TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo N° 871

Sucre, 02 de diciembre de 2015


Expediente                        : 243/2015-S

Demandante                : Ivar Edwin Barrero Mendieta

Demandado                : Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 353 a 359 vta., interpuesto por Edwin de la Cruz Troche en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista N° 93 de 24 de marzo de 2015, cursante de fs. 344 a 350, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral de reincorporación, que sigue Ivar Edwin Barrero Mendieta contra la institución hoy recurrente; la respuesta al mencionado recurso de fs. 363 a 372, el Auto N° 266 de 16 de junio de 2015 a fs. 373, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 58/14 de 29 de septiembre de fs. 314 a 318, por la que declaró probada la demanda, disponiendo la reincorporación del actor a su fuente laboral y el pago de sueldos devengados, aumentos salariales, aguinaldos y bonos que le correspondieren, sea desde su desvinculación laboral hasta su reincorporación, con los descuentos por aportes a las AFPs, RC-IVA si correspondiere, debiendo pagarse los sueldos al demandante durante el tiempo que no hubiese efectuado otra actividad remunerada, previo juramento y presentación de las certificaciones de la AFP. 

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 320 a 327), mereciendo el Auto de Vista N° 93 de 24 de marzo de 2015 de fs. 344 a 350, por el cual, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia N° 58/14, dictada por el Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social, sin costas por ser excusable.

I.2. Motivos del Recurso de Casación

El mencionado Auto de Vista originó que la parte demandada interpuso recurso de casación en el fondo cursante de fs. 353 a 359, que en lo esencial de su contenido señala:

Que el Tribunal ad quem, incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba cursante a fs. 144, toda vez que no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico que, para que dicha prueba surta efectos jurídicos, deba estar acompañada de registros de asistencia, siendo que de acuerdo al art. 7 del Decreto Supremo (DS) N° 1592 de 19 de abril de 1949, la inasistencia injustificada por más de 6 días interrumpe la continuidad de servicios, por lo que la mencionada prueba es un documento válido y demuestra dicha inasistencia injustificada del demandante a su fuente de trabajo, debiendo tomar en cuenta también que dicha literal fue emitida por el Jefe de la Unidad de Control Producción VPACF-YPFB de la cual dependía el actor, así como que en dicho lugar donde trabajaba el mismo no existía planillas, ni libros de registro de asistencia por estar en un lugar distante a las oficinas de YPFB.

Señala también que, la literal de fs. 144, demuestra que el actor no asistió al lugar donde desempañaba sus funciones como Fiscal de Campo los días viernes 8, lunes 11, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 del mes de abril de 2011, siendo la inasistencia por más de 6 días continuos hábiles, concretamente 16 días continuos hábiles, sobrentendiéndose el abandono de trabajo y la renuncia tácita por parte del demandante, situación que no fue considerada por los de instancia, atentando el principio de igualdad previsto por el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación con el debido proceso previsto por el art. 115 de la Constitución, así como omitiendo valorar dicha literal en contraposición a la Sentencia Constitucional (SC) 0479/2006-R de 19 de mayo.

Indica que el Tribunal de alzada, omitió pronunciarse sobre la falta de fundamentación de la prueba cursante de fs. 288 y 289, consistente en el acta de confesión provocada del actor, incurriendo en error de hecho, toda vez que el A quo no fundamentó porque dicha prueba constituiría una prueba material, omitiendo señalar que el actor evadió responder la pregunta N° 2, donde se le preguntó si efectivamente no había asistido a su fuente de trabajo, pretendiendo que la parte demandada demuestre dicha inasistencia del actor, inobservando también que la Sentencia omitió el cumplimiento de los arts. 202 del CPT, 192. 2) y 397 del CPC.

Refiere también que existió violación a lo dispuesto por el art. 7 del DS N° 1592 de 19 de abril de 1949, puesto que dicho artículo no exige requisitos para sustentar la inasistencia injustificada como ser: 1) Que el trabajador sea ubicado por el empleador para conocer los motivos de la ausencia; y 2) El envio de una carta al Ministerio del Trabajo haciendo conocer el abandono y la disolución del contrato de trabajo.

