TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 868

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 228/2015-S

Demandante        : Ariel Apinayé Fernández  

Demandada                : Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda. 

Distrito                        : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 166 a 169 vta. y 173 a 174, interpuestos por Ariel Apinayé Fernández y Johanns Enzo Arduz, éste último en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., ambos recursos, contra el Auto de Vista de 27 de mayo de 2015, cursante de fs. 160 a 162 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por beneficios sociales seguido por Ariel Apinayé Fernández contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda.; la respuesta al recurso por parte del demandante a fs. 176 y vta.; el Auto de 01 de julio que concedió los recursos, a fs. 177; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso Laboral, el Juez de Primero de Trabajo y Seguridad Social, Niño Niña Adolescente Segundo de Cobija - Pando, emitió Sentencia Nº 57/2015 de 31 de marzo de fs. 116 a 118 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 21 a 23, disponiendo que dentro de tercero día la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Ltda., cancele en favor del demandado por concepto de desahucio, indemnización y aguinaldo por dos años y un mes trabajado la suma de Bs. 9.430.-,(nueve mil cuatrocientos treinta 00/100 Bs.) de acuerdo al detalle sentado en la Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso (fs. 123 a 126 y 129 a 130 vta.), la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 27 de mayo de 2015, de fs. 160 a 162 vta., Confirmó Totalmente la Sentencia Nº 57/2015 de 31 de marzo de fs. 116 a 118 vta., de obrados.

I.2. Motivos de los recursos de casación

Contra la última resolución, ambas partes del proceso formularon los recursos de casación, que en lo esencial de sus contenidos, expusieron:

1.2.1. Recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 166 a 169 vta.)

Acusa que en el presente caso, existen los presupuestos contenidos en los incs. 1) y 3) del Código de procedimiento Civil, referidos a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley y errores de hecho y de derecho sobre apreciación de la prueba respectivamente, los cuales se traducen en los siguientes puntos:

a) Denunció que la Sentencia no contiene una precisa identificación del demandado, toda vez que se consignó un número de Cédula de Identidad diferente, ocasionando confusión.

b) Señaló que corresponde que se cancele el 30% de multa, conforme la previsión del art. 9 del DS Nº 28699, toda vez que el finiquito data de fecha 8 de marzo de 2010, empero, el depósito fue realizado en fecha 10 de abril de 2010; es decir, incumpliendo el plazo de 15 días que establece el mencionado D.S.

c) Aseveró que la indemnización por tiempo de servicios no debió calificarse en 2 años y un mes como se realizó; sino más bien, por 5 años y un mes, tomando en cuenta los 3 años que duró el proceso penal incoado en su contra.

d) Acusó que no se consideró la prueba testifical de cago que cursa  de fs. 59 a 61 y 63 de obrados.

e) Afirmó que no se valoró correctamente la declaración de Johanss Enzo Arduz, toda vez que correspondía dar por confeso en todas las preguntas que no respondió y en las respuestas evasivas del mismo.

f) Manifestó que no se consideró la prueba  de fs. 110 de obrados, la cual explica claramente que se encuentran pendientes 4 días de vacación correspondientes a la gestión 2009 y 15 días de la gestión 2010, derecho que es imprescriptible conforme la CPE.

g) Denunció que no se tomó en cuenta la abundante prueba que cursa de fs. 1 a 19 y de fs. 50 de obrados a momento de condenar los sueldos devengados.

I.2.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo de la acción resuelva declarar probada la demanda en todas sus partes.

I.2.2. Recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 173 y vta.)

- Acusó que existe una errada fundamentación jurídica y falta de valoración de los hechos y medios probatorios de descargo aportada al proceso a momento de confirmar el pago del desahucio, beneficio que no correspondería en razón a lo dispuesto por el art. 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949.

- Denunció que el pago de beneficios sociales, el desahucio, indemnización y aguinaldos, fueron confirmados de forma errónea, toda vez que conforme al finiquito, se procedió a cancelar el total de beneficios sociales en tiempo oportuno.

I.2.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que se Case el Auto de Vista de 27 de mayo de 2015 y en consecuencia se declare improbada la demanda en todas sus partes.

