TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 872

Sucre, 02 de diciembre de 2015


Expediente                        : 241/2015-S

Demandante                : Jorge Jhonny Gómez Ribera

Demandado                : Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija

Distrito                        : Pando                                                                                                                                                                       

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 106 a 108, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori, en su condición de Directora General Ejecutiva de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija ZOFRA-COBIJA, contra el Auto de Vista Nº 77/15 de 27 de mayo, cursante de fs. 102 a 103, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por pago de derechos laborales, que sigue Jorge Jhonny Gómez Rivera, contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 110 a 111; el Auto No 56/15 de fs. 112, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso social por pago de derechos laborales, el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social, Niño, Niña y Adolescente de Pando, emitió la Sentencia Nº 51/2015 de 30 de marzo, (fs. 85 a 87 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 24 a 25; sin costas, ordenando a la entidad demandada, cancelar el beneficio y los derechos laborales en la suma total de Bs.37.461.- (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y un 00/100 bolivianos), por los conceptos de subsidio de frontera por las gestiones 2012, 2013 y 2014 y vacación por duodécimas de la gestión 2014, por el tiempo de servicios de 2 años y 4 meses.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Tatiana Mónica Sejas Condori, en su condición de Directora General Ejecutiva de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija ZOFRACOBIJA (fs. 90 a 91), la respuesta al mismo de fs. 93 a 94, mediante Auto de Vista Nº 77/15 de 27 de mayo, cursante de fs. 102 a 103, la Sala Civil, Social, Familiar de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, revocó parcialmente la Sentencia, disponiendo el pago total de Bs.34.461.-, al demandante con cargo a la entidad demandada; sin costas.

I.2. Motivos del recurso de casación

Dicha resolución, motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la parte demandada (fs. 106 a 108), que en lo sustancial acusó:

En el fondo:

Después de hacer referencia a los fundamentos de su recurso, reconoce que el demandante es ex funcionario de ZOFRA COBIJA, en calidad de funcionario público y que prestó sus servicios mediante la suscripción de Contrato de prestación de servicio personal eventual, bajo la Ley Nº 2027. Que, la naturaleza institucional de ZOFRA COBIJA está establecido en el Decreto Supremo (DS) Nº 25933 modificado por el DS Nº 29744, como una entidad pública descentralizada, por lo que, reafirma que dicha institución se rige por la Ley Nº 2027.

Que, el fallo recurrido incurrió en indebida aplicación del art. 12 del Decreto Supremo (DS) Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 para otorgar el pago del subsidio de frontera y art. único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, para el pago en dinero de las vacaciones; puesto que tales derechos laborales no corresponden ser reconocidos al actor debido a que éste habría sido un servidor público eventual sujeto a la Ley No 2027 del Estatuto del Funcionario Público, cuyos sueldos eran pagados con la partida 12100; por cuyo motivo, y en razón a lo dispuesto en el DS Nº 27327, modificado por su similar Nº 27375, no correspondería ninguna clase de beneficio adicional a lo pactado en el contrato suscrito, bajo cualquier denominación que ésta sea; conforme también se expresa en el Cite: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 1946/12 de 31 de diciembre, emitido por el Viceministerio de Economía y Finanzas Públicas; así también, el Cite OF.EXT.JDTP-MTEPS/rgpz Nº 001972013 de 11 de junio de 2013, emitido por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; mismos que no fueron valorados por el Tribunal de Alzada al considerar el alcance administrativo de la partida 12100.

Acusa también que no se habrían considerado los Dictámenes Generales Nº 06/2014 de 9 de diciembre y Nº 01/2015 de 30 de enero, ambos emitidos por la Procuraduría General del Estado, orientados a la protección de los intereses patrimoniales del Estado.

I.2.1. Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda en todas sus partes, con costas en ambas instancias a la parte demandada.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal y la consideración de la normativa aplicable al caso, se tiene lo siguiente:

II.1. Sobre la competencia del Juez del Trabajo y Seguridad Social para conocer demandas respecto a derechos consolidados

       En referencia a la competencia de los jueces del trabajo para conocer y resolver demandas de derechos consolidados interpuesto por funcionarios públicos, ésta Sala Social, a través de varios Autos Supremos asumió el siguiente entendimiento: “… el Estado Boliviano se sustenta en principios, valores y fines, conforme se tiene establecido en los arts. 7, 8 y 9 de la CPE, siendo una función esencial del mismo, entre otros, constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, garantizando el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, garantizando también, el cumplimiento de los principios, valores y derechos, consagrados en la norma fundamental, también entre otros, de modo que, se cumpla aquel postulado fundamental que se encuentra transversalizado a lo largo de todo el texto constitucional, como es el vivir bien.

