TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo N° 827

Sucre, 27 de octubre de 2015


Expediente                        : 210/2015-S

Demandante                : Néstor Tapia Rueda

Demandado                : Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

Distrito                        : Tarija

Magistrado Relator        : Dr. Antonio Guido Campero Segovia


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 132 a 133 vta., interpuesto por Martha Elena Tapia Rueda, en representación legal de Néstor Tapia Rueda, contra el Auto de Vista N° 80/2015 de 22 de mayo (fs. 125 y 129 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social que por pago de beneficio social y otros derechos laborales, sigue Néstor Tapia Rueda, contra la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS); la respuesta de contrario al mencionado recurso, que cursa a fs. 136 y vta.; el Auto N° 20/2015 de 19 de junio cursante de fs. 137 y vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió Sentencia de 15 de noviembre de 2011 (fs. 105 a 108), por la que declaró improbada la demanda de fs. 9 a 10 y aclarada a fs. 13, y probada la excepción perentoria de prescripción de fs. 32 a 33, sin costas.

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por el demandante (fs. 111 a 112), a cuyo mérito se emitió el Auto de Vista N° 80/2015 de 22 de mayo (fs. 125 a 129 vta.), por el cual la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió confirmar totalmente la Sentencia de fs. 105 a 108, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178.

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra el mencionado Auto de Vista, la parte demandante formuló recurso de casación en el fondo cursante de fs. 132 a 133 vta., que en lo esencial de su contenido señaló:

Que, el Tribunal Ad quem interpretó erróneamente el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), al indicar que de acuerdo a los arts. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), los beneficios y derechos laborales reclamados en la demanda presentada el 25 de noviembre de 2010 prescribieron, omitiendo tomar en cuenta que dicha prescripción se vio interrumpida por la nueva CPE, y que desde la ruptura de la relación laboral en el mes de agosto de 2007, hasta la promulgación de la nueva CPE, solo transcurrieron 1 año, 5 meses y 7 días, por lo que no opera la prescripción.

Señaló también que, el Tribunal de Alzada indicó que no puede aplicarse el art. 48.IV de la CPE sin interpretar paralelamente el art. 123 de la misma Constitución, que dispone que la retroactividad será posible cuando la Ley así lo determine expresamente, aspecto que a criterio del recurrente es incorrecto, toda vez que en la demanda y en el recurso de apelación, no se pretendió que se considere la retroactividad del art. 48 de la CPE, sino que se hizo únicamente hincapié a que la promulgación de la CPE del 7 de febrero de 2009, interrumpió la prescripción de los derechos y beneficios sociales reclamados en la demanda de fs. 6 y 7, por lo que existe un error de interpretación en cuanto a la retroactividad de la aplicación del art. 48.IV de la CPE, debiendo tomar en cuenta el Auto Supremo N° 175 de 11 de junio de 2012. 

I.2.1. Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y que deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes; con costas en todas las instancias.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así expuesto el recurso de casación y en mérito a los antecedentes que se tienen en el proceso, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE vigente desde el 7 de febrero de 2009 “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, que goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, los derechos laborales y beneficios sociales que puedan corresponder a las trabajadoras o a los trabajadores no prescriben desde la vigencia de la nueva CPE; pues al existir contradicción en cuanto al instituto jurídico de la prescripción reglada en el art. 48 de la CPE con lo señalado por los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, debe otorgarse aplicación preferente a lo establecido por la norma fundamental (CPE), de modo que se aplica por sobre lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; empero, ello no quiere decir que las disposiciones infra constitucionales se encuentren a la fecha derogadas y por lo tanto no vigentes, pues sostener tal interpretación resultaría un exceso, dado que pueden suceder situaciones en las cuales el cómputo de los 2 años establecidos para la prescripción por las disposiciones laborales, se haya producido (concluido) antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, caso en el cual resulta plenamente aplicable lo dispuesto por los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT.

