TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 816

Sucre, 23 de octubre de 2015


Expediente                        : 227/2015-S

Demandante                : Carmen Rosa Franco Encinas 

Demandados                : Dora Ortiz Rivero y otros

Distrito                        : Santa Cruz 

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Dora Ortiz Rivero y Jenny Rivero de Ortiz,  cursante de fs. 147 a 150 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 952 de 13 de noviembre de 2014 de fs. 142 a 143 vta. pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido por Carmen Rosa Franco Encinas contra las recurrentes; el Auto de 11 de junio de 2015 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Concluido el proceso laboral, se pronunció la Sentencia Nº 40 de 18 de diciembre de 2012, por la cual la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, declaró probada la demanda y dispuso que los representantes legales de la empresa SENTO LTDA,  paguen a la demandante Carmen Rosa Franco Encinas por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo de navidad, vacación, bono de antigüedad, sueldo devengado, aumento salarial, subsidios y sueldo por inamovilidad la suma de Bs.68.912,34.- más la multa y actualización prevista por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, Dora Ortiz Rivero y Yenny Rivero de Ortiz a través del memorial cursante a fs. 110 y vta., interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto mediante el Auto de Vista Nº 952 de 13 de noviembre de 2014  de fs. 142 a 143 vta., a través del cual el Ad quem, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 40 de 18 de diciembre de 2012.

I.2  Motivos del recurso de casación

Como preámbulo a la exposición del motivo del recurso de casación, la parte recurrente hace referencia a los antecedentes del proceso, desde la demanda, Sentencia, recurso de apelación y Auto de Vista, para concluir señalando la norma legal en la que sustentan su recurso y manifestar la obligación de fundamentar el recurso de casación.

Dicen que, el Auto de Vista impugnado, no cumplió con el deber de pronunciarse respecto a los medios probatorios presentados al momento de interponer el recurso de apelación y pretendió justificar la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC) con la mención del art. 11 de la Ley General del Trabajo (LGT), aplicando caprichosamente el principio de inversión de la carga probatoria, descartando la ponderación de sus probanzas, siendo que, para el Tribunal de alzada, no es admisible la prueba que proviene del empleador, por ello ésta no mereció ponderación.

Al defecto advertido -prosigue-  debe añadirse la aplicación arbitraria del art. 227 del CPC, pues en su recurso de apelación se identificó claramente el agravio sufrido, que consiste en “la falsedad de las aseveraciones que hizo la demandante”(sic), porque las pruebas que ofrecieron evidencian que no es cierto el incumplimiento de las obligaciones sociales, destacando que cuando interpusieron el recurso de apelación, cumplieron  satisfactoriamente “lo prescrito por las normas que rigen la presentación del recurso de apelación, resultando inadmisible la invocación del artículo 227 de la Ley adjetiva civil” (sic).

I.2.1 Petitorio

Señalando que el recurso de casación es en el fondo, por interpretación errónea y aplicación indebida del art. 11 de la LGT y violación del art. 236 del CPC, piden al Tribunal Supremo de Justicia, casar la resolución cuestionada, revocando la Sentencia y declarando improbada la demanda.

       CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 Sobre la proposición y valoración de la prueba en segunda instancia

Las recurrentes en esencia cuestionan al Ad quem por haber incumplido con el deber de pronunciarse sobre la prueba presentada en el recurso de apelación, con lo que se vulneró el art. 236 del CPC y aplicó erróneamente el principio de inversión de la prueba y el art. 227 del CPC.

La primera parte del art. 196 del CPC, establece taxativamente que “pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su competencia respecto al objeto del litigio…”. Por su parte el art. 232.I del adjetivo citado, sobre la facultad que tienen las partes ante el Tribunal de Alzada, establece que “sólo dentro del plazo perentorio de cinco días, computables desde la fecha de la providencia de radicatoria, podrán las partes presentar nuevos documentos o pedir apertura de plazo probatorio”; este dispositivo legal faculta a las partes presentar nuevos documentos en calidad de prueba, dentro del plazo de 5 días de la radicatoria del proceso; ahora bien, cuando las partes hacen uso de esta facultad, es obligación del Tribunal de segunda instancia referirse en el Auto de Vista, a la prueba que se le hubiere presentado y que haya sido aceptada por el Tribunal de Alzada. 

Por su parte el art. 74 del CPC, prevé que “Si el rebelde hubiere comparecido pasado el término de prueba y apelare de la sentencia a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia sobre los hechos que se alegan en la apelación”; norma legal que, resguardando el derecho a la defensa del demandado declarado rebelde, le otorga la facultad de ofrecer prueba en segunda instancia misma que debe tener relación con respecto al hecho que alega en la apelación.

En Autos, las demandadas declaradas rebeldes ahora recurrentes, al interponer el recurso de apelación, en el otrosí 1 del memorial de fs. 110, se limitan a señalar “adjunto la documentación exigida por Ley de fs. 1 a 41, para que su rectitud pueda valorar de acuerdo a la norma”(sic), sin exponer ningún fundamento que devele la pertinencia de la documental adjunta o se establezca la relación con el hecho que se alegaba en el recurso de apelación.

Las recurrentes desconociendo lo dispuesto por la primera parte del art. 196 del CPC, pidieron al A quo valore dicha prueba, sin advertir que dicha autoridad al pronunciar la Sentencia perdió competencia para continuar conociendo la casusa; ahora bien, conforme dispone el art. 74 del CPC, las demandadas en su condición de rebeldes, en segunda instancia tenían la facultad de ofrecer prueba y pedir la apertura de plazo de prueba, petición que debía enmarcarse dentro de los presupuestos exigidos por el art. 232.I del adjetivo citado, o sea, dentro del plazo de cinco días de ser notificadas con la radicatoria, confirmar la documental adjunta al recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada, hecho que no aconteció en Autos, puesto que, radicado el proceso en segunda instancia las recurrentes eludieron apersonarse hasta que se pronunció el Auto de Vista, por lo que hoy no pueden exigir que el Tribunal de Alzada de oficio se pronuncie sobre dicha prueba; fueron por estas razones que el Ad quem, advirtió que las recurrentes habían planteado su recurso contraviniendo el art. 227 del CPC, norma legal que prevé: "La apelación de la Sentencia o Auto definitivo se interpondrá, fundamentando el agravio sufrido, ante el juez que los hubiere pronunciado…". Por lo expuesto, no es evidente que el Tribunal de Alzada hubiera eludido el deber de valoración de la prueba.

Por lo expuesto corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Dora Ortiz Rivero y Jenny Rivero de Ortiz, cursante de fs. 147 a 150 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 952 de 13 de noviembre de 2014 de fs. 142 a 143 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas

Se regula honorario profesional del Abogado de la parte demandante, en la suma de Bs.500,00.- (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar la Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.