TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 850

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 216/2015-S

Demandante                : Vilma Eugenio Quispe y Otros

Demandado                : Henry Vladimir Butrón Jaldín y otro.

Distrito                        : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación de fs. 164 a 168 vta., interpuesto por Henry Vladimir Butrón Jaldín y Pooled Naama Iriarte Sandoval, contra el Auto de Vista Nº 194/2014 de 03 de septiembre (fs. 153 a 157 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Vilma Eugenio Quispe, Laura Choque Rojas, Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza contra los recurrentes en su condición de propietarios de la Broasteria Súper Pollos “GUSTOCO”; la respuesta de fs. 171 a 173; el Auto que cursa a fs. 174, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso social de referencia, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia de 19 de noviembre de 2011 (fs. 118 a 123), por la que declaró probada la demanda de fs. 4 a 7, e improbada la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada de fs. 26 a 28, sin costas; consecuentemente ordenó a la parte demandada, cancelar a favor de los demandantes, por los conceptos de indemnización, desahucio, sueldo devengado y horas extras, los siguientes montos: 1. Para Vilma Eugenio Quispe, la suma de Bs.9.647,54.- (Nueve mil seiscientos cuarenta y siete 54/100 bolivianos); 2. Para Laura Choque Rojas, la suma de Bs.9.247,54.- (Nueve mil doscientos cuarenta y siete 54/100 bolivianos); 3. Para Erika Morante Guarachi, la suma de Bs.9.793,27.- (Nueve mil setecientos noventa y tres 27/100 bolivianos), y; 4. Para Rodolfo Tito Apaza, la suma de Bs.9.593,27.- (Nueve mil quinientos noventa y tres 27/100 bolivianos); haciendo un total a pagar, Bs.38.281,62.- (Treinta y ocho mil doscientos ochenta y uno 62/100 bolivianos), que deberá cancelarse a tercero día de ejecutoriada la resolución, sin perjuicio de la multa y las actualizaciones previstas en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Todo conforme al detalle inserto en la misma resolución.

I.1.2. Auto de Vista

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada (fs. 131 a 136), mediante Auto de Vista Nº 194/2014 de 03 de septiembre (fs. 153 a 157 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada de 19 de noviembre de 2011; con costas en ambas instancias.

I.2. Motivos del recurso de casación

El último fallo nombrado, fue recurrido de casación por la parte demandada, que en lo sustancial de su contenido, refirió:

i) En relación al tiempo de prestación de servicios: Que, el Auto de Vista recurrido incurrió en error en la valoración de la prueba testifical de descargo correspondiente a las declaraciones de María Urey Rojas y Lenny Ilonka Rocha Cartagena, así como la literal de 31 de enero de 2011 (Agencia de Empleos Señor de Mayo), y las confesiones de los demandados, puesto que con ellas se demuestra que: 1. Vilma Eugenio Quispe ingresó a trabajar en la entidad demandada el 14 de febrero de 2011; 2. Laura Choque Rojas ingresó a prestar servicios el 30 de enero de 2011, y; 3. Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza, ingresaron el 13 de enero de 2011, éstos últimos sólo por dos meses; de modo que el fallo recurrido infringió los arts. 151, 152, 155, 156, 157, 165 y 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al no valorar correctamente las mismas.

Que, tampoco se consideró que por la literal de fs. 2, se establece que los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, la Broastería GUSTOCO, ubicado en la zona de Muyurina, se encontraba cerrada y sin funcionamiento.

Que, lo anotado incide el cuanto al reconocimiento de los conceptos sociales condenados, en tanto incide en el tiempo de prestación de servicios, haciendo inviable alguno de ellos como es el caso de la indemnización por tiempo de servicios dado que no se cumple los tres meses de relación laboral, conforme al art. 2 del DS Nº 110.

ii) Causa de desvinculación laboral: Acusó que el fallo recurrido valoró erróneamente las testificales de descargo correspondientes a María Urey Rojas y Candelaria Claros Arebalo, puesto que con las atestaciones se demuestra que los demandantes se retiraron voluntariamente de su fuente laboral, vulnerando de tal manera el art. 182.c) y d) del CPT, así como el art. 3 del DS Nº 110, al no haber sido despedidos intempestivamente.