Debe también señalarse que, en la circunstancia de que el cómputo de la prescripción bienal en materia laboral no haya concluido antes a la vigencia de la nueva CPE, y que el mismo haya sido alcanzado por la nueva norma suprema, que en su art. 48 consagra la imprescriptibilidad de los beneficios sociales y derechos laborales de las trabajadoras o de los trabajadores, por el carácter de única norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado y su cualidad de operatividad en el tiempo y su consiguiente aplicación inmediata a todas las situaciones existentes, conforme prevé el art. 109 de la misma norma suprema, dado el efecto de irradiación de la Constitución en el ordenamiento jurídico existente, la misma genera un efecto interruptivo de la prescripción que venía transcurriendo y que no llegó a su término antes de la vigencia de la nueva CPE, de modo que ya no sería posible su aplicación posterior en tal circunstancia; criterio interpretativo que se encuentra conforme al principio protector que rige el Derecho Laboral, plasmado en los arts. 46 y 48 de la CPE, 4 de la LGT, 3.g) y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Es importante anotar que, dado el carácter de única norma suprema, ésta no tiene el tratamiento que se otorga a la Ley ordinaria, en cuanto a la institución de la irretroactividad o ultra actividad de la Ley se refiere, pues al tratarse de la única norma suprema que guía el ordenamiento jurídico del Estado y la imposibilidad de que coexistan dos normas constitucionales a la vez, ésta tiene vigor desde su ingreso en vigencia y toda relación jurídica, bajo su marco de influencia, debe adecuarse a ella, conforme se entiende de los arts. 109.I y 410.II de la CPE.

En el marco de lo expresado, y considerando los antecedentes que cursan en el proceso, se puede establecer con claridad, tomando en cuenta que la fecha de conclusión definitiva de la relación laboral entre el actor y la entidad demandada fue el mes de agosto de 2007, conforme se tiene establecido como hecho probado en la Sentencia de primera instancia (fs. 106), y al haber ingresado en vigencia la nueva CPE el 7 de febrero de 2009, el término de la prescripción liberatoria reglada en los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, no llegó a concluir en su integridad, de modo que la nueva norma fundamental del Estado interrumpió su cómputo, por lo que es claro que el fallo recurrido no podía establecer, a prima facie, que la prescripción opuesta por la entidad demandada hubiera operado en el caso de autos, por cuanto no transcurrió el tiempo necesario de los dos años como mínimo entre la fecha de desvinculación laboral y la entrada en vigencia de la nueva norma fundamental.

No obstante lo señalado, y dada la particularidad del caso que se trajo ante la instancia jurisdiccional, corresponde un análisis más prolijo respecto a la relación laboral sostenida entre el actor y la entidad demandada, por cuanto es evidente que, por las literales de fs. 21 a 24, el actor cumplió una labor docente a tiempo horario, de modo que sólo cumplía algunas horas durante el mes, y a ello es que responde lógicamente un salario proporcional en contraprestación; empero, a más de tal observación, se advierte que si bien desde el mes de octubre de 1993 hasta el mes de agosto de 2006 el actor mantuvo una relación laboral a tiempo horario de manera razonablemente continuada, por cuanto los periodos de interrupción existentes en dicho espacio de tiempo no superan los 90 días en el mayor de los casos, así se tiene como meses no trabajados por gestión: 1994 marzo, 1995 abril y mayo, 1996 abril, 1998 abril, 1999 enero y febrero, 2000 enero a marzo, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 enero y febrero respectivamente, de modo que, los meses no trabajados responden simplemente a los descansos académicos que rigen en el sistema universitario boliviano, por lo tanto, se ratifica el hecho de que la relación laboral del actor con la entidad demandada, durante este primer periodo, fue continuada.

