TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM.,  SOCIAL Y ADM.  PRIMERA Auto Supremo Nº 834

Sucre, 27 de octubre de 2015



Expediente Demandante Demandado Distrito

Magistrado Relator

231/2015-S

Meredith Mercedes Ramírez Gálvez

Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija

Pando

Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca



VISTOS: El  recurso de casación en el  fondo de fs.  99 101, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori en calidad de Directora General Ejecutiva de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZOFRACOBIJA),contra el Auto de Vista

73/15 de 22 de mayo de 2015 qu cursa fs. 96 y vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando,   dentro  del  proceso que  por  pago de  derechos laborales  sigue  Meredith Mercedes Ramírez Gálvez contra la entidad recurrente; el Auto de 22 de junio 2015 (fs. 104) que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes  del proceso

I.1.1   Sentencia

Presentada la demanda   de fs.  58 59 vta., tramitada   ésta, el Juez  Segundo del Trabajo,  Seguridad Social,  Niño,  Niña y Adolescente de Cobija-Pando,  pronunció Sentencia 40/2015 de 25 de marzo, corriente de fs. 80 a 82 vta., declarando probada en parte la demanda de fs.  58 a   59 vta.  sin costas, disponiendo  que  la  parte demandada  cancele  a   la  actora  la  suma   de   Bs.23.826. por  los  conceptos demandados. Todo conforme al detalle que se tiene asentado en la misma Sentencia.

I.1.2  Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la  parte demandada como se destaca en el memorial de fs. 85 86, puesta conocimiento de la Sala Civil, Familiar, Social, Niño Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que emitió el  Auto de Vista descrito al exordio por el que revocó parcialmente  la Sentencia argumentando  no  ser  procedente  el   pago  de  vacación,   determinand que    la institución demandada cancele a favor de la actora la suma de Bs.22.630.-, sin costas

I.2  Motivos del  recurso de casación

Contra aquel Auto de Vista, la parte demandada  por medio de escrito corriente de fs.  99 101 opone recurso de casación  en el fondo, en el  que previa reseña de antecedentes e invocando el art. 253 del digo de Procedimient Civil (CPC)  plantea como motivos de su recurso:

a)  Manifiesta que siendo la condición  de ex funcionari de la  demandante en

ZOFRACOBIJA, de funcionaria pública,  prestando funciones de manera eventua a través de la firma de contratos en aplicación  de la Ley del Estatuto  del Funcionario Público   (L-EFP);  teniendo   presente  la    naturaleza   institucional   de   la    entidad

,    .



..    ,,,,,







Demandada estatuida por el Decreto Supremo (DS) 25893 y sus modificaciones, lo controvertido se halla sometido a   las disposiciones de la  L-EFP,   y de  ninguna manera al régimen de normas laborales.

b) Con relación al subsidio de frontera, manifiesta la  parte recurrente que en

Autos la  aplicación del DS 21137 de 30 de noviembre es inviable, por el carácter de personal eventual y adscrita la Partida Presupuestaria 12100,  no es pasible pago adicional lo dispuesto por ese documento, tal como lo señalarían los DDSS 27327 y

27375.

Sobre lo anterior  añade que toda  contratación  bajo  la   partida   12100 impide  la generación de pagos por aguinaldo otra clase de beneficio adicional, cualesquiera fuese su denominativo, circunstancia sobre la que ya opinó el Ministerio  de Economía y Finanzas Públicas través del cite MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N1º            1946/12 de 31 de diciembre de 2012, como su turno el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante OF.EXT.JDTP-MTEPS/rgpz                N º001972013 de 11  de junio  de 2013; siendo disposiciones emanadas del  Órgano ejecutivo  que  no fueron  tomadas en cuenta por los de instancia. Agrega que tampoco se consideraron los Dictámenes Generales 06/2014 de 9 de diciembre, y, 01/2015 de 30 de enero, emitidos por la Procuraduría General del Estado.

1.2.1 Petitorio

La  entidad demandada pide que previa concesión de su recurso este Tribunal case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la demanda en todas sus partes, con costas.