iii) Sueldo promedio indemnizable: Se acusó que la resolución impugnada incurrió en error en la apreciación de las pruebas testificales de descargo correspondientes a María Urey Rojas, Lenny Llonka Rocha Cartagena y Candelaria Claros Arebalo, que dan cuenta que los actores en cuenta de su trabajo percibían la suma de Bs.1.000,00.-, y no el monto de Bs.1.177,92.- establecido por los jueces de fondo, disposición ultima que resulta arbitraria e ilegal. Lo que incide en la liquidación de los beneficios sociales y derechos laborales condenados.

iv) Sueldos devengados: Afirmó que se canceló los mismos a los demandantes, y que sólo se tienen saldos pendientes a favor de cada uno en los siguientes montos: A Vilma Eugenio Quispe Bs.800,00.-; a Laura Choque Rojas Bs.200,00.-; a Erika Morante Guarachi Bs.450,00.-, y; a Rodolfo Tito Apaza Bs. 450,00.-.

v) Prima: Refirió que, en aplicación correcta del Decreto de 11 de junio de 1947 y art. 27 del DS Nº 3691, no corresponde su pago en el caso, debido a que el negocio cerró en la gestión 2010 y entró en quiebra por lo que no hubo utilidad, además que, conforme a las normas mencionadas, debe cumplirse un mínimo de tres meses de trabajo en el año, lo que no sucedió.

vi) Confesión de la parte demandada: Señaló que el auto de vista recurrido no consideró que la confesión provocada a los demandantes fue hecha por el abogado de los mismos, cuando dicho actuado procesal es personalísimo, conforme al art. 156 del CPT, ya que el abogado conocía los hechos sólo por referencia.

Afirmó que el juez de la causa debió haber hecho uso de las facultades previstas en los arts. 156 y 157 del CPT, para esclarecer la verdad de los hechos, debido a que el confesante (abogado), desconoció que la impresión digital estampada en el documento emitido por la Agencia Señor de mayo, corresponda a sus clientes, por lo que debió mandarse a practicar los exámenes grafológicos y huellográficos.

vii) Pérdida de competencia en el fallo recurrido: Observó la demora en el acto de notificación con el auto de vista impugnado, el que fue practicado después de 6 meses de haber sido emitido, lo que despierta susceptibilidad de su dictación dentro del plazo que la Ley confiere al respecto, conllevando una posible pérdida de competencia para emitir la resolución recurrida.

I.2.1. Petitorio

Se solicita al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista Nº 194/2014 de 03 de septiembre, y deliberando en el fondo se declare la nulidad de la Sentencia de 19 de noviembre de 2011.

CONSIDERANDO II:

       II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de casación, se ingresa a resolver el mismo considerando para ello los antecedentes que cursan en el expediente y las normas aplicables a la materia, aclarando previamente que, existiendo cuestiones reclamadas que hacen al procedimiento, por los efectos jurídicos que acarrea tal reclamo, se ingresa a resolver en primer término el mismo, como sigue:

i) Pérdida de competencia en el fallo recurrido: Que, de la revisión de los antecedentes del proceso se advierte que, el sorteo de la causa en apelación se efectuó el 25 de agosto de 2014 (152 vta.) y se dictó el Auto de Vista el 03 de septiembre de 2014 (fs. 153), es decir, dentro del término previsto por el art. 209 del CPT, más concretamente, al noveno día de haber sido sorteado, de modo que no se tiene evidencia que demuestre con certeza que el fallo recurrido hubiere sido emitido fuera del término legal otorgado por el art. 209 del Adjetivo Laboral.