Que existió violación del art. 2.IX de la Resolución Ministerial (RM) N° 868/2010, puesto que se consideró que no cursa recurso alguno contra la Resolución del Ministerio de Trabajo que instruyó la reincorporación del actor, siendo que dicha normativa no admite recurso alguno contra la conminatoria o instructiva de reincorporación, por lo que no era posible impugnar dicha resolución en sede administrativa.

Señala también que el Auto de Vista impugnado, no expresó ni fundamentó los agravios expuestos en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto del recurso de apelación de fs. 320 a 328, de los cuales se desprende que no correspondería la reincorporación laboral y el pago de sueldos devengados, así como también existe violación al art. 5 de la RM N° 868/10 de 26 de octubre, puesto que no se tomó en cuenta que el actor no impugnó su supuesto despido injustificado ante YPFB.

Finalmente señala que se evidenció error de derecho en la apreciación de las pruebas de fs. 153 a 190 y 240 a 278, y error de hecho en las pruebas de fs. 252 a 278, puesto que con esos documentos se demostró que el demandante reprobó la prueba psicotécnica para optar a los cargos estratégicos dispuestos en la referida prueba, por lo que YPFB conforme lo determina el DS N° 29509 de 09 de abril de 2008, concordante con el artículo único, parágrafo III del DS N° 0696 de 11 de noviembre de 2010, reestructuró y reorganizó la estatal petrolera, aspecto que hace improcedente la reincorporación, más aún cuando no es posible mantener a un trabajador que no ha rendido de manera óptima a las evaluaciones para desempeñar determinadas funciones, no pudiendo obligar a la empresa a mantener a funcionarios que no realizan un trabajo óptimo en beneficio de la empresa.

I.2.1. Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y en definitiva declare improbada la demanda de reincorporación y pago de sueldos devengados, aclarando que no corresponde la imposición de costas contra YPFB de acuerdo al art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) de 20 de julio de 1990.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así expuesto el recurso de casación en el fondo, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se observa que el reclamo se concentra en la desvinculación laboral del actor, la cual a criterio de la parte demandada habría sido causada por la inasistencia del demandante a su fuente laboral por más de 6 días continuos, siendo concretamente 16 días hábiles continuos, aspecto que se habría demostrado con la literal de fs. 144 y la confesión provocada de fs. 288 a 289, por lo que se habría violado los arts. 7 del DS N° 1592 y 2.IX de la RM N° 868/2010, debiendo considerar la restructuración y reorganización de la estatal petrolera, y que el actor reprobó la prueba psicotécnica, situación por la que YPFB, aduce que no procedería la reincorporación del actor, siendo necesario traer a colación lo siguiente:

Que, la CPE, establece: “art. 46. I: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”. “art. 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y de estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; en tal sentido, se establece como una de las características esenciales de los beneficios sociales y derechos laborales, la irrenunciabilidad de los mismos, que junto a la imprescriptibilidad e inembargabilidad, tienen el propósito, entre otros, de evitar el menosprecio o burla del pago de tales derechos por la parte empleadora; las disposiciones anotadas son concordantes con lo expuesto también en el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT).

El derecho procesal laboral, al ser una rama social del derecho, instituye entre otros, al principio de la “primacía de la realidad”, instituido para identificar si una determinada actividad se enmarca dentro de las normas de la legislación laboral, observando aspectos inherentes a la prestación de trabajo y dando prioridad a la naturaleza objetiva de la realidad, prescindiendo de todo concepto subjetivo, sobre la base de los hechos y no de la apreciación que reflejan algunas estipulaciones o documentos; dicho principio también guarda coherencia con el principio de la “verdad material”, que en el escenario constitucional y normativo de este tiempo, permiten guiar la labor de las autoridades jurisdiccionales, y que no significa otra cosa que, la fundamentación de sus resoluciones debe obedecer sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, claro está, en estricto cumplimiento de las garantías procesales.