       CONSIDERANDO II:

       II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

       Que así formulados ambos recursos de casación en el fondo, se ingresa a resolver los mismos, bajo las consideraciones y razonamientos siguientes:

       II.1.1. En relación al recurso de casación de la parte actora

Respecto al error en la cédula de identidad, es menester refrendar la interpretación realizada por el Tribunal de apelación, el cual entendió de manera correcta que es un error que no reviste mayor gravedad y no atañe directamente al fondo del asunto controvertido; motivo por el cual, este aspecto queda confirmado por el presente Tribunal de casación.

En relación a la cancelación del 30% de multa, conforme la previsión del art. 9 del DS Nº 28699, toda vez que el finiquito data de fecha 8 de marzo de 2010, empero, el depósito fue realizado en fecha 10 de abril de 2010; es decir, incumpliendo el plazo de 15 días que establece el mencionado DS, se deben primeramente, realizar las siguientes consideraciones:

La multa del 30%, establecida en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 9 establece: I. "En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.” Mientras que el parágrafo II prevé: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor".

Advirtiéndose que, el DS Nº 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, mas no en razón de las causas de la desvinculación laboral.

Bajo lo señalado, se debe concluir que el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no solo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador, toda vez que ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad.

En consecuencia se evidencia, que la multa del 30% es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de una trabajadora o un trabajador, por lo que al evidenciarse que al actor le correspondía los conceptos concedidos en el Auto de Vista, mismos que no le fueron cancelados oportunamente corresponde otorgar dicho concepto, de conformidad al art. 64 del CPT, máxime si se advierte que el Tribunal de Alzada negó dicho concepto señalando que fue cancelado oportunamente dicho pago mediante finiquito, el cual a pesar de ser suscrito en fecha 8 de marzo de 2010, fue hecho efectivo recién en fecha 10 de abril del mismo año, conforme se puede evidenciar en las documentales cursantes a fs. 106 y 107 de obrados; correspondiendo en consecuencia, casar el Auto de Vista en relación a éste acápite, otorgando al demandante el beneficio de la multa del 30% de multa, conforme la previsión del art. 9 del DS Nº 28699.

Sobre la indemnización por tiempo de servicios, la cual, según el recurrente  no debió calificarse en 2 años y un mes como se realizó; sino más bien, por 5 años y un mes, tomando en cuenta los 3 años que duró el proceso penal incoado en su contra, cabe señalar que la indemnización por tiempo de servicios es la compensación al desgaste psíquico y físico que genera la actividad laboral, así la define el art. 2 del DS Nº 0110. Este beneficio social se paga en el equivalente a un sueldo por año o en su caso de manera proporcional a los meses trabajados cuando no se alcanzó el año, es decir por duodécimas. Es un beneficio social que se paga exento de cualquier impuesto, conforme lo establece la Ley Nº 843 de 20 de mayo de 1986. El art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT) determina que el cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses.

En ése sentido y realizando una interpretación objetiva del espíritu de la norma que desarrolla la indemnización, corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de apelación, toda vez que es evidente que el trabajador, ahora recurrente, trabajó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús de Nazareno Ltda., por un lapso de tiempo de 2 años y un mes, tiempo por el cual, según la normativa antes citada, corresponde el reconocimiento de ése beneficio social.

Sobre la prueba testifical de cargo que cursa  de fs. 59 a 61 y 63 de obrados, la cual denuncia el recurrente por no haber sido valorada, cabe aclarar que respecto a la inadecuada valoración y/o falta de interpretación sobre la prueba, es menester tener presente, que la abundante jurisprudencia desarrollada, ha expresado que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación y que excepcionalmente podrá efectuarse una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente de cumplimiento al art. 253.3) del CPC, que dispone: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Adicionalmente a lo señalado precedentemente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino al sistema de persuasión racional con arreglo al art. 158 del CPT, debiendo sujetarse a las reglas de la sana crítica; que al decir del tratadista Heberto Amilcar Baños "Las reglas de la sana crítica no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de ciertos criterios normativos (reglas no jurídicas sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad". Por su parte Ossorio y Florit expresan que "Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma".