Si bien es evidente que la notificación con el auto de vista recurrido fue practicada con evidente demora (más de 6 meses) (fs. 158), ello no constituye motivo de pérdida de competencia del Tribunal de Alzada y menos puede demostrar que la resolución impugnada haya sido emitida a destiempo; pues no es posible fallar en el proceso basado en una mera susceptibilidad de la parte recurrente, cuando ésta afirma que por la demora en la notificación con el fallo recurrido, se despierta susceptibilidad respecto a su emisión dentro del término legal; de modo que, corresponde mantener el fallo recurrido, basado en el principio procesal de conservación del acto, al no contarse con evidencia fehaciente que demuestre lo denunciado en esta parte del recurso de casación; por lo tanto, no se encuentra cierta la acusación de vulneración del derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica de la parte demandada y previstos en el art. 115. I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

ii) En relación al tiempo de prestación de servicios: Partimos señalando que, el Derecho Laboral se ha ido nutriendo de la doctrina que contiene principios comunes y directrices que sirven de parámetro o referencia a la regulación de una determinada institución jurídica, que inspiran el verdadero sentido de las normas con particularidades distintas y diferentes de otras ramas y disciplinas del derecho, cuya finalidad no sólo es orientadora e interpretativa, sino, que se encuentra destinada, principalmente, a solucionar casos concretos resolviendo las controversias jurídicas planteadas por las partes del derecho laboral.

En ese sentido se tiene normado para el ámbito social, al principio de la inversión de la prueba, que manda: “que en todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador”, así se encuentra establecido en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, constitucionalizado ahora por la previsión comprendida en el art. 48.II de la norma fundamental del Estado, que expresa que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios, entre otros, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; es decir que, en razón al propio interés del empleador que sea demandado, es de incumbencia del mismo, aportar todos los elementos de prueba que la Ley permite y los legalmente admisibles, a fin de desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, de modo que, consiguientemente, se aplique la norma sustantiva pertinente en su favor; y si bien tal carga probatoria no es obligatoria para la parte empleadora demandada, su inobservancia o inactividad, simplemente conllevará un fallo adverso para dicha parte.

También es importante destacar, que por previsión del art. 46. III de la CPE, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución; de modo que, ante la prestación de servicios por parte del trabajador, corresponde en contraprestación por parte del empleador, el pago de los sueldos o salarios correspondientes, así como los demás derechos laborales y beneficios sociales que las Leyes laborales prevén en cada caso y conforme a las condiciones, también anotadas por la normativa social.

Que, debe considerarse, respecto a la confesión provocada a la que fueron llamados los demandados y cuyo testimonio cursa en las actas de fs. 61 a 62 vta., que para ser considerada como tal, con el valor probatorio asignado por el art. 167 del Adjetivo Laboral, el testimonio debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o a la parte actora, conforme la previsión comprendida en el art. 408.2) del CPC, aplicable en previsión del art. 252 del CPT, de modo que la confesión hecha en tales actas, si no reúnen tales condiciones, no pueden tener el efecto jurídico de prueba plena, empero, puede arrojar indicios, que relacionados con otros medios probatorios cursantes en el cuaderno procesal, forme convicción en el juzgador, respecto a lo que se pretende probar. En ese sentido, los hechos afirmados por la parte demandada en el testimonio de confesión de ambos, no constituye plena prueba que acredite o demuestre la fecha de ingreso sostenida por los mismos confesantes respecto a todos los actores.

No obstante lo anotado, cabe verificar si en la valoración de las testificales de descargo anotadas: María Urey Rojas (fs. 99 vta.) y Lenny Ilonka Rocha Cartagena (fs. 99), el Tribunal de Alzada y, consiguientemente también, el Juez de primera instancia, obró de manera errónea al respecto.

Al respecto, debe considerarse que los fallos de instancia concluyeron que la parte demandada no aportó elementos de prueba suficientes que demuestren lo afirmado en su defensa, más concretamente con referencia a la fecha de inicio de la relación laboral de los actores, así la Sentencia refiere que el tiempo de servicios en cada caso, no han sido desvirtuados con prueba idónea y fehaciente por la parte demandada, señalando la existencia de posibles contradicciones entre las declaraciones de los testigos de descargo y las confesiones de los demandados, además de los documentos que en copia simple cursan en obrados y relacionados a la agencia de Empleos Señor de Mayo.