Señalamos precisamente la existencia de aquel primer periodo, por cuanto se identifica con claridad que también existió un segundo periodo de trabajo, conclusión basada en el hecho de que desde el mes de septiembre de 2006 hasta enero de 2007 inclusive, el trabajador no prestó servicios en la entidad demandada, existiendo por lo tanto un tiempo de interrupción de sus servicios que supera los 90 días, llegando a un total de 5 meses, conforme la previsión del art. 3 de la RM Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972; de modo que, se concluye con claridad, basado en las literales de fs. 21 a 24, al guardar además relación con el tiempo de servicios demandado por el actor en su memorial de demanda, que durante los meses de febrero, marzo, julio y agosto de 2007 inclusive, el actor prestó sus servicios a la entidad demandada, bajo la misma modalidad, es decir a tiempo horario.

Bajo tales conclusiones de hecho y en el marco de la fundamentación legal expuesta respecto al instituto jurídico de la prescripción en materia laboral, podemos concluir con razonabilidad y justeza que, la indemnización por tiempo de servicios demandado por el actor y correspondiente al primer periodo identificado por este Tribunal, prescribió conforme lo dispuesto en los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, dado que al haber nacido su derecho a accionar el pago por el mismo en fecha 30 de agosto de 2006, y no haberse probado la interrupción del término de la prescripción, sean por algún medio previsto por la Ley (art. 126 del CPT) o la jurisprudencia, dicho término venció el 30 de agosto de 2008, no habiendo tampoco sido alcanzada por la nueva CPE, conforme al razonamiento ya expuesto; de modo que, por éste periodo, la prescripción se encuentra correctamente resuelta y aplicada en el fallo recurrido, no existiendo vulneración normativa como se acusa en casación.

Sin embargo, no resulta lo mismo con relación al segundo periodo que comprende los meses de febrero, marzo, julio y agosto, todos del 2007, con un total de 2 meses y 19 días, por cuanto el derecho a accionar el pago de la indemnización y el aguinaldo por duodécimas doble, por dicho periodo, nació el 30 de agosto de 2007, de modo que si efectuamos el cómputo de los dos años previstos en los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, alcazaba formalmente hasta el 30 de agosto de 2009, empero al haber ingresado en vigencia la nueva CPE el 7 de febrero de 2009, respecto a éste periodo, la norma fundamental interrumpió la prescripción; por lo que la resolución del Tribunal de Alzada al respecto, disponiendo la prescripción de todos los conceptos demandados, por éste segundo periodo no se enmarca en derecho, conforme se fundamentó precedentemente, debiendo tal decisión ser corregida por este Tribunal de Casación, en correcta aplicación del art. 13 de la LGT, que prevé el derecho a la indemnización por tiempo de servicios.

Debe quedar anotado que, para establecer el fáctico expuesto, a más de la señalada como base para la decisión, no existe otra prueba idónea y pertinente que hubiere sido aportada por las partes del proceso, dado que se consideró el conjunto del elenco probatorio cursante en el proceso, conforme la previsión de los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT; con más acierto aún, cuando el tiempo de servicios afirmado por el actor en su demanda, corresponde a la sumatoria de los distintos tiempos en que este trabajó en la institución empleadora.

Ahora bien, para establecer el sueldo promedio indemnizable, se considera como prueba eficaz, pertinente y suficiente, las literales de fs. 21 a 24, 25 a 28, 51 y  85 a 100, las que cuentan con el valor probatorio asignado por los arts. 151 y 159 del CPT, pruebas que siendo valoradas en conjunto conforme al fundamento legal anotado en el párrafo precedente, generan en éste Tribunal de Casación la convicción de que el sueldo promedio indemnizable que corresponde al actor es la suma de Bs.1050,16.-, que resulta del promedio extraído del sueldo percibido por el actor en los últimos tres meses de trabajo (marzo, julio y agosto de 2007), en aplicación del art. 19 de la LGT. No siendo consideradas las literales de fs. 2 a 5, por cuanto se tratan de simples fotocopias y sobre todo, no guardan relación con las demás literales que al inicio del presente párrafo se mencionan, en los que se consigna como monto percibido por el trabajador, una suma distinta a la afirmada por el actor en el memorial de demanda; en cuanto a las testificales de cargo, cursantes de fs. 62 a 63, los mismos declaran saber el sueldo de actor, sólo de manera referencial e imprecisa, ya porque el mismo trabajador les comentó aquello, o bien porque a través de tercera persona se habría enterado de ello, de modo que dichas pruebas no causan convicción respecto al sueldo promedio indemnizable afirmado por el actor.