En ese marco, esta Sala considera que los juzgadores de instancia han realizado una valoración en conjunto de las pruebas producidas por ambas partes, tal como debe ser en materia laboral, en el que no existe ninguna "madre de las pruebas", sino que del conjunto de todas ellas y de las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, el juzgador llega a establecer la verdad material para poder emitir una resolución apegada a la justicia y equidad.

De la revisión de los actuados, se advierte que las declaraciones testificales de cargo, refieren que los testigos, reafirman lo resuelto en Sentencia respecto a los beneficios sociales que le fueron concedidos al a hora recurrente, motivo por el cual, corresponde confirmar lo dictaminado en el Auto de Vista en éste punto.

- En relación a que no se valoró correctamente la declaración de Johanss Enzo Arduz, toda vez que correspondía dar por confeso en todas las preguntas que no respondió y en las respuestas evasivas del mismo, se debe tener presente que los efectos del art. 166 del CPT en sentido de darse por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio se producirán ante la incomparecencia del llamado a confesar, aspectos que no ocurrieron en autos.

- En relación a que no se consideró la prueba  de fs. 110 de obrados, la cual explica claramente que se encuentran pendientes 4 días de vacación correspondientes a la gestión 2009 y 15 días de la gestión 2010, derecho que es imprescriptible conforme la CPE, debe precisarse que la vacación, al ser un derecho al que tiene todo trabajador, de un descanso remunerado con el 100% de su salario mensual establecido, por el hecho de haber trabajado por un determinado tiempo, corresponde recordar lo dispuesto por el art. 44 de la LGT, que establece que todo trabajador que haya cumplido un año de trabajo, tiene derecho a una vacación de 15 días hábiles, norma sustantiva que está en concordancia con el art. 33 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT), el cual prevé que la vacación no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación del contrato de trabajo.

El DS Nº 12958 de 24 de diciembre de 1974, establece el derecho de recibir el pago de vacación por duodécimas del último periodo, cuando el trabajador, luego del primer año no cumple un nuevo año de servicios; esta norma jurídica, nos da a entender que el trabajador que haya cumplido un año de trabajo y esté trabajando un nuevo año y en ese nuevo año sea retirado intempestivamente o de forma voluntaria, tiene derecho a la vacación por duodécimas del último periodo; sin que esto signifique que por no haber utilizado la vacación del año anterior de trabajo ya cumplido, no tenga derecho a la vacación, consiguientemente, la Empresa demandada debe cancelar al recurrente una compensación económica de la vacación adeudada, por lo que corresponde su reconocimiento en dinero por el tiempo de los últimos dos 2 años, esto conforme lo dispuesto por el art. 44 de la LGT y 33 del DR-LGT, así como el DS Nº 12958; en ésa línea, éste Tribunal, encuentra errada la interpretación y la decisión asumida por el Tribunal de apelación, en consecuencia, Casa el Auto de Vista recurrido en relación al presente punto, disponiendo la cancelación de los 4 días de vacación correspondientes a la gestión 2009 y 15 días de la gestión 2010, en beneficio del trabajador, por ser un derecho imprescriptible e irrenunciable.

- Respecto a la denuncia de que no se tomó en cuenta la abundante prueba que cursa de fs. 1 a 19 y de fs. 50 de obrados a momento de condenar los sueldos devengados, se hace notar al recurrente, que está en la obligación de fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, demostrando cuales fueron los errores “in iudicando” en que hubiera incurrido el Tribunal inferior al emitir su resolución, demostrando la violación de leyes  o normas sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC; ahora bien, en el en éste punto recurrido, se advierte que el recurrente omitió cumplir con los requisitos exigidos por el art. 258.2) del CPC, pues no existe precisión de la o las causales previstas por el art. 253 del adjetivo citado, en la que sustente su recurso, puesto que no identificó en términos claros, concretos y precisos las leyes posiblemente violadas, interpretadas en forma errónea o aplicadas indebidamente, correspondiendo a éste tribunal de casación, confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación respecto a éste punto.

II.1.2. En relación al recurso de casación de la entidad demandada

Es preciso señalar que, por el principio fundamental del acceso a la justicia que se encuentra plasmado en el art. 180. II de la CPE, se garantiza a todo litigante, el derecho de impugnación en los procesos judiciales, empero, para su procedencia, el recurrente tiene la carga procesal de cumplir con los requisitos de forma y fundamentalmente de fondo establecidos en las normas procesales.