En ese sentido, compulsados los antecedentes, se advierte por éste Tribunal de casación que, las contradicciones a las que refiere el fallo recurrido y la sentencia de primera instancia, resultan evidentes, por cuanto la declaración hecha por los demandados confesantes (fs. 61 a 62 vta.), al margen de ser imprecisos en cuanto a las fechas de inicio de la relación laboral y otros hechos que se declaran como es el referido a “quien contrató”, ingresan ciertamente en contradicciones; veamos: Si bien la parte demandada afirmó que las fechas de inicio de la relación laboral de los demandantes fueron en fechas distintas a las afirmadas en la demanda y su aclaración (fs. 4 a 7 y 10), sosteniendo que Vilma Eugenio Quispe ingresó a trabajar el 14 de febrero de 2011; que Laura Choque Rojas ingresó a trabajar en la Broastería “GUSTOCO” el 30 de enero de 2011 y que Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza ingresaron el 13 de enero de 2011, tales aseveraciones no fueron eficaz y suficientemente demostradas por la parte demandada a través de los medios de prueba aportados al proceso, más concretamente las testificales de descargo de María Urey Rojas y Lenny Ilonka Rocha Cartagena (fs. 99 y vta.).

Desde ya, entre los demandados confesantes existen imprecisiones y contradicciones que hacen dudar de los hechos que declaran, ya que observamos que, si bien a través de los memoriales de fs. 26 a 28 y 77 y vta., además de los recursos interpuestos, se sostiene con precisión como fecha de inicio de la relación laboral, las fechas arriba anotadas de su parte, empero, cuando prestaron su declaración confesoria (fs. 61 y vta.), Henry Vladimir Butrón Jaldín no precisa con exactitud las fechas de inicio de la relación laboral con los ex trabajadores demandantes, expresando simplemente el mes de inicio de la misma.

A ello debe agregarse que Henry Vladimir Butrón Jaldín niega que su persona hubiere contratado a Vilma Eugenio Quispe y que su cajera de nombre María la hubiera contratado en similar posición a la señalada ya en el memorial de contestación a la demanda (fs. 27) en el que afirma también que Laura Choque Rojas también fue contratada por la misma cajera, ello porque constantemente los propietarios estarían de viaje; sin embargo, su propia testigo de descargo María Urey Rojas, ex trabajadora de la Broasteria, desmiente tal afirmación, señalando que le hubiere contratado don Henry el mismo día 14 de febrero; puesto que dicha declaración que cursa a fs. 99 y vta., señaló que Vilma Eugenio Quispe habría venido con sus papeles acompañada de su madre y la contrató Henry el 14 de febrero.

Que, frente a ese tipo de contradicciones, evidentemente los de instancia en resguardo del principio protector señalado precedentemente y ante la duda existente en los propios medios de prueba de descargo de la parte empleadora, llegaron a la conclusión de que Vilma Eugenio Quispe, trabajó en la Broasteria Gustoso de propiedad de los recurrentes, desde el 1 de noviembre de 2010, hasta el 7 de marzo de 2011.

En relación a Laura Choque Rojas, de igual manera existió una serie de contradicciones e imprecisiones con relación a las declaraciones confesorias de los propios recurrentes Henry Vladimir Butrón y Poolet Naama Iriarte, en relación a las fechas de ingreso y de conclusión de la relación laboral de la trabajadora, puesto que según la declaración de la testigo de descargo Candelaria Claros que cursa a fs. 94 y vta.., ésta señaló que, “en el mes de mayo aproximadamente estuvo presente, cuando Laura Choque, habría manifestado su intención de retirarse”, declaración que contradice totalmente con lo manifestado por los recurrentes, cuando éstos señalaron que Laura ingresó el 30 de enero de 2011 hasta el 16 de marzo de 2011, siendo que la testigo escucho que Laura Choque tenía la intención de retirarse en el mes de “mayo”; es más, la declaración de María Urey que cursa a fs. 99 y vta., en relación a Laura Choque Rojas, manifestó que ésta prestó sus servicios de cajera desde el 30 de enero de 2011, aseveración que conoce porque dicha trabajadora habría entrado a trabajar a cuenta de la testigo María Urey; sin embargo ésta habría ingresado a trabajar el 5 de noviembre de 2010, hasta junio de 2011; en consecuencia, si Laura Choque ingresó en cuenta suya, cómo es posible que Laura habría ingresado el 30 de enero de 2011, cuando según la declaración habría entrado de cuenta de la testigo, la misma que dejó de trabajar en junio de 2011, contradicción que dio lugar a que los de instancia, concluyan que la trabajadora Laura Choque Rojas, ingresó a trabajar el 1 de noviembre de 2012, hasta el 7 de marzo de 2011, determinación correcta a la que arribaron los de instancia, frente a las diferencias y contradicciones existentes; en ese sentido, el Tribunal de Alzada confirmó la Sentencia, con criterio acertado y correcto, en aplicación de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba, prevista en los arts. 3. j), 158 del CPT, y 397 del CPC.

