescente, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso que por pago de Derechos Laborales siguen Luis Alberto Lera Cortez y Ulices Lera Cortez contra el recurrente; el Auto a fs. 266., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Una vez planteada demanda de pago de Derechos Laborales y tramitado el proceso, el Juez del Trabajo, Seguridad Social, Público, Niña, Niño y Adolescente Nº 2 de la ciudad de Pando, pronunció la Sentencia Nº 14/15 de 20 de febrero de 2015 cursante de fs. 239 a 241., de obrados, declarando probada en parte la demanda de fs. 7 a 8. Con costas, determinando que la entidad demanda debe cancelar los beneficios sociales y derechos laborales; conforme a la siguiente liquidación: Indemnización, bono frontera, aguinaldo, aguinaldo esfuerzo por Bolivia., a Ulices Lera Cortes, la suma total de Bs. 5.691.- (Cinco mil seiscientos noventa y uno 00/100 bolivianos) y; a Luis Alberto Lera Cortez, la suma total de Bs. 7.315.- (Siete mil trecientos quince 00/100 bolivianos) de acuerdo al de talle sentado en la Sentencia.

I.2.1 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado conforme se aprecia del memorial de  fecha 05-03-2015 cursante de fs. 245 a 247, éste fue resuelto por el Auto de Vista N° 75/15 de 25 de mayo de 2015, cursante de fs. 259 a 260., por el cual la Sala Civil, Familiar, Social, del Niño, Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, confirmó totalmente la Sentencia Nº 14/15 de 20 de febrero de 2015. Con costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

El recurrente inicia sus argumentos señalando que, el Auto de Vista de manera confusa refiere que su persona es representante legal de la Empresa Constructora y Consultora Urquiza-Saavedra SRL, pero que durante la tramitación del proceso ha demostrado que no tiene esa calidad conforme la prueba a fs. 237, y demostrado también que es maestro albañil como se desprende de fs. 227 a 233, por lo que no es responsable, ni representante legal de dicha empresa, hecho que no ha valorado el Auto de Vista, afectando de manera directa su derecho a la defensa y al debido proceso, en violación de la previsión contenida en los arts. 154 y 161 del Código procesal del Trabajo (C.P.T.).

En cuanto a la indemnización, refiere que no corresponde, ya que los demandantes no fueron trabajadores a tiempo completo, recibiendo por ello una remuneración por jornada laboral, que conforme la prueba presentada de fs. 11 a 190, no hubo una sola semana en la que hubieran trabajado de manera completa, faltando cuando querían y jamás a la hora de ingreso, demostrándose así mismo, que no trabajaron para la Empresa Constructora y Consultora Urquiza, dando por hecho este aspecto el Auto de Vista, por lo que se ha afectado su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y derecho a la defensa así como el art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) afectando de manera directa el art. 253 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil (CPC), cuando la sentencia recurrida contuviera violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

En relación al aguinaldo de 2014, señala el recurrente, que éste se canceló conforme a las normas laborales y planilla elaborada en la inspectoría del trabajo firmada por los demandantes conforme se tiene de fs. 179 a 187, y que al Auto de Vista no ha considerado, afectando lo previsto en el art. 159 del C.P.T., el derecho a la defensa, seguridad jurídica y art. 19 de la L.G.T., efectuando una incorrecta valoración de la prueba, error de derecho incurriendo en lo establecido en el art. 253 inc. 3 del C.P.C.

Con referencia, al subsidio de frontera el recurrente indica que, no existió la empresa que contratara a los demandantes por tiempo fijo o indefinido, demostrado así por la prueba de fs. 179 a 187, afirmando que solo los contrató por jornal diario conforme a las audiencias de confesión provocadas de fs. 218 y 220, por lo que no eran trabajadores dependientes y no existe la empresa Justo Urquiza, por lo que no se podía cancelar el subsidio al no tener personal permanente al ser un contratista mas según la documental de fs. 188 a 189, demostrándose así la violación del art. 12 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137, la equivocada interpretación de la prueba y error de hecho y de derecho al no considerar la prueba de fs. 1 a 190 y 227 a 233, configurando la previsión contenida en el art. 253 inc.3 del C.P.C.