CONSIDERANDO    11:

11.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

En  casación la  entidad  recurrente por medio de su representante plantea dos motivos  de  análisis,  el  primero  vinculado  a   la   correspondencia de  la   relación contractual entre las partes al régimen de la  Ley  2027, mas no normas del Derecho Laboral; sumado la  inviabilidad del pago de subsidio de frontera la  actora por efecto de la disposición del DS 27375.

11.1.1   Sobre   la  competencia   del  Juez  del  Trabajo   para  conocer

Demanda de sueldos devengados de funcionarios públicos

Respecto a la competencia de los jueces del trabajo para conocer y resolver demandas que sobre derechos adquiridos interponen funcionarios públicos, esta Sala, a través de varios Autos Supremos asumió el siguiente entendimiento:

"...   el Estado Boliviano se sustenta en principios, valores y fines, conforme se

Tiene establecido en los arts.  7, 8 y 9 de la CPE,   siendo una función esencial del mismo/ entre otros/ constituir una sociedad justa  y armoniosa, sin discriminación ni explotación  con plena justicia  social, garantizando el  bienestar,  el  desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas/ garantizando también  el cumplimiento  de  los  principios,   valores derechos,  consagrados en  la  norma fundamental, también entre otros, de modo que, se cumpla aquel postulado fundamental  que  se  encuentra  transversalizado a  lo  largo  de  todo  el  texto constitucional, como es el vivir bien.

Así ¿ el poder público del Estado se encuentra organizado y estructurado para



su ejercicio en los cuatro órganos, como el legislativo, ejecutivo, Judicial y electoral, como se tiene escrito en el art.  12.I de la CPE; que, en aquello que nos interesa, recogemos lo señalado por la misma norma fundamental en su art.  179.I, cuando señala que la función Judicial es única, cuya Jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo  de  Justicia,  los  Tribunales Departamentales  de Justicia,  los Tribunales de Sentencia y los jueces, y su ejercicio se funda en principios procesales como el de accesibilidad, inmediatez, verdad material, igualdad de las partes ante el Juez, entre otros, garantizando además el principio de impugnación en los procesos Judiciales, sin reconocer fueros, privilegios o tribunales de excepción, así se tiene establecido en el art. 180 de la norma suprema.

Es el  Título I de la  CPE,   el  que establece los derechos fundamentales y

garantías de las que goza y debe gozar toda persona en el Estado boliviano, derechos que, de inicio,  la  norma  fundamental  los cataloga como universales, inviolables, interdependientes,  indivisibles y progresivos, otorgando así un mandato al Estado, sobre  el  deber  de  promoverlos,  protegerlos  respetarlos, garantizando  toda persona, el libre y eficaz ejercicio de los mismos, todo conforme lo anotado en los arts.  13 y 14 de la misma Constitución. Con mayor precisión, se atribuye al Capítulo quinto del Título II del texto constitucional, la regulación de los derechos sociales y económicos de las personas, entre ellos, el derecho al trabajo y al empleo, conforme se tiene regulado en  la  Sección III  del referido  capítulo, en  cuyo contenido se exponen una serie de mandatos y consideraciones referidas a los trabajadores, los derechos de los mismos, la obligación del Estado de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, principios de interpretación y aplicación de las normas sociales, el  refuerzo  de  los  derechos  y  beneficios  sociales  bajo  las  características de inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.

Conforme lo expuesto, es evidente que el Estado juega  un rol preponderante para promover y proteger los derechos de los trabajadores, de modo que éstos no sean simples enunciados, sino por  el  contrario,  adquieran  tengan  vivencia y ap!icancia plena en el seno social; ahora bien, es cierto que no todos los que trabajan o prestan un servicio por cuenta ajena, lo hacen bajo el manto de la Ley General del Trabajo {LGT) y sus disposiciones complementarias o conexas; pues, es claro que también existen otro tipo de trabajadores, como los servidores públicos, que de igual manera prestan servicios para el Estado, los que innegablemente también cuentan con derechos laborales que deben ser protegidos si aquello corresponde, en el marco de la norma respectiva que los cobija, sea bajo un procedimiento administrativo que puede ser instado por  el servidor público, conforme a la RM Nº  014/10  de 18 de enero de 201O,  así  como puede hacerlo también ante la Judicatura laboral ordinaria