Con relación a la fecha de ingreso y tiempo de trabajo de Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza, según uno de los recurrentes; vale decir, Henry Vladimir Butrón Jaldín, en su declaración confesoria cursante a fs. 61 y vta., dijo que los mismos trabajaron de enero a marzo de 2011, mientras que Poolet Naama Iriarte, en su declaración confesoria que cursa a fs. 62 y vta., señaló una fecha precisa, manifestando que ingresaron a trabajar el 13 de enero de 2011 hasta el 16 de marzo de 2011, aseveraciones que se contradicen entre sí, mucho más si de la lectura del memorial de fs. 26 a 28 de obrados, presentado por los propios recurrentes, se advierte que éstos a tiempo de oponer la excepción previa de imprecisión o contradicción en la demanda, señalaron que, ambos dejaron de trabajar el 16 de marzo de 2011, aseveración expresa que contradice con sus propias declaraciones confesorias y con las declaraciones testificales de descargo; por lo que, el Juez A quo a tiempo de concluir que Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza, (esposos) ingresaron a trabajar la primera como cocinera y el segundo como servidor en la sucursal 1 de calle Punata de los Pollos Gustoso, a partir de 1 de septiembre de 2010, hasta el 7 de marzo de 2011, por el tiempo de 6 meses y 6 días, determinación correcta y acertada; conclusión que también fue confirmada de forma correcta por el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido.

En consecuencia, por las contradicciones e imprecisiones anotadas, no es posible tomar como prueba suficiente a las testificales anotadas, para desvirtuar o probar la fecha de inicio de la relación laboral de los demandantes, advirtiéndose en todo caso un descuido en la carga probatoria que le incumbía a la parte demandada, de modo que no existe violación del art. 169 del CPT, en la resolución de segunda instancia, toda vez de que, se valoraron las declaraciones testificales y de confesión judicial provocada, en concordancia y armonía con los demás medios de prueba cursante en el proceso, realizado una valoración integral de las declaraciones testificales de descargo; a ese efecto, se advierte también que realizó un análisis integral de la prueba que fue presentada en el juicio, conforme a los cánones de la libre apreciación de la prueba, establecidos en los arts. 3.j), 158, 200 del CPT, y 397 del CPC; es decir, valorando la prueba presentada en el marco de la sana lógica y con arreglo a las reglas de la sana crítica, formando de tal manera un libre convencimiento de la verdad de los hechos; no observándose probable error de hecho o de derecho en que el Tribunal de segunda instancia, hubiere podido incurrir al valorar la prueba para emitir su fallo confirmatorio de la resolución de primera instancia, conforme la  previsión contenida en el art. 253.3) del CPC.

Que, el argumento expuesto respecto a que el negocio se encontraba cerrado los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, lo que probaría que no hubo actividad y por lo tanto no habría existido trabajo, no constituye más de una afirmación de hecho que no tiene sustento probatorio alguno, pues la prueba de fs. 2 a la que refiere, sólo se traduce en copia de la citación administrativa efectuada por instancias del Ministerio de Trabajo a la parte empleadora, respecto a la decisión de hecho asumida por su parte.

Que, al no ser ciertas las afirmaciones hechas por el recurrente respecto a la fecha de inicio de la relación laboral, lo que incide en cuanto al tiempo de prestación de servicios de los actores, hace correcta la aplicación de los sustantivos laborales a favor de los trabajadores demandantes, conforme establecieron en la liquidación correspondiente los jueces de fondo, no existiendo vulneración al art. 2 del DS Nº 110.

iii) Causa de desvinculación laboral: En cuanto a este reclamo, partimos señalando que, el art. 48.I y II de la CPE, establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”. Asimismo el parágrafo III del mismo art., señala: “los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras no pueden renunciarse y son nulas las convenciones que tienda a burlar sus efectos”.

