TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo No 818

Sucre, 23 de octubre de 2015


Expediente                        : 190/2015-S

Demandante                : Oscar Alarcón Beltrán

Demandado                : Edificio “El Prado”

Distrito                        : Cochabamba

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


       VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 190 a 194, interpuesto por Oscar Alarcón Beltrán, contra el Auto de Vista Nº 190/2014 de 27 de agosto de fs. 184 a 187 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Social, seguido por el hoy recurrente contra Edificio El Prado; sin respuesta de la parte contraria al mencionado recurso, el Auto de 12 de mayo de 2015 a fs. 196, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1. Sentencia

Presentada la demanda de haberes devengados mediante memorial de fs. 41 a 42 vta., memorial de subsanación y ampliación a fs. 49 y vta., y  tramitada la mismas, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 9 de noviembre de 2011, corriente de fs. 155 a 158, declarando probada la demanda, sin costas, disponiendo que el Edificio El Prado a través de su representante cancele al actor la suma de Bs.23.211,72.- (veintitrés mil doscientos once 72/100 bolivianos) por concepto de beneficios sociales consistentes en sueldos devengados (24 meses), aguinaldo pago doble (gestión 2010) aguinaldo (duodécimas gestión 2011), vacación (dos gestiones), otorgando para ese efecto el plazo de tres días computables a partir de ejecutoriado el fallo.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Juan Carlos Claros Guzmán en su condición de presidente del Directorio del Edificio El Prado mediante memorial de fs. 168 a 174, puesta a conocimiento de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista descrito al exordio por el que revocó la Sentencia y deliberando en el fondo declara improbada la demanda en todas sus partes, bajo el argumento que “…el actor no confirió certidumbre a los argumentos que precisó en su demanda [siendo] incorrecta la apreciación efectuada por el A Quo al declarar probada la demanda, ante la evidente inexistencia de una relación obrero patronal con el demandado” (sic)

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra el mencionado Auto de Vista, el demandante por medio de escrito corriente de fs. 190 a 194, opone recurso de casación en el fondo, en el que previa descripción y reseña de antecedentes del proceso, plantea como motivos de análisis:

Transcribiendo porciones de los puntos 2, 3, 4 y 9 del Auto de Vista impugnado; manifiesta que, se observa “un argumento considerativo y una parte resolutiva forzada” (sic) sin considerar los principios que rigen el Derecho del Trabajo, negando la existencia de una relación laboral de más de 15 años en la que no hubo retribución alguna.

Señala que el Tribunal de alzada basó su argumento sobre la prueba documental apoyado en el art. 1311 del Código Civil (CC), norma que en perspectiva del recurso, si bien es aplicable por el mandato remisivo del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sólo es aplicable ante vacíos de la norma laboral adjetiva, mas no, sobre derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo, constituyendo tal aspecto errónea interpretación e indebida aplicación de tal precepto.

Prosigue en sentido que, el art. 47 de la Ley General del Trabajo (LGT), invocado en el Auto de Vista, no condice con el objeto de la demanda, ya que tal norma se refiere a la jornada efectiva de trabajo y su elevación en casos de fuerza mayor, existiendo -señala- una indebida aplicación de esta norma.

Agrega que, el Tribunal de alzada aplica indebidamente el “art. 35 del Reglamento”, pues este articulado prevé la participación del Ministerio Público en el proceso laboral, no teniendo relación alguna con lo que el Auto de Vista pretende fundamentar.

Señala también que, el Auto de Vista, no tuvo presente el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 23570, en sentido que todos los pagos pactados efectuados o por efectuarse constituyen formas de remuneración o salario.

Asimismo arguye que, el Tribunal de alzada, si bien hace referencia a los arts. 2 y 5 del DS Nº 28699, “manifestando un lapsus en la aplicación adecuada de la norma laboral se olvidan mencionar el artículo 4 de esta misma norma” (sic) transcribiendo a continuación su contenido denuncia que el Auto de Vista carece de una adecuada interpretación e indebida aplicación de la norma con relación a los principios laborales.

