TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 840

Sucre, 03 de noviembre de 2015


Expediente                        : 199/2015-S

Demandante                : Henry Ortiz Carvajal  

Demandada        : Asociación de Ganaderos del Gran Chaco

Distrito                        : Tarija

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 133 a 135, interpuesto por Beatriz Ruiz de Palacios en representación legal de la Asociación de Ganaderos del Gran Chaco (ASOGACHACO), contra el Auto de Vista Nº 75/2015 de 15 de mayo, de fs. 122 a 129 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Henry Ortiz Carvajal en contra de la Asociación recurrente; el Auto N° 17/2015 de 15 de junio, cursante a fs. 137 y vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso por cobro de derechos laborales y beneficios sociales, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yacuiba-Primera Sección de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, emitió la Sentencia de 12 de noviembre de 2011 (fs. 84 a 87), declarando probada en parte la demanda laboral de fs. 4 a 5 de obrados, la aclaración cursante a fs. 8 y vta., con costas a su favor; disponiendo que ASOGACHACO, a través de su representante legal, cancele a favor del actor dentro del tercer día de la ejecutoría de la sentencia, bajo conminatoria de disponerse su apremio en caso de incumplimiento, por concepto de salarios devengados, subsidio de frontera y aguinaldo, la suma de Bs.74.177,00.- (setenta y cuatro mil ciento setenta y siete 00/100 bolivianos). Sin perjuicio de aplicarse el reajuste o actualización previstos en el Decreto Supremo (DS) N° 28699 del 1 de mayo de 2006.  

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento de la precitada resolución, Beatriz Ruiz de Palacios, en representación legal de ASOGACHACO opuso recurso de apelación contra la misma (fs. 90 a 92), como también Henry Ortiz Carvajal por medio del memorial de fs. 96 a 97 vta., que mediante Auto de Vista No 75/2015 de 15 de mayo, de fs. 122 a 129 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, revocó parcialmente la Sentencia de fs. 84 a 87 de obrados, sin costas, disponiendo que la entidad demandada cancele a favor del actor la suma de Bs.150.292,18.- (ciento cincuenta mil doscientos noventa y dos 18/100 bolivianos), por los conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo (doble), vacación, sueldos devengados, subsidio de frontera, bono de antigüedad, más la multa del 30% a determinarse en ejecución de Sentencia, en aplicación del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006 y correspondiente actualización determinado en la Sentencia apelada.

I.2 Motivos del recurso de casación

El mencionado auto de vista originó que la parte demandada formule el recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 133 a 135), que en lo esencial de su contenido señaló:

I.2.1 En la forma

i) Que el Auto de Vista no consideró el errado fundamento de la Sentencia sobre la prescripción, como tampoco analizó ni fundamentó la excepción de prescripción del subsidio de frontera y salarios devengados desde la fecha de inicio de sus actividades del demandante al 7 de febrero de 2009, en mérito de la imprescriptibilidad de estos derechos, y solo se limitó a indicar que precluyó su derecho de plantear la excepción de prescripción, vulnerando el art. 1497 del Código Civil (CPC), y conforme el art. 191 del CPC la Juez de la causa debió anular obrados hasta fs. 20 subsanando lo actuado con referencia a la excepción de prescripción.

ii) Que tampoco consideró, analizó ni resolvió el Auto de Vista recurrido el agravio de apelación sobre el pago documentado de fs. 107 a 113 de obrados, violando el art. 236 del CPC, errores involuntarios que al ser normas procesales de carácter público y cumplimiento obligatorio, para evitar causar indefensión a la institución demandada, el Tribunal de casación debe disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la providencia a fs. 20 de obrados.

I.2.2 En el fondo

i) Que el Auto de Vista omitió insertar que se observó el rechazo de la excepción de prescripción a través del memorial de complementación de agravios y fundamentos del recurso de apelación de fs. 116 a 117, en su otrosí 1.-, como también del pago de los salarios  que se cancelaban en los periodos que trabajo el actor.

ii) Señaló también que el Auto de Vista violó el derecho a la defensa a la Institución demandada porque realizó una errada interpretación y valoración de la prueba de fs. 2 a 3 porque se evidencia que el actor fue contratado a plazo fijo, lo que significó que hubo interrupción en el trabajo prestado por el demandante conforme con las declaraciones de los testigos de descargo, y al considerar no creíbles esas declaraciones violaron el valor legal que tienen los contratos mencionados de acuerdo al art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT), y que son de cumplimiento obligatorio tales documentos y declaraciones que hacen plena fe según el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), al estar establecido por escrito y ratificados por las declaraciones que se hacen referencia.

ii) Por último señaló que, la certificación expedida por el Dr. Antonio Valda S., ex presidente de ASOGACHACO en la que establece una relación laboral de 13 años, 5 meses y 8 días, no desvirtúa el contenido de los contratos de fs. 2 y 3, y de acuerdo al principio de la primacía de la realidad del art. 4.d) del DS N° 28699, el tiempo real de acuerdo a dichos contratos fue de 80 días, y 85 días a plazo fijo, respectivamente, y no el establecido por el Tribunal de Alzada en base a dicha certificación, correspondiendo desestimarse la continuidad de trabajo hasta el último contrato, por lo que impugna esa errada interpretación y valoración de la prueba.