Por su parte, el art. 12 de la LGT, dispone: “el contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1) Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30, después de un año; 2) Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después de tres meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos”.

Por otro lado, conforme al art. 1 del DS Nº 110 de 1 de  mayo de 2009, el objeto del mismo es el de: “garantizar el pago de la indemnización a favor de los trabajadores y trabajadores luego de haber cumplido los servicios laborales más allá de los 90 días de trabajo continuo”, conforme dispone también el art. 2 párrafo II del mencionado Decreto Supremo, que dispone: “La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo”.

Finalmente, el art. 1. I de la R.M. Nº 447 de 08 de julio de 2009, en relación al retiro voluntario, establece: “se considera retiro voluntario, a la manifestación escrita o verbal de la trabajadora de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma”.

Por la normativa señalada precedentemente y en relación a las declaraciones testificales de descargo que cursan a fs. 94 y vta., 99 y vta., se advierte que estas no son contestes ni uniformes en tiempos, hechos y lugares, en relación a la forma de conclusión de la relación laboral entre los trabajadores y la parte empleadora, conforme determina el art. 169 del CPT; puesto que la declaración cursante a fs. 94 y vta., sólo manifestó referencialmente, en sentido que habría escuchado a los esposos Morante-Tito, la intencionalidad de que éstos iban a renunciar a su fuente de trabajo, por lo que no se pudo acreditar ni evidenciar de manera fehaciente y suficiente, que el retiro de los esposos se habría producido de forma voluntaria, cuando dichas atestaciones no son idóneas y simplemente reflejan una intencionalidad no materializada, a través de hechos objetivos en la realidad, como debería de traducirse en una manifestación expresa de renuncia verbal o escrita ante los empleadores o ante el Ministerio del Trabajo, aspecto que no sucedió en el caso de Autos.

De la misma forma, la declaración cursante a fs. 99, refleja sólo una simple referencia y comentario por parte de la testigo, en sentido de que Vilma Eugenio Quispe y Laura Choque Rojas, se iban a retirase de forma voluntaria, lo que reafirma  con plenitud de causa que no existió renuncia voluntaria; sino por el contrario, frente a esas discrepancias de unidad declarativa, y dado la presunción contenida en el art. 182.c) del CPT, no se llegó a desvirtuar la presunción de que la relación laboral concluye por despido, normativa que en todo caso se aplicó correctamente por los de instancia, por cuanto no existió en el caso de Autos prueba en contrario, pese a la carga de la prueba a que estaba reatada la parte demandada, conforme lo previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, y 48.II de la CPE.

En consecuencia, se estableció correctamente que la causa de la desvinculación laboral de los demandantes se produjo por despido intempestivo, y para arribar a dicha conclusión, conforme lo señalado por el Tribunal de Alzada, el juzgador de primer grado tuvo que realizar la valoración integral de todas las pruebas que cursan en obrados, conforme el art. 202.a) del CPT; concluyendo así, que los demandantes no renunciaron voluntariamente a su fuente laboral, sino que fue un despido sin causa justificada; por lo tanto, se observa que la valoración probatoria realizada por los juzgadores de grado, en este punto del recurso, también estuvo enmarcada en los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT; bajo ese entendimiento, jurídico laboral, la aplicación de los arts. 12 y 13 de la LGT, en relación al pago de los beneficios sociales de la indemnización y desahucio, en el caso de Autos; por lo que, el Tribunal de Alzada a tiempo de confirmar la Sentencia de primera grado, no violó el art. 182 del CPT y el DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, como erróneamente cuestionaron los recurrentes.

iv) Sueldo promedio indemnizable: Se tiene respecto a este reclamo, como una mera afirmación de hecho, puesto que las literales a las que refiere la parte recurrente, no demuestran que los demandantes percibían la suma de Bs.1.000,00.- sino los declarantes como ex trabajadores, de modo que no podría fundarse un fallo casacional basado en meras afirmaciones que no tienen el respaldo probatorio correspondiente.

