TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 856

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 233/2015-S

Demandante                : Elga Silvia Rocabado Urquieta   

Demandado                : Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

                                        Sanitario

Distrito                        : Cochabamba         

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Carmen Paola Ivana Camacho Vega representante legal del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), cursante de fs. 341 a 343, contra el Auto de Vista Nº 130/2014 de 04 de junio, de fs. 329 a 332 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Elga Silvia Rocabado Urquieta contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de fs. 345 a 346 vta., el Auto que concedió el recurso de fs. 347; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1 Sentencia

A la conclusión del proceso laboral el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia de 30 de septiembre de 2011, cursante de fs. 202 a 205, por la que declaró probada en parte la demanda y la ampliación de ésta, interpuesta por Elga Silvia Rocabado Urquieta, e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 87 a 92, sin costas. En consecuencia dispuso que la Empresa demandada SEMAPA cancele a favor de la demandante la suma de Bs.12.436,20.- por concepto de indemnización y vacación que deberá hacerse efectivo dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, sin perjuicio de las actualizaciones y la multa del 30% prevista por el DS N° 28699.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por SEMAPA (fs. 209 a 211) y Elga Silvia Rocabado Urquieta (fs. 219 a 223 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 130/2014 de 04 de junio, cursante a fs. 329 a 332 vta., confirmó en parte la Sentencia de 30 de septiembre de 2011, disponiendo la liquidación por el Primer Periodo de Bs. 16.285,5.- y por el Segundo Periodo 12.436,20.- más la multa del 30%, sin costas.

II. Motivos del recurso de casación

De la revisión del recurso de casación, se extrae lo siguiente:

El recurrente alega que, la demandante argumenta el inicio de trabajos en la Empresa en fecha 1 de abril de 2004  hasta 31 de diciembre de 2006 constituyendo un supuesto primer periodo, con relación a ello refiere que se trata de un contrato de consultoría, regido por la Ley Nº 1178 y el DS Nº 181 y las normas de administración de bienes y servicios y no así por la jurisdicción Laboral, y que conforme al Dictamen General emitido por la Procuraduría General del Estado se sometería a una jurisdicción especial, que el contrato de un consultor se rige bajo las normas administrativas y no laborales por ende su naturaleza es netamente administrativa. Con esos antecedentes indica que el Juez A quo vulneró la normativa descrita precedentemente toda vez que una consultoría conlleva un contrato de carácter administrativo y no así laboral. 

Acusa que, el Tribunal de Alzada incurrió en error de interpretación  de la Ley y aplicación indebida de la norma, básicamente en lo relativo a la aplicación del art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, referente a las características esenciales de la prescripción como un modo de extinción de los derechos subjetivos, toda vez que define como primer período, los contratos que datan de hace más de 10 años, derechos sujetos a prescripción por inacción de la titular y que con referencia a la irretroactividad establecida por el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado, ésta opera en aquellos casos  en los que el cómputo de los años se haya producido antes de la vigencia  de la Constitución Política del Estado que data de fecha 7 de febrero de 2009; aspectos omitidos por el Tribunal de Alzada que al confirmar la Resolución apelada benefició a la demandante con una liquidación  que no le corresponde  por el supuesto primer periodo de trabajo, cuya reclamación de derechos hubiera prescrito. Por otro lado afirma que, la competencia del Juez para resolver conflictos que deriven de contratos administrativos no es la del Juez Laboral como se tienen expresado.

III. Petitorio

Por los fundamentos expuestos en el acápite que precede, señala que: “Interpone Recurso de Casación, al amparo del Art. 210 del Código Procesal de Trabajo,  concordante con el art. 257 del Código de Procedimiento Civil, computable conforme al art. 90 del Código Procesal Civil… solicitando se CASE el Auto de Vista N° 130/2014 y deliberando en el fondo declare la nulidad de la Sentencia de 30 de septiembre de 2011.” (sic).

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

1. Sobre la regulación de la relación contractual

Los fundamentos del recurso que se analiza, están referidos por una parte a la existencia de relación laboral entre la actora y la Empresa demandada, entre el 1 de septiembre de 2004 y 17 de marzo de 2006, establecidos en cuatro Contratos consecutivos; y que con relación al cuarto Contrato suscrito refiere que se trata de contrato de consultoría mismo que se encuentra regido por la Ley N°1178.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, se debe tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal, que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

En este contexto, los contratos suscritos entre la Empresa SEMAPA y la trabajadora Elga Silvia Rocabado Urquieta cursantes a fs. 3 a 12 vta., el primer periodo bajo el nominativo de "Contrato de Trabajo a Plazo fijo Nos. 330/04, 030/05 y 073/2006, y como "Contrato de Consultoría” N° 141/06, y el segundo como “Contrato  de Prestación de Servicios” N° 227/07 y N° P-139/08, en los cuales se han establecido una serie de condiciones y obligaciones impuestas a la trabajadora, además en la cláusula quinta y séptima de los Contratos denominados de primer periodo, referente a la remuneración, se establece que se cancelará a favor de la "contratada", la suma de Bs.5.922.- (cinco mil novecientos veintidós 00/100 bolivianos), aspecto corroborado por las literales de fs. 3 a 10, aspectos que demuestran categóricamente la relación de dependencia, desvirtuando lo afirmado por el representante de la Empresa recurrente, por cuanto dada la naturaleza del trabajo realizado por la trabajadora, reúne todas las características exigidas por art. 1º del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, por lo que no puede considerarse como una relación de carácter civil, debiendo tenerse presente además de acuerdo al art. 5 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 "cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente", porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los arts. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 48 de la CPE.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que existió relación de dependencia y subordinación entre la actora y la Empresa SEMAPA, corresponde reconocer a favor del actor los beneficios sociales previstos en los arts. 12 y 13 de la LGT.

2. Sobre la incorrecta interpretación del art. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, respecto a la imprescriptibilidad prevista por el art. 48.IV de la CPE 

Por el segundo motivo del recurso, se cuestiona la incorrecta interpretación del art. 120 de LGT y 163 de su DR-LGT; pues dice que, si bien el art. 48.IV de la Constitución, prevé que los beneficios sociales son imprescriptibles, pero no es aplicable a hechos que se produjeron antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado.

Al respecto es necesario referirnos a lo advertido por el art. 258.3) del CPC, dispositivo legal que taxativamente prevé que, en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores; norma legal que, en materia social debe ser aplicada observando lo dispuesto por los arts. 3.e) y 57 del CPT, que concluyentemente advierten en mérito al principio de preclusión que, el juez está impedido de regresar a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal.

En autos, conforme consta en el contenido del memorial de responde de fs. 87 a 92 vta., la entidad demandada no interpuso la excepción perentoria de prescripción, por ello el A quo sólo se pronunció respecto a las excepciones que opuso, asimismo del memorial del recurso de apelación presentado por la entidad demandada cursante a fs. 209 a 211, esta no acusó la presunta vulneración de los arts. 12 dela LGT y 163 del DR-LGT, razón por la que los de instancia no emitió ningún criterio sobre dicha temática; en esa virtud, conforme a las normas legales precedentemente citadas, el derecho del recurrente de reclamar la presunta vulneración precluyó, no teniendo por ello este Tribunal competencia para ingresar al análisis de dicha denuncia.

Por lo expuesto, correspondiendo resolver el recurso de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carmen Paola Ivana Camacho Vega en representación de SEMAPA contra el Auto de Vista Nº 130/2014 de 04 de junio, de fs. 329 a 332 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.