       I.2.3 Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia “se sirva dictar Auto Supremo, declarando probada la excepción de prescripción planteada y en base a los recibos oficiales de pago cursantes de fs. 107 a 113, se dé por cancelados los salarios devengados y la totalidad de derechos y beneficios sociales demandados, desestimando los fundamentos del Auto de Vista referentes al tiempo y continuidad de los servicios reconocidos sobre indemnización, desahucio, aguinaldos, vacaciones, subsidio de frontera y bono de antigüedad”  (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

       Que, así expuesto el recurso de casación, corresponde su análisis y consideración en base a los antecedentes del proceso, de donde se tiene lo siguiente:

II.1.1 En cuanto al recurso de casación en la forma

i) Falta de pronunciamiento sobre la prescripción: Se acusa por la parte recurrente, que el fallo impugnado se constituiría en una resolución infra petita, debido a que no se habría pronunciado sobre la prescripción que fue invocada en el memorial de fs. 116 a 117; no obstante, el replanteo de tal instituto nuevamente ante el Tribunal de Apelación, en oportunidad de su apersonamiento, sin considerar que dicha figura ya fue propuesta ante el juez de primera instancia que además fue resuelta en sentencia, constituye desde todo punto de vista un acto procesal impropio, por lo tanto inviable por los antecedentes que cursan en obrados, debido a que, al haber sido ya resuelta en sentencia la prescripción y no haber sido recurrida como un agravio en el memorial de apelación cursante de fs. 90 a 92 de obrados, no es viable nuevamente pretender su pronunciamiento por el Tribunal de Alzada, aún bajo la previsión del art. 1497 del Código Civil (CC), que a más de ser una norma extraña al sustantivo laboral, su aplicabilidad es posible sólo en la medida en que constituya el primer actuado procesal de la parte interesada, lo que ciertamente en el caso no ocurrió, por cuanto, y como quedó anotado, la parte demandada opuso prescripción de los derechos laborales y beneficios sociales de la parte actora, los que fueron resueltos de manera concreta en primera instancia, de cuya decisión no se recurrió en apelación, así se observa del memorial de apelación cursante de fs. 90 a 92 de obrados; por lo que no le era exigible al Tribunal de Alzada, un pronunciamiento concreto al respecto, por cuanto no se constituía en un agravio apelado, precisamente en aplicación del principio de la congruencia reglado en el art. 236 del CPC.

Es más, el memorial de fs. 116 a 117, fue presentado después de haber sido concedido ambos recursos de apelación de las partes y luego del decreto de autos para resolución, de modo que se ratifica la conclusión de que el Tribunal de Alzada no vulneró el principio de congruencia previsto en el art. 236 del CPC, pues su decisión estuvo enmarcada a los puntos llevados como agravios por la parte demandada y recurrente de apelación; es ese sentido, recordamos lo dispuesto en el parágrafo III del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece: “La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; oportunidad que no ha sido cumplida por la parte recurrente, de modo que se hace inviable la nulidad de obrados impetrada por éste primer motivo.

Recordemos que el proceso se encuentra formado por fases o etapas, de modo que superada una fase, da lugar a la apertura o inicio de otra, sin que pueda retrotraerse el proceso, salvo indefensión causada a las partes y reclamadas oportunamente; lo contrario significaría la posibilidad de dejar pasar las mismas, para al final del proceso, cuando una de las partes estime conveniente, provocar la nulidad, convirtiendo todo lo actuado en un esfuerzo inútil, causando grave perjuicio no sólo a la otra parte, sino a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la sociedad y al Estado en su conjunto, por consiguiente la parte demandada tuvo la oportunidad de reclamar como un agravio la prescripción, y que al no haber procedido de tal manera, hace inviable su exigencia de pronunciamiento por el Tribunal de Alzada.