En el escenario normativo social, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, también se destaca el principio de igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g y 59 del CPT, y en los arts. 46 y 48.III de la norma fundamental; junto a tal principio, se tiene el de la inversión de la prueba, establecido en los arts. 3.h, 66 y 150 del CPT, por el cual se invierte la carga de la prueba en materia  laboral, y en la que el empleador está en la obligación de aportar todas las pruebas necesarias, para desvirtuar los hechos afirmados por la parte trabajadora demandante o por el contrario, demostrar sus propias afirmaciones.

En cuanto a la valoración probatoria, el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j del mismo cuerpo legal; así también, no deja de ser relevante, la aplicación de las presunciones que rigen la materia, toda vez que, los arts. 180, 181 y 182 del CPT, se aplican ante la falta de prueba suficiente que desvirtúe las afirmaciones hechas por la parte trabajadora demandante.

Bajo este marco normativo, respecto al error de hecho en la valoración de la prueba de descargo de fs. 144, se tiene que, el Tribunal ad quem al referirse a dicha literal señaló que la misma debía estar acompañada del registro de asistencia firmado por el trabajador, por lo que debe tomarse en cuenta que si bien no existe normativa que exija la presentación de registro de asistencia para que alguna prueba surta efecto jurídico o sea legal, en el caso de la prueba a fs. 144, al ser un documento elaborado unilateralmente por parte de un trabajador de YPFB, debía estar respaldada, como correctamente estableció el Tribunal de alzada, pudiendo ser dicho respaldo con otro documento que demuestre que esa planilla de actividades semanales de los fiscales de producción era auténtica, puesto que la sola presentación de dicha planilla, no forma convencimiento, bajo la sana crítica de la prueba, que el actor haya faltado a su fuente de trabajo los días señalados en la mencionada planilla, por lo que se concluye que el Tribunal ad quem valoró correctamente la prueba de descargo cursante a fs. 144, asignándole el valor que merecía.

Por otro lado, respecto a que el Tribunal de alzada no habría emitido pronunciamiento sobre la prueba de fs. 288 y 289, en la cual el actor habría evadido responder a la pregunta N° 2, relacionada con su inasistencia, se tiene que; conforme los arts. 158 y 3.j del CPT, como se indicó líneas arriba, el juzgador realiza una valoración en conjunto de todas las pruebas aportadas al proceso, formando su convencimiento en la sana crítica de la prueba, entonces analizando la confesión provocada del actor que cursa de fs. 288 a 289, específicamente la pregunta dos, se advierte que el demandante respondió la misma señalando: “En todos mis años de permanencia en YPFB, jamás deje asistir a mi trabajo…”, no encontrando evasiva por parte del actor para responder a la pregunta relacionada con la inasistencia como señaló la parte recurrente, por lo que es evidente que el Tribunal de alzada, formó su convicción valorando la totalidad de la prueba adjunta al expediente, llegando a la conclusión de que no existió inasistencia injustificada a su puesto de trabajo por parte del actor, teniendo como pruebas fehacientes las documentales cursantes de fs. 1 a 11, corroboradas por las declaraciones testificales a fs. 285, las cuales demuestran que YPFB despidió injustificadamente al demandante, el cual acudió a oficinas del Ministerio de Trabajo a objeto de solicitar su reincorporación, de lo que se establece que el Tribunal ad quem no incurrió en error de hecho en la apreciación de la confesión provocada de fs. 288 a 289, como erróneamente señaló la parte recurrente.

Ahora, referente a que existió violación del art. 7 del DS N° 1592, puesto que el mismo no exigiría requisitos como ubicar al trabajador y hacer conocer al Ministerio de Trabajo el abandono del mismo; es necesario aclarar que, el Tribunal ad quem, al señalar que el empleador debió tratar de ubicar al actor o dar parte al Ministerio del Trabajo ante la ausencia del actor, solo realizó una recomendación, puesto que el art. 7 del DS N° 1592 dispone que, interrumpirá la continuidad de los servicios la inasistencia o el abandono injustificado del trabajo por más de 6 días hábiles seguidos, debiendo entenderse que dicha inasistencia debe ser demostrada fehacientemente, situación que YPFB habría logrado al dar parte al Ministerio del Trabajo sobre la ausencia del actor a su puesto de trabajo, toda vez que como señaló la misma, no existirían libros de registro de asistencia en los lugares distantes a las oficinas de YPFB, por lo que aplicando el principio de inversión de la prueba, la parte demandada estaba en la obligación de demostrar la inasistencia injustificada del actor mediante cualquier medio de prueba establecido por el art. 151 del CPT, situación que no sucedió en el presente caso, por lo que no se encuentra violación al art. 7 del DS N° 1592.