Debe considerarse que el art. 19 de la LGT, dispone: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”.

Por su parte, el art. 11 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, en relación al promedio indemnizable para los beneficios sociales, establece: “El sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de dinero que perciba el trabajador incluyendo las comisiones y particiones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajado nocturno y trabajos en días feriados, siempre que unos y otros revistan carácter de regularidad dada la naturaleza del trabajo que se trate”.

Revisada la prueba existente en el proceso tanto de cargo y de descargo, referida a las horas extraordinarias trabajadas por los actores, remuneración que debe comprender en relación al conjunto de dinero que percibían los trabajadores incluyendo las comisiones y particiones, así como los pagos por horas extraordinarias, a efectos de establecer con precisión el sueldo o salario indemnizable de los actores, conforme a la normativa señalada precedentemente; así se puede advertir que, las declaraciones testificales de descargo que cursan a fs. 94, 99 y vta., de fs. 57 a 58 vta., los actores trabajaban hasta horas 10:00, 10:30 y 11:00 de la noche; asimismo, de las declaraciones confesorias de los demandados de fs. 61 a 62 vta., se puede evidenciar, que los actores trabajaban en algunos días hasta horas 21:30; como se podrá advertir de antecedentes, los de instancia, valoraron integralmente la prueba testifical de descargo como las confesorias judiciales en el caso de autos; por cuanto considera como salario básico el monto de Bs.1.000.- a lo que se sumó las horas extraordinarias calculadas, pues no es posible sostener que el sueldo básico era de Bs.800,00 y que Bs.200.- correspondía a horas extras, cuando por disposición del art. 14 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, no se encuentra permitido el pago de horas fijas de sobretiempo.

Por lo anotado, no resulta evidente lo acusado por los recurrentes en sentido de que el Tribunal de Alzada, no habría tomado en cuenta ni valorado la prueba testifical de descargo, como la confesoria de los demandantes presentada durante el proceso; en ese sentido, los Tribunales de instancia, concluyeron y determinaron correctamente que los trabajadores trabajaron conforme los datos del proceso, una hora extra diaria de lunes a domingo, que efectuado el cálculo matemático ponderado sobre los 30 días mensuales y tomando en cuenta los cuatro domingos trabajados en el mes, se tiene el monto de Bs.-177,92.- que fue correctamente adicionado al monto de Bs.-1000.- que era el sueldo mensual de los trabajadores, y en consecuencia debe formar parte inherente del salario promedio indemnizable de conformidad al art. 11 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, en función al art. 19 de la LGT, toda vez de que las pruebas testificales como confesorias de descargo, tienen todo el valor legal que disponen los arts. 159, 166 y 167 del CPT; pero además, siendo que la parte empleadora, jamás demostró lo contrario con prueba contraria suficiente, como la presentación de planillas de sueldos, boletas de pago y otros elemento de prueba que hagan suponer que los trabajadores percibían sólo el sueldo de Bs.-1.000.-, obligación patronal que no se cumplió en el caso de autos, con el principio de inversión de la prueba, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, concordante con el art. 48.II de la CPE; por ello, el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia, lo hizo con criterio acertado y correcto, aplicando la libre apreciación de la prueba, prevista en los arts. 3. j), 158 del CPT, y 397 del CPC.

v) Sueldos devengados: Se afirma que se canceló los mismos a los demandantes, y que sólo se tienen saldos pendientes a favor de cada uno en los siguientes montos: A Vilma Eugenio Quispe Bs.800,00.-; a Laura Choque Rojas Bs.200,00.-; a Erika Morante Guarachi Bs.450,00.-, y; a Rodolfo Tito Apaza Bs. 450,00.-; no obstante lo anotado, el reclamo no cumple con el mandato de los arts. 253 y 254 del CPC, debido a que sólo consiste en una mera afirmación de hechos sin el debido respaldo probatorio al efecto, de modo que no es posible realizar mayor análisis al respecto.

