TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo No 888

Sucre, 18 de diciembre de 2015


Expediente                        : 366/2015-A

Demandante                : Cristina Maraza Luna

Demandado                : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito                        : Potosí

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


       VISTOS: El recurso de casación de fs. 325 a 326, interpuesto por Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrueta Montecinos, contra el Auto de Vista Nº 70/2015 de 18 de septiembre, cursante de fs. 321 a 322, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; dentro del proceso administrativo de reclamación de renta de viudedad y orfandad, seguido por Cristina Maraza Luna contra la entidad hoy recurrente; el Auto de 26 de octubre de 2015 a fs. 331, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones

Que, ante el deceso de Esteban Villca Rodríguez, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante la Resolución Nº 00000689 de 09 de febrero de 2015, cursante a fs. 261, repetida a fs. 262, resolvió otorgar a favor de: Villca Maraza Estefanía y David Ángel, la Renta Única de Orfandad, equivalente al 20% Bs. 461,33.- para cada uno de los hijos hasta que cumplan 19 años de edad, de la renta que por enfermedad profesional le correspondía a su causante, en el monto total de Bs.922,66.- (novecientos veintidós 66/100 bolivianos), incluido incrementos de ley, renta que se pagará a partir del mes de agosto de 2013.

I.1.2. Resolución de la Comisión de Reclamación

Interpuesto el recurso de reclamación por la demandante Cristina Maraza Luna a fs. 278, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 365/15 de 19 de mayo de 2015 de fs. 287 a 293, repetida de fs. 295 a 301, resolvió primero, la cancelación del pago de la Renta Única de Orfandad, equivalente al 20% de la renta que por enfermedad profesional le correspondía al causante, en favor de Villca Maraza Estefanía y David Ángel, a partir del mes de agosto de 2013; segundo, se dispuso la recuperación de lo cobrados en demasía por la señora Quinteros Apaza Sebastiana, correspondiente al periodo agosto 2013 a enero 2015.

I.1.3. Auto de Vista

Resolución que motivó que, la demandante Cristina Maraza Luna, interponga el recurso de apelación; así, mediante Auto de Vista No. 70/2015 de 18 de septiembre, cursante de fs. 321 a 322, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmó parcialmente la resolución de la Comisión de Reclamación a fs. 301 y deliberando en el fondo, dispuso que, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, proceda a una nueva liquidación tomando en cuenta la Renta Única de Orfandad en favor de los beneficiarios de Bs.461,33.- para cada uno, a partir del mes de agosto de 2013, tal cual determina la Resolución a fs. 277; sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó que la institución demandada, interponga  recurso de casación en el fondo de fs. 325 a 326, que en lo sustancial de sus fundamentos cuestionó lo siguiente:

Manifiesta la entidad recurrente que, el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido, habría infringido el art. 40 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de pago y Adquisición y el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), al disponer el pago retroactivo de las mensualidades pagadas, en un porcentaje mayor al 20% establecido en la normativa señalada; puesto que, al haberse dispuesto una nueva liquidación tomando en cuenta la renta única de orfandad a favor de los beneficiarios de Bs.461,33.- para cada uno a partir del mes de agosto de 2013, significaría el 40% exceder del 100% que señala la norma del art. 35 del Manual de Prestaciones y se otorgaría el 120%, puesto que la viuda del asegurado percibía el 80%; por lo que, el pago de retroactivos de la renta de orfandad sumados a la renta de la viuda no debería de exceder del 100%, vulnerando de esta manera el art. 45. II de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a los principios de la seguridad social.

I.2.1. Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido, manteniendo firme la Resolución Nº 0689 emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, de la lectura integral del recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad recurrente, y de la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, la normativa aplicable al caso, se tiene lo siguiente:

La entidad recurrente circunscribe su reclamo en la única problemática respecto a que, no correspondería una nueva liquidación tomando en cuenta la renta única de orfandad a favor de los beneficiarios de Bs.461,33.- para cada uno a partir del mes de agosto de 2013, significaría el 40% que excedería del 100%, que señala la norma del art. 35 del Manual de Prestaciones, y se otorgaría el 120%, puesto que la viuda del asegurado percibía el 80%; por lo que, el pago de retroactivos de la renta de orfandad sumados a la renta de la viuda no debería de exceder del 100%.

