TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 857

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 313/2015-A

Demandante                : Clara Flores Villca vda. De Quiroga

Demandada        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 94 a 95, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), y de fs. 102 a 106 interpuesto por Clara Flores Villca Vda. de Quiroga contra el Auto de Vista Nº 151/2014 de 18 de Agosto de fs. 89 a 90, y Auto complementario de 7 de abril de 2015 (fs. 100) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso administrativo de reclamación que sigue Clara Flores Villca Vda. de Quiroga contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 110 a 112, el Auto Nº 233/15 de 7 de agosto de fs. 115 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas

Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0011010 de 19 de noviembre de 2013 de fs. 52 a 54, resolvió suspender definitivamente, la renta de madre otorgada en favor de la Sra. Clara Flores Villca, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de la misma.

I.1.2 Recurso de Reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación

Formulado el recurso de reclamación por la Sra. Clara Flores Villca de fs. 61 a 57, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 191/14 de 21 de marzo de fs. 67 a 69, resolvió confirmar la Resolución Nº 0011010 de 19 de noviembre de 2013 de fs. 52 a 54, por encontrarse conforme a datos del expediente y normativa en vigencia.

I.1.3 Auto de Vista

Mediante recurso de apelación, interpuesto por  Eddy Eduardo Pasten Flores en representación legal de Clara Flores Vda. de Quiroga (fs. 79 a 81), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista N° 151/2014 de 18 de agosto de fs. 89  a 90, revoca en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 191/14 de 21 de marzo de fs. 67 a 69, manteniendo subsistente la suspensión definitiva de renta de madre, otorgada a favor de la Sra. Clara Flores Villca Vda. de Quiroga; y dejar sin efecto la determinación y recuperación de lo cobrado por la Sra. Clara Flores Villca Vda. de Quiroga.

I.2 Motivos de los recursos de casación

La resolución de segunda instancia motivó que Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de reparto (SENASIR), mediante memorial de fs. 94 a 95;  y Clara Flores Villca Vda. de Quiroga mediante memorial de fs. 102 a 106 interpongan recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

I.2.1 Recurso de casación de la parte demandada 

Acusa la aplicación errónea del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) que sustenta la potestad de revisión de rentas de oficio o a denuncia de un tercero como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR, revisión que se constituye en un procedimiento administrativo, como responsabilidad atribuida a esta entidad como ente gestor del Sistema Residual de reparto del Régimen de Largo Plazo, aclarando que la recuperación de cobros indebidos encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por el art.  4 inc. c) del Decreto Supremo (DS) N° 26189 de 18/05/2001 según el cual el SENASIR no sólo tiene la facultad de revisión de las rentas o prestaciones concedidas en dinero, sino también de exigir la devolución o restitución del total de las cantidades indebidamente percibidas, en consideración  a que las rentas en curso de pago, son pagadas con recursos del T.G.N., según la Ley N° 2197 de 09/05/2001 modificatoria del art. 57-III de la Ley N° 1732 de Pensiones, en virtud del cual el SENASIR debe aplicar, en el caso presente lo dispuesto por el art. 1 de la R.M. 1361 de 04/12/1997, respecto al reconocimiento de aportes a la fecha de la Corte del Sistema de Reparto (30 de abril de 1997).

Que el DS N° 27991 de 28/01/2005, que no fue considerado contiene disposiciones sobre el Sistema de Reparto, la misma que en su art. 9 indica “El SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las clasificaciones y pagos globales concedidos, indicando la revisión con el listado de casos registrados en base de datos que entregan la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros  en el marco de lo establecido en el presente DS”, en virtud del cual se evidencia que el SENASIR al subsumir la norma al caso concreto aplico la Ley adecuadamente.

Arguye que el Tribunal de Alzada no consideró que el SENASIR como ente liquidador, tenga la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas, conforme dispone la Resolución Administrativa N° 044 de 18/07/2001, Resolución Administrativa que encuentra su razón de ser en el DS N° 27066 de 06/06/2003,  que señala que el SENASIR tiene competencias para emitir Resoluciones  Administrativas en temas inherentes a sus funciones, que reglamentan las disposiciones que sobre la materia emite el Órgano Ejecutivo, por otra parte la R.M. No 384 de 11/06/2004 en su art. 3 establece “la recuperación de montos de las prestaciones otorgadas por error de cálculo se realizará con el descuento del 20%” (concordante con el art. 963 del Código Civil (CC).