vi) Prima: En cuanto a este reclamo, los recurrentes no han efectuado una lectura integral y minuciosa de las resoluciones de instancia, por cuanto según la Sentencia de fs. 118 a 123 de obrados, la misma que fue confirmada por el Auto de Vista recurrido, dicha resolución de primer grado, no condenó a ningún pago de prima a favor de los trabajadores, por lo que, mal pudieron cuestionar ese derecho social, cuando dicho derecho no fue condenado por el Juez de primera instancia; en consecuencia, este Tribunal de casación, no puede ni debe pronunciarse al respecto, mucho más si no ha sido un tema de controversia entre los sujetos procesales durante el proceso.

vii) Confesión de la parte demandada: Por disposición del art. 166 del CPT, que señala: “En los juicios sociales sólo se admitirán la confesión judicial provocada o juramento de posiciones, que deberá ser solicitado y absuelto dentro del término probatorio”. “Si el emplazado no comparece ante el Juez, éste en rebeldía, dará por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio”; art. 405 del CPC, en relación a la confesión personal o por mandato dispone: “la confesión será personal; pero también podrá hacerse por mandatario con poder notarial especial y explícito, a menos que se refiriere a hechos diferentes o fuere contraria a las leyes”; y el art. 114 del CPT, en relación al poder para litigar, cuando dispone: “Los poderes para incoar, proseguir y terminar los juicios, otorgan al apoderado las facultades para entablar y seguir el proceso hasta su conclusión, como si fuere el poderdante, pudiendo reconvenir y ejercer todos los derechos otorgados a éste, en su calidad de litigante”; se concluye que es plenamente válida y legalmente admisible la declaración confesoria hecha por el representante legal de la parte demandante, y si bien considera que algunos de los hechos debieron ser respondidos personalmente por los actores ex trabajadores, tal aspecto debió haber sido reclamado oportunamente, lo que no sucedió.

Así, se evidencia que de fs. 50 a 51 vta., cursa el testimonio de poder Nº 154/2011 de 18 de agosto de 2011, documento mediante el cual los actores o trabajadores Vilma Eugenio Quispe, Laura Choque Rojas, Erika Morante Guarachi y Rodolfo Tito Apaza, otorgaron poder especial, amplio, suficiente y bastante a favor de José Luis Montecinos Vargas, para que a sus nombres y representación de sus personas, acciones y derechos, se apersonen con voz y voto ante el Juzgado Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, donde se tramita una demanda por pago de beneficios sociales contra Henry Vladimir Butrón Jaldín y Pooled Naama Iriarte Sandoval, más poder entre otras facultades, “le confirieron facultad de prestar, solicitar o provocar juramentos confesiones de cualquier naturaleza, sea provocada o judicial en representación de los poder conferentes, dentro del presente proceso social…”. Como se podrá advertir del testimonio de poder precedentemente señalado, los actores, le confirieron poder especial, amplio, bastante y suficiente para que a sus nombres le representen en la demanda incoada en contra de Henry Vladimir Butrón Jaldín y Pooled Naama Iriarte Sandoval; bajo ese entendimiento el poder señalado precedentemente, el apoderado a fs. 109 y vta., 111 y vta., 113 y vta. y 116 a 117, asistió a la audiencia de confesión provocada llamada a sus poder conferentes, absolviendo los interrogatorios propuestos de contrario que cursan a fs. 108, 110, 112 y 115 de obrados, situación que se encuentra legalmente permitida.

Se advierte que, los demandantes a través de su apoderado José Luis Montecinos Vargas, cumplieron con la facultad conferida por los actores en base a la normativa antes mencionada; además de llamar a confesión provocada a los demandados; sin embargo de lo señalado, es preciso puntualizar que, una vez fijada la audiencia de confesión provocada absuelta por el apoderado, a la misma no se presentaron los demandados, conforme se advierte por las actas de audiencia celebradas, conforme prevé los arts. 405 del CPC, y 114 del CPT.

Por lo relacionado precedentemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas por los recurrentes, corresponde resolver el recurso de casación interpuesto, conforme prevén los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables al caso de Autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 164 a 168 vta., interpuesto por Henry Vladimir Butrón Jaldín y Pooled Naama Iriarte Sandoval, propietarios de la Broasteria “Gustoso”. Con costas.

Se regula el honorario del Profesional abogado en Bs. 500.- que mandará a pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.