I.2.1. Petitorio

Concluye solicitando que sea concedido su recurso “el Tribunal revoque o anule el Auto de Vista” (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos j urídicos del fallo

Los principios procesales que sustentan la potestad de impartir justicia en torno a la jurisdicción ordinaria, están inmersos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), el parágrafo II de este precepto constitucional garantiza el principio de impugnación de los fallos judiciales, mismo que en síntesis, apunta -dentro de un rango de razonabilidad- disminuir los obstáculos formales para el goce del mismo; dicho de otro modo: la exigibilidad rigurosa y gramatical de los requisitos procesales que habilitan la procedencia de los recursos.

Para el particular caso de los recursos de casación regidos por el Código de Procedimiento Civil (que es materia de autos), la jurisprudencia constitucional ha emitido criterio uniforme sobre su tratamiento, así por ejemplo, de entre varias la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 2210/2012 de 8 de noviembre, interpretó la declaratoria de improcedencia del recurso de casación, los requisitos exigidos por la norma adjetiva sobre el tema, indicando que en la “…labor verificativa del cumplimiento de los requisitos…, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica”.

Así las cosas, en la lectura integral del recurso que motiva autos, si bien esta Sala, encuentra deficiencias en lo que a su estructura y técnica de construcción jurídica refiere, pues el relato fáctico no sigue una secuencia al respaldo jurídico que la norma procesal exige; empero, del análisis integral de su texto se desprende que el mismo arroja una problemática a ser resueltas, tal cual se sintetizó en el apartado I.2 de este Auto Supremo, referida a la existencia de una relación laboral entre las partes y la consiguiente aplicación de los principios que rigen esta materia por parte del Tribunal de alzada, razón por la cual, en vistas al principio de tutela judicial efectiva, se ingresa a resolver el recurso de casación interpuesto.

II.1.1 Ley General del Trabajo, ámbito de aplicación

El Decreto Ley (DL) de 24 de mayo de 1939 Ley General del Trabajo-, elevado a rango de ley por la Ley de 8 de diciembre de 1942, constituye un cuerpo normativo que regula -en esencia- el trabajo dependiente. Este compendio sustantivo, considerando ser una norma fundamental establece como fin, regular las relaciones entre capital y trabajo en base de reciprocas garantías para ambos factores de la producción con la mira de asegurar el normal desenvolvimiento de su vida económica; tal norma siguiendo su art. 1 prevé como ámbito de su aplicación con carácter general a los derechos y obligaciones emergentes del trabajo; actividad ésta que es entendida como la relación entre un patrono (persona natural o jurídica) que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa, y un trabajador (empleado u obrero) que trabaja por cuenta ajena.

La Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario coincidentemente ambos en su art. 5, establecen que el contrato de trabajo es el medio por el cual una o más personas se obligan a prestar servicios manuales o intelectuales a favor de otra u otras personas, siendo que el lecho sobre el que descansa una relación laboral es el contrato de trabajo, mismo que puede pactarse de manera verbal o escrita.

Con el fin de distinguir y determinar la relación laboral propiamente dicha de la gama de negocios jurídicos emergentes de la práctica contractual, habida cuenta que, en amplitud, todo trabajo, más allá al grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio, constituye una prestación a favor de otro, existiendo siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o bien la ejecución de una obra, la legislación nacional reconoce condiciones y características que denoten la existencia de aquella relación; en tal marco, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, anuncia las características esenciales de la relación laboral, consistentes en: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Sobre este particular, en similar entendimiento el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que en las relaciones laborales dónde concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación  de la Ley General del Trabajo.

a) La subordinación y dependencia, compone el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral. La doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia por parte del trabajador, quien presta la labor o el servicio.

Aquel poder jurídico implica la facultad del empleador en dirigir e imponer reglas en la actividad laboral; siendo implícito a este elemento el denominado poder disciplinario del empleador sobre la trabajadora o el trabajador, en relación a normas o parámetros sobre el desempeño de la labor o servicio. Esta facultad obviamente, se circunscribe únicamente a la actividad laboral, gravitando en torno a sus efectos propios, en el marco del respeto por la dignidad, la intimidad y los derechos de la o el trabajador.