Así, el poder público del Estado se encuentra organizado y estructurado para su ejercicio en los cuatro órganos, como el legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, como se tiene escrito en el art. 12.I de la CPE; que, en aquello que nos interesa, recogemos lo señalado por la misma norma fundamental en su art. 179.I, cuando señala que la función judicial es única, cuya jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de justicia, los Tribunales de sentencia y los jueces, y su ejercicio se funda en principios procesales como el de accesibilidad, inmediatez, verdad material, igualdad de las partes ante el juez, entre otros, garantizando además el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin reconocer fueros, privilegios o tribunales de excepción, así se tiene establecido en el art. 180 de la norma suprema.

Es el Título II de la CPE, el que establece los derechos fundamentales y garantías de las que goza y debe gozar toda persona en el Estado boliviano, derechos que, de inicio, la norma fundamental los cataloga como universales, inviolables, interdependientes, indivisibles y progresivos, otorgando así un mandato al Estado, sobre el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, garantizando a toda persona, el libre y eficaz ejercicio de los mismos, todo conforme lo anotado en los arts. 13 y 14 de la misma constitución. Con mayor precisión, se atribuye al Capítulo quinto del Título II del texto constitucional, la regulación de los derechos sociales y económicos de las personas, entre ellos, el derecho al trabajo y al empleo, conforme se tiene regulado en la Sección III del referido capítulo, en cuyo contenido se exponen una serie de mandatos y consideraciones referidas a los trabajadores, los derechos de los mismos, la obligación del Estado de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, principios de interpretación y aplicación de las normas sociales, el refuerzo de los derechos y beneficios sociales bajo las características de inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Conforme lo expuesto, es evidente que el Estado juega un rol preponderante para promover y proteger los derechos de los trabajadores, de modo que éstos no sean simples enunciados, sino por el contrario, adquieran y tengan vivencia y aplicancia plena en el seno social; ahora bien, es cierto que no todos los que trabajan o prestan un servicio por cuenta ajena, lo hacen bajo el manto de la Ley General del Trabajo (LGT) y sus disposiciones complementarias o conexas; pues, es claro que también existen otro tipo de trabajadores, como los servidores públicos, que de igual manera prestan servicios para el Estado, los que innegablemente también cuentan con derechos laborales que deben ser protegidos si aquello corresponde, en el marco de la norma respectiva que los cobija, sea bajo un procedimiento administrativo que puede ser instado por el servidor público, conforme a la RM Nº 014/10 de 18 de enero de 2010, así como puede hacerlo también ante la judicatura laboral ordinaria de manera directa, ya que nada impide que aquello pueda ser así, por cuanto es claro que el art. 73 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, otorga a los jueces en materia de trabajo y seguridad social, la competencia para “4. Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, tanto por derechos como por beneficios sociales, y en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, entre otros” similar contenido se tenía ya establecido en el art. 152.2 de la Ley de Organización Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993. Recalcamos, los derechos laborales también son aplicables a los servidores públicos en el marco de la norma específica que les atañe, de modo que, no necesariamente ha de entenderse como el derecho social, aquello que se encuentra regulado en la LGT o sus disposiciones complementarias o conexas, sino también aquellas que correspondan al ámbito del servicio público, en cuanto a los derechos laborales se refiere.

En coherencia con lo referido precedentemente, el art. 1 del Código Procesal del Trabajo (CPT) indica, que el Adjetivo Laboral regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social, la cual por disposición del art. 6 del mismo cuerpo legal se ejerce por los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, las Salas Sociales de las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social y Administrativa”.

Como podrá advertirse el tema de la competencia de los Jueces del Trabajo para conocer la demanda interpuesta por servidores públicos respecto a derechos consolidados se encuentra dilucidado; por lo que corresponde reafirmar que los jueces del Trabajo tienen competencia para asumir y resolver las demandas planteadas por funcionarios púbicos que reclaman el reconocimiento de derechos consolidados, no pudiendo los jueces sustraerse de la obligación de tramitar dichas causas, so pretexto de tratarse de servidores públicos.

II.2 Sobre el pago de subsidio de frontera

Que, el recurso acusa la indebida aplicación del art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, para otorgar el pago del subsidio de frontera y art. único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, para el pago en dinero de las vacaciones; en ambos casos bajo los fundamentos anotados en el considerando primero como motivos del recurso; no obstante, consideramos necesario aclarar previamente que, en cuanto al art. único del DS Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974, que regula el pago por duodécimas de la vacación, después de cumplido el primer año de antigüedad ininterrumpida, su reclamo resulta infundado, dado que fue precisamente el Tribunal de apelación el que resolvió dejar sin efecto el pago de las vacaciones que dispuso el Juez de primera instancia, de modo que no hay condena en cuanto a las vacaciones. Por lo anotado, resulta innecesario proseguir con mayor análisis al respecto, al ser inexistente cualquier posible vulneración normativa al respecto, en correcta aplicación del art. 253.1) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En relación a la norma comprendida en el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, debe tomarse en cuenta que su previsión rige tanto para el sector público como para el sector privado, con la única condición de hecho que el lugar de trabajo se encuentre dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales, resultando inapropiada la interpretación hecha por la parte recurrente en sentido de que al constituirse el demandante en un ex servidor público eventual sujeto al Estatuto del Funcionario Público, no correspondería su pago.