En ese mismo sentido, el recurrente manifiesta, que el Auto de Vista no ha considerado la prueba testifical de descargo de fs. 210, 212, 214 y 216 por la que se demuestra que, no es representante legal de ninguna empresa, que es maestro albañil, que los demandantes solo trabajaban por un jornal diario, que jamás los demandantes trabajaron en forma continua, y que no cumplían horario de trabajo y mucho menos asistían toda la semana. Afirmando al respecto que ha sido afectado en su derecho al debido proceso en su componente prueba, infringiéndose el art. 169 del C.P.T., incurriendo en la previsión del art. 253 inc. 1) y 3) del C.P.C.

I.2.1 Petitorio

El recurrente concluye solicitando sea admitido el recurso de casación en el fondo, para que los Magistrados del Tribunal de casación en aplicación de la ley y compulsados los antecedentes CASE el Auto de Vista de 25 de mayo de 2015, resolviendo declarar PROBADA la demanda en todas sus partes con costas conforme a ley.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

La jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia, enseña que el Recurso de Casación es un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigidos a lograr que el Máximo Tribunal revise, reforme y/o anule las resoluciones expedidas por las instancias jurisdiccionales que hayan infringido las normas del derecho material que garanticen un debido proceso o las formas esenciales que deben observarse para la eficacia y validez de los actos procesales.

Con ese antecedente, expuestos que fueron los fundamentos del recurso de casación en el fondo para su resolución, es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación a la acusada violación de los arts. 154 y 161 del Código Procesal del Trabajo (CPT), cabe señalar que el Auto de Vista Nº 75/15 de 25 de mayo de 2015, ha considerado los argumentos del recurrente respecto a la afectación reclamada en sentido de no ser el representante legal y haber demostrado durante la tramitación del proceso no tener esa calidad, aspecto este que conforme se observa del primer considerando ha sido resuelto con fundamentos sustentados en la prueba cursante de fs. 11 a 171, demostrativa de que la relación obrero patronal existió entre los demandantes y el demandado, así como por la cursante de fs. 227 a 233, documental demostrativa de que la obra de construcción se ejecutó fungiendo el demandado como contratista generándose para este último las obligaciones laborales emergentes de la contratación de personal, en consecuencia la violación de la normativa procesal alegada , carece de fundamento, siendo correcta la valoración del Tribunal de alzada al respecto.

En cuanto a la indemnización que el recurrente sostiene no corresponder en su pago a los demandantes, cabe señalar que el Decreto Supremo Nº 110, de 1 de mayo de 2009 (DS Nº110) en su art. 2° establece que: “I. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. II. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo. III. La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para las trabajadoras y los trabajadores a jornal.”; en ese sentido y conforme se afirma en el Auto de Vista recurrido, se ha demostrado durante la tramitación de la causa, haber quedado justificada la relación laboral entre los demandantes y demandado que los hace merecedores de este beneficio, tras superar los noventa días (90) de trabajo continuo requeridos por la norma; por lo que la seguridad jurídica, derecho a la defensa no han sido afectados aplicándose correctamente lo establecido en el art. 19 de la LGT., no existiendo por consiguiente, violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, en el marco del art. 253 inc.1)del C.P.C.

Con referencia al reclamo del recurrente en relación al pago de aguinaldo y la afectación del art. 19 de la LGT y 159 del CPT., por ese hecho, es menester reafirmar el criterio del juzgador cuando de manera correcta establece que este derecho les fue otorgado a los demandantes en función al trabajo desarrollado en la gestión 2014, calculado por duodécimas de los últimos ocho meses, además del correspondiente al denominado Aguinaldo Esfuerzo Por Bolivia. En ese sentido, contrariamente a lo reclamado por el recurrente, resulta correcta la valoración realizada al respecto en la Sentencia por el Juez el primera Instancia, confirmada por el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, consecuentemente no es evidente la incorrecta valoración de la prueba, menos aún el error de derecho acusados por el recurrente en relación al art. 253 inc. 3) del CPC.