Ciertamente, la subordinación puede ser explicada, a partir de la percepción de una dependencia que conecte al empleador con el trabajador, identificada a partir de: i) La dependencia técnica, consiste en la subordinación, como la obligación del trabajador de someterse a instrucciones sobre las formas, métodos o técnicas de realizar y elaborar el trabajo; ii) La dependencia económica, que significa que las labores prestadas por el trabajador tiene como fin el obtener una remuneración por parte del empleador; iii) Por dependencia jurídica, se entiende a la potestad de orden jurídico que tiene el empleador, para dar órdenes e instrucciones en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral, y en la obligación equidistante del trabajador para acatar su cumplimiento.

Lo anterior conlleva una descripción del significado clásico de la subordinación o dependencia, relacionado con el sometimiento del trabajador a la potestad jurídica del patrono; sin embargo, teniendo presente que las profusas manifestaciones de las relaciones de y del trabajo, hacen aquella comprensión, en algunos casos, insuficiente para la determinación precisa de la existencia de una relación laboral, esta Sala considera necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para determinar esa relación, en tal sentido, se tiene que “existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro” (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela)

b) El trabajo por cuenta ajena, representado en una labor personal ya sea física o intelectual que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica, indistintamente. Tanto el costo del trabajo, el producto, como los resultados son destinados al empleador, quien corre con todos los riesgos y aprovecha de los resultados; recibiendo el trabajador solamente una remuneración por su labor, sin verse afectado por el resultado económico de esa operación. Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: 1) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; 2) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, 3) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo.

c) Remuneración o salario, ciertamente siguiendo el concepto clásico -aceptado en la legislación boliviana- uno de los componentes que hacen al contrato de trabajo es la percepción de una remuneración o salario por parte de quién presta a un tercero una labor por cuenta ajena, de esta consideración entonces, con el fin de bosquejar su significado, debe tenerse presente que la misma posee una amplia acepción “…que abarca a todas las formas de retribución que el empleador debe reconocer a favor del trabajador…se encuentran dentro de ella, el sueldo o salario, las primas, bonos, pago de horas extraordinarias y, por supuesto, el aguinaldo de navidad. Otros autores sostienen que el salario implica la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o impliquen otro tipo de reconocimiento por la prestación del servicio”. (véase la Sentencia Constitucional (SC) 133/2011-R de 21 de febrero).

Sobre el particular, la Ley General del Trabajo en su art. 52, afirma que “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo”, prohíbe convenciones o pactos destinados a su reducción en relación al mínimo establecido por norma, y prescribe que “El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad”, postura que reafirma el principio de no discriminación laboral, promoviendo la igualdad salarial ante iguales labores. A su turno el art. 39 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), amplia la comprensión de remuneración o salario al incluir dentro de aquél el pago de “comisiones y participaciones en los beneficios, cuando éstos invistan carácter permanente.” Por su parte el  DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006,  en su art. 6, encuadra remuneración o salario a “Todo pago pactado efectuado o por efectuarse, en contraprestación a los servicios acordados”, conviniendo que en cualesquiera de sus modalidades, constituye entre otros “el sueldo mensual, el pago quincenal, el pago semanal, el pago a jornal, el pago por horas, el pago de comisiones, el pago por obra o producción, el pago a porcentaje, el pago en especies cuando esté permitido.

Es claro que la estructura normativa de legislación nacional sobre este tema, apunta a realizar una conjunción más que una diferenciación sobre el entendimiento de lo que es remuneración o salario; es decir, si bien no existe una manifiesta distinción conceptual sobre el significado de cada una de esas formas retributivas del trabajo, empero brinda un concepto específico para su entendimiento y alcances, tal aspecto en consideración de esta Sala, se adecua al diseño de Estado Social de Derecho asumido por Bolivia, que obedece a la protección integral del componente humano en las relaciones de trabajo; garantizándose el derecho “al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” (art. 46 de la CPE)

Del texto normativo y tal cual lo reconoce con amplio conceso la doctrina en la materia, la remuneración o salario desde el punto de vista de la trabajadora o el trabajador, incumbe dos características esenciales, a saber: i) Su carácter retributivo, por su condición contraprestativa en el desenvolvimiento del contrato de trabajo, teniendo como punto de partida que una determinada labor es realizada a la espera de un determinado pago, que es reconocido en los arts. 46.III, 54.I de la CPE; y, ii) Su carácter sustentatorio, irradiando un sustento no sólo propio del trabajador sino extensible a su núcleo familiar o dependiente, elemento que es contenido en el art. 46 de la CPE. 