En efecto, el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985 señala que: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”; esta disposición legal prevé que, el bono de frontera debe ser pagado obligatoriamente a los trabajadores tanto del sector público como privado cuando éstos presten sus servicios en los 50 kilómetros de la frontera, debiendo precisarse que, la única condición exigible que impone esta norma es que el trabajador preste servicios dentro de los cincuenta kilómetros, sin importar el trabajo que desarrolle. El art. 58 del DS Nº 21060, consolidó al salario básico todos los bonos, tanto en el sector público como en el privado, con excepción de los bonos de antigüedad, de producción y el bono de frontera; por lo que el subsidio de frontera al igual que el bono antigüedad no ingresaron a formar parte del salario del trabajador, sino que estos deben ser pagados en forma independiente al sueldo. 

El art. 46. I de la CPE establece que: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”; por su parte el art. 48 de la norma constitucional señala: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y de estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, en tal sentido, se establece la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios sociales.

En autos, restando el hecho del vínculo que unió a las partes, está claro que los de instancia efectuaron una correcta ponderación de los antecedentes y aplicación de la norma al caso concreto, pues la lectura realizada por el Tribunal de alzada sobre el art. 12 del DS Nº 21137, en sentido que “el subsidio de frontera… se encuentra legalmente establecida por el DS Nº 21137 en su art. 12 para todo trabajador que preste servicios dentro de los 50 kilómetros lineales de cualquier frontera internacional… además que en la cláusula quinta del mismo contrato de fs. 35 suscrito entre partes referido a las remuneraciones, se establece la excepción que favorece al demandante, no obstante su condición de personal eventual” (fs. 103), conclusión que se adecua a la propia norma, y está conforme a los principios laborales inscritos en la Constitución Política del Estado.

En consecuencia, ésta Sala considera errónea la interpretación del recurrente en sentido que la asimilación de un trabajo a una realidad contractual dentro del servicio público exima el pago del subsidio de frontera, por cuanto, como se concluyó, la configuración de dicho pago, por una parte es irrestricto a las actividades realizadas en zonas fronterizas, siempre en la intención de fortalecer la presencia del componente humano, no sólo a través de la administración pública, sino en general de todo trabajo asalariado que comparte esa condición, y por otra, constituye un derecho consolidado emergente de una condición específica (ubicación geográfica de la fuente laboral) sin que esa norma pilar, reconozca tratos discriminatorios sobre otras condiciones que la afecten, y menos que su efecto pueda ser deslucido por otras disposiciones de índole administrativo, que poseen más un tinte de diseño presupuestario que reconocimiento de derechos laborales emergentes del contrato de trabajo, como lo son las normas que la entidad recurrente señala como inobservadas.

Por otro lado, el argumento expuesto por la entidad recurrente, en sentido que no le corresponde el pago del subsidio al demandante por cuanto se le pagaba con la partida 12100 “Funcionarios Eventuales”, también resulta infundado, puesto que hace una errónea interpretación del art. 10 del DS Nº 27327 de 31 de enero de 2004 modificado por el DS Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, dado que si bien dicha norma establece que toda contratación bajo la partida 12100 no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación, tal interpretación debe ser hecha en el marco del texto íntegro del mismo artículo 10, puesto que es claro que la misma norma elimina el gasto de la partida 12100 “Personal Eventual” para contratos de personal que cumpla funciones administrativas, de modo que la contratación del actor desde el año 2012, no podría entenderse que fuera bajo dicha partida presupuestaria que fue eliminada, por lo que el texto al que hace referencia la parte recurrente no hace más que referirse a aquello que aún se encuentra autorizado bajo dicha partida, como es el caso de la contratación de personal para misiones específicas, programas específicos y proyectos, caso que no es del demandante, ya que la misma entidad reconoce la calidad de servidor público eventual al actor.

Que, en ese mismo sentido se tiene hecha la interpretación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Cite: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 1946/12 de 31 de diciembre, así como el Cite: OF.EXT.JDTP-MTEPS/rgpz Nº 001972013 de 11 de junio de 2013, emitido por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. Resulta infundada la cita de los Dictámenes Generales Nº 06/2014 de 98 de diciembre y Nº 01/2015 de 30 de enero, ambos emitidos por la Procuraduría General del Estado, orientados a la protección de los intereses patrimoniales del Estado, cuya cita no se apropia a lo dispuesto por el art. 253 del CPC.

Por lo relacionado y no siendo evidentes las infracciones normativas acusadas por la parte recurrente, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 106 a 108 interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori, en su condición de Directora General Ejecutiva de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija ZOFRACOBIJA.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.