Considerando que el art. 8 del DS N° 23215, “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado” en concordancia con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley 1178, indica que el sistema de control gubernamental interno de cada entidad pública a través del sistema de control interno u auditoria interna tiene por objeto, promover el acatamiento de las normas legales  y proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores. En virtud de las cuales el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico  al estado.

I.2.2  Petitorio.

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia deliberando en el fondo  dicte Auto Supremo Casando en parte el Auto de Vista  N° 151/2014 de 18 de agosto de fs. 89 a 90 y se confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación N° 191/14 de 21 de marzo de 2014 de fs. 62 a 64.

I.2.3 Contestación al recurso de casación

Clara flores Villca Vda. de Quiroga en la contestación al recurso de casación manifiesta que en la prestación de madre en calidad de derecho habiente no existió dolo o engaño alguno, que se puede constatar por los documentos presentados para la calificación, de la renta de derecho habiente de madre y de la corporación del Seguro Social Militar (COSMIL), que ambas prestaciones fueron percibidas con su nombre y estado civil, que el recurso de casación no fundamenta cual es la infracción incurrida en el Auto de Vista y con la cita de disposiciones que corresponden al ámbito del derecho civil pretende sustentar el presunto cobro indebido sin considerar que el art. 477 del RCSS se encuentra vigente en el Sistema de Reparto.              

I.2.4 Recurso de casación de la parte demandante

Refiere que de acuerdo con la liquidación practicada en el anverso de fs. 28, la renta de invalidez que le habría correspondido a la causante según el promedio salarial  base de cálculo de prestación, es de $b.3.439,25.- de cuyo monto se hubiese correspondido el 30% es decir $b.1.031,78.- y recién de ese monto se establece la calificación a favor de la demandante del 20% en suma total mensual de Bs.206,30.- este monto ni siquiera corresponde al  monto real al 10% del salario base del cálculo de $b. 3.439,25.- (sic.)

Que el informe legal de fs. 28 vta., de 14 de abril de 1980 que antecede a la Resolución, establece que en aplicación de los arts. 49 y 54 del Código de Seguridad Social (CSS), 109 inc. a) del RCSS y 42, 49 del Decreto Ley (DL) N° 13214 de 24/12/1975 y en atención al informe expedido por el Servicio Social de la propia entidad aseguradora, corresponde otorgarse la renta de madre.

Que el art. 54 del CSS establece el derecho de las rentas en la proporción y cuantías previstas a favor de la madre de la causante que hubiera vivido a sus expensas que hubiera cumplido la edad de vejez que determina el art. 45 es decir a los 50 años.

Acusa que el Tribunal de apelación no ha considerado debidamente la aplicación y vigencia de los arts. 42 y 49 del DL Nº 13214 de 24/12/1975. que tiene por objeto disponer reformas al Sistema Boliviano de Seguridad Social en varios  capítulos entre esos las prestaciones de dinero; el art. 42 de esta normativa, dispone que en caso de inexistencia de viuda (o) o huérfanos, se concederá una renta  a la madre, al padre y a cada uno de los hermanos menores de 19 años equivalente al 20% para la madre y el 20% para el padre y el 10 % para cada hermano calificado como beneficiarios , sin que la suma de rentas exceda el 60% de la renta que le hubiera correspondido al asegurado por invalidez o vejez. Asimismo el 49 del DL N° 13214 que dispone que la renta de los padres y hermanos prevista en los arts. 42 y 49, se concederán siempre que se cumplan los requisitos previstos en los arts. 54 y 55 del CSS  y 107 y 109 del RCSS.

Que la Resolución de la Comisión Calificadora de renta de fs. 52 a 53 que dispone suspende definitivamente la renta de la madre, se basa en el informe Cite SENASIR/U.N.O./A.D.R/D.L.CH.A No 1868/2013 de 21/10/013 de fs. 50 a 51 basando su análisis en el reporte de la planilla que establece que la recurrente se encuentra percibiendo la renta de madre del sector fabril equivalente al 20% y la renta de viudedad en el sector COSSMIL equivalente al 60% por cuyos antecedentes en aplicación del art. 41 del manual de prestaciones, corresponde la Resolución de Suspensión Definitiva de la renta de la madre.

En el último parágrafo de la resolución de Reclamación luego de referir los antecedentes del matrimonio  con el Sr. Humberto Quiroga Tapia  así como sus antecedentes laborales y fallecimiento, dicha resolución concluye “…. Al haber contraído nupcias habría contado con los medios necesarios económicos para vivir, toda vez que es el esposo quien le proporciona estos medios, por lo que cumple con lo establecido en la parte final del art. 53 del CSS…..”, al respecto no considera que la renta de madre fue obtenida cuando el esposo se encontraba con vida y en los documento presentados  formo con apellido de casada Clara Flores de Quiroga.