Corresponde también el pago por concepto de aguinaldo de la gestión 2007, doble por su incumplimiento, en razón a que éste derecho laboral no fue demostrado que haya sido cancelado por la entidad demandada a favor del actor hasta la fecha, por lo que en correcta aplicación de la Ley del Aguinaldo de Navidad de 18 de diciembre de 1944  y la Ley interpretativa de 22 de noviembre de 1950, que reconoce el derecho de empleados y obreros, sin exclusión, al aguinaldo anual antes del 25 de diciembre de cada año, que será pagado en duodécimas teniendo en cuenta el tiempo de servicios durante el año correspondiente; debe ser pagado a favor del actor, tomando en cuenta el sueldo promedio indemnizable ya establecido precedentemente y por el tiempo de servicios que corresponde al segundo periodo señalado ut supra.

Finalmente cabe resaltar que, por lo dispuesto en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, todo empleador tiene la obligación de cancelar en el plazo impostergable de 15 días calendario desde la fecha de la desvinculación laboral del trabajador, independientemente cual sea la causa o motivo que haga a la misma, los beneficios sociales o derechos laborales que correspondan al trabajador, y que ante su incumplimiento, por expresa previsión del parágrafo II del señalado artículo, el empleador debe pagar una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse, previa actualización en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs), desde la fecha de la desvinculación laboral hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.

En el caso de examen, resulta claro que la entidad demandada no canceló los conceptos reclamados por el actor y que en justicia y conforme a la Ley, le correspondían al trabajador actor por el segundo periodo antes anotado, de modo que tal incumplimiento por la entidad empleadora se hace pasible también a la multa del 30% prevista en el DS anotado a favor del trabajador, el que debe ser cancelado previa la actualización como medida de mantenimiento de valor de la moneda nacional.

Por consiguiente, al ser parcialmente evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.4 y 274.II del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma permisiva comprendida en el art. 252 del CPT.  

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 80/2015 de 22 de mayo, cursante de fs. 125 a 129 vta., y deliberando en el fondo, resuelve declarar probada en parte la demanda social de pago de indemnización por tiempo de servicios y otros derechos laborales incoada por Martha Elena Tapia Rueda en representación legal de Néstor Tapia Rueda, contra la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, cursante de fs. 9 a 10 y 13 de obrados, sólo en cuanto se refiere al segundo periodo establecido en la parte considerativa de este fallo; y declara también probada en parte la excepción perentoria de prescripción opuesta por la entidad demandada de fs. 32 a 33 de obrados, sólo en cuanto se refiere al primer periodo identificado en el presente fallo, manteniendo lo dispuesto respecto a este periodo por el fallo recurrido; disponiendo que la entidad demandada, por intermedio de su representante legal, dé y pague a favor del actor, dentro de tercero día de notificada la parte demandada con la presente resolución, la suma total establecida en la siguiente liquidación.


Néstor Tapia Rueda

Tiempo de servicios durante el segundo periodo:        2 meses y 19 días.

Sueldo promedio indemnizable:                                Bs. 1,050.16.-

Conceptos

Monto a pagar en Bolivianos

Indemnización por tiempo de servicios (2m y 19 d)

230,44.-

Aguinaldo de navidad por duodécimas (doble por incumplimiento)

460,88.-

Total a pagar en bolivianos

691,32.-


Al monto total a pagar establecido debe agregarse la multa del 30% prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que será calculada en ejecución de fallos previa actualización en base a la variación de las UFVs, hasta el día anterior en que se realice el pago del finiquito correspondiente.

Sin multa por encontrar excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.