Que, sobre la procedencia del recurso de casación, el art. 258.2) del CPC, exige al recurrente:”…citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que debe ser cumplida con la finalidad de aperturar la competencia del Tribunal de casación, pues su inobservancia es sancionada con la declaración de improcedencia del recurso, conforme previene el art. 272.2) del CPC.

Al respecto, la vasta jurisprudencia estableció que, al equipararse al recurso de casación a una demanda nueva de puro derecho, debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, en ese sentido, debe el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así, cuando se formula el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores “in iudicando” en que hubiera incurrido el Tribunal inferior al emitir su resolución, demostrando la violación de leyes  o normas sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC; mientras que, si se formula el recurso de casación en la forma, éste se funda en errores “in procedendo”, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma.

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que:”…La casación es un recurso extraordinario, porque su interposición no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la ley; no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, sino que se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales específicamente determinados por ley. Se encuentra prevista por los arts. 250 y sgtes. del CPC, donde dispone que se la concederá para invalidar una sentencia o auto definitivo en aquellos casos señalados expresamente en la norma; pudiendo ser en el fondo y en la forma; ambas que pueden ser interpuestas al mismo tiempo” (sic).

Que, son los arts. 253 y 254 del CPC, que prevén las causas de procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma, respectivamente, teniendo cada una de estas sus propias características y efectos, por lo que el recurrente, en la interposición del recurso, está obligado a precisar si el recurso interpuesto es en una u otra forma o en ambos. El art. 253 del Adjetivo civil citado, establece tres motivos de procedencia: i) Cuando las resoluciones del inferior contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; ii) Cuando contuviera disposiciones contradictorias; y iii) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o derecho; por su parte el art. 254 del Adjetivo Civil, prevé siete motivos de procedencia, que se fundan esencialmente en errores en el procedimiento en los que se hubiera incurrido. De la glosa de las normas que preceden, se advierte que cada recurso tiene sus propias características, diferencias que tienen incidencia tanto en la apropiación de la causa que se invoca como en la forma de Resolución, pues en el recurso de casación en el fondo lo que se pretende es que el Tribunal resuelva el fondo del conflicto, y en la forma se procurara que se anule obrados.

Ahora bien, en el recurso de casación que es motivo de análisis se advierte que el recurrente omitió cumplir con los requisitos de procedencia exigidos por el art. 258.2) del CPC, pues no existe precisión de la o las causales previstas por el art. 253 del adjetivo citado, en la que sustente su recurso, puesto que no identificó en términos claros, concretos y precisos las leyes posiblemente violadas, interpretadas en forma errónea o aplicadas indebidamente.

Conforme se puede advertir del recurso de apelación cursante a fs. 129 a 130 vta., interpuesto por la entidad demandada, los argumentos desplegados en el recurso de casación son los mismos a los ya presentados en el recurso de apelación de la Sentencia, los que ya merecieron respuesta por parte del Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista impugnado, pues no existe crítica jurídica alguna respecto a los fundamentos expuestos en el fallo recurrido de casación, en tal sentido, no se tiene certeza de a cuál de las causas previstas en el art. 253 del CPC, es a la que apega su recurso de casación la entidad demandada, pues si bien se cita el Auto de Vista como resolución recurrida, empero los argumentos refutan la Sentencia, por lo que no es posible ingresar a considerar el mismo por defectos en su interposición.

Por lo expuesto, corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.4, 274.II, 271.1 y 272.2) del CPC aplicables al presente por la norma permisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm.; Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA EN PARTE el Auto de Vista de fecha 27 de mayo de 2015 cursante a fs. 160 a 162 vta., y deliberando en el fondo, dispone la cancelación tanto del 30% de multa, conforme la previsión del art. 9 del DS Nº 28699 como de los 4 días de vacación correspondientes a la gestión 2009 y 15 días de la gestión 2010, en beneficio del trabajador, manteniendo firme y subsistentes las resoluciones de grado en los demás items y declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 173 a 174, interpuesto por Johanns Enzo Arduz en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús de Nazareno Ltda.

Sin costas por ser doble recurso

Regístrese, notifíquese y devuélvase.