II.1.2. Análisis del caso en concreto

Como se adelantó, el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo se circunscribe al fenómeno laboral, entendido como la venta de fuerza física o intelectual por cuenta ajena y a favor de un tercero; esta relación contiene no solo normas que regulan las relaciones entre los actores de la producción, sino que principalmente tutela a quién vende su fuerza laboral a otro, pues éste supone la parte débil de esa relación. Una situación, que en los hechos, no se acomode a la descripción que precede, quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, no sólo por la ausencia de los elementos distintivos de la relación laboral, sino principalmente por no existir tensión entre quien detenta el capital y quien es dueño de la fuerza de trabajo.

Así las cosas, rememorando que en el caso de autos la Sentencia de grado determinó el pago de los conceptos demandados por Óscar Alarcón Beltrán a los representantes del Edificio El Prado, considerando la existencia de una relación de trabajo, y contrariamente el Auto de Vista impugnado revocó esa decisión en el argumento de que dicha relación era inexistente, corresponde a esta Sala analizar, si el Tribunal de alzada realizó una correcta aplicación de las normas que rigen la materia al caso concreto, o bien, como sostiene el recurrente las mismas fueron inobservadas o aplicadas incorrectamente.

De tal cuenta, el Auto de Vista 190/2014 de 27 de agosto, luego de anunciar lo previsto por los Decretos Supremos (DDSS) Nros. 23570 de 26 de julio de 1993 y 28699 de 1 de mayo de 2006, sobre los elementos que la legislación nacional reconoce a una relación laboral, señaló: “Del análisis y valoración en conjunto de las pruebas tanto de cargo como de descargo aportadas a fs. 2 emitido por el Sr. Édgar Pantoja Enriquez certifica que el actor ganaba la suma de Bs.600, empero en su declaración testifical el mismo señaló: no conozco cuanto ganaba el Sr. Alarcón, incurriendo en contradicción, por tal razón no resulta creíble los datos insertos en dicha literal…Así también de acta de Inspección de Visu…se advierte que el Administrador…manifestó que el actor trabaja en otros edificios…y el recepcionista del Edificio, quién ingresó a trabajar hace tres meses atrás refirió [que el actor] no realizaba ninguna actividad en el Edificio, declaraciones corroboradas con los certificados cursantes a fs. 7 consistente en una…[por la que la] Gerente Propietaria de RBA Servicios generales…certifica que el [actor] presta servicios de conserje en el Edificio Concordia I desde el 20 de abril, como también el Certificado…a fs. 8 emitido por la misma persona certifica que RBA Servicios Integrales viene prestando sus servicios de limpieza y conserjería desde el año 2000 a la fecha y el certificado cursante a fs. 9…certifica que el [actor] trabajó en el Edificio el Prado, por el lapso de 2 años desde febrero de 2000 a junio de 2002, desempeñándose como conserje en el turno de la noche, advirtiéndose que el trabajo que realiza el actor está a cargo de dicha empresa, tal situación fue corroborada con la confesión provocada del propio actor...” (sic).

En relación a la existencia de pago de salario o emolumento entre las partes, el Tribunal de alzada refirió que: “De la revisión de los comprobantes de pago cursantes de fs. 150 y 151 se observa que [el actor] recibió la sima de 200 Bs. por el arreglo de la bomba de agua,…y la suma de 150 Bs. por el retiro del letrero de ingreso al edificio, concluyéndose que al actor se le pagaba por trabajo realizado en las instalaciones del edifico El Prado…y cuando los inquilinos lo requerían, concordante con la confesión provocada del actor…” (sic).