A fin de dilucidar la presente problemática, es menester señalar que el art. 45 de la CPE, establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la norma constitucional citado que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

El art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Perú, 2000).

De lo citado precedentemente, se advierte que el derecho a la renta de orfandad, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas menores de edad de los recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado boliviano.

Finalmente, el art. 35.b) del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisiciones, en relación a los porcentajes que la viuda debe recibir cuando existen dos hijos dispone: “La viuda con dos (2) hijos recibirá el sesenta por ciento (60%) de la renta que recibía o que le hubiera correspondido al causante”.

En el caso que se analiza, se advierte que la solicitante de la renta de orfandad, Cristina Maraza Luna, madre de los menores causa-habientes: Estefanía y David Ángel Viillca Maraza respectivamente, si bien manifestó en su recurso de apelación, que el porcentaje dispuesto no estaba en discusión, sino el monto que retroactivamente deberían de recibir los dos hijos del asegurado que en vida fue Esteban Villca Rodríguez; sin embargo de ello, es necesario señalar que en la línea correcta de entendimiento que el Tribunal de apelación concluyó, necesariamente dicha pretensión de la entonces apelante, tiene que ver con los porcentajes que debe corresponder a cada uno de los causahabiente incluida la viuda Sebastiana Quinteros Apaza; en ese entendido, la entidad recurrente al pretender que los dos menores de edad, sólo deberían de recibir la suma de Bs.461,33, equivalente al 20% como renta de orfandad, puesto que la viuda Sebastiana Quinteros Apaza, ya percibiría el 80% del total de la renta del asegurado o rentista Esteban Villca Rodríguez, lo contrario significaría sobrepasar el 100% como establecería el art. 40 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago, conclusión errada y equivocada de la entidad recurrente; puesto que, en el entendimiento de la propia entidad gestora, en su Resolución Nº 00177 de 12 de enero de 2005, ya otorgó a los menores, renta única de orfandad a partir de agosto de 2013 y mediante Resolución Nº 0689 de 09 de febrero de 2015, se dispuso otorgar la renta única de orfandad a los mismos en el equivalente del 20% de Bs.461,33.- “para cada uno”, hasta que cumplan los 19 años, lo que significa que ambos deben recibir la suma de Bs.922,66.-, tal como resolvió la Resolución Nº 0689 de 09 de febrero de 2015, cursante a fs. 261 a 262 de obrados; Resolución que en realidad fue ratificada por la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 0365/15 de 19 de mayo de 2015; por ello, que efectuado el cálculo matemático en relación al pago retroactivo de la renta única de orfandad, desde el mes de agosto de 2013 hasta febrero de 2015, se tienen 18 meses de renta que deben ser cancelados a cada uno de los hijos; es decir, cada uno debe recibir la suma de Bs.8.303,94.- y en vista de que sólo un hijo habría sido cancelado la suma de Bs.8.303,94.- restando cancelar al otro hijo la misma suma; vale decir, la renta única de orfandad en la suma total de Bs.16.607,88.- para ambos derecho-habientes; en ese sentido y haciendo mención al art. 35. b) del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisiciones, normativa que la propia entidad recurrente señaló, dispone en relación a los porcentajes que la viuda debe recibir cuando existen dos hijos, hecho que ocurren en el caso de autos, porcentaje que se traduce en el sesenta por ciento (60%) que la viuda debe recibir de la renta que percibía o que le hubiera correspondido al causante, eso significa que los dos hijos menores deben recibir el 40% de la renta que percibía el causante Esteban Villca Rodríguez; ahora bien, si bien con dichos porcentajes la viuda a partir de dicha determinación sólo recibirá el 60% de la renta principal y en el entendido de que ésta recibía el 80%, la entidad recurrente ha previsto tal situación en los fundamentos de su fallo o Resolución Nº 365/15 de 19 de mayo de 2015, al haber determinado un recalculo de la renta otorgada a la viuda del causante.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgredió ni vulneró las disposiciones legales acusadas por la entidad recurrente, al contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo por ello resolver el recurso interpuesto conforme prescriben los art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 325 a 326, interpuesto por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrueta Montecinos, en representación del SENASIR., contra el Auto de Vista Nº 70/2015 de 18 de septiembre, cursante de fs. 321 a 322, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y el art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.