El bono de frontera regulado con anterioridad por el reglamento del DS Nº 21060, ahora denominado subsidio de frontera, constituye un derecho adicional para los trabajadores del sector público y privado por disposición del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, cuyo monto está calculado sobre el 20% del salario mensual, siendo beneficiarios los funcionarios y trabajadores que se encuentran dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales; en ese entendido, y conforme se aprecia, tanto de las consideraciones realizadas al respecto en Sentencia confirmadas por el Auto de Vista, las condiciones de los demandantes para beneficiarse de este derecho se cumplen, tras haberse demostrado la existencia de una relación laboral y fundamentalmente haber desarrollado los demandantes su trabajo dentro del rango en kilómetros establecidos por la norma, que junto a los demás elemento o características que hacen a la existencia de la relación laboral indicada irrefutablemente hacen que este derecho sea reconocido. Por lo que la violación acusada del art. 12 del DS Nº 21137, la equivocada apreciación de la prueba, el error de hecho y de derecho invocados respecto al art. 253 inc. 3 del C.P.C., no son evidentes habiendo el Tribunal de alzada hecho una correcta valoración de las mismas.

En ese entendido el Auto Supremo Nº 765 de 09 de octubre de 2015 expresa lo siguiente: “En torno a la apreciación y valoración de la prueba, el Código Procesal del Trabajo establece en su art. 3: “Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios. J) Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados.”; en igual sentido en su art. 158, precisa que: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. …”, en ese mismo orden normativo, el Art. 397 del Código de Procedimiento Civil señala: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Adicionalmente a lo señalado, se debe precisar que el sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba, otorga al Juez libertad en la evaluación de la prueba, la convicción del Juez no está ligada a un criterio legal -tarifa legal de la prueba, fundándose en una valoración personal, ya que las exigencias de las formalidades procesales respecto de los medios probatorios no son limitantes para que el juzgador aplique la sana crítica, la razonabilidad y la lógica jurídica que apropiadamente la emplea, llevan a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política del Estado, puesto que la facultad de los jueces de apreciar la libre conciencia, no resulta encontrada a la obligación del juzgador de fundamentar sus resoluciones, principio constitucional que integra el debido proceso. Así el referido sistema de valoración probatoria, de ninguna forma puede pensarse que se trata de un régimen que permite al juzgador fallar arbitrariamente, sino mediante un sistema valorativo de persuasión racional como aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento. En el sistema de la libre apreciación, el Juez forma su convicción, no existiendo tarifa legal de la prueba, pues no está sujeto a ésta, la valoración corresponde íntegramente al juzgador, al cual deja la ley en libertad para formar su convencimiento, y sólo con base a esta certeza se determinan los hechos probados, valorando en su conjunto y en su contexto las pruebas que se produzcan en el proceso.”

En ese entendido, así establecido en la uniforme jurisprudencia, la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado incensurable en casación a menos que se demuestre error de hecho o de derecho como exige el art. 253.3 del CPC, no demostrado en el presente caso, ya que las conclusiones de tanto el Auto de Vista como de la Sentencia, no son discrecionales, sino ofrecen un análisis que lejos de la conjetura se basan en la propia prueba producida en el proceso.

Por lo que la Sala evidencia, la correcta apreciación y valoración de la prueba realizada tanto por el Juez de Primera Instancia cuanto por el Tribunal de Alzada, siendo claros y sustentados en norma sus fundamentos a efecto de determinar que no son ciertas las infracciones acusadas por el recurrente.

Por lo expuesto y en mérito a los antecedentes y fundamentos referidos, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo según lo previsto por los arts. 271.2) y 273 ambos del CPC., aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y el  art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 262 a 261, interpuesto por Justo Urquiza Apaza, contra el Auto de Vista Nº 75/15 de 25 de mayo de 2015, cursante de fs. 259 a 260 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.