TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 833

Sucre, 27 de octubre de 2015


Expediente                        : 207/2015-S

Demandante                : Ronald Pariapaz Arias

Demandada                : COSSMIL

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por José Iván Fernando García Terceros en representación de  la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) de fs. 140 a 141, y por Ronald Pariapaz Arias de fs. 146 a 149 vta., ambos contra el Auto de Vista N° 213/2014-SSA-I de 17 de noviembre, cursante de fs. 132 a 133, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso que por pago de beneficios sociales sigue Ronald Pariapaz Arias contra COSSMIL; el Auto 118/15 SSA-I que concedió los recursos de fs. 153; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales y tramitado el proceso, el Juez de Partido Cuarto del Trabajo y Seguridad Social La Paz, pronunció la Sentencia Nº 064/2014 de 19 de marzo de fs. 97 a 101, declarando probada en parte la demanda de fs. 13 a 17, subsanada a fs. 20, disponiendo que COSSMIL a través de su representante cancele en favor del demandante por concepto de  indemnización, aguinaldo, incrementos salariales de 2010 y 2011,  bono de antigüedad y multa del 30 % la suma de Bs. 26.094.49.-.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por el demandado y el demandante de fs. 108 y vta., 110 a 111 y 112 a 115 vta., respectivamente, fueron resueltos por Auto de Vista N° 213/2014 de 17 de noviembre, cursante de fs. 132 a 133, por la cual la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en parte la Sentencia Nº 064/2014, disponiendo un monto a cancelar de Bs.5.410,74.-.

I.2  Motivos de los recursos de casación

De la revisión de ambos recursos de casación se establecen como motivos de los mismos lo siguiente:

I.2.1 Recurso de casación de COSSMIL

a) Refiere que, el Auto de Vista impugnado indebidamente desestimó considerar los argumentos de la apelación con el argumento que el memorial a fs. 108 y vta., no cumplió con las previsiones del art. 92 del Código de Procedimiento Civil (CPC) respecto a la firma del representante, sin tomar en cuenta que por memorial de fs. 110 a 111 se subsano dicha observación, asimismo  el primer memorial fue presentado dentro del término que previene el art. 205 del Código Procesal del Trabajo. Continua manifestando que se confunde al demandado con una persona particular siendo que es una entidad de carácter público y al no haberse permitido hacer uso del derecho a la apelación se ha vulnerado su derecho a la defensa habiéndose transgredido el art. 188.1 del CPC en lo que concierne a la fundamentación que deben tener las resoluciones judiciales.

b) En una segunda parte el recurrente denuncia errada aplicación del art. 48 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT) en lo que concierne al derecho al aguinaldo, pues es necesario haber trabajado por un años para ser beneficiario de este derecho y no como en el caso presente donde se le otorga aguinaldo al demandante por dos meses.

c) Finalmente acusa que, no corresponde aplicar multa del 30% porque el demandado renunció a su fuente laboral de manera voluntaria y no fue despedido consecuentemente hubo errada aplicación del art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2.1.1 Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo ANULE y/o CASE la Resolución Impugnada.

I.2.2 Recurso de Ronald Pariapaz Arias

i) En primera instancia refiere que con la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 9 de febrero de 2009 no opera la prescripción de beneficios sociales, instituto que fue mal aplicado por los tribunales de instancia, porque al estar vigente el vínculo laboral desde el 2007 al 2012 se aplica plenamente la imprescriptibilidad de los incrementos salariales a partir del 2007, habiendo transgredido los DS Nº 27049, 28239, 28646, 29109, y 29458, consecuentemente la resolución impugnada es contrario a lo dispuesto por el art. 48 de la CPE y del proteccionismo hacia el trabajador; acusa también falta de motivación en la resolución y no haberse pronunciado sobre todos los puntos apelados.