Respecto a la violación al art. 2.IX de la RM N° 868/2010, puesto que el Tribunal ad quem indicó que no cursa recurso alguno contra la resolución de fs. 9 a 10, siendo que dicho artículo establece que no admite recurso ulterior alguno contra dicha conminatoria de reincorporación, por lo que no era posible impugnar la misma en sede administrativa, es preciso señalar que, el art. 2.IX de la RM N° 868/2010 dice: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de la reincorporación”, empero se tiene que dicha disposición fue declarada inconstitucional mediante la SC 0591/2012 de 20 de julio, la cual concluyo que en aplicación del debido proceso consagrado por el art. 115.II de la CPE, las partes deben tener acceso a una segunda instancia administrativa en reclamo de la conminatoria a la reincorporación, sin perjuicio de la vía judicial, por lo que no es evidente el reclamo acusado por la parte recurrente.

Referente a que el Auto de Vista no expresó ni fundamentó los agravios expuestos en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto del recurso de apelación de fs. 320 a 328, es necesario precisar que, dichos agravios estaban sujetos a que se demuestre si existió o no abandono injustificado de su fuente laboral del actor, y que al haberse evidenciado que no existió inasistencia injustificada por más de 6 días consecutivos, no era necesario mayor análisis al respecto, por lo que se advierte que el Tribunal ad quem, si emitió pronunciamiento sobre los agravios señalados, indicando que ha consecuencia de haberse demostrado que no hubo abandono de trabajo, correspondía los pagos considerados en la sentencia, por lo que no es evidente este reclamo planteado.

Ahora, en cuanto a la violación del art. 5 de la RM N° 868/10, al no haberse tomado en cuenta que el actor no impugnó su despido injustificado ante YPFB, se tiene que esta violación no es evidente, toda vez que esta figura no constituye impedimento alguno para que un trabajador pueda acudir a los juzgados en materia laboral para reclamar su reincorporación y demás derechos que por ley de corresponden, como acontece en el caso presente, cuya competencia corresponde precisamente a los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, afirmación que encuentra su fundamento en el art. 73.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), concordante con el art. 43.b) CPT.

Finalmente respecto al error de derecho en la apreciación de las pruebas de fs. 153 a 190 y 240 a 278, y al error de hecho en la apreciación de las pruebas de fs. 252 a 278, con las cuales se habría demostrado que el actor reprobó la prueba psicotécnica, no correspondiendo la reincorporación conforme el DS N° 29509, concordante con el artículo único, parágrafo III del DS N° 0696, se tiene que; el demandante al encontrarse sujeto a una relación laboral de carácter indefinido con YPFB, gozaba de la estabilidad laboral que dispone el art. 46 de la CPE, por lo que la parte demandada al despedir injustificadamente al actor, vulneró el derecho de estabilidad laboral que tenía el trabajador, tratando de justificar la desvinculación realizada indicando que existiría una reestructuración de la empresa y que el trabajador habría reprobado una prueba, olvidando los derechos sociales que tenía el demandante, por lo que se advierte que los de instancia otorgaron el valor correspondiente a las pruebas señaladas, llegando a la conclusión de que existió un despido injustificado del actor y que correspondía la reincorporación del demandante a su fuente de trabajo con el reconocimiento de todos sus derechos laborales.

Asimismo, se evidencia que los de instancia tramitaron el presente proceso correctamente, dentro el marco del principio de igualdad y del debido proceso, conforme los arts. 115 y 119 de la CPE, aplicando todas las normas que rigen la materia.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 353 a 359 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 353 a 359, interpuesto por Edwin de la Cruz Troche en representación legal de YPFB, contra el Auto de Vista N° 93 de 24 de marzo de 2015.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la LACG y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.