Arguye que el SENASIR, no ha comprobado con el 60% que percibió en calidad de renta de viudedad del sector COSSMIL constituye condición suficiente para que proceda a la suspensión definitiva de la renta de madre del 20% que le corresponde en calidad de derecho  habiente de su hija, no que ambas prestaciones sean incompatibles o constituyan una doble percepción de salarios con erarios del estado; con ese erróneo criterio el Tribunal de apelación concluye que resulta viable la aplicación del art. 41 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 /07/ 1997, cuya disposición en la parte pertinente transcribe en sentido de que la renta de padres y hermanos cesará en cualquier momento cuando se compruebe que los titulares tengan condiciones económicas suficientes o hubieran recuperado su capacidad de trabajo.

Que el Tribunal de apelación incurre en indebida aplicación del art. 41 del Manual de Prestaciones, que si bien dispone la posibilidad de suspensión, dicha determinación se encuentra condicionada  a que se compruebe que los titulares de dichas rentas (padre y madre) tengan condiciones económicas suficientes; y al mantener subsistente la  suspensión definitiva de la renta de la madre, vulnera los arts. 42 y 49 del DL N° 13214 de 24/12/1975  que reforma el otorgamiento de las prestaciones en dinero del Sistema Boliviano de seguridad Social, sin que estas últimas normas vigentes del Sistema de reparto puedan ser modificadas por un Manual de Calificaciones de Rentas, considerando además que ambas prestaciones tanto la renta de madre equivalente al 20% y la renta de viudedad equivalente al 60% se encontraban calificadas muchos años antes en la gestión de 1997, es decir no puede aplicarse con carácter retroactivo a las pretensiones legalmente calificadas en las gestiones 1980 a 1986, conforme se establecen en las resoluciones que cursan  a fs. 28 vta., y 33 de obrados; al confundir las prestaciones de seguridad con salarios mensuales del erario del Estado, vulnera las disposiciones especiales contenidas en los arts. 100, 102 y 104 inc. a) de la Ley de COSSMIL, en base a cuya normativa especial se ha otorgado la renta de viudedad por haberse acreditado un total de 186 cotizaciones, es decir que esta otra prestación fue otorgada en base a la Resolución N° 589 de 4/11/1986 como se observa a fs. 33 y 34.

Que el Auto de Vista infringe y vulnera el art. 54 del CSS, que si bien dispone que las rentas de derechos habientes cesaran en cualquier momento condicionan a que dicha suspensión procederá “ cuando la caja compruebe que los titulares de la renta tengan condiciones suficientes o hubieran recuperado su capacidad para el trabajo” comprobación que no existe en obrados.

Con la renta del 60% de la prestación que le hubiera correspondido al esposo, no tuvo  condiciones económicas suficientes y menos recuperó capacidad de trabajo, que por su condición de mujer adulta y viuda, la suspensión de la renta del 20% de madre, afecta su derecho a la continuidad de medios de subsistencia.

I.2.5 Petitorio

Concluye, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia case en parte el Auto de Vista de fs. 89 y 90, disponiendo en consecuencia, la reposición de la renta de madre suspendida indebidamente.

I.2.6 Contestación al recurso de casación

Vladimir Rolando Aguilera Reinaga en representación legal del SENASIR en la contestación al recurso de casación manifiesta que existen defectos en la notificación con la complementación y enmienda a la parte demandante, que el recurso de casación es inadmisible porque efectúa una simple relación de los antecedentes, que no cumple con el art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que por su deficiencia y ambigua apreciación de los hechos se declare improcedente e infundado el recurso.  

CONSIDERANDO II

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1. Recurso de casación de la parte demandada

Siendo que la controversia se circunscribe esencialmente sobre el cobro de los montos cancelados a la Sra. Clara Flores Villca, se pasa a resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

De principio corresponde señalar que, el Auto Supremo Nº 287/2013 de 4 de junio señaló: “…tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, contenida en el art. 4. d) de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, como también regulado en los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia”.