ii) El segundo motivo del recurso versa sobre la determinación del salario promedio indemnizable señalando que el a quo califico el mismo en forma errada sin tomar en cuenta los incrementos salariales que por Ley le corresponde en consecuencia refiere vulneración de los arts. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT),  11 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, art. 48 de la CPE y  arts. 1, 2 y 3 del DS 23570, porque se hubiera fallado en contra del principio proteccionismos del demandante.

iii) Refiere que, al no haberse aplicado adecuadamente los incrementos salariales se vio afectado también la calificación del bono de antigüedad, porque la entidad lo hizo en virtud del 4% por año debiendo ser lo correcto de la siguiente forma; 2006 el 0%, 2007 el 4%, 2008 el 8 %, 2009 el 12%, 2010 el 16%, 2011 el 20% y el 2012 el 24%, todos respecto al salario mínimo de COSSMIL, por lo que no se determinó conforme a los principios protectores al trabajador y al art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, debiendo en todo caso prevalecer el principio de primacía de la realidad, asimismo cita el Auto Supremo Nº 290/2014 de 25 de agosto. 

iv) Señala que, la desvinculación laboral debió ser considerada como intempestiva, porque si bien presentó su carta de renuncia, sin embargo ello obedeció a la falta de incrementos salariales desde su ingreso, falta de goce de vacación y no contar con seguro social a corto plazo, motivos que deben ser considerados como  hostigamiento, consecuentemente se infringió el art. 2 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, 34 del DS Nº 28699 y la Resolución Ministerial Nº 447/09 de 8 de julio de 2009.

v) Con referencia a la multa del 30% el recurrente denuncia que: “en una ilógica jurídica el Tribunal A quo, al momento de procesar la liquidación en una evidente lesión a mis derechos, reduce el primer pago recibido por mi persona, del total de los  beneficios sociales, como si el primer pago hubiese sido pagado dentro de término de 15 días, pues solo se la presente demanda se hubiera interpuesto por la multa del 30%, se evidencia que al habérseme pagado una suma de 16.501,01 solo el 30% de dicho monto debió ser de 6.199,04 y no así un monto irreal y queme causa agravio de Bs.  1.248,74 (sic)

vi) Denuncia, que el Tribunal de Alzada omitió referirse respecto a las vacaciones, lo que demuestra no haberse pronunciado conforme a los principios in dubio pro operario en su condición de norma más favorable al trabajador.

vii) Finalmente expresa que, durante la tramitación del proceso la entidad demandada en ningún momento contestó la demanda, es mas es declarado rebelde lo que constituye una aceptación tácita de los extremos vertidos en la acción principal, sin embargo en Sentencia se declara probada en parte la demanda, debiendo en todo caso haberse declarado probada en todas sus partes. Por ultimo hace referencia al recurso de apelación de COSSMIL, misma que no debió ser considerada por haber sido planteada sin la firma de su titular.

I.2.2.1 Petitorio

Por su parte solicita que se case el Auto de Vista cuestionado y deliberando en el fondo se emita nueva resolución declarando probada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre las nulidades procesales

Con carácter previo, es pertinente establecer que, por mandato del art. 15 de la Ley de Organización Judicial y art. 17 parágrafos I, II y III de la actual Ley del Órgano Judicial Ley 025, la nulidad de actos procesales sólo puede ser declarada, si la nulidad está expresamente determinada por ley, en ese entendido se tiene que éste Tribunal de Casación puede disponer la nulidad en dos casos:

a) De oficio. En aplicación del art. art. 15 de la Ley de Organización Judicial, contemplada actualmente también en el art. 17. I de la Ley del Órgano Judicial y 252 del Código de Procedimiento Civil, por el cual la nulidad de oficio del proceso procede cuando el Tribunal de casación advierte la existencia de  infracciones que interesan al orden público, cuando: i) Las partes no hubiesen convalidado o consentido un defecto u omisión de procedimiento, siempre y cuando dicho consentimiento o convalidación no vulneren derechos, garantías y principios constitucionales; y  ii) Los actos irregulares de procedimiento dentro de un proceso social, conlleven la inobservancia y transgresión de derechos, garantías y principios consagrados en la Constitución Política del Estado(CPE).