En conclusión el Tribunal de alzada refirió: “…se evidencia que no existió la cancelación de un salario debido por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo…con sus características de regularidad y periodicidad en retribución a un trabajo efectivamente realizado bajo subordinación y dependencia, tampoco se advierte el cumplimiento de una jornada de trabajo dentro del marco de una relación obrero patronal, conforme lo previsto por el art. 46 de la LGT; por el contrario, se advierte que el actor trabajó para la empresa RBA, prestando conserjería a otros edificios con total independencia con relación al demandado que es el Edificio el Prado…por cuanto no solo cobraba un sueldo mensual sino que cobraba por el trabajo realizado a los inquilinos y también por parte de la empresa RBA y no así por el demandado, por lo que no existió prestación del trabajo por cuenta ajena a favor del demandado, esta característica se encuentra representada en una labor personal ya sea físico o intelectual que implica la realización de actos materiales, que ejecuta el trabajador con su pleno conocimiento en beneficio del empleador” (sic).

Es claro que el Tribunal de alzada, a tiempo de realizar las conclusiones que condujeron a la revocatoria de la Sentencia, analizó la prueba producida en el trámite, aspecto que conforme el diseño procesal vigente le es permitido. Por otro lado es apreciable que los fundamentos del Auto de Vista impugnado, trazó una labor de identificación de condiciones materiales que hicieron evidente al entendimiento de ese Tribunal, la presencia de una relación laboral, elementos como la identificación de inexistencia de un pago periódico, la ausencia de exclusividad en la pretendida relación, el trabajo prestado por el actor a otra empresa, el pago específico por labores interdependientes realizadas por el demandante a vecinos del Edificio El Prado, entre otras.

En tal sentido, la atención de este caso, no rastra, como induce el hoy recurrente a la aplicación de los principios configuradores del Derecho Laboral reconocidos por la legislación nacional a la pretensión de la demanda y la tesis que la sustenta; sino en todo caso, como acertadamente razonó el Auto de Vista impugnado a establecer desde un punto de vista jurídico, la existencia (o no) de  una relación laboral; con tal antecedente, se tiene:

Inexistencia de subordinación o dependencia, por cuanto se advierte que el demandante realizaba paralelamente trabajos para otros edificios a través de una empresa especializada en prestación de ese tipo de servicios, puesto que es pieza común en los antecedentes previos al proceso que el actor no se encontraba sometido al poder subordinante del pretendido patrono, ya que sus labores no estaban ligadas a ser ejercidas con regularidad, sino estaban dispuestas a su discrecionalidad de mando u operación, sin que se advierta, por ejemplo, la exigencia de un control de asistencia, concluyéndose la no presencia de una actividad subordinada entre el demandante y la entidad demanda acorde con lo desarrollado en el punto a) del apartado II.1.1 del presente Auto Supremo.

En cuanto al elemento salario o remuneración, su inexistencia es evidente, pues de lo considerado por el Tribunal de alzada y la compulsa con los antecedentes del proceso, hace que este elemento sea lejano cuando no inexistente, ya que como se destaca del numeral 5) del Auto de Vista, en el trámite se probó que el actor recibía pagos específicos por trabajos de igual características, no existiendo de tal cuenta una relación de pago retributivo emergente de una contraprestación asentada en rasgos de periodicidad, ya que es claro que no se probó que estas condiciones hayan sido al menos sustentadas con elemento alguno, haciendo que con esta situación la regularidad en una labor, sea despejada ante su eventualidad e itinerancia.

Recordar que la aplicación de las normas laborales son orientadas por los principios que rigen la materia, y que ambos en conjunto son instrumentos de interpretación normativa sobre situaciones fácticas; es decir, mal podría aplicarse o entenderse un principio del Derecho Laboral, sobre un hecho que no se acomoda a su ámbito de protección, como implícitamente sugiere el recurrente, por cuanto del resultado de éste último dependerá la aplicación del derecho sustantivo, más no al contrario, pues ello convergería no sólo a una indeterminación peligrosa de la norma, sino que deformaría los propios pilares que hacen al Derecho del Trabajo.

Por consiguiente, no siendo evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, estas devienen en infundadas, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables al caso presente con la permisión contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.I de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 190 a 194, interpuesto por Oscar Alarcón Beltrán, contra el Auto de Vista Nº 190/2014 de 27 de agosto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.