Es indiscutible que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar la nulidad procesal, puesto que de la revisión de los actos procesales desarrollados, se verifica que no fue reclamada oportunamente, precluyendo su derecho por no reclamarlo en el recurso de apelación, conforme la previsión de los arts. 3.e) y 57 del CPT, no siendo evidente el reclamo de la parte recurrente sobre la prescripción.

ii) Falta de pronunciamiento sobre la prueba acompañada en segunda instancia: Se acusa que la resolución impugnada es infra petita, porque no se pronunció sobre el agravio de pago documentado de fs. 107 a 113 de obrados; cabe señalar que, de una revisión de los datos del proceso, la asociación demandada al momento de presentar su recurso de apelación de fs. 90 a 92, no adjuntó las literales reclamadas, como tampoco solicitó la apertura de un término de prueba dentro de los cinco días posteriores a la notificación con el decreto de radicatoria a fs. 103 vta., en cumplimiento del art. 232.I del CPC, y recién mediante el memorial de fs. 116 a 117 adjuntó la prueba literal de fs. 107 a 113 de obrados, referida a un supuesto pago documentado, sin embargo de ello, el Tribunal de Alzada no podía considerar prueba que no fue legalmente adjuntada al proceso, dentro del término probatorio, o a través de solicitud de apertura de término probatorio en segunda instancia, conforme la disposición civil señalada, por lo que en la especie tales pruebas no se encuentran presentadas conforme a las formalidades previstas por el art. 232 del CPC; por lo que el Tribunal de Alzada no tenía la obligación de considerar la misma a efectos de su decisorio; no obstante, es claro también que bajo la previsión del art. 133 relacionado con el art. 127.b), ambas del CPT, la parte demandada puede presentar prueba en ejecución de fallos a efectos de demostrar el pago documentado de los conceptos condenados en los fallos de fondo.

Por lo anotado precedentemente, se concluye que el Auto de Vista recurrido se pronunció conforme el art. 236 del CPC, resolviendo los puntos que evidentemente fueron motivo de apelación por parte de la Asociación demandada por lo que no resulta viable la nulidad de obrados impetrada, debiendo mantener subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento al procedimiento se refiere.

II.1.2 En cuanto al recurso de casación en el fondo

i) Sobre la omisión de pronunciamiento del Auto de Vista recurrido respecto a la excepción de prescripción presentada a fs. 116 a 117 y la prueba documental sobre pago de los salarios reclamados; nos remitimos a los fundamentos expuestos como en la forma, debido a que, al no haber sido recurridos en apelación de manera específica y no haber introducido dicha prueba al proceso conforme a las formalidades que la norma procesal previene, hace inviable pronunciarnos sobre el fondo de tales cuestionamientos, por lo que no ameritan mayor análisis al respecto, en correcta aplicación del art. 253 del CPC, al no existir objeto sobre el cual este Tribunal pueda realizar el respectivo control jurisdiccional, dado que es inexistente un pronunciamiento del Tribunal de Apelación respecto a tales puntos, por cuanto no tenía la obligación de hacerlo, como se explicó precedentemente.

ii) En cuanto la errónea interpretación y valoración de la prueba de fs. 2 a 3 referidas al tiempo de servicio del actor en la Asociación, las declaraciones de los testigos de descargo y la certificación expedida por el ex presidente de la Asociación demandada; cabe señalar que, el Auto de Vista ahora recurrido, valoró las documentales de fs. 2 a 3, certificación emitida por expedida por el ex presidente de la ASOGACHACO, y las testificales de descargo de manera conjunta, contrastada entre sí y con la demás pruebas existentes en el proceso, llegando a la conclusión que el actor, no solamente que trabajó en la época de las campañas de vacunación de fiebre aftosa, como equivocadamente determinó la Juez de primera instancia, sino también que el actor desempeñaba funciones como Técnico Superior Veterinario Zootecnista, con tareas de asistencia técnica a los socios de la Asociación, entre otras ocupaciones, por lo que resultó correcta la determinación del Tribunal de Alzada, al establecer que el demandante realizaba dichas tareas de manera continua, desde el 22 de agosto de 1995 al 30 de enero de 2009, conforme expresó en su demanda el trabajador, en consecuencia, este Tribunal no encuentra evidente que el fallo del Tribunal de apelación ahora recurrido, hubiere realizado una incorrecta valoración de la prueba aportada por las partes del proceso, al contrario, se advierte que la prueba de descargo reclamada en su recurso en el fondo, y extrañada por la parte recurrente fue valorada en el marco de los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, al apreciar la prueba en su conjunto y no así de manera individual como pretende la parte recurrente, al citar tales pruebas en su recurso de casación.

Bajo estos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 133 a 135, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano del Estado, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 133 a 135, interpuesto por Beatriz Ruiz de Palacios en representación legal de la ASOGACHACO, contra el Auto de Vista Nº 75/2015 de 15 de mayo, de fs. 122 a 129 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas.

No se regula honorario profesional de Abogado por no haber respondido la parte demandante al recurso de casación interpuesto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.