En ese contexto, el art. 477 del RCSS, señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”; de la misma manera, el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, dispone: “El SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el marco de lo establecido en el presente DS. A este efecto, el SENASIR deberá aplicar lo dispuesto por el art. 198 del CSS Ley de 14 de diciembre de 1957- y, por los arts. 423 y 477 del DS Nº 05315 de 30 de septiembre de 1959 - RCSS-”; por lo que, en consideración a lo manifestado en el párrafo anterior, cumpliendo con el principio juris tantum, y admitida la prueba por darse los presupuestos para ello, no se ha demostrado que la documentación, datos o declaraciones resultaren falsos o fraudulentos, a menos que exista en su caso, un proceso seguido en la vía legal que corresponda con Sentencia ejecutoriada que demuestre tales extremos; por lo que lo argumentado por la entidad demandada, no resulta suficiente para la procedencia de la devolución de los montos cancelados a la Sra. Clara Flores Villca en calidad de renta de madre, tomando en cuenta que la otorgación de la renta de viudedad sin previa suspensión de la renta de madre fue de entera responsabilidad de funcionarios de la institución demandada, y no atribuible a la Sra. Clara Flores Villca.

Asimismo, el art. 8 del DS Nº 23215, concordante con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, las denuncias de transgresión no corresponden, puesto, como bien se desarrolló precedentemente, no se comprobó que la concesión se realizó en base a documentos fraudulentos, no pudiendo determinar daño económico del Estado en detrimento y lesión del derecho al debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia de la hoy demandante; consiguientemente, conforme a la normativa precitada y lo dispuesto por los arts. 158 y 162 de la Constitución Política del Estado que, establece que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del estado defender el capital humano, protegiendo las necesidades sociales, individuales y colectivas, a cuya protección preventiva y reparadora tienen derecho los individuos, en la extensión, límites y condiciones que las normas disponen, en cumplimiento a los arts. 45 y 67 de la Constitución Política del Estado.

II.1.2. Recurso de casación de la parte demandante

Siendo que la controversia principal se centra en la suspensión definitiva de la renta de madre pasamos a resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

La renta es entendida conforme al art. 13. i) del CSS como: “…El pago periódico en determinada proporción del salario, reconocido a los asegurados, o el pago periódico en proporción de la renta del causante a los derecho-habientes, en los casos de incapacidad permanente por causa profesional, de invalidez, vejez o de muerte…”.

De tal forma, se tiene inicialmente que tanto el derecho al trabajo como a la seguridad social, se encuentran protegidos y garantizados constitucionalmente por el Estado; asegurando por ello, mediante la regulación del pago de una justa retribución por el ejercicio efectivo de un trabajo (salario o sueldo), o la asignación de una renta de vejez conforme al cumplimiento de dicho trabajo por el tiempo transcurrido señalado por ley: la manutención familiar, bienestar, sobrevivencia y vivir bien de la población en su conjunto.

En ese sentido se tiene que Sra. Clara Flores Villca por Resolución N ° 2329/80 de 14 de mayo de 1980 (ver fs. 28 vta.), gozaba de la renta de madre desde el mes de enero de 1980 otorgado por la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Seguridad Social percibiendo el mismo hasta el mes de octubre del 2013 asimismo se observa que la Sra. Clara Flores Villca contrajo nupcias con el Sr. Humberto Quiroga Tapia quien presto servicios en las Fuerzas Armadas de Bolivia y a su fallecimiento la esposa Clara Flores Villca fue beneficiaria a la renta de viudedad vitalicia por Resolución N° 589 de 4 de noviembre de 1986 (ver fs. 33 a 34), es decir que en su calidad existía doble percepción, de renta de madre y viudedad vitalicia.

Bajo ese entendimiento, no podría pretenderse entender que dichos pagos opere en doble partida; toda vez que, habiéndose garantizado la manutención, bienestar y sobrevivencia de la beneficiaria a través del reconocimiento de un sueldo o salario como la renta de viudedad vitalicia,  la otorgación de una renta de madre a la misma persona y al mismo tiempo, vulneraría la esencia del resguardo y tutela que el Estado otorga a los derechos, reconocidos constitucionalmente.

Todo ello implicó que la Comisión de Calificación de Rentas dispuso la suspensión definitiva de la renta de madre, basando su decisorio en lo establecido en los arts. 109 del RCSS y 41 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

Bajo los parámetros precedentemente enunciados, se establece que la determinación asumida por el Tribunal de apelación en el Auto de Vista, fue acertadamente correcta, correspondiendo resolver los mismos conforme a la previsión de los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicable por disposición de los arts. 630 y 633 de la RCSS.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) de fs. 94 a 95, y por Clara Flores Villca Vda. de Quiroga de fs. 102 a 106., contra el Auto de Vista Nº 151/2014 de 18 de Agosto de (fs. 89 a 90), y Auto complementario de 7 de abril de 2015 de (fs. 100) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.