Se debe precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, por lo que el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad.

b) A solicitud de parte. En los casos en que la parte afectada, hubiese reclamado oportunamente ante los Tribunales inferiores y no hubiese consentido o convalidado el acto procesal supuestamente irregular.

En ese contexto, en el caso concreto, existe la solicitud de parte sobre la nulidad de obrados; por ello, este Tribunal está facultado para revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de advertir si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, imponiendo si el caso amerita, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso y los principios anulatorios, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

Partiendo de dichos principios y conceptos, debe precisarse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados; por el ello, debe realizarse un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente examinar si en el acto procesal concurre un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tenga la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Por su parte, el art. 252 del CPC, establece que “el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público”; por esa facultad, el Tribunal de casación está en la obligación incluso de oficio a revisar los actos procesales que se desarrollaron en el proceso judicial y que en los mismos no concurran actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa.

II.1.2 El Derecho a recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior

El artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho "de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior". Derecho que de acuerdo con la doctrina “…implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. Ello tiene su fundamento en el hecho de que toda resolución es fruto del acto humano, y que por lo tanto, puede contener errores o generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho”.

Para la vigencia de este derecho, no basta con el reconocimiento formal del recurso de impugnación, sino que se deben eliminar todos aquellos obstáculos que impidan ejercerlo, tales como la exigencia de demasiados requisitos formales o plazos muy breves para su interposición, etc. En consecuencia el ejercicio del derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, implica que toda persona tiene derecho a disponer, en un plazo razonable y por escrito, de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelación.

Dada la magnitud de este derecho corre a cargo de los Estados, en sus diferentes órganos, entre ellos, el de administración de justicia, evitar que el mismo sea desconocido por interpretaciones que en lugar de efectivizarlo tiendan a restringirlo o eliminarlo.

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este derecho se encuentra reconocido en el art. 180.II que establece: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”; derecho, que se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.

De otra parte, cabe señalar que en virtud del principio pro actione, la doctrina y la jurisprudencia constitucional han establecido que para efectivizar el derecho a impugnar o recurrir, el sistema recursivo debe estar sustentado en: a) el antiformalismo del que deben ser resguardados todos los medios de impugnación; y, b) la posibilidad efectiva, para subsanar los defectos formales que impiden el ejercicio de ese derecho. Entendimiento que ha sido asumido al estar en juego el derecho de acceso a la justicia.

Ahora bien, ello no implica desconocer las diferentes posibilidades de organización de los distintos órdenes jurisdiccionales y procesos, por tanto de igual manera instancias y recursos, de acuerdo con la naturaleza de las pretensiones cuya satisfacción se inste y de las normas que las fundamentan; cuando el legislador ha establecido un sistema de recursos, configurando así la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de un modo concreto y determinado, las partes dentro de un proceso están obligados a utilizar los recursos legalmente previstos en la forma y con los requisitos que la Ley prevé, tanto ordinarios como extraordinarios.

Bajo este entendimiento, el derecho de impugnación si bien está reconocido constitucionalmente, está desarrollado por las normas de desarrollo constitucional debiendo atenerse en cada caso a lo que establezcan las mismas, correspondiendo a los órganos judiciales la verificación y control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el acceso a los mismos, empero este control debe efectuarse en la forma que sea más favorable a la efectividad de los mismos. Por eso, la denegación o inadmisión de un recurso no vulnera el derecho a la impugnación si viene fundada en una causa legal que ha sido objeto de una interpretación razonable y no puede ser sustituida por otra que, siendo permitida por el texto legal y admisible en derecho, resulte más favorable a la efectividad del derecho a acceder al recurso denegado. En consecuencia también, no debe rechazarse o declararse inadmisible un recurso defectuoso interpuesto o formalizado sin dar previamente ocasión a la subsanación de los defectos advertidos, siempre que no tengan su origen en una actitud negligente o maliciosa del interesado y no dañe la regularidad del procedimiento ni los intereses de la parte contraria. 