de manera directa, pues nada impide que aquello pueda ser así, por cuanto es claro

que el art. 73 de la Ley 025 de 24 de junio de 201O Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga a los jueces en materia de trabajo y seguridad social, la competencia para 4. Conocer y decidir acciones individuales o colectivas, tanto por  derechos como por beneficios sociales, y en general, conflictos que se susciten como emergencia de la

      Aplicación de las leyes sociales, entre otros; similar contenido se tenía ya establecido

   en el art. 152.2 de la Ley de Organización Judicial 1455 de 18 de febrero de 1993.




Recalcamos,  los derechos  laborales  también  son aplicables  a los servidores  públicos en el marco de la norma  específica  que les atañe,  de modo  que,  no necesariamente ha de entenderse  como  el derecho  social,  aquello  que se encuentra  regulado  en la LGT o sus disposiciones  complementarias  o conexas, sino también  aquellas que correspondan  al  ámbito  del servicio  público,   en  cuanto  a los  derechos  laborales  se

Refiere.

En coherencia  con lo referido  precedentemente,    el art.  del  Código Procesal del  Trabajo (CPT) indica  que el Adjetivo  Laboral  regulará  los modos  y las formas  de tramitación  y resolución  de todos los asuntos  relativos  a las cuestiones  laborales  cuyo conocimiento  corresponde  a la Judicatura  del  Trabajo y de Seguridad  Social,  la cual por  disposición  del  art.   6  del  mismo  cuerpo  legal  se  ejerce  por  los  Juzgados  de Trabajo  Seguridad  Social,  las  Salas Sociales  de  las  Cortes  Superiores  la  Corte Suprema de Justicia  en su Sala Social y Administrativa "

Como podrá advertirse el  tema de la  competencia de los Jueces del Trabajo

para conocer demandas interpuestas por servidores públicos respecto derechos consolidados se encuentra  dilucidado;  por  lo que corresponde reafirmar  que  los jueces del Trabajo tienen competencia para asumir y resolver las demandas planteadas por funcionarios púbicos que reclaman el  reconocimiento de derechos consolidados, no pudiendo los jueces sustraerse de la  obligación de tramitar dichas causas, bajo el argumento de tratarse de servidores públicos.

II.1.2   En cuanto al pago de subsidio de frontera

La    cancelación  de   un   porcentaje  del   salario  a    los  trabajadores   que desempeñen funciones en zonas cercanas la  línea fronteriza, llamado en un inicio bono de frontera, fue instituido través del DS  20030 de 10 de febrero de 1984, norma de la que resulta trascendente, fines de contextualizar la decisión de la Sala, las razones por  las que  su  promulgación fue  considerada; así su  primera  parte dispone que:

''Los principios  de  integridad  territorial  deben servir  de  reflexión para  dar

prioridad a los trabajadores de las fronteras en general y funcionarios públicos en particular"

Aquel Decreto Supremo dispone también que el pago del llamado bono de frontera en el  estimado del 50% del sueldo o salario mínimo mensual en vigencia, a los trabajadores de sector público que prestaban servicios en entidades estatales localizadas en  ciudades, centros  poblados áreas dispersas, comprendidas geográficamente entre la frontera y formando un ángulo recto de 9 grados, hasta un máximo de 50 kilómetros lineales dentro del territorio nacional, sin que tal suma sea consolidada al  salario base; brindando además una lista de localidades  que esa fecha poseían las características materiales enunciadas.

Más adelante, por medio del OS  21137 de 30 de noviembre de 1985, se sustituyó aquel bono con el subsidio de frontera,  norma última que en su art. 12

anot a:

''.Se  sustituyen  los bonos de frontera,  zona o región,   con  un  (Subsidio de frontera},  cuyo monto  será  el  veinte por  ciento  (20%)  del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector

Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas:

Se advierte entonces que, la condición básica para que proceda ese pago, es

que "el lugar de trabajo se encuentre dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales',  puesto que tiene por objeto precautelar la integridad territorial  de nuestro  Estado, alentando sentar soberanía plena en regiones tanto alejadas de  los centros  urbanos, como  a   la  par  cercanas a  la  línea fronteriza, incentivando a  todo trabajador  a  prestar servicios en las fronteras de nuestro país, bien sea en el ámbito  público o privado; es evidente también que el ánimo de la norma en este particular, no sólo se mantuvo incólume, sino, se procuró amplificar su aplicación, pues de disponerse en un principio aquel pago sólo al sector público, el mismo fue extendido también al sector privado.

En ese orden de ideas la norma antes señalada, establece que el trabajador,

para beneficiarse del subsidio de frontera debe desempeñar sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos. La normativa laboral tiende a  propugnar garantías frente  a  diferentes  excesos en  los  procesos de  contratación  obrero-patronales, tendientes  a  vulnerar  derechos de  los trabajadores,  así como  también  evitar  la adopción de formas de contrato dirigidos a  encubrir la verdadera relación laboral a objeto de evitar el cumplimiento de obligaciones laborales, tales como los contratos civiles o  los contratos  a   plazo fijo;  recalcando que  cuando  la  norma    establece "solamente" se refiere al trabajo realizado dentro de los 50 kilómetros de la frontera y no así respecto al contexto  donde preste servicios el trabajador;  más cuando, la citada norma debe ser interpretada  y  aplicada bajo el tamiz  del art.  48.11 de la Constitución Política del Estado (CPE), ordenando que  las normas laborales serán interpretadas y aplicadas bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de la primacía de la relación laboral;  de  continuidad  y  estabilidad laboral;  de  no discriminación y  de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador.

En Autos, descontado el hecho del vínculo que unió a  las partes, es claro que los de instancia realizaron una correcta ponderación de antecedentes y aplicación de la norma al caso concreto, pues la lectura realizada por el Tribunal de Alzada sobre el art.   12 del DS Nº  21137,   en sentido que  "... el derecho de recibir el subsidio de

frontera  es  para  todo   trabajador  sin importar  .su   rango  calidad  o  forma  de

Contratación'!  es tanto adecuado al contenido de la propia norma,  como conforme a los principios laborales inscritos en la CPE

  No es como, induce la parte recurrente, que la asimilación de un trabajo a una

realidad  contractual  dentro  del  servicio  público  exima  el  pago  del  subsidio  de frontera,  por cuanto,  como se adelantó, la configuración de dicho pago, por una parte, es irrestricto a  las actividades realizadas en zonas fronterizas, siempre en la intención de fortalecer la presencia del cd't'np1mente humano, no sólo a  través de la

Administración pública, sino en general de todo trabajo., asalariado que comparta esa condición;  y por otra,  constituye  un derecho consolidado  emergente  de una condición específica  (ubicación   geográfica   de  la   fuente   laboral)   sin  que   esa  norma   pilar, reconozca  tratos   discriminatorios   sobre  otras  condiciones  que  la   afecten,  y  menos que  su efecto  pueda  ser deslucido  por otras  disposiciones  de  índole  administrativo, que  poseen más un tinte  de diseño  presupuestario  que  reconocimiento   de derechos laborales emergentes  del contrato  de trabajo,  como lo son las normas  que la  entidad recurrente  señala como inobservadas.

Por  lo  señalado,   corresponde   en  consecuencia  a   este  Tribunal,    resolver.   el recurso  conforme   las  previsiones   contenidas   en  los  arts.   271.2)   y  273  del  CPC, aplicables por mandato  del art.  252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la  facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE  y 42.1.1 de  la   Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el  recurso de casación en el fondo de fs. 99 a  101, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori en calidad de Directora General Ejecutiva de ZOFRACOBIJA.

Se  aclara que no corresponde la  cancelación de costas en ninguna instancia, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, Notifíquese y devuélvase.