II.1.3 Análisis del Caso

En el caso presente se evidencia que la entidad demandada es notificada con la Sentencia el 27 de marzo de 2014 (fs. 107), y presentó su apelación el 31 de marzo de 2014 (cargo de fs. 108 vta.), sin embargo dicho recurso fue observado mediante decreto de 1 de abril de 2014 de fs. 109 manifestando: “Previamente a considerarse el recurso de apelación interpuesto por José Luis Arreaño, manifiéstese con relación al apersonamiento de José Iván Fernando García Terceros en su calidad de Gerente General a.i. de la CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR ”COSSMIL”; decreto que no impone un plazo para el cumplimiento de la observación; asimismo el demandado mediante memorial de fs. 110 a 111 presentó memorial subsanando la observación el 2 de abril de 2014 es decir después de 1 día de haberse decretado la observación, asimismo este memorial es absuelto mediante providencia de 3 de abril de 2014 de fs. 111 vta., bajo el siguiente tenor: “Téngase presente lo expuesto y manifestado en el memorial que antecede, asimismo habiendo subsanado en el mismo lo impetrado en el memorial de fs. 108, de obrados, siendo este excusable se dispone que, del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada por memorial a fs. 108 y subsanado por el memorial que antecede TRASLADO”; es decir que se ha tramitado el recurso planteado, pues  como se ha manifestado supra, la apelación fue presentada dentro del plazo previsto por el art. 205 del CPT, y la subsanación fue efectuada un día después de la observación sin exponer hechos diferentes al primer memorial observado, por lo que al haber sido el recurso interpuesto dentro del plazo pertinente mereció ser considerado por el tribunal de alzada pues el memorial de fs. 110 a 111 corresponde únicamente a una subsanación; ahora bien el Tribunal de Alzada al respecto manifiesta de la siguiente forma: “por consiguiente si se toma en cuenta la fecha de la notificación y la fecha  del memorial de fs. 110 a 111 se tiene que el citado actuado se encuentra fuera del plazo comprendido en el art. 205 del CPT, en consecuencia en atención a esos antecedentes se tiene por no presentada a los efectos legales del caso, siendo así, solo considerar la impugnación de parte demandante”(sic); esta conclusión vertida por el a quo, no consideró que el demandado apelante presentó el recurso de fs. 108 dentro de los 5 días permitidos y que el memorial de fs. 110 a 111 corresponde únicamente a una subsanación que fue impuesta por el mismo órgano jurisdiccional, y fue cumplida un día después de la observación, asimismo hay que tomar en cuenta que, el reclamo principal fue planteado dentro del plazo pertinente y el no considerarlo en alzada vulnera flagrantemente el derecho a obtener una respuesta razonada y razonable al recurso de apelación; en consecuencia es también vulnerado el derecho al debido proceso y la defensa previsto por el art. 115.II de la CPE. Tal situación en consideración de la Sala es con certeza contraria al deber de motivación y fundamentación en las decisiones judiciales, pues este tópico adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a la jurisdicción ordinaria, cual se lee del art. 178.I de la CPE y el art. 11 de la LOJ; y del que, se vislumbra un doble plano, el primero visto desde del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley; y, el segundo desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial. Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. Aspectos que como se concluyen no fueron considerados ni fundamentados en la resolución de Vista.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver el recurso, aplicando las disposiciones contenidas en los arts. 271.3) y 275 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 131 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, emita nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, debiendo ingresar también al análisis del recurso de apelación de la entidad Demandada con la pertinencia del art. 236 del CPC y art. 202 del CPT.

No encontrando excusable el error cometido, se impone la multa de Bs